PGN - REGIMEN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO - Elementos

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por privación injusta de la libertad DETENCIÓN PREVENTIVA-Mutación testimonial no invalidaba la medida de aseguramiento/DETENCIÓN PREVENTIVA-Las decisiones emitidas por la fiscalía no fueron objeto de recurso alguno Inicialmente, debe esta Agencia del Ministerio Público manifestarse en desacuerdo con el análisis efectuado por el A-quo frente a los testimonios integrantes del acervo probatorio, en la medida en que no tuvo en cuenta para su fallo la variación sufrida por los mismos durante el lapso comprendido entre la captura y la puesta en libertad del procesado; en caso de haberlo hecho, resulta claro que el concepto de prueba sobreviniente habría salido a la luz, variando de esta manera el grado de conocimiento que venía manejando el ente investigador desde la instrucción, y hallando consecuentemente que si bien una vez la testigo se retractó de sus declaraciones en audiencia pública, no era posible sostener la investigación en contra del sindicado, dicha mutación testimonial no invalidaba la medida de aseguramiento inicialmente impuesta – ni la tornaba injusta - , ya que ésta fue aplicada al actor cuando la testigo aún se sostenía en sus declaraciones, las cuales eran fundamentales pues tipificaban el delito imputado. De otro lado, las decisiones emitidas por la Fiscalía no fueron objeto de recurso alguno cuando a ello hubo lugar, contando la defensa técnica con todas las garantías para hacerlo, lo cual indica a esta Delegada que la culpa de la víctima en el desenlace de los hechos fue determinante, en la medida en que abordó las herramientas jurídicas a las que

tenía derecho de forma inadecuada, no invocando los recursos para frenar una detención que consideraba injusta. DETENCIÓN PREVENTIVA-El procesado tenía la obligación de soportar cargas lícitas Comparte esta Delegada el criterio del apoderado de la Fiscalía General de la Nación, cuando manifiesta que todo ciudadano debe soportar la carga de la investigación de un delito, cuando existan indicios graves que comprometan su responsabilidad, y es evidente que en el caso en observancia, los testimonios inicialmente recogidos de la víctima y de su hermana, sumados a la anómala detención del procesado por parte del entonces detective del DAS, hoy demandante, eran de suficiente magnitud como para justificar la detención del procesado.. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Elementos Ahora bien, de acuerdo con los elementos de responsabilidad patrimonial del Estado es preciso anotar lo siguiente: 1) En cuanto al daño antijurídico, se puede determinar que este no existió, pues el demandante debió soportar la actuación del Estado por hechos imputables a su conducta, 2) El hecho generador se debió a la competencia legal que tiene el Estado en cabeza del Juez de Garantías y de la Fiscalía General de la Nación para que, en aras del cumplimiento cabal de sus funciones, impongan medidas privativas de la libertad a quienes en su concepto, reúnan los requisitos legalmente establecidos (art. 308 C.P.P) , 3). Se da un rompimiento del nexo causal, en razón a que no puede colegirse de la decisión del Juez de Garantías de proferir medida de aseguramiento en

Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 44644 250002326000200900739 01 JEBS contra del procesado, relación directa con los daños por este sufridos a razón de su detención, los cuales, en concepto de este Despacho, tienen como única causa eficiente los actos y hechos del actor. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA-No se impusieron cargas al procesado que éste no estuviese en obligación de soportar Lo anterior indica que, para esta Delegada, la medida de aseguramiento consistente en la detención preventiva sin beneficio de excarcelación impuesta al procesado, NO constituye privación injusta de la libertad, toda vez que la Fiscalía General de la Nación actuó dentro del marco legal y constitucional en la imposición de la medida de seguridad impuesta a aquel. En consecuencia, en el caso bajo observación, no se impusieron cargas al procesado que éste no estuviese en obligación de soportar, y por tal razón no es posible invocar la responsabilidad consagrada en el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia. En atención a lo anterior, esta Delegada concluye que la Fiscalía General de la Nación NO es administrativamente responsable de los perjuicios irrogados al actor, por la presunta privación injusta de la libertad a que fue sometido, y proferirá concepto tendiente a instar al H. Consejo de Estado a revocar el fallo proferido por el Tribunal Administrativo

de Cundinamarca dentro del caso objeto de estudio. JURISPRUDENCIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Cuando la causa sea la actuación de la propia víctima habrá lugar a exonerar a la entidad 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 44644 250002326000200900739 01 JEBS CONCEPTO No. 298 / 2012

Bogotá, D.C., Octubre 23 de 2012

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente Dr. Hernán Andrade Rincón.

E. S. D.

EXPEDIENTE: 250002326000200900739 01 (44644)

ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA

ACTOR: CESAR AUGUSTO PATIÑO WALTEROS Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Sentido del Concepto: Solicitud de REVOCAR el fallo recurrido dentro de la Acción de Reparación Directa contra la Nación y la Fiscalía General de la Nación.

Temas: Privación Injusta de la Libertad / Principio In dubio pro Reo: Valoración en el proceso administrativo. Libertad y presunción de Inocencia / Obligación de soportar cargas lícitas.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso

de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y Patrimonio Público.

I. ANTECEDENTES

3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 44644 250002326000200900739 01 JEBS 1.1. Demanda - Hechos El Señor CESAR AUGUSTO PATIÑO WALTEROS Y OTROS, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, entablaron demanda contra la NACIÓN y la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, para que se les declare administrativamente responsables por los perjuicios a ellos causados con ocasión de la presunta privación injusta de la libertad de que fue objeto el Señor CESAR AUGUSTO PATIÑO WALTEROS desde el día 5 de Diciembre de 2005, fecha en la cual agentes de la Fiscalía 207 de la Unidad Primera contra la Administración Pública y de Justicia, hicieron efectiva su captura por el presunto punible de Concusión, siéndole otorgado el beneficio de la detención domiciliaria, hasta el día 10 de Mayo de 2006, fecha en la que fue dejado en libertad, tras ser proferida revocatoria de la medida de aseguramiento en su contra por el Juzgado 17 Penal

del Circuito de Bogotá. La captura del Sr. Patiño, se efectuó luego de que el Departamento Administrativo de Seguridad, institución en la que laboraba el detenido como detective, remitiera copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigara al Sr. Patiño, luego de que éste fuera acusado por el Sr. Humberto Baquero Gutiérrez de llegar a la casa de éste último en compañía de su compañero, con una orden de detención vencida, amenazándolo con hacerla efectiva en caso de que este se negara a pagar $150’000.000 como soborno. Con la seguridad de no tener cuentas pendientes con la justicia, el Sr. Baquero fue conducido varias horas por el actor y su compañero por la ciudad de Bogotá, hasta que en horas de la noche, ante la negativa de éste a pagar, fue devuelto a su hogar. 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 44644 250002326000200900739 01 JEBS En sentencia de 19 de Abril de 2007, el Juez 17 Penal del Circuito de Bogotá, absolvió al Sr. Patiño del punible imputado, aplicando a su favor el principio In dubio Pro Reo, al hallar dudas sobre la participación del detenido en los actos delictivos imputados en su contra, tras la retractación de uno de los testigos claves en audiencia pública.

1.2 Contestación de la Demanda En forma oportuna, la apoderada de la Fiscalía contestó la demanda, manifestando inicialmente que, al no constarle los hechos narrados por el demandante, se atenía a lo que resultara probado en juicio. Se opuso igualmente a todas las declaraciones y condenas solicitadas en la demanda, argumentando que en el caso en cuestión no se configuran los supuestos esenciales que permiten configurar responsabilidad en cabeza de la Fiscalía, ya que esta actuó conforme al mandato constitucional contenido en el artículo 250 de La Carta Política, el cual establece su función investigativa y la obliga a adelantar el ejercicio de la acción penal en los casos que revistan las características de un delito. Resaltó la legalidad de la medida de aseguramiento inicialmente impuesta, al calificarla como coherente con lo contenido en los artículos 306, 308 y 313 del Código de Procedimiento Penal, los cuales establecen la naturaleza y procedencia de dicha medida. Finalmente destacó el hecho de que la libertad del detenido se hubiese dado por aplicación del principio In dubio Pro Reo, y no por la falta de pruebas o indicios que los hicieran aparecer como responsables al momento de proferir medida de aseguramiento o resolución de acusación. 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Expediente No. 44644

250002326000200900739 01 JEBS

1.3. Sentencia de Primera Instancia. El Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, falló en sentencia del 8 de Febrero de 2012, acogiendo las pretensiones de la demanda, manifestando, en resumen, los siguientes argumentos: 1.3.1. Basado principalmente en el fallo absolutorio, encuentra el A-quo razones para desestimar la importancia de la orden de captura vencida, utilizada por el actor para retener por varias horas a quien luego le acusara de concusión, en las declaraciones del superior de aquel, quien se limitó a manifestar que se trató de una equivocación superada al cabo de unas horas. 1.3.2. De igual forma, basado en su ausencia en el lugar de los hechos, desestima el Tribunal los testimonios rendidos por la hermana y exesposa del Sr. Baquero, en los que aseguran que la extorsión realmente se llevó a cabo, y desecha finalmente la tesis de la concusión con el cambio en el testimonio de la Sra. Myriam Ayala Baquero, única persona presente en el lugar de los hechos fuera de los implicados, quien en audiencia pública mostró duda sobre el haber oído claramente la petición de dinero por parte de los entonces detectives del DAS al Sr. Humberto Baquero. 1.4. Argumentos de la Apelación Dentro del plazo asignado por ley, el apoderado de la Fiscalía presentó escrito de apelación a la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de 8 de Febrero de 2012. En éste expone los siguientes argumentos en contra del fallo:  Señala que la resolución en virtud de la cual se definió la situación jurídica

6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 44644 250002326000200900739 01 JEBS tuvo respaldo probatorio suficiente, y que, en dicho escenario, la defensa técnica tuvo oportunidad de controvertir dicho acervo probatorio desfavorable, desaprovechando dicha oportunidad al no hacer uso de los recursos que la Ley le otorgaba, circunstancia que de acuerdo con el artículo 70 de la Ley Estatutaria de Justicia, debe ser sancionada con la declaratoria de “Culpa exclusiva de la Víctima”.  Enfatiza la apoderada de la Fiscalía el hecho de que para proferir medida de aseguramiento, no sea necesario que en el proceso existan pruebas que conduzcan a la certeza sobre la responsabilidad penal del sindicado, como lo expone el A-quo en su fallo, pues tal grado de convicción solo se predica de la sentencia condenatoria, escenario diferente al analizado.  Finalmente, recuerda que en ningún momento se absolvió la sindicado por prueba de su inocencia absoluta, ni por la inexistencia de la conducta, sino en virtud del principio In dubio Pro Reo, motivado principalmente en la retractación que sobre el fundamental testimonio de haber oído la extorsión hizo la Sra. Myriam Ayala Baquero, el cual, volviendo al inicio de la

investigación, fue el que fundamento la actuación del Fiscal al proferir medida de aseguramiento.

II. Consideraciones del Ministerio Público 2.1. Problemas Jurídicos: 2.1.1. ¿Es responsable pecuniaria y administrativamente la Fiscalía General de la Nación por la presunta privación injusta de libertad de la que fue objeto el Sr.

Patiño? 2.1.2. ¿Puede la aplicación del In dubio Pro reo en el proceso penal, constituirse 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 44644 250002326000200900739 01 JEBS en causal automática de resarcimiento por parte del Estado en el proceso administrativo? 2.1.3. ¿Existe un daño antijurídico como consecuencia de la privación de la libertad de la que fue objeto el Sr. Patiño, o se trató ésta de una detención razonable y ajustada a Derecho? 2.2. Marco Teórico. Serán tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento del concepto de esta Agencia del Ministerio Público: 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado. La responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política. Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el

Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 44644 250002326000200900739 01 JEBS c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” 2.2.2. Libertad y presunción de inocencia. Normas Supraconstitucionales. Uno de los temas importantes para definir frente a casos como el objeto de la litis, es el tema de la libertad y la presunción de inocencia. Veamos que ha venido diciendo el Consejo de Estado:

“El Derecho a la libertad Bajo la Constitución de 1886 estaba previsto en el artículo 23 y en la Carta fundamental de 1991 sobre tal derecho y en especial con la “libertad de movimiento”, se concretó en el artículo 28. Ese mismo derecho está regulado en otras normas jurídicas; así: -En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado mediante la ley 74 de 1968 en la cual se expresa, igualmente, que "Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta...". -En la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por la ley 16 de 1972 que prescribe: "1.Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ellas". De lo anterior se infiere que la 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 44644 250002326000200900739 01 JEBS libertad es un derecho fundamental relativo, porque está restringido en eventos precisos y bajo las condiciones de orden constitucional o legal. El derecho de Presunción de inocencia es de categoría constitucional, por

virtud de la cual toda persona sindicada de cometer un delito está eximida de presentar pruebas que demuestren su inocencia y por tanto las autoridades judiciales competentes tienen el deber de obtener las pruebas que acrediten la responsabilidad del implicado. Estaba previsto desde antes de la expedición de la Carta de 1991, es decir bajo la vigencia de la Constitución de 1886, en las siguientes normas con fuerza material de ley: -Ley No 74 de 1968, que como ya se dijo antes ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Su artículo 11 enseña que "Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa". -Ley No. 16 de 1974, por la cual se ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, en la cual el artículo 8° dispone: “Toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad...". -Decreto ley No 50 de 1987 por medio del cual se expidió el Código Penal; su artículo 3º indicó la presunción de inocencia, al disponer que “Toda persona a quien se atribuya un hecho punible se presume inocente mientras no se declare legalmente su responsabilidad en sentencia ejecutoriada”. En la Constitución de 1991que entró en vigencia el día 7 de julio del citado año - se consagró en el inciso 4 del artículo 29, según el cual: "Toda persona se presume

inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable".. . También el legislador extraordinario en el decreto ley 2.700 dictado el día 30 de noviembre de 1991, que contiene el Código de Procedimiento Penal, artículo 2º…” 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 44644 250002326000200900739 01 JEBS Anteriormente, esta misma Sala frente al tema había manifestado: “Es por ello que se ha considerado que si bien la medida de aseguramiento es cautelar, ha de tenerse en cuenta además el principio universal de la presunción de inocencia a fin de que el administrador de justicia, haga uso racional de la medida y en el caso de que le asistan las razones normativas sustanciales, también le es perentorio tener presente el principio universal de presunción de inocencia. Adicionalmente como norte y guía, que el derecho a la libertad dentro de las culturas occidentales y democráticas es uno de los derechos humanos más preciado, contemplado dentro de la Constitución Política de Colombia como Derecho Fundamental, connotación de gran valía dentro de la concepción filosófica del Estado Social de Derecho. De tal suerte que la detención preventiva es una medida excepcional, que “procede sólo cuando sea estrictamente necesaria y proporcionada a los fines propios de la investigación del ilícito a cargo

del Estado”. (Las negrillas son de la Sala). 2.2.3. Falla en la prestación del servicio. Desarrollo Jurisprudencial en el tema de la detención injusta. El Consejo de Estado ha venido desarrollando toda una línea jurisprudencial en materia de detención injusta, que se encuentra reflejada en los siguientes extractos: “La Sección Tercera del Consejo de Estado en la interpretación del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, contenido en el decreto ley 2.100 de 1991, ha adoptado dos clases de posiciones: una tesis “subjetiva o restrictiva” y otra “objetiva o amplia”. La primera de esas tesis, “subjetiva o 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 44644 250002326000200900739 01 JEBS restrictiva”, condiciona la mencionada responsabilidad del Estado en cuanto a la conducta, a que la imputada esté fundada en decisiones jurisdiccionales arbitrarias y abiertamente ilegales; al respecto pueden verse las siguientes providencias: - Sentencia proferida el 1º de octubre de 1992; sostuvo que la providencia judicial que ordenó la detención preventiva que causa el daño debe contener una decisión ilegal, ostensible y manifiestamente errada. - Sentencia dictada el día 25 de julio de 1994; precisó que “La investigación de un delito, cuando medien indicios serios

contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual”, de manera que “la absolución final (.) no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención”. -Sentencia expedida el día 15 de septiembre de 1994 en la cual se destacó que el error judicial es conducta que puede dar lugar a la responsabilidad del Estado; -Sentencia pronunciada el día 17 de noviembre de 1995, se precisó que fuera de los casos señalados en el artículo 414 del C. P. P. el demandante debe demostrar no sólo que la detención preventiva que se le dispuso fue injusta, sino que fue injustificada y que “habiéndose producido la detención preventiva por una providencia judicial, la fuente de la responsabilidad no sería otra que el error jurisdiccional”. -Sentencia dictada el día 2 de octubre de 1996; indicó que “Para configurar la responsabilidad reclamada en este proceso, la privación de la libertad ha debido ser injusta, es decir fruto de decisiones contrarias al derecho o abiertamente arbitrarias, con desconocimiento de disposiciones tanto constitucionales como legales, constitutivas de verdaderas garantías de ese derecho fundamental de las personas, las cuales en ningún momento se vieron vulneradas por la medida privativa de la libertad”. En la segunda tesis jurisprudencial sobre la responsabilidad del Estado causada en detención preventiva, “objetiva o amplia”, se sujeta esta responsabilidad y en cuanto a la conducta imputada a que la persona que ha sido privada de la libertad y que 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 44644 250002326000200900739 01 JEBS posteriormente ha sido liberada como consecuencia de una decisión de autoridad competente, ésta haya sido fundamentada en que el hecho no ocurrió, o no le es imputable o que no constituyó conducta punible, sin necesidad de valorar la conducta del juez o de la autoridad que dispuso la detención. La Sala adoptó la última posición jurisprudencial mencionada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991 y mediante la interpretación del artículo 414 del decreto ley 2.700 de 1991; expresó que bastaba la demostración de la antijuridicidad del daño imputable a la Administración para que se configurara la responsabilidad patrimonial del Estado, sin que fuera menester la evaluación de la conducta del funcionario judicial y la de comprobación de si la misma era errada, ilegal, arbitraria o injusta. Los principales lineamientos de esta jurisprudencia están contenidos en las siguientes providencias: -Sentencia proferida el día 30 de junio de 1994, Exp. 9734. -Sentencia proferida el día 12 de diciembre de 1996, Exp. 10299. -Sentencia proferida el día 27 de septiembre de 2001, Exp. 11601. La Sala reitera lo manifestado en la sentencia proferida el día 27 de septiembre de 2001, así se dijo recientemente en sentencia proferida el día 14 de abril de 2002, Exp. 13606, porque considera que en estos

eventos la responsabilidad del Estado existe cuando se ha causado un daño antijurídico por la privación de la libertad de un sujeto que fue absuelto porque nada tuvo que ver con el delito investigado, sin que resulte relevante, generalmente, cualificar la conducta o las providencias de las autoridades encargadas de administrar justicia”. 2.2.4. El In dubio Pro reo. La institución del in dubio pro reo o duda razonable, tiene aplicación cuando dentro del acervo probatorio se encuentren elementos que indican la 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 44644 250002326000200900739 01 JEBS responsabilidad penal del sindicado y, así mismo, otros, con igual peso, que descartan tal responsabilidad. Ante tal incertidumbre el juzgador debe absolver, en aplicación de principios universales, de manera tal que la duda se torna favorable para el sindicado. Al respecto, la doctrina ha indicado lo siguiente: “Duda en favor del sindicado, duda favorable. Principio en virtud del cual si tiene duda no puede condenar al acusado por un hecho criminal. Pertenece al elemento de la valoración probatoria y a la duda racional sobre los elementos objetivos y subjetivos que integran el tipo. Como tiene dicho la jurisprudencia, este principio sólo entra en juego cuando, efectivamente practicada la prueba, ésta no ha desvirtuado la presunción de inocencia o,

dicho de otra manera la aplicación del referido principio se excluye cuando el órgano judicial no ha tenido duda alguna sobre el carácter incriminatorio de las pruebas practicadas” Por tanto, para aplicar este principio, debe mediar un análisis suficiente sobre la prueba allegada a la investigación, que no es más que la aplicación sistemática de las normas y principios penales, entre ellos la obligación del operador judicial de realizar una investigación integral, como se señaló anteriormente. 2.2.5. La obligación de soportar las cargas públicas, en materia de detención preventiva. A través de la Sentencia del 4 de Diciembre de 2.006, en el expediente 13.168, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Consejero Ponente Doctor Mauricio Fajardo Gómez, sintetiza en los siguientes términos este aspecto: “Entre las consideraciones acerca de la naturaleza del daño antijurídico se ha sostenido que, en cada caso, ha de corresponder al juez determinar si el 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 44644 250002326000200900739 01 JEBS daño va más allá de lo que, normalmente y sin compensación alguna, debe soportar una persona por el hecho de vivir en una comunidad jurídicamente organizada y comportarse como un sujeto solidario. (…) No se entiende entonces con apoyo en qué tipo de argumento no habría de

ser catalogado como igualmente antijurídico el daño que sufre quien se ve privado de la libertad (como en el presente caso) durante cerca de dos años y acaba siendo absuelto mediante sentencia judicial. Ciertamente resulta difícil aceptar que, con el fin de satisfacer las necesidades del sistema penal, deba una persona inocente soportar dos años en prisión y que sea posible aducirle, válidamente, que lo ocurrido es una cuestión “normal”, inherente al hecho de ser un buen ciudadano y que su padecimiento no va más allá de lo que es habitualmente exigible a todo individuo, como carga pública derivada del hecho de vivir en sociedad. Admitirlo supondría asumir, con visos de normalidad, la abominación que ello conlleva y dar por convalidado el yerro en el que ha incurrido el sistema de Administración de Justicia del Estado. (…) “En relación con la inconveniencia -si no imposibilidadde verter juicios generales y abstractos en relación con asuntos como el que atrae la atención del presente proveído, ya había expresado esta Corporación lo siguiente: «Al respecto, debe reiterarse lo expresado en otras oportunidades, en el sentido de que no cualquier perjuicio causado como consecuencia de una providencia judicial tiene carácter indemnizable. Así, en cada caso concreto deberá establecerse si el daño sufrido es de tal entidad que el afectado no está en la obligac