CE-SEC3-EXP1978-N20001

ACCIÓN INDEMNIZATORIA / TEORÍA GENERAL DE LA RESPONSABILIDAD

CIVIL / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD

PATRIMONIAL DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD

PATRIMONIAL DEL ESTADO / ACREDITACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA DEL SERVICIO / RESPONSABILIDAD POR FALLA EN EL SERVICIO / DAÑO OCASIONADO POR AGENTE ESTATAL EN SERVICIO / DAÑO EN EJERCICIO DE FUNCIÓN DE ALTO RIESGO / DAÑO CAUSADO POR INTEGRANTES DE LA FUERZA PÚBLICA / DAÑO OCASIONADO POR MIEMBRO DE LA FUERZA PÚBLICA / ARMA DE DOTACIÓN OFICIAL / USO DE ARMA DE DOTACIÓN OFICIAL / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR USO DE ARMA DE DOTACIÓN OFICIAL / MUERTE DE CIVIL / MUERTE DEL DETENIDO / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO POR DAÑOS CAUSADOS POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / FALLA EN EL SERVICIO DE LA POLICÍA NACIONAL / CONFIGURACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR USO DE ARMA DE DOTACIÓN OFICIAL La sentencia apelada, (…) se fundamenta en la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia, vigente para la época, sobre la responsabilidad por culpa, en los términos del Código Civil, aplicable a la responsabilidad del Estado. En la actualidad y de tiempo atrás esta Corporación tiene el criterio de que dicha

responsabilidad tiene fundamento en el Derecho Público, conforme a normas de la Constitución Política (…). En este proceso, aparecen demostrados los elementos [de la llamada FALTA O FALLA DEL SERVICIO] (…). No hay prueba de que el Agente (…), fuera enemigo del occiso, o que procediere por móviles pasionales o personales de animadversión o de venganza. Por el contrario, aparece acreditado que procedió como Agente de Policía en ejercicio de sus funciones, cumpliendo orden de autoridad competente y que cumplió el procedimiento como creo que debía hacerlo, sin que la consideración posterior de que lo hizo imprudente, en forma irresponsable, permita desplazar su actividad del campo oficial el simple personal. Esa imprudencia e irresponsabilidad en el ejercicio de sus funciones en relación con la captura de (…) y su muerte posterior, constituye, precisamente, la falla del servicio de Policía. (…) La abundante prueba testimonial habla de la presanidad del occiso y de las circunstancias en que recibió la muerte de manos del agente (…) y el acta de necropsia, practicada por un médico oficial (…) habla de las heridas que causaron su muerte, de los orificios de entrada y salida del proyectil, por lo que, la muerte de (…) aparece como daño directamente causado por la falla del servicio.

PERJUICIOS / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / RECONOCIMIENTO DE

PERJUICIOS / REPARACIÓN DE PERJUICIOS / REQUISITOS DE LA

REPARACIÓN DE PERJUICIOS / ELEMENTOS DE LA CAUSACIÓN DE

PERJUICIOS / PRUEBA DE LOS PERJUICIOS / PRUEBA DEL DAÑO

El perjuicio ha de ser cierto, preciso, determinado o determinable y ha de consistir en la pérdida o disminución de un derecho o un bien, material o inmaterial, mueble o inmueble, capital o renta y ha de quedar demostrado en el juicio, pues no puede dejarse su prueba para un juicio posterior. De ahí que solo cuando está demostrado el daño, puede referirse la determinación de su cuantía al procedimiento del art. 308 del C. de P.C.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 308

INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS / REPARACIÓN DE PERJUICIOS / REPARACIÓN PLENA DE PERJUICIOS Tanto en materia civil como en penal y la administrativa, cuando quiera que surge la obligación de indemnizar perjuicios, ella es plena, es decir, implica la necesidad de indemnizar la totalidad del perjuicio causado, de restablecer el derecho, de regresar, hasta donde sea posible, a la víctima, al estado anterior al daño (C.C. arts. 1546, 1613, 1614, 1616, sobre materia contractual, entre otros y 2341 y 2344, sobre responsabilidad por delitos o culpas, materia extracontractual y expresamente contemplada la compatibilidad con la pena que le corresponde por el delito o la culpa; artículo 92 del C. Penal, concordante con las normas civiles sobre responsabilidad extracontractual, prevé la condena solidaria, a los responsables , a la indemnización de “todos los perjuicios que se hayan causado”. Y el C.C.A., en sus artículos 67 y 68, habla del restablecimiento del derecho, en el

primero y de “indemnización o prestación correspondientes” por lo que, puede sentarse como regla general la de que la obligación de indemnizar perjuicios, comprende la totalidad de los causados, en todas las ramas del derecho.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 1546 / CÓDIGO CIVILARTÍCULO 1613 / CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 1614 / CÓDIGO CIVILARTÍCULO 1616 / CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 2341 / CÓDIGO CIVILARTÍCULO 2344 / LEY 167 DE 1941 - ARTÍCULO 67 / LEY 167 DE 1941ARTÍCULO 68 / LEY 95 DE 1936 - ARTÍCULO 92

INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS / REPARACIÓN DE PERJUICIOS / LIMITE A LA LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS Solo excepcionalmente, en asuntos civiles, tal obligación [de indemnizar perjuicios] puede resultar restringida, en materia contractual, a los daños previsibles y en materia extracontractual tanto civil como administrativa, en casos de causalidad frente al hecho perjudicial para mantener la equidad y no imponer el responsable, más que las cargas que le corresponden. Lo mismo puede decirse en los casos de responsabilidad objetiva en materia laboral, en la cual se predetermina legalmente la extensión de la indemnización, por accidente de trabajo y enfermedades profesionales, sin perjuicio de la plena indemnización cuando ella se fundamenta en la culpa patronal.

INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS /

REPARACIÓN DE PERJUICIOS / PERSONA JURÍDICA / RESPONSABILIDAD

CIVIL EXTRACONTRACTUAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS / RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA La razón de que las personas morales no pueden delinquir, no es óbice para la aplicación de dicha norma, pues ello quiere decir, únicamente que no pueden ser sujetos de dicha norma, pues ello quiere decir, únicamente que no pueden ser sujetos activos del delito ni pasivos de la pena, sin que a priori, pueda excluirse su responsabilidad civil nacida por el delito o la culpa se refiere a los efectos de la acción civil indemnizatoria y no a la punibilidad por el resto.

PERJUICIO MORAL / PERJUICIO MORAL POR MUERTE / PRESUPUESTOS DE LA TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / TASACIÓN DEL DAÑO MORAL /

LIQUIDACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN

DEL PERJUICIO MORAL / PARÁMETROS PARA LIQUIDACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / DETERMINACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / FACULTADES DEL JUEZ / ARBITRIO JUDICIAL / PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / TOPE DE LA INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / TOPE

MÁXIMO DEL PERJUICIO MORAL / MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN DE

PERJUICIOS / CÁLCULO DE LA TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL /

DEVALUACIÓN DE LA MONEDA / CORRECCIÓN MONETARIA / TASACIÓN EN GRAMOS ORO No sobre advertir que la Sala considera vigente el (…) artículo 95 [del Código Penal], pues las normas sobre libertad probatoria del nuevo estatuto Procesal Civil no contradicen su contenido, dirigido precisamente a regular el monto de los perjuicios morales cuando su cuantía resulta de difícil o imposible prueba. Establecida la aplicabilidad del artículo 95 del C.P., para los casos de indemnización de perjuicios morales, conviene, sin embargo, hacer algunas precisiones sobre su contenido: 1) El citado artículo, parte de un supuesto práctico: “Que sea fácil o posible evaluar pecuniariamente, el daño moral”. Por tanto, si se dio la prueba de valor pecuniario del daño moral, el artículo 95 no puede ser aplicado. Y, si no obstante ser fácil o posible no se dio la prueba del valor pecuniario del daño moral, como sucede en muchos casos, de perjuicios objetivos, la negligencia probatoria del litigante no podrá ser protegida por el artículo 95 del C.P. 2) Queda a criterio del juez, atendidas las circunstancias concretas de cada caso, fijar la suma indemnizatoria, sin pasar de dos mil pesos. 3) Establecido el alcance preciso del artículo 95 del C. Penal y su aplicabilidad a la materia de indemnización de perjuicios en derecho administrativo vale la pena examinar, si basta tomar la cantidad nominal de pesos contemplados en la norma, 40 años después de su expedición, para afirmar que se mantiene la equidad en la indemnización de perjuicios; en otros términos, si tal conclusión permite decir que

efectivamente se imparte un reconocimiento pleno de los perjuicios causados. La doctrina se ha ocupado de que el valor de la indemnización del perjuicio debe tomarse sobre el que aparezca en la fecha del fallo, es decir, teniendo en cuenta que aunque el perjuicio causado no se modifique intrínsecamente, su valor puede variar entre la fecha de causación y la fecha de la sentencia, primordialmente, por desvalorización del amoneda o pérdida de su poder adquisitivo (…). Y la Sala encuentra equitativo y jurídico que en materia de perjuicios en el campo extracontractual, se atienda a la desvalorización de la moneda nacional para mantener el poder reparador de la suma reconocida como indemnización, conforme lo predica la moderna doctrina sobre la materia y los exige la equidad. (…) Empero, conocido el valor oficial del oro, patrón monetario internacional, (…) según datos del Banco de la República, resulta fácil deducir el valor actual de los $2.000.oo pesos de que habla el artículo 95 de C. Penal, en términos de equivalencia con el valor actual del oro. (…) Ahora bien, la referencia al oro, como patrón monetario, atendible para liquidar la indemnización de perjuicios, tiene antecedentes legales que ahora se aplicarán en este caso.

FUENTE FORMAL: LEY 95 DE 1936 - ARTÍCULO 92

INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / NORMATIVIDAD APLICABLE A LA

LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS / REGULACIÓN DE PERJUICIOS / VALORACIÓN DE LOS PERJUICIOS / MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / TASACIÓN DE PERJUICIOS / VALOR NOMINAL / UNIDAD DE

PODER ADQUISITIVO CONSTANTE / CORRECCIÓN MONETARIA / MECANISMOS DE CORRECCIÓN MONETARIA Las cifras o cantidades monetarias, incluidas en las leyes, tienen, en el momento de su expedición, un doble valor: a) el nominal en cuanto expresan una cantidad determinada de unidades monetarias; b) el valor real, es decir, el poder adquisitivo de tales unidades monetarias en la fecha de expedición de la ley. Con el transcurso del tiempo, el valor nominal no se modifica, más el valor real o poder adquisitivo sufre permanentes modificaciones, en teoría, en diversas direcciones, pero en la práctica, en países subdesarrollados, siempre en continuo y permanente movimiento de desvalorización. Si el intérprete, no atiende en el campo de indemnización de perjuicios en materia extracontractual a tales variaciones, implícitas en la conciencia del legislador a quien hay que presumir sabio, torna la ley justa en injusta, la norma sabia en absurda y la equidad deviene en inequidad. PERJUICIO MORAL / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / PERJUICIO MORAL SUBJETIVO / RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL / PERJUICIO MORAL POR MUERTE / INDEMNIZACIÓN A LA FAMILIA DE LA

VÍCTIMA / PRESUNCIÓN DEL PERJUICIO MORAL / DETERMINACIÓN DEL

PERJUICIO MORAL / ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / PRUEBA

DEL PERJUICIO MORAL / PERJUICIO MORAL OBJETIVO / FALTA DE

PRUEBA / AUSENCIA DE PRUEBA

Doctrina y jurisprudencia nacional y extranjera, están de acuerdo en que el dolor experimentado por los padres frente a la muerte del hijo, y por la esposa frente a la muerte del hijo, y por la esposa frente a la muerte del cónyuge, es evidente, no requiere prueba, lo que hace plenamente viable el reconocimiento de la indemnización por el dolor (daño moral subjetivo) sufrido (…) con ocasión de la muerte de su hijo y hermano (…). Los perjuicios morales objetivados ni se han demandado concretamente ni se ha dicho en que consisten, ni se ve como pudieran causarse.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA Consejero ponente: JORGE VALENCIA ARANGO Bogotá, D.E., tres (3) de marzo de mil novecientos setenta y ocho (1978) Radicación número: (20001)

