PGN - DAÑO ANTIJURIDICO El detenido tenía la obligación de soportar la carga pública con e

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-La retención se cumplió para asegurar la permanencia del detenido Resulta consecuente señalar que la privación de la libertad no fue injusta y que nos encontramos frente a una captura (aprehensión) con fines de indagatoria, la cual se emitió con el lleno de los requisitos tanto formales como sustanciales. Y una vez escuchado el sindicado en indagatoria dentro del término establecido, se da su libertad, conforme a los medios de convicción obrantes se resuelve abstenerse de imponer medida de aseguramiento, por falta de los requisitos estructurales establecidos por la norma. DAÑO ANTIJURÍDICO-El detenido tenía la obligación de soportar la carga pública con el fin de ser escuchado en indagatoria Parte del problema jurídico, es determinar si realmente se produjo daño antijurídico, por el hecho de haber sido retenido y conducido el demandante, a fin de ser escuchado en diligencia de indagatoria y consecuentemente no haberle impuesto medida de aseguramiento y posteriormente declarada en su favor la preclusión de la instrucción. En este sentido se deben tomar como antecedentes lo dispuesto en el la Ley 270 de 1996, en donde de manera clara, precisa, la Corte Constitucional , que para que el Estado responda a título de lo dispuesto en el artículo 68 de la mencionada norma, se requería que el daño fuera de naturaleza antijurídico, es decir que el inculpado no estuviera en la obligación de soportar los inconvenientes causados por el actuar de las instituciones

judiciales, situación que a nuestro criterio no se presenta en el caso que nos ocupa. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA-Sólo estuvo retenido hasta oírlo en descargos En este orden de ideas, en el caso sub examine, la actuación de la Fiscalía General de la Nación fue ajustada a derecho, conforme a las funciones propias de la esa institución por mandato constitucional y legal, es obvio que el actuar de la entidad ante la puesta en conocimiento de una conducta punible, sea la de poner en ejercicio el aparato jurisdiccional con el objeto de establecer los presupuestos propios de la instrucción, teniendo el funcionario judicial amplias facultades para lograr el éxito de este periodo procesal y asegurar la comparecencia de los autores o partícipes del hecho, desplegando la actividad conducente y apegándose a lo dispuesto en la norma en materia de derecho de defensa, debido proceso y demás garantías que le asisten a los sindicados. En estos términos el sometimiento a una investigación es una de las cargas que todo los ciudadanos estamos obligados a soportar. En consecuencia para esta Agencia del Ministerio Público, es dable que la actuación tanto de la Fiscalía especializada Unidad de Apoyo Hidrocarburos y la Fiscalía Tercera Unidad de Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados – Unidad Nacional contra el Terrorismo, derivó en una decisión que fulmina la posibilidad de declarar la responsabilidad administrativa de la Nación – Fiscalía General de la Nación, de conformidad con el Art. 90 de la Constitución Política, dado que la retención a que fue sometido el accionante, se dio para efectos de escucharlo en indagatoria, frente a lo cual

posteriormente, una vez escuchado, el Fiscal se abstuvo de imponerle medida de aseguramiento, quedando en libertad desde ese mismo día, no ocasionándose entonces el Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co J.Cruz R. PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44567 (250002326000200900856-01) daño alegado ni el derecho a la indemnización reclamada por detención injusta, si se tiene en cuenta que éste nunca estuvo privado de la libertad como producto de una medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, expedida por la autoridad accionada, sólo estuvo retenido hasta oírlo en descargos, y dejado en libertad dentro de los términos para resolver la situación jurídica. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44567 (250002326000200900856-01) CONCEPTO No. 294 /2012

Bogotá, D.C., 22 de Octubre de 2012

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente Doctor Hernán Andrade Rincón

E. S. D.

EXPEDIENTE: 250002326000200900856-01 (44567)

Acción de Reparación Directa

ACTOR: Mauricio José Mendoza y Otros DEMANDADO: Fiscalía General de la Nación Sentido del Concepto: Solicitud de REVOCAR la sentencia recurrida originada en el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca respecto a la caducidad de la acción. / Petición de decisión negativa de fondo. / La detención se cumplió para asegurar la permanencia del detenido, hasta tanto le fue resuelta la situación jurídica que opta por no imponer medida de aseguramiento y finalmente con iguales argumentos es absuelto. / La parte actora no cumplió con lo establecido en el artículo 177 del C.P.C. / Tenía la obligación de soportar la carga pública de la retención con el fin de ser escuchado en indagatoria.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y el Patrimonio Público. 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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I ANTECEDENTES

