PGN - DAÑO ANTIJURIDICO No existe prueba que demuestre que el municipio realizó demolicion

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por presunta falla del servicio FALLA DEL SERVICIO-Daño antijurídico/DAÑO ANTIJURÍDICO-No existe prueba que demuestre que el municipio realizó demoliciones Esta Delegada debe pronunciarse en concordancia con el fallo de primera instancia, en razón a que se encuentra demostrado que no hay pruebas fehacientes que permitan acreditar los elementos de la falla del servicio en el que supuestamente incurrieron las entidades demandadas. Evidentemente se presentó un daño, toda vez que obra dentro del proceso el certificado expedido por el IGAC, folio 196 del cuaderno de pruebas, en la cual se indica que por medio de la resolución No 128 de 2007 se realizó la demolición del área construida del predio ubicado en la calle 17 No 12-35 del municipio de Pereira, haciendo la salvedad por parte de esta Delegada, que evidentemente no se señala la fecha exacta de dicha actuación, como así lo adujó el A quo. Se resalta también que de acuerdo al material probatorio obrante en el sub examine, no son claras las circunstancias de como ocurrió y quiénes fueron los autores de la demolición del inmueble, lo cual hace imposible endilgar algún tipo de responsabilidad a las entidades demandadas, al no encontrar una relación del daño sufrido por los accionantes con las entidades demandadas, pues si bien es cierto obra dentro del expediente una resolución expedida por la Alcaldía de Pereira, con fecha de 6 de marzo de 2007, en la cual se aprueba la delimitación de las zonas urbanas para la construcción

de la renovación urbana San José del municipio, y de igual forma se observa que el predio en mención se encuentra dentro de la zona que conformaba la unidad de actuación urbanística, no es menos cierto que no se encuentra establecido que dichas decisiones se hayan ejecutado, pues en el expediente no obra prueba alguna que demuestre que el municipio haya realizado tales operaciones. CARENCIA DE PRUEBAS-No hay certeza de cómo ocurrió la demolición y quienes son los autores El material probatorio es carente desde las pruebas documentales hasta las testimoniales, en razón a que las preguntas que le hicieron a los dos testigos, no son enfáticas en relación con fechas, cómo ocurrió la demolición y quiénes fueron los autores de dicha operación, en el caso de lo afirmado por los accionantes de que se supuestamente se había presentado por las vías de hecho y señalando a las entidades como autoras de dicho proceder, sin llenar algún procedimiento policivo, de expropiación o enajenación voluntaria como así está establecido por la Ley. Ahora bien con respecto a los contratos enunciados por el recurrente, es decir, No. 26 y 54 de 2005 en los cuales la sociedad Urbe S.A. afirma que por medio de éstos el municipio ordenó la demolición del predio de los demandantes, los mismos no obran dentro del expediente para que así se pueda demostrar lo indicado por dicha sociedad y la fecha exacta de la actuación, por tanto una vez más no se cuenta con todo el material probatorio conducente y pertinente para establecer responsabilidades de las entidades demandadas. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 46461 660012331000200900091 01 IJCB CARGA DE LA PRUEBA-La parte interesada debe demonstrar el nexo causal/CARENCIA DE PRUEBAS-No se logró demostrar el daño antijurídico Esta Delegada determina que los accionantes no asumieron la carga probatoria como era su deber al tenor del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. De igual manera tampoco puede acreditarse con las pruebas obrantes en el sub lite los hechos que sustenta en la demanda y teniendo en cuenta que es precepto legal reiterado por la jurisprudencia del Consejo de Estado, que la parte interesada debe satisfacer la carga probatoria, se vislumbra que en el presente caso operó una carencia total de pruebas, pues no se logró demostrar el daño antijurídico y en consecuencia el nexo causal, elementos necesarios para determinar la falla en el servicio de las entidades demandadas. CARGA DE LA PRUEBA-Es la responsabilidad que tienen las partes para sustentar sus pretensiones/RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTADO-La parte actora no cumplió con la carga probatoria Es de resaltar que la carga de la prueba consiste en una regla de juicio, que le indica a las partes la responsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las pretensiones resulten probados y además para saber de antemano, cual es material probatorio idóneo que le permita hacer valer el derecho sustancial pretendido. Siendo así

las cosas, por la carencia probatoria no es posible atribuir responsabilidad a las entidades demandadas, pues es necesario demostrar de acuerdo a los preceptos legales para ello, todos los hechos que sirvieron como sustento de la demanda, situación que no se dio en el proceso. En atención a lo anterior, y de acuerdo a que la naturaleza de la función de la Procuraduría General de la Nación, por mandato constitucional es la de velar por el interés público, la defensa del patrimonio y la preservación de los Derechos Humanos, en el presente caso, al evidenciarse que se presentó carencia total de pruebas, no puede ser declarados administrativamente responsables las entidades demandadas porque la parte actora no cumplió con el deber legal de satisfacer la carga probatoria, y por tales motivos esta Delegada solicita respetuosamente la CONFIRMACIÓN de la sentencia apelada. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 46461 660012331000200900091 01 IJCB CONCEPTO No. 135 / 2013

Bogotá, D.C., 3 de julio de 2013

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: Dr. Hernán Andrade Rincón.

E. S. D.

EXPEDIENTE: 660012331000200900091 01 (46461)

ACCIÓN: Reparación Directa ACTOR: Luz Marina García López y otros DEMANDADO: Municipio de Pereira – Empresa de Aseo de Pereira S.A.

E.S.P. - la sociedad Urbe S.A.

Sentido del concepto: solicitud de CONFIRMAR el fallo recurrido. / No se configuró la falla en el servicio. / El Consejo de Estado ha reiterado el deber legal que tiene la parte interesada para hacer valer el derecho sustancial pretendido. / No existe nexo causal entre el daño sufrido y la actuación de las diferentes entidades.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y Patrimonio Público. 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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I. ANTECEDENTES 1.1. Demanda Los señores Álvaro García López y Luz Marina García López, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, entablaron demandada contra el Municipio de Pereira, la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P. y la Sociedad Urbe S.A., para que se

les declare administrativamente responsables por los perjuicios causados a ellos, con ocasión del deterioro y la demolición del bien inmueble ubicado en la calle 17 entre carreras 12 y 13 que figuran en escrituras con nomenclatura No. 12-31 y en documentos de la administración municipal No 12-35 del centro de Pereira. Señalan que el municipio de Pereira expidió el Decreto No 702 del 15 de octubre de 2004, “por medio del cual se anuncia la puesta en marcha, por motivo de utilidad pública, del proyecto de renovación urbana que se denominará San José” y en razón a ello el sector donde se encontraba el inmueble fue deprimido con el objetivo de devaluarlo y pagar un valor menor. Así mismo indican que el municipio delegó las funciones para la negociación de los predios de la zona a la Sociedad Urbe S.A., y que finalmente se realizó la demolición de los predios sin un procedimiento administrativo o policivo previo, desconociendo las normas para ello. 1.2. Contestación de la demanda 1.2.1. El apoderado del Municipio de Pereira., contestó la demanda oponiéndose a las declaraciones y condenas, en razón a que si bien es cierto que con el fin de llevar a cabo las obras del proyecto de renovación urbana San José, el municipio recomendó la demolición de algunos bienes inmuebles que amenazaban ruina; no es cierto que se haya demolido el predio ubicado en la calle 17 entre carrera 12 y 13, como tampoco lo es, que se encuentra ocupado jurídicamente, toda vez que el ente territorial nunca suscribió 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 46461 660012331000200900091 01 IJCB convenio con la sociedad Urbe S.A. para liderar algún proyecto en la zona donde se encontraba el bien. Propone las excepciones de falta de legitimación por pasiva, caducidad de la acción, falta de competencia, inexistencia del lucro cesante, inexistencia de vías de hecho, inobservancia del principio procesal de la carga de la prueba, improcedencia de la acción y falta de integración de la proposición jurídica completa. 1.2.2. El apoderado de la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P., contestó la demanda oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones. Propuso las excepciones de caducidad de la acción y la de eximente de responsabilidad de la empresa, pues en el caso de que se hubiera desarrollado un acompañamiento en la demolición de predios ubicados en la manzana 208 de la zona de San José, obedeció a un convenio interadministrativo celebrado con la administración municipal siendo el actuar de AseoPereira conforme a derecho. 1.2.3. Respecto de La sociedad Urbe S.A., la parte actora presentó desistimiento de la demanda presentada. 1.2.4. La entidad de La Previsora S.A., llamada en garantía, contestó mediante apoderado oponiéndose a la totalidad de las pretensiones, por cuanto se trata es de una presunta pérdida de un bien material en los cuales el rigor de la prueba es extrema y

propone como excepciones las siguientes: inexistencia del nexo causal entre el presunto daño y los hechos que se imputan al municipio, caducidad e improcedencia de la acción, carencia de cobertura por inexistencia del siniestro, inexistencia de la obligación a indemnizar por carencia absoluta de cobertura según las condiciones de la póliza, carencia de cobertura de perjuicios morales y condiciones generales y exclusiones de la póliza. 1.3. Sentencia de primera instancia. El Tribunal Administrativo de Risaralda, falló en sentencia del 14 de diciembre de 2012, negando las pretensiones de la demanda, y manifestando en resumen los siguientes 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 46461 660012331000200900091 01 IJCB argumentos: 1.3.1. No puede hablarse de caducidad de la acción, pues de acuerdo al material probatorio que conforma el proceso, no se cuenta con una fecha exacta de la ocurrencia de la demolición del inmueble, toda vez que no existe un acta, certificado o constancia de la fecha en la cual se produjo, ni de acto que lo hubiera ordenado, sólo obra dentro del proceso una promesa de compraventa entre la sociedad Urbe S.A. y el señor Alonso de Jesús García Vallejo, celebrado el día 22 de septiembre de 2005, lo cual indicaba que

para la fecha el inmueble no se había demolido, pero al mismo tiempo se encontró en el expediente un certificado de variación del avalúo catastral expedido por el IGAC en el cual se consignó la demolición del inmueble en el año 2007, pero sin un día exacto y teniendo en cuenta que la demanda se había presentado el día 28 de mayo de 2009, no era posible determinar la caducidad de la acción, dado que no se contaba en el expediente prueba alguna que permitiera establecer la fecha exacta de la demolición. 1.3.2. De la responsabilidad administrativa de las entidades demandadas en relación con el deterioro y posterior demolición del inmueble, el A quo consideró que no se estructuró, pues si bien encontró que luego de la negociación referida por medio de una promesa de compraventa se efectuó la demolición de la construcción del inmueble, no se logró demostrar en el proceso quién fue la persona o entidad que estuvo a cargo de dicho proceder, toda vez que de acuerdo al material probatorio allegado por parte del municipio, se comprobó que el ente territorial no participó ni ejecutó las actuaciones u operaciones administrativas tendientes a la demolición, pues tampoco se encontró prueba alguna en el plenario que permitiera inferir con certeza de que el bien se había demolido con participación de la empresa de aseo de Pereira. I.3.3. Al no acreditarse por parte de las accionadas la autoría de la demolición, no fue posible endilgar responsabilidad al municipio de Pereira ni a la empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P. toda vez que de acuerdo al material obrante del proceso no se configuraron los elementos de la responsabilidad del Estado.

1.4. Argumentos de la apelación 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 46461 660012331000200900091 01 IJCB El apoderado de los actores, presentó escrito de apelación, argumentando que se opone a lo considerado por el A quo, ya que dentro del proceso si obran pruebas que permiten demostrar la forma ilegal en la que actuó la administración, toda vez que se utilizaron vías de hecho que permiten demostrar que los inmuebles fueron habitados por indigentes, omitiendo así el deber de seguridad, ante las constantes peticiones de que se hiciera uso la fuerza pública. Refiere un oficio expedido por la sociedad Urbe S.A., en donde se expresó que los predios, en los cuales se encontraba el de los demandantes, se demolieron por órdenes de contratos celebrados con el municipio de Pereira, contratos No. 26 y 54 de 2005. Por tanto infiere que la sociedad ejecutó las demoliciones en cumplimiento de órdenes del municipio, configurándose así una operación administrativa y un nexo causal entre el hecho dañino, es decir, la demolición del inmueble sin los requisitos exigidos por la Ley y las entidades demandadas, como autores del daño.

II. Consideraciones del Ministerio Público 2.1. Problemas Jurídicos: 2.1.1. ¿Son responsables pecuniaria y administrativamente el Municipio de Pereira y la

Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P., por los perjuicios ocasionados a los demandantes con ocasión del deterioro y la demolición del bien inmueble objeto de la Litis? 2.1.2. ¿las partes accionantes cumplieron con la carga probatoria impuesta por la Ley para demostrar los elementos de la falla del servicio de las entidades demandadas? 2.2. Marco Teórico. 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 46461 660012331000200900091 01 IJCB Serán tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento del concepto de esta Agencia del Ministerio Público: 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado. La responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política. Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se

excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” 2.2.2. Carga de la prueba Sobre el tema de la carga probatoria el Consejo de Estado ha establecido lo siguiente: “…se debe agregar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”1 1 Sentencia del 7 de marzo de 2012, expediente 23116, del Consejo de Estado, Magistrