PGN - DAÑO ANTIJURIDICO La fuerza pública debe soportar el riesgo de sufrir daños como con

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por falla en el servicio DAÑO ANTIJURÍDICO-La Fuerza Pública debe soportar el riesgo de sufrir daños como consecuencia del ejercicio de sus funciones Los miembros de la Fuerza Pública deben soportar el riesgo de sufrir daños como consecuencia del ejercicio de sus funciones, dado el peligro que éstas entrañan y que asumieron libremente al aceptar sus cargos. De ahí que, cuando estos se materializan no dan lugar a responsabilidad Estatal. Con mayor razón, como en este caso, el daño lo ocasionó un grupo al margen de la Ley. Como quiera que la vinculación de los militares fue voluntaria, pues habían asumido como profesión la de suboficiales y soldados del Ejército Nacional, se desprende entonces que asumieron los riesgos propios de dicha carrera, por lo tanto sólo sería posible imputarle responsabilidad al Estado si se probara una falla del servicio que fuera la causa eficiente del daño. Del material probatorio allegado al proceso no se encontraron pruebas que respalden las afirmaciones de los demandantes, ningún elemento de juicio que permita concluir que, efectivamente, el día en que ellos perdieron la vida se produjo una falla del servicio, pues no se encuentra demostrado que el Ejército Nacional a través de sus agentes hubiere incumplido con el deber legal, ni que se haya incurrido en ninguna omisión en el cumplimiento del servicio que evitara el ataque de la guerrilla en la que ellos murieron, por el contrario, se tiene que el pelotón en donde se encontraban los occisos venía

cumpliendo las funciones a ellos asignadas, con la artillería y el apoyo pertinente. FALLA DEL SERVICIO-No se demostró el nexo causal entre la actuación de la entidad contra la cual se dirigió la acción y el daño antijurídico No puede desconocerse que los suboficiales y soldados profesionales muertos, en este caso, ingresaron a las instituciones castrenses con el riesgo de morir en circunstancias propias de su actividad, como combates, ataques, etc., y ello se rige por el régimen de responsabilidad a for fait. En consecuencia, como quiera que no se acreditó la falla del servicio alegada, entonces la muerte de los suboficiales y soldados profesionales obedeció a un acto propio del servicio, al sufrir un fuerte ataque armado por parte de los guerrilleros de las FARC, cuando la gran mayoría dormía, lo que impidió su capacidad de reacción, siéndoles igualmente desfavorable el clima, la ubicación y las condiciones del terreno, ante un mayor número de subversivos que en cuestión de minutos dio muerte a once militares e hizo que los demás huyeran del lugar y esta situación no puede ser imputable a la demandada, se rompe entonces el nexo causal entre la actuación de la entidad contra la cual se dirigió la acción y el daño antijurídico, concluyéndose que no se puede decir que existió una falla del servicio, como lo alega el apoderado de los demandantes. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA-No se demostró que se hubiera incurrido en una omisión Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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Expediente No.43986 (630012331000200900104-01) Rzo Con fundamento en los breves argumentos expuestos a lo largo del presente concepto, es dable colegir, que los hechos materia de la presente acción, no son atribuibles a título de responsabilidad administrativa a la parte demandada (Ministerio de Defensa – Ejército Nacional) dado que no se demostró que hubiera incurrido en una omisión que pudiera tenerse como la causa eficiente de la muerte de los tres suboficiales y ocho soldados profesionales. En consecuencia, no se puede atribuir responsabilidad a la entidad demandada por estos hechos, razón por la cual, las pretensiones de la demanda no pueden tener vocación de prosperidad, lo que obliga a concluir, que la sentencia de primera instancia deberá confirmarse. Por lo tanto, la muerte de ellos fue consecuencia del riesgo propio del servicio, que conocían y aceptaron al momento de posesionarse en su cargo, en cuyo caso, la reparación que procede sería la llamada indemnización a for fait, que ya fue reconocida. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.43986 (630012331000200900104-01) Rzo CONCEPTO No. 236 / 2012

Bogotá, D.C 15 de agosto de 2012

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE DOCTOR MAURICIO FAJARDO GÓMEZ

E. S. D.

EXPEDIENTE: 630012331000-2009-00104-01 (43986)

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

ACTOR: HERCILIA DE JESÚS MARÍN HENAO Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL Sentido del concepto: solicitud de CONFIRMACIÓN de la sentencia recurrida. Responsabilidad a for fait . No se probó falla en el servicio.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos.

1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda - Hechos De acuerdo con lo señalado en el escrito introductorio, se extractan los siguientes:

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Expediente No.43986 (630012331000200900104-01) Rzo 1.1.1. El General Urbano Castellanos Castillo, Comandante del Batallón de Alta

Montaña No. 05, expidió la orden de operación “SÓCRATES”, a ejecutarse en el sector de “Las Camelias”, jurisdicción del Municipio de Córdoba, Quindío, que eran los encargados de las finanzas del Frente 21 de las FARC. 1.1.2. El sitio donde se ordenó acampar a la tropa, era abierto, sin vegetación, con imposibilidad para cubrirse y protegerse del enemigo. Se colocaron dos centinelas, uno de ellos percibió dos guerrilleros, y al activar la alarma recibieron una descarga de fuego arrasador sin que la tropa pudiese reaccionar; fueron masacrados por el grupo guerrillero. 1.1.3. Al momento del ataque la tropa se encontraba en descanso bajo la vigilancia de dos centinelas, sin comandante de guardia, es decir con ausencia total de mando, el material de guerra fue insuficiente, ya que contaban con una sola ametralladora M-60. 1.1.4. La tragedia fue ocasionada por la indisciplina del Sargento Banguero que no cumplió con sus propios deberes, ni los hizo cumplir a la tropa; no ubicó de manera apropiada los centinelas, no contó con un comandante de guardia, y tampoco tuvo en cuenta que el sector era un corredor de las FARC. 1.1.5. Por lo expuesto pide que se declare a la NaciónMinisterio de DefensaEjército Nacional, administrativamente responsable de la muerte de los soldados: 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.43986 (630012331000200900104-01) Rzo Cesar Augusto Moncada Marín, Wilson Andrés Agudelo Posada, Julio Cesar Gutiérrez Patiño, Jhon Wilson Ortegón Castañeda, Jhonatan Correa Marín, Helvert Rene de Dios Triana, Jorman de Jesús Moreno Rojas, Willinton Osorio Hurtado, Jhon William Bayona y Aldemar Ariza Ariza. 1.2. La contestación 1.2.1. La Nación - Ministerio de Defensa NacionalEjército Nacional, dio contestación a la demanda (fls. 937-944 del cppal), se opone a todas y cada una de las pretensiones manifestó que no pude ser declarada responsable administrativamente, habida consideración que los militares fallecieron por un riesgo propio de la actividad desempeñada, y por consiguiente el daño no deviene en antijurídico puesto que los militares estaban obligados jurídicamente a soportarlo y fallecieron por un riesgo propio del servicio. Considera que no se vislumbra falla alguna en los hechos que dieron lugar al fallecimiento de los soldados. 1.2.2. Agrega, que el Honorable Consejo de Estado, ha manifestado sobre el riesgo que deben asumir los militares en cumplimiento de sus funciones y la indemnización a “for fait” 1.3. Sentencia de primera instancia El Tribunal Contencioso Administrativo de Quindío negó las pretensiones de la 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.43986 (630012331000200900104-01) Rzo demanda mediante sentencia proferida el veintitrés (23) de febrero de dos mil doce (2012), (fls. 1177 a 1201 C. Consejo de Estado), manifestando en resumen los siguientes argumentos: 1.3.1. Quien comandaba a los miliares era el SS Luis Banguero Sambony , quien fue uno de los primeros en ser asesinado por los geurrilleros, situanción que no permitió escuchar su versión sobre las razones por las cuales ordenó a los hombres, a su cargo, pernoctar en el lugar en que fueron atacados. La Sala precisó cómo el SLP Juan Carlos Rivera Guzmán, en su versión libre rendida ante el Comado de la Octava Brigada manifestó: “ más (sic) que todo la única opción era quedarnos en ese sitio porque creíamos que era una parte alta predominante y por eso nos quedamos ahí con órdenes del comandante mientras que se despejaba y se podía ver el camino”. 1.3.2. El ataque fue intempestivo, las condiciones de visibilidad en la zona eran bastante adversas, el radio de comunicación fue el primero en ser averiado con el ataque suversivo, los soldados fueron superados en número por los guerrilleros, situaciones éstas que conllevaron a que la tropa fuera vulnerable y se presentaran las lamentables bajas que sufrió, situación que no pude ser endilgada como “falla táctica”, y por ende como falla del servicio, toda vez que fueron situaciones inherentes a la propia actividad riesgiosa que desempeñaban

los militares. 1.3.3. Quedó probado que los militares fallecieron en un acto propio del servicio, al sufrir un fuerte ataque armado por parte de los geurrilleros de las FARC, cuando la gran mayoría dormían lo que impidió su capacidad de reacción. Además fueron igualmente desfavorables el clima, la ubicación y las condiciones 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.43986 (630012331000200900104-01) Rzo del terreno, ante un mayor número de subversivos que en cuestión de minutos dio muerte a once militares e hizo que los demás huyeran del lugar. Esta situación no puede ser imputable a la entidad demandada, razón por la cual denegó las súplicas de la demanda. 1.4. Argumentos de la apelación. El apoderado de la parte actora dentro del proceso referido - incoa recurso de apelación en contra de la sentencia adversa a sus intereses; en términos resumidos argumenta lo siguiente (fls. 1203 a 1302 del cuaderno del Consejo de Estado): 1.4.1. En efecto, había en el sector nubosidad, escasa visibilidad, factor que debió llevar al Sargento Comandante a adoptar medidas diferentes a la de acampar, para luego inspeccionar el lugar. Si en ese sector encontraron latas de

atún y de sardinas frescas, era de suponer que la guerrilla había levantado su cambuche ante la presencia del Ejército y que podían encontrase ubicados a escasa distancia vigilantes de los movimientos del Ejército para atacar. 1.4.2. El cansancio no le permitió al Sargento Banguero escuchar a sus subalternos, quienes insinuaban de manera plural y persistente en la movilización de aquel lugar, luego en esas condiciones se hacía previsible el ataque. 1.4.3. El servicio de centinela fue deficiente, la guerrilla logró ingresar casi hasta los cambuches, sin ser detectados; el primer centinela al detectarlos, no produjo la 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.43986 (630012331000200900104-01) Rzo alarma, se desplazó a comunicarle a su Comandante y eso impidió una efectiva reacción de la tropa. 1.4.4. Pide que se revoque en su totalidad la sentencia proferida por el Honorable Tribunal Administrativo del Quindío, para que en su lugar se declare Administrativamente Responsable a la Nación Colombiana – (Ministerio de Defensa NacionalEjército Nacional), toda vez que el hecho de tercero le resulta atribuible.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

2.1. Problemas jurídicos. Puede ser expresado en los siguientes términos: 2.1.1. ¿Se puede afirmar que la conducta desplegada por la entidad demandada – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, fue la causa eficiente que generó el fallecimiento de los señores: Cesar Augusto Moncada Marín, Wilson Andrés Agudelo Posada, Julio Cesar Gutiérrez Patiño, Jhon Wilson Ortegón Castañeda, Jhonatan Correa Marín, Helvert Rene de Dios Triana, Jorman de Jesús Moreno Rojas, Willinton Osorio Hurtado, Jhon William Bayona y Aldemar Ariza Ariza? 2.1.2. ¿En las muertes de los militares, se puede reputar responsabilidad administrativa al Estado? 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.43986 (630012331000200900104-01) Rzo 2.2. Marco teórico. Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Agencia del Ministerio Público: 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado. La responsabilidad en materia extracontractual del Estado encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política. Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes

presupuestos: a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.43986 (630012331000200900104-01) Rzo Cuando se invoca la figura de la falla del servicio como título de imputación responsabilidad al Estado, tal y como ocurre en la presente demanda, para que surja el deber de resarcimiento patrimonial a cargo del primero, se deben dar los siguientes elementos: a) Una actuación irregular del Estado b) El daño antijurídico c) El nexo de causalidad entre el daño y el actuar activo u omisivo de la

administración. El Consejo de Estado ha sostenido: "De conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado tiene el deber de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, norma que le sirve de fundamento al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo que consagra la acción de reparación directa, cuyo ejercicio dio origen al presente proceso y que establece la posibilidad que tiene el interesado de demandar la reparación del daño cuando su causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa. No obstante que la norma constitucional hace énfasis en la existencia del daño antijurídico como fuente del derecho a obtener la reparación de perjuicios siempre que el mismo le sea imputable a una entidad estatal, dejando de lado el análisis de la conducta productora del hecho dañoso y su calificación como culposa o no, ello no significa que la responsabilidad patrimonial del Estado se haya tornado objetiva en términos absolutos, puesto que subsisten los diferentes regímenes de imputación de responsabilidad al Estado que de tiempo atrás han elaborado tanto la doctrina como la jurisprudencia, entre ellos el de la tradicional falla del servicio, dentro del cual la responsabilidad surge a partir de la comprobación de la existencia de tres elementos fundamentales: el daño antijurídico sufrido por el interesado, el deficiente funcionamiento del servicio, porque no funcionó cuando ha debido hacerlo, 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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Expediente No.43986 (630012331000200900104-01) Rzo o lo hizo de manera tardía o equivocada, y finalmente, una relación de causalidad entre este último y el primero, es decir, la comprobación de que el daño se produjo como consecuencia de la falla del servicio." El Tribunal trae a colación el siguiente proveído del Consejo de Estado, donde dijo: “Cuando se trate de personal que voluntaria o profesionalmente ingresa a los cuerpos o fuerzas de seguridad del Estado, el régimen aplicable varia y se encuadra en la falla del servicio debido a que la conducta haya sido negligente o indiferente, de tal manera que se deja al personal expuesto a una situación de indefensión.” 2.2.2. La causa eficiente. El Consejo de Estado en sentencia del 20 de abril de 2005, con ponencia del Consejero Ramiro Saavedra Becerra, se refirió a la causa eficiente del daño, como la que se considera fundamento u origen de algo: "La doctrina ha señalado que la causa eficiente es lo que se considera como fundamento u origen de algo; basta la verificación de la relación antecedente-consecuente para que pueda sostenerse que un hecho es productor y otro el producido, uno el engendrante y otro el engendrado. No interesa en la consideración meramente física si el encadenamiento es próximo o remoto, cercano o alejado en el tiempo o en el espacio: basta que ocurra, que exista, que se dé. "Cualquier suceso natural o hecho

humano es susceptible de generar repercusiones que se expanden por todo el ámbito social al entrelazarse con otros hechos o acontecimientos que son, a su vez, consecuencia de sucesos anteriores. Esta expansión en el espacio y en el tiempo ocurre en círculos concéntricos, parecidos a los 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.43986 (630012331000200900104-01) Rzo que produce una piedra al caer en el agua tranquila de un estanque; cuanto más alejados están del lugar del impacto, más débiles o imperceptibles se tornan por lo regular tales efectos". 2.2.3. La carga probatoria. En ese orden de ideas, tal y como señala el Código de Procedimiento Civil Art. 177 y concordantes, la carga probatoria incumbe al interesado, por ende, le corresponde al demandante demostrar en forma plena y completa los actos y hechos jurídicos alegados, ya que ninguna de las partes goza en el proceso colombiano de un privilegio especial que permita tener por ciertos los hechos simplemente enunciados en su escrito, sino que cada una de ellas deberá acreditar sus propias afirmaciones. Así lo ha repetido el Consejo de Estado, v. gr.: "Al respecto, no debe olvidarse que la carga de la prueba es una regla de nuestro derecho probatorio consagrada en el artículo 177 del C. de P.

Civil, de acuerdo con el cual "Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen... "; dicho en otras palabras: para lograr que el juez dirima una controversia de manera favorable a las pretensiones, le corresponde al demandante demostrar en forma plena y completa los actos o hechos jurídicos de donde procede el derecho o nace la obligación, máxime si ninguna de las partes goza en el proceso colombiano de un privilegio especial que permita tener por ciertos los hechos simplemente enunciados en su escrito, sino que cada una de ellas deberá acreditar sus propias aseveraciones. Cabe recordar que la carga de la prueba consiste en una regla de juicio, que le indica a las partes la responsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las pretensiones o a la defensa resulten probados; en este sentido, en relación con los intereses de la parte 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.43986 (630012331000200900104-01) Rzo demandante, debe anotarse que quien presenta la demanda, sabe de antemano cuáles hechos le interesa que aparezcan demostrados en el proceso y, por tanto, sabe de la necesidad de que así sea, más aún tratándose del sustento mismo de la demanda y de los derechos que solicita sean reconocidos."' 2.2.4. Régimen de responsabilidad a for fait.

El Consejo de Estado con relación a esta responsabilidad ha dicho: “… El personal de las fuerzas armadas que se vincula de manera voluntaria en virtud de una relación legal y reglamentaria, como sucede, por vía de ejemplo, con el personal de Soldados Voluntarios, Soldados Profesionales, Suboficiales y Oficiales, porque al elegir su oficio consienten su incorporación y asumen los riesgos inherentes al mismo, a su turno, la Entidad estatal brinda la instrucción y el entrenamiento necesario para el adecuado desempeño de sus funciones, por consiguiente, si se concreta el nesgo que voluntariamente asumieron se genera la llamada por la doctrina francesa indemnización a forfait de manera que. en principio, para que la responsabilidad estatal surja en este tipo de eventos, además del riesgo inherente a la profesión debe ocurrir un hecho anormal generador de un daño que no se está obligado a soportar, evento en el cual surge el derecho a reclamar una indemnización plena y complementaria a la que surge de la esfera prestacional, bajo el régimen general de la responsabilidad de la administración, con las connotaciones propias en relación con los elementos estructurales y las causas extrañas enervantes del fenómeno jurídico. "(Consejera ponente: MYRIAM GUERRERO DE ESCOBAR Bogotá, D. C., veinticinco (25) de febrero de dos mil nueve (2009) Radicación número: 18001-2331-000-1995-05743-01 (15793). 2.3. Las pruebas obrantes. Obran los siguientes en el plenario: 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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Expediente No.43986 (630012331000200900104-01) Rzo  El Comandante del Batallón de Alta Montaña No. 5 expidió la orden de operación No. 074 Sócrates (fls 171 a 184 cpruebas)  Testimonios de los militares, quienes manifestaron que el ataque que sufrieron tuvo el carácter de intempestivo e impredecible (fls 1.35., 3.18., 3.23., 3.25., 3.26., 3.28., 3.32., 3.3.4, 3.36. y 3.3.8.)  Testimonios que manifestaron que al momento del ataque de los insurgentes la voz de mando de los superiores se perdió, habida consideración de que los que comandaban la tropa fueron los primeros en morir en el enfrentamiento armado. (fls 3.24., 3.26., 3.28., 3.29., 3.32. y 3.33)  Reconocimiento de las indemnizaciones y pensiones a que tenían derecho los Militares muertos en combate por parte del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional (fls 3.3. a 3.12) 2.4. Caso concreto 2.4.1. Señala el Tribunal que los militares fallecidos ostentaban, tres la calidad de suboficiales y ocho la de soldados profesionales y que el Consejo de Estado al

respecto manifestó “Cuando se trate de personal que voluntaria o profesionalmente ingresa a los cuerpos o fuerzas de seguridad del Estado, el régimen aplicable varia y se encuadra en la falla del servicio debido a que la 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.43986 (630012331000200900104-01) Rzo conducta haya sido negligente o indiferente, de tal manera que se deja al personal expuesto a una situación de indefensión”. Los miembros de la Fuerza Pública deben soportar el riesgo de sufrir daños como consecuencia del ejercicio de sus funciones, dado el peligro que éstas entrañan y que asumieron libremente al aceptar sus cargos. De ahí que, cuando estos se materializan no dan lugar a responsabilidad Estatal. Con mayor razón, como en este caso, el daño lo ocasionó un grupo al margen de la Ley. 2.4.2. Como quiera que la vinculación de los señores Cesar Augusto Moncada Marín, Wilson Andrés Agudelo Posada, Julio Cesar Gutiérrez Patiño, Jhon Wilson Ortegón Castañeda, Jhonatan Correa Marín, Helvert Rene de Dios Triana, Jorman de Jesús Moreno Rojas, Willinton Osorio Hurtado, Jhon William Bayona y Aldemar Ariza Ariza fue voluntaria, pues habían asumido como profesión la de suboficiales y soldados del Ejército Nacional, se desprende entonces que asumieron los

riesgos propios de dicha carrera, por lo tanto sólo sería posible imputarle responsabilidad al Estado si se probara una falla del servicio que fuera la causa eficiente del daño. 2.4.3. Del material probatorio allegado al proceso no se encontraron pruebas que respalden las afirmaciones de los demandantes, ningún elemento de juicio que permita concluir que, efectivamente, el día en que ellos perdieron la vida se produjo una falla del servicio, pues no se encuentra demostrado que el Ejército Nacional a través de sus agentes hubiere incumplido con el deber legal, ni que se haya incurrido en ninguna omisión en el cumplimiento del servicio que evitara el 15 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.43986 (630012331000200900104-01) Rzo ataque de la guerrilla en la que ellos murieron, por el contrario, se tiene que el pelotón en donde se encontraban los occisos venía cumpliendo las funciones a ellos asignadas, con la artillería y el apoyo pertinente. 2.4.4. No puede desconocerse que los suboficiales y soldados profesionales muertos, en este caso, ingresaron a las instituciones castrenses con el riesgo de morir en circunstancias propias de su actividad, como combates, ataques, etc., y ello se rige por el régimen de responsabilidad a for fait. 2.4.5. En consecuencia, como quiera que no se acreditó la falla del servicio

alegada, entonces la muerte de los suboficiales y soldados profesionales obedeció a un acto propio del servicio, al sufrir un fuerte ataque armado por parte de los guerrilleros de las FARC, cuando la gran mayoría dormía, lo que impidió su capacidad de reacción, siéndoles igualmente desfavorable el clima, la ubicación y las condiciones del terreno, ante un mayor número de subversivos que en cuestión de minutos dio muerte a once militares e hizo que los demás huyeran del lugar y esta situación no puede ser imputable a la demandada, se rompe entonces el nexo causal entre la actuación de la entidad contra la cual se dirigió la acción y el daño antijurídico, concluyéndose que no se puede decir que existió una falla del servicio, como lo alega el apoderado de los demandantes. 2.4.6. Así pues, con fundamento en los breves argumentos expuestos a lo largo del presente concepto, es dable colegir, que los hechos materia de la presente acción, no son atribuibles a título de responsabilidad administrativa a la parte demandada (Ministerio de Defensa – Ejército Nacional) dado que no se demostró 16 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.43986 (630012331000200900104-01) Rzo que hubiera incurrido en una omisión que pudiera tenerse como la causa eficiente

de la muerte de los tres suboficiales y ocho soldados profesionales. En consecuencia, no se puede atribuir responsabilidad a la entidad demandada por estos hechos, razón por la cual, las pretensiones de la demanda no pueden tener vocación de prosperidad, lo que obliga a concluir, que la sentencia de primera instancia deberá confirmarse. Por lo tanto, la muerte de ellos fue consecuencia del riesgo propio del servicio, que conocían y aceptaron al momento