1.1. Demanda

En demanda del 19 de octubre de 2009, el apoderado judicial del señor MAURICIO JOSÉ MENDOZA, solicitó se declarara la responsabilidad administrativa y extracontractual de LA NACIONLA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, derivados por la privación injusta de la libertad a que fue sometido durante 5 días comprendidos entre el 5 de diciembre del 2002 y el 10 de diciembre del 2002, dentro del proceso penal adelantado por la Unidad de Fiscalía delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado-Unidad Nacional contra el terrorismo, Fiscalía tercera de Bogotá bajo el radicado No. 55.527 por los delitos de concierto para delinquir en concurso homogéneo sucesivo con el delito de hurto de combustibles y falsedad para obtener prueba de hecho verdadero. 1.2. Contestación de la demanda 1.2.1. Fiscalía General de la Nación El 5 de agosto de 2010, la Fiscalía General de la Nación a través de su apoderado judicial contestó la demanda expresando que se opone a las pretensiones por cuanto no existen fundamentos de hecho o de derecho que sustenten la demanda, teniendo en cuenta que la Fiscalía General de la Nación actuó ajustada a derecho ante el conocimiento de una conducta punible; anota que el término que se alega la demanda como "detención injusta" fue el tiempo que tuvo el operador judicial para definir la situación jurídica del demandante de tal manera que surge la inexistencia de relación causa-efecto. Propone las excepciones de ineptitud formal de la 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44567 (250002326000200900856-01) demanda por inexistencia del hecho dañoso atribuible a la Fiscalía General de la Nación, ineptitud formal de la demanda por falta de elementos que estructuran la pretensión de falla del servicio y culpa exclusiva de la víctima (f1s 20-34 c.1). 1.3. Sentencia de Primera Instancia El Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, deniega las pretensiones, mediante sentencia proferida el veinticuatro (24) de febrero de dos mil doce (2012), manifestando en resumen los siguientes argumentos: Declaró la caducidad de la acción señalando que en el presente caso, el último auto proferido dentro de este proceso penal fue la providencia del 19 de julio de 2007, la cual cobró ejecutoria el 1 de agosto de 2007 (ver folio 22 c. 2). El tiempo de la caducidad se contabiliza a partir del día siguiente, es decir a partir del 2 de agosto de 2007 y venció el 2 de agosto de 2009. Ahora bien, la demanda fue presentada el 19 de octubre de 2009, por lo tanto está caducada y la sala declarará la prosperidad de esta excepción. 1.4. Argumentos de la apelación – El demandante El apoderado de la parte demandante incoa recurso de apelación en contra de la sentencia adversa a sus pretensiones, en donde en términos generales argumenta lo

siguiente (Fol. 92 c. Consejo de E.): Manifestó que la ley 1285 de 2009, en su artículo 13 estableció como requisito previo a la demanda, agotar la conciliación. Antes de presentar la demanda, el día 10 de julio de 2009 se presentó la respectiva solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación. Quien fijó audiencia para el día 15 de octubre de 2009 sin que 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44567 (250002326000200900856-01) se lograra acuerdo entre las partes, tal acta se aportó al expediente como prueba ( ver folio 96 C. Pruebas) Señala que según el artículo 3 del Decreto 1716 de 2009, presentada la solicitud de conciliación, se suspenden los términos de caducidad o prescripción máximo por 3 meses. Luego estuvieron suspendidos los términos desde el 10 de julio de 2009 hasta el 10 de octubre de 2009, la demanda fue presentada el 16 de octubre de 2009, al otro día de que se realizó la audiencia fracasada de conciliación. Es decir, los términos se suspendieron desde el día 10 de julio a 10 de octubre de

2009. Cuando se presentó la solicitud de conciliación, todavía restaban 21 días para

la caducidad de la acción. Del 10 de octubre de 2009 al 16, fecha de presentación de la demanda, no trascurrieron sino 6. Luego restaban para que se diera la caducidad 15 días.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

2.1. Problemas Jurídicos. Pueden ser expresados en los siguientes términos: 2.1.1. ¿La Fiscalía General de la Nación, es responsable administrativamente, por ordenar la captura del ciudadano Mauricio José Mendoza, quien presuntamente estaba involucrado en una conducta delictiva, a fin de ser escuchado en diligencia de indagatoria? 2.1.2. ¿El ciudadano Mauricio José Mendoza tenía el deber de soportar la carga que le causó la retención de que fue objeto, con el fin de escucharlo en indagatoria? 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44567 (250002326000200900856-01) 2.1.3. ¿ La demanda se presentó en término y no hay lugar a la caducidad planteada por el Tribunal administrativo de Cundinamarca en su fallo? 2.2. Marco Teórico. Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Agencia del Ministerio Público:

2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado. La responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política. Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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2.2.2. Régimen aplicable. Para reclamar perjuicios por razón de detenciones, se acude a la teoría de la Falla en la prestación del servicio. Para que se dé la configuración de responsabilidad en estos casos, se exige entre otros aspectos que la detención, sea INJUSTA, término que como lo manifiesta la Corte Constitucional “se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidentemente que la privación de la libertad, no ha sido apropiada, ni razonada conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria”. 2.2.3. Falla en la prestación del servicio. Desarrollo Jurisprudencial en el tema de la detención injusta. El Consejo de Estado ha venido desarrollando toda una línea jurisprudencial en materia de detención injusta, que se encuentra reflejada en los siguientes extractos: “La Sección Tercera del Consejo de Estado en la interpretación del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, contenido en el decreto ley 2.100 de 1991, ha adoptado dos clases de posiciones: una tesis “subjetiva o restrictiva” y otra “objetiva o amplia”. La primera de esas tesis, “subjetiva o restrictiva”, condiciona la mencionada responsabilidad del Estado en cuanto a la conducta, a que la imputada esté fundada en decisiones jurisdiccionales arbitrarias y abiertamente ilegales; al respecto pueden verse las siguientes providencias: - Sentencia proferida el 1º de octubre de 1992; sostuvo que la providencia judicial que ordenó la detención preventiva que causa el daño

debe contener una decisión ilegal, ostensible y manifiestamente errada. - Sentencia dictada el día 25 de julio de 1994; precisó que “La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual”, de manera que“la absolución final (.) no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención”. -Sentencia expedida el día 15 de septiembre de 1994 en la cual se destacó que el error judicial es conducta que puede dar lugar a la responsabilidad del Estado; -Sentencia pronunciada el día 17 de noviembre 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44567 (250002326000200900856-01) de 1995, se precisó que fuera de los casos señalados en el artículo 414 del

C. P. P. el demandante debe demostrar no sólo que la detención preventiva que se le dispuso fue injusta, sino que fue injustificada y que “habiéndose producido la detención preventiva por una providencia judicial, la fuente de la responsabilidad no sería otra que el error jurisdiccional”. -Sentencia dictada el día 2 de octubre de 1996; indicó que “Para configurar la responsabilidad reclamada en este proceso, la privación de la libertad ha debido ser injusta, es decir fruto de decisiones contrarias al derecho o abiertamente arbitrarias,

con desconocimiento de disposiciones tanto constitucionales como legales, constitutivas de verdaderas garantías de ese derecho fundamental de las personas, las cuales en ningún momento se vieron vulneradas por la medida privativa de la libertad”. En la segunda tesis jurisprudencial sobre la responsabilidad del Estado causada en detención preventiva, “objetiva o amplia”, se sujeta esta responsabilidad y en cuanto a la conducta imputada a que la persona que ha sido privada de la libertad y que posteriormente ha sido liberada como consecuencia de una decisión de autoridad competente, ésta haya sido fundamentada en que el hecho no ocurrió, o no le es imputable o que no constituyó conducta punible, sin necesidad de valorar la conducta del juez o de la autoridad que dispuso la detención. La Sala adoptó la última posición jurisprudencial mencionada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991 y mediante la interpretación del artículo 414 del decreto ley 2.700 de 1991; expresó que bastaba la demostración de la antijuridicidad del daño imputable a la Administración para que se configurara la responsabilidad patrimonial del Estado, sin que fuera menester la evaluación de la conducta del funcionario judicial y la de comprobación de si la misma era errada, ilegal, arbitraria o injusta. Los principales lineamientos de esta jurisprudencia están contenidos en las siguientes providencias: -Sentencia proferida el día 30 de junio de 1994, Ex. 9734. -Sentencia proferida el día 12 de diciembre de 1996, Ex. 10299. -Sentencia proferida el día 27 de septiembre de 2001, Ex. 11601. La

Sala reitera lo manifestado en la sentencia proferida el día 27 de septiembre de 2001, así se dijo recientemente en sentencia proferida el día 14 de abril de 2002, Ex. 13606, porque considera que en estos eventos la responsabilidad del Estado existe cuando se ha causado un daño antijurídico por la privación de la libertad de un sujeto que fue absuelto porque nada tuvo que ver con el delito investigado, sin que resulte relevante, generalmente, cualificar la conducta o las providencias de las autoridades encargadas de administrar justicia”. Normativamente las directrices para imponer medidas de aseguramiento para la fecha de los hechos eran entre otras la contenida en el artículo 356 de la Ley 600 de 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44567 (250002326000200900856-01) 2000 (Código de Procedimiento Penal entonces vigente), en donde textualmente dice: “ARTICULO 356. REQUISITOS. Solamente se tendrá como medida de aseguramiento para los imputables la detención preventiva. <Inciso CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Se impondrá cuando aparezcan por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso. No procederá la medida de aseguramiento cuando la prueba sea indicativa

de que el imputado pudo haber actuado en cualquiera de las causales de ausencia de responsabilidad” “Requisitos sustanciales. Son medidas de aseguramiento para los imputables la conminación, la caución, la prohibición de salir del país, la detención domiciliaria y la detención preventiva, las cuales se aplicaran cuando contra el sindicado resultaré por lo menos un indicio grave de responsabilidad, con base en las pruebas legalmente producidas en el proceso”. Nótese como en relación con el Código de Procedimiento Penal anterior, en la Ley 600 de 2000, se endurece la exigencia, puesto que en éste se exigía por lo menos un indicio grave de responsabilidad, en tanto que para el que es objeto de análisis, aplicable para el sindicado, se exigen por lo menos dos indicios graves de responsabilidad. Cabe destacar además que según la Constitución Política artículo 250 numeral 1: “Corresponde a la Fiscalía General de la Nación, de oficio o mediante denuncia o querella, investigar los delitos y acusar los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. Para tal efecto la fiscalía general de la nación deberá: 1-asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento”. 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.44567 (250002326000200900856-01) 2.2.4. La obligación de soportar las cargas públicas, en materia de detención preventiva. A través de la Sentencia del 4 de Diciembre de 2.006, en el expediente 13.168, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Consejero Ponente Doctor Mauricio Fajardo Gómez, sintetiza en los siguientes términos este aspecto de manera puntual: “…Esta Corporación ha sostenido que a los asociados corresponde soportar la carga pública que implica participar, por voluntad de la autoridad, en una investigación. Sin embargo, ahora la Sala considera oportuno recoger expresiones en virtud de las cuales algunos sectores de la comunidad jurídica han llegado a sostener, sin matiz alguno, que el verse privado de la libertad ocasionalmente es una carga pública que los ciudadanos deben soportar con estoicismo. Definitivamente no puede ser así. Lo cierto es que cualquiera que sea la escala de valores que individualmente se defienda, la libertad personal ocupa un lugar de primer orden en una sociedad que se precie de ser justa y democrática. Por consiguiente, mal puede afirmarse que experimentar la pérdida de un ingrediente fundamental para la realización de todo proyecto de vida, pueda considerarse como una carga pública normal, inherente al hecho de vivir dentro de una comunidad jurídicamente organizada y a la circunstancia de ser un sujeto solidario. Si se quiere ser coherente con el postulado de acuerdo con el cual, en un Estado Social y Democrático de Derecho la persona ajunto con todo lo que a ella es inherente ocupa un lugar central, es la razón de la existencia de aquél y a su servicio se hallan todas

las instituciones que se integran en el aparato estatal, carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas…” “… No se entiende entonces con apoyo en qué tipo de argumento no habría de ser catalogado como igualmente antijurídico el daño que sufre quien se ve privado de la libertad como en el presente caso durante cerca de dos años y acaba siendo absuelto mediante sentencia judicial. Ciertamente resulta difícil aceptar que, con el fin de satisfacer las necesidades del sistema penal, deba una persona inocente soportar dos años en prisión y 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44567 (250002326000200900856-01) que sea posible aducirle, válidamente, que lo ocurrido es una cuestión “normal”, inherente al hecho de ser un buen ciudadano y que su padecimiento no va más allá de lo que es habitualmente exigible a todo individuo, como carga pública derivada del hecho de vivir en sociedad. Admitirlo supondría asumir, con visos de normalidad, la abominación que ello conlleva y dar por convalidado el yerro en el que ha incurrido el sistema de Administración de Justicia del Estado.

Considera la Sala, de todas formas y como líneas atrás se ha apuntado, que no es posible generalizar y que, en cada caso concreto, corresponderá al juez determinar si la privación de la libertad fue más allá de lo que razonablemente debe un ciudadano soportar para contribuir a la recta Administración de Justicia. Lo que no se estima jurídicamente viable, sin embargo, es trasladar al administrado el costo de todas las deficiencias o incorrecciones en las que, en ocasiones, pueda incurrir el Estado en ejercicio de su idus puniendo. En relación con la inconveniencia si no imposibilidad de verter juicios generales y abstractos en relación con asuntos como el que atrae la atención del presente proveído, ya había expresado esta Corporación lo siguiente: «Al respecto, debe reiterarse lo expresado en otras oportunidades, en el sentido de que no cualquier perjuicio causado como consecuencia de una providencia judicial tiene carácter indemnizable. Así, en cada caso concreto deberá establecerse si el daño sufrido es de tal entidad que el afectado no está en la obligación de soportarlo, y resulta, en consecuencia, antijurídico, sea que tenga causa en una providencia errada o en una providencia ajustada a la ley. No puede considerarse, en principio, que el Estado deba responder siempre que cause inconvenientes a los particulares, en desarrollo de su función de administrar justicia; en efecto, la ley le permite a los fiscales y jueces adoptar determinadas decisiones, en el curso de los respectivos procesos, en aras de avanzar en el esclarecimiento de la verdad, y los ciudadanos deben soportar algunas de las incomodidades que tales decisiones les causen. Sin embargo, tampoco pueden hacerse

afirmaciones categóricas, para suponer que, en determinados casos, será siempre inexistente el daño antijurídico, mucho menos cuando ha habido lugar a la privación de la libertad de una persona, así sea por corto tiempo, dado que se trata de la vulneración de un derecho fundamental, cuya injusticia, al margen de la licitud o ilicitud de la decisión que le sirvió de fundamento, puede hacerse evidente como consecuencia de una decisión definitiva de carácter absolutorio. He aquí la demostración de 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44567 (250002326000200900856-01) que la injusticia del perjuicio no se deriva de la ilicitud de la conducta del agente del Estado» (Subrayas y negrillas fuera del texto original). El umbral de resistencia de los ciudadanos ha de ser mayor cuando se trata de cargas públicas cuya asunción se hace necesaria para garantizar la sostenibilidad de la existencia colectiva, pero deberá analizarse la magnitud de tales cargas con un escrutinio más estricto y comprensivo siempre desde la perspectiva de la víctima— allí en donde estén involucrados aspectos que tocan en toda su plenitud la esfera de derechos fundamentales del individuo, al punto de, incluso, poder llegar a hacer inviable su proyecto personal de vida, circunstancia que se da, sin asomo de duda, cuando se ha afectado de

manera tan intensa como en el sub lite una garantía tan cara a la naturaleza humana como lo es el sagrado derecho a la libertad. Después de la vida, el derecho a la libertad constituye fundamento y presupuesto indispensable para que sea posible el ejercicio de los demás derechos y garantías de los que es titular el individuo. No es gratuito que, en el catálogo de derechos fundamentales contenido en el Capítulo 1 del Título II de la Constitución Política, inmediatamente después de consagrar el derecho a la vida artículos 11 y 12 se plasme el derecho a la libertad. La garantía de la libertad es, a no dudarlo, el principal rasgo distintivo entre las formas de Estado absolutistas, totalitarias y el Estado de Derecho. En palabras del profesor Antonio Enrique Pérez Luño…” 2.2.5. Los Honorables tratadistas Jaime Bernal Cuellar – y Eduardo Montealegre Lynett, en su obra El Proceso Penal, respecto a la captura dijeron: "La captura es un acto material o físico, de aprehensión que se puede llevar a cabo antes, durante o después del proceso. En esto se diferencia de la privación injusta de la libertad, que se concreta en decisión, judicial denominada detención preventiva, cuyo pronunciamiento solo puede hacerse durante el proceso y previo cumplimiento de ciertos presupuestos, como la vinculación legal del imputado. También es diferente de la resolución de detención, porque esta providencia se cuestiona la responsabilidad penal del sindicado, lo que no ocurre cuando se trata del estado de captura” 2.2.6. Caducidad de la acción contencioso administrativa 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.44567 (250002326000200900856-01) Respecto a los parámetros para declarar la caducidad, la norma legal dice lo siguiente: ARTICULO 136. CADUCIDAD DE LAS ACCIONES. Subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998.

8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. 2.3. Las pruebas obrantes Se allegó el material probatorio de conformidad con las reglas establecidas en materia de prueba documental, en el Código de Procedimiento Civil. De hecho las copias del expediente contentivo de la investigación adelantada por la Fiscalía, son de enorme valor, para entrar a determinar y conceptuar frente a la sentencia recurrida, las cuales se encuentran aludidas específicamente en ella.  Fotocopias auténticas de la providencia de fecha diciembre 6 de 2002, proferida por