Actor: SALVADOR CALERO Y OTROS

Demandado: MUNICIPIO DE BUGA

Referencia: ACCIÓN INDEMNIZATORIA (APELACIÓN SENTENCIA) SALVADOR CALERO H. EDELMIRA CEDANO, PEDRO NELSON, MELBA ROSA y LEÓN BISANTO CALERO CEDANO, mayores de edad los primeros, menor el último el último para la época de iniciación de este proceso, demandaron, por medio de apoderado, ante el Juzgado Civil del Circuito de Buga, Valle el 29 de julio de 1.946, al Municipio de Buga, a efecto de que se hicieron las siguientes declaraciones y condenas: “a) Que el Municipio de Buga es civilmente responsable del daño y los

perjuicios materiales y morales que cada uno de los demandantes ha recibido con la muerte que a Américo Calero C. le causó el Agente de Policía Municipal señor Hernando Ocampo T., en concurrencia con su compañero señor Daniel Arana, a consecuencia de un disparo de revólver manejado por el primero de éstos en momentos en que cumplían funciones oficiales, en esta ciudad, en las primeras horas de la noche del 25 de septiembre de 1.944. Y, “b) Que seis días después de ejecutoriado el fallo condenatorio, el citado Municipio debe pagar a los demandantes el valor que se fijó como indemnización, de acuerdo con el avalúo que se haga durante el juicio o posteriormente”. Como hechos, la demanda expresa los siguientes: “1º.- En el mes de septiembre indicado, la señora María Chicué se presentó a la Inspección Tercera Municipal a objeto de obtener con el apoyo de la autoridad que el occiso Américo Calero C. le pagase el valor de “media botella de ron” que había retirado de su establecimiento de cantina. La inspección atendió la queja y en desarrollo de ello libró boleta de captura contra el denunciado Calero. “2º.- En la noche del suceso, a eso de las siete y media, se encontraban en el café “Rancho – chivo”, el nombrado Calero, su hermano Pedro Nelson y los agentes municipales Hernando Ocampo T., Daniel Arana y Alfonso Carvallo V., Cabo del cuerpo policial éste último. Carvallo, que había recibido la orden de captura, ordenó a su turno a esos Agentes en esos momentos

que condujeron a la cárcel a Américo Calero, quien para evitar la mala noche carcelaria y en vista de que era de intranscendente cariz el motivo que la determinaba prometió allí mismo, de igual modo que su hermano, que en las primeras horas del siguiente día se presentaría; pero, a pesar de tal promesa, varias veces reiterada, los dos Agentes dieron comienzo a la ejecución de la captura y abandonaron el establecimiento con su detenido en dirección a la cárcel. “3º.- Tanto estos Agentes como el Cabo conocían los antecedentes de la captura de esos instantes, y que Calero era un muchacho honesto, suficientemente conocido en la ciudad, hijo de un hogar unánimemente apreciado, que él vivía de modo permanente y en el cual disfrutaba de comodidades por ser acomodados sus padres. “4º.- Dos o tres cuaderas (sic)más adelante, en pleno centro de la ciudad, Calero emprendió carrera con la intención de evadir la esclavitud a que lo estaban sometiendo las autoridades municipales, sin hacer cosa distinta y sin acudir a medio alguno de violencia. Los dos agentes acometieron su persecución en seguida, desde el primer momento desenfundaron sus revólveres, con ellos le hicieron varios disparos y en el transcurso (sic) de una o dos cuadras más Ocampo hizo blanco con él., derribándolo y causándole la muerte, pues la herida de que fue objeto era de carácter mortal ya que le “interesó--- los lóbulos occipital, temporal y frontal, produciendo una completa dilaceración de la sustancia cerebral y una

intensa hemorragia intra-craneana”. “5º.- El municipio demandado no se cercioró por medio de su organismo competente si el señor Ocampo reunía las calidades y condiciones que requiere el cargo de agente de policía, y lo conservó en el puesto antes del infortunado suceso a pesar de que desde un principio sus compañeros y la alcaldía tuvieron conocimiento de que era impulsivo, arbitrario e ignorante en el desempeño de sus deberes. “6º.- Américo Calero C. acaba de cumplir veintitrés años, era de excelentes condiciones físicas y morales, fue amoroso y observó ejemplar conducta como hijo hermano de mis poderdantes, nunca se separó del hogar, en él convivió de manera permanente con estos y a su sostenimiento económico contribuía desde hacía cinco años trabajando todos los días de la semana en las fincas y arrozales de su padre, por todo lo cual mis mandantes, en su condición de padres y hermanos, se han perjudicado con la muerte moral y material y lo han llorado inconsolablemente, justificándose por ello el procedimiento judicial que lleva es demanda. Y “7º.- El municipio demandado, en consonancia con nuestra legislación positiva, es civilmente responsable de la culpa en que ocurrió su subalterno Ocampo al causa en las excecrables (sic) condiciones que se dejan referidas la muerte de Américo Calero C., ya porque se le puede imputar falta en la elección y en el sostenimiento de esa Agente, indudablemente desprovisto por entero de la debida prudencia, ya que por el hecho delata falta de su parte para vigilar, cuidar e instruir adecuadamente a esa clase de

subalternos, y concretamente al homicida de autos, en una actividad en que están implícitos el orden público, la seguridad de las personas y el respeto de sus derechos, ya porque el acto lleva en sí un error de conducta cometido por quien ejercía su autoridad, ya porque la función oficial de policía envuelve un riesgo, sobre modo (sic) cuando la entidad que la tiene a su cargo carece de institutos, procedimientos y medios para preparar correctamente a sus Agentes, cual sucede con el Municipio de Buga. Tramitada la primera instancia, el negocio recibió sentencia el 26 de noviembre de 1.947, con las siguientes declaraciones y condenas. “1º.- DECLARASE que el Municipio de Buga es civilmente responsable del daños y los perjuicios materiales y morales que a los demandantes Salvador Calero H. Edelmira Cedaño, Pedro Nelson, Rosa Melba y León Crisanto Calero C. recibieron con la muerte que a Américo Calero C., le causó el Agente de Policía Municipal, señor Hernando Ocampo T., en la noche del 25 de septiembre de 1.944, a consecuencia de un disparo de revólver hecho por el últimamente nombrado; “2º- CONDENASE al citado Municipio a pagar a los demandantes antes nombrados, seis días de ejecutoriado este fallo, los perjuicios materiales y morales que, por tal hecho se hubieran causado a los mismos; la liquidación de estos perjuicios se hará en la forma prevista en el art. 553 de C. Judicial”. El fallo anterior fue apelado por el señor Agente del Ministerio Público y fue así como llegaron los autos al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga.

Avanzado el trámite de la segunda instancia, se decretó “la suspensión del término para dictar sentencia en este negocio, hasta tanto se decida por sentencia ejecutoriada la causa criminal abierta contra Hernando Ocampo T., por homicidio consumado en Américo Calero Cedano” 8auto de 10 de julio de 1948, folio 40). En proveído de abril 24 de 1.959, se denegó la solicitud de cancelación de la suspensión del proceso, elevada por el señor Fiscal del Tribunal y el apoderado del Municipio de Buga. Nada nuevo sucede en el juicio hasta septiembre 20 de 1.975 en que vuelve al Despacho del Magistrado Sustanciador y por auto de 23 de los mismo mes y año, se dispuso indagar con el Juez Penal el estado del negocio por homicidio seguido contra el Agente Hernando Ocampo Toro. Con fecha 22 de enero de 1.976, el Tribunal dictó la siguiente providencia: “Como al momento de fallar el presente proceso, se observa que carece de jurisdicción para decidir sobre el mismo de conformidad con los dispuesto en los artículos 30 y 32 del Decreto 523 de 1.964, la Sala Civil de Decisión del H. Tribunal Suprior del Distrito Judicial de Buga, RESULVE: REMITASE la actuación al Jugado Civil del Circuito (Reparto) de la ciudad, para que allí se dé el trámite que legalmente le corresponde”. Es decir, como el Tribunal se consideró incapaz de señalar la competencia, dejó que el inferior lo hiciera. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Buga, con buen criterio dispuso enviar el expediente a esta Corporación y fue así como el 18 de mayo de 1.976,

llegan los autos el Consejo de Estado. Por solicitud del señor Fiscal de la Corporación, hubo de decretarse la nulidad de lo actuado en esta instancia por muerte, en 1.954, del apoderado de los demandantes, hecho que se había puesto en consideración del Tribunal de Buga inútilmente. Saneada la actuación y agotado el trámite del recurso, se procede a decidirlo, previas las siguientes consideraciones: EL CONCEPTO FISCAL: El señor Fiscal Segundo de la Corporación, doctor Gilberto Garther Posada, conceptúa que la sentencia recurrida debe confirmarse aunque con base en la teoría de la responsabilidad del derecho público y no en la culpa del Código Civil, como aparece fundamentada la decisión del a-quo. Igualmente advierte que en relación con los perjuicios morales debe concretarse la condena en la suma de “2.000.oo para cada demandante, como fue lo pedido y respecto a los materiales, establecerse si se causaron y en este caso condenarse en abstracto dando las bases para su liquidación.

SE CONSIDERA: La sentencia apelada, efectivamente, se fundamenta en la jurisprudencia de la H.

Corte Suprema de Justicia, vigente para la época, sobre la responsabilidad por culpa, en los términos del Código Civil, aplicable a la responsabilidad del Estado. En la actualidad y de tiempo atrás esta Corporación tiene el criterio de que dicha responsabilidad tiene fundamento en el Derecho Público, conforme a normas de la

Constitución Política: Ha dicho, al efecto: A). La responsabilidad extracontractual del Estado no puede ser estudiada y decidida a la luz de las normas del Código Civil, y se abandonan, por inútiles

e inconvenientes, los esfuerzos de la doctrina y la jurisprudencia nacionales, por encontrar en dicho estatuto, mediante inteligentes y sutiles teorías, las fuentes del derecho positivo, determinantes de la responsabilidad estatal, en materia extracontractual, sus modalidades y alcances. “Dicha responsabilidad encuentra su respaldo jurídico en las normas de la Constitución Política, especialmente , en las que conforman el título Tercero del dicho estatuto, que trata “De los Derechos Civiles y Garantías Sociales”, constitutivos del objetivo fundamental de la organización de la Nación como estado de derecho y de sus autoridades como personeras del mismo, guardianes de su integridad y ejecutoras de aquellos ordenamientos tutelares de los derechos y garantías sociales de los ciudadanos, fines justificativos de la organización y funcionamiento del Estado y del sometimiento del conglomerado humano a sus poderes exorbitantes. “y entra tales normas, la jurisprudencia ha hecho rendir, mediante profundo análisis d su contenido filosófico, jurídico y político, todas sus consecuencias a las previsiones contenidas en los artículos 16, 20, 21, 39, 31, 32, 33, 35, 44, 45 y 51, que aparecen hoy, por reiteradas decisiones de la Corporación, como soportes jurídicos principales de la responsabilidad extracontractual de la Administración , lo mismo que sus desarrollos legislativos contenidos en el C.C.A., tales como los artículos 62 y ss, 67, 68 y 69, entre otros, y las normas del D.L. 526 de 1.964, artículos 20, 28, 30, 32 entre otros, además de las

leyes especiales sobre la materia”. “RESPONSABILIDAD POR “FALTA O FALLA DEL SERVICIO” “Cuando el Estado, en desarrollo de sus funciones incurre en la llamada “FALTA O FALLA DEL SERVICIO”, o mejor aún falta o falla de la administración, trátese de simples actuaciones administrativas, omisiones, hechos y operaciones administrativas, se hace responsable de los daños causados al administrado. Esta es la fuente común y frecuente de la responsabilidad estatal y requiere: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia de servicio. La falta o falla de que se trata, no es la personal del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. “b) Lo anterior implica que la Administración ha actuado o ha dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio ejecutados como simple ciudadano. “c) Un daño, que implica que la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho, bien sea civil, administrativo, etc., con las características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. “d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la Administración y el daño, sin la cual aún demostrada la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización. “Obvio, habrá casos de concausalidad, bien entre la falla y la culpa de la víctima, entre la falla y al hecho de un tercero o aún, entre la falla y la fuerza mayor o el caso fortuito, en los cuales la responsabilidad del Estado quedará

limitada en la proporción en que su falla o falta sea reconocida como causa eficiente del daño sufrido, presentándose entonces, la figura conocida en el derecho, “como compensación de culpas”, o repartición de responsabilidades. “El Estado se exonera de toda responsabilidad, cuando demuestra como causa del daño, la culpa de la víctima, el hecho de un tercero, la fuerza mayor o el caso fortuito, pues en el fondo lo que acredita es que no hay relación de causalidad entre la falta o falla del servicio y el daño causado. “También se exonera, cuando el daño es causado por el agente administrativo, en actos fuera del servicio o sin conexión con él y cuando la causa del daño es la falta personal del agente, difícil de definir y de determinar doctrinaria y jurisprudencialmente, encontrándose, hasta ahora, solo ejemplos, como loas de aquellos casos en que el agente actúa por motivos pasionales”. En este proceso, aparecen demostrados los elementos aludidos, así: a) La fala del servicio o falta de la administración.

1. Al folio 1 del cuaderno No. 4, aparece el acta de posesión de Hernando Ocampo como Agente de Policía del Municipio de Buga. Nombramiento, posesión y destitución aparecen igualmente acreditados a folios 9 y ss. Del

cuaderno No. 1. 2) Fue nombrado por el señor Libardo Sánchez Buitrago, Alcalde – entonces, de Buga, según declara a folio 24 del mismo cuaderno y aparece de su posesión, copia visible al folio 8, ibídem.

1. Declaración de Carlos A Varela, Inspector 3º de Policía Municipal de Buga, para la época de los hechos, quien declara que por queja de la Sra. María Chicue contra Américo Calero, quien diciendo obrar a nombre de su padre pidió fiada, en la cantina de la querellante, media botella de ron, lo que negó el señor Valero Calero, padre de Américo, citó, varias veces al demandado, por medio de sus agentes y con advertencia a los padres del citado, sin que lograra su comparecencia, por lo que hubo de librar orden de captura, la que entregó al Agente marco Tulio Beltrán, quien a su vez, la

entregó al Agente Hernando Ocampo 8folio 6, cuaderno No. 3) 4) Alfonso Carvallo V., (folio 11, cuaderno #3), cabo de la Policía de Buga, cuando sucedieron los hechos, confirma la anterior declaración y atestigua que el 25 de septiembre de 1.944, salió con los Agentes Hernando Ocampo y Daniel Arana, a hacer el recorrido por el pueblo, como era de rigor, y llevaba la orden de captura de Américo Calero. Que al llegar al establecimiento “Rancho Chico”, mas o menos a las nueve de la noche, vieron allí a Américo Calero, a quien intimaron prisión y se lo llevaron por la calle 8ª hacia la cárcel, suelto, en medio de los dos agentes, pues Carvallo se quedó tomando tinto y pocos metros después supo que a cuadra y media de donde estaba habían matado a un hombre y fue y encontró a

Calero tendido y sangrado; siempre a su lado el Agente Arana. 5) Lucindo Aguirre (folio 13 vtl) cuaderno Nno. 3) quien era, para entonces, vigilante de la Policía Municipal, relata que el 25 de septiembre de 1.944, en horas de la noche, oyó, unos disparos y el reclamo de un hermano de Américo que decía que habían matado a su hermano, por lo que se dirigió a la calle 8ª. Con carrera 13 donde encontró agonizante a Calero. Que de regreso al cuartel vió a Hernando Ocampo a quien desarmó y detuvo, lo mismo hizo más tarde con el Agente Arana. 6) La declaración de Luis A. Carrasquilla 8folio 7, cuaderno #3), que dice: “salía yo del establecimiento de cantina llamado “Riggleto”, situado en la calle 8ª con carrera 13, o sea el que queda o quedaba situado enseguida de la Farmacia del señor Tomás Ignacio Morales, en dirección de Oriente a Occidente, no recuerdo con precisión la hora (tal vez eran las 10 de la noche) cuando vía a los agentes de Policía de nombre Daniel Arana y un Ocampo que traían a Américo Calero al medio de ellos, pero sin cogerlo en forma alguna y venían del lado de la Galería hacia la dirección en que yo estaba. Oí que del lado de lado de “Rancho Chico”, situado arriaba de la Galería, silbaban unos individuos sin que yo distinguiera quienes fueran. Los Agentes y Calero volteaban a ver hacia los que silvaban (sic) y yo

también por curiosidad hice lo mismo. Al llegar a toda la esquina que forman la calle 8ª, con carrera 14, o sea frente a la casa de Doña Esther Navia de Pomareda, Américo Calero hizo un ademán de zapateo en el suelo y sin pronunciar palabra arranco a correr nuevamente en dirección a la Galería y los Agentes lo siguieron también corriendo, mediando entre Calero y los Agentes nombrados unos quince metros de distancia, aproximadamente, poco más o menos a la media cuadra de donde arrancó Calero a la esquina de la carrera 13, o calculó que a unos 20 metros, sí dos disparos cas seguidos que a mi parecer hicieron los dos Agentes nombrados, casi simultáneamente. En vista de eso, yo me devolví atrás de los Agentes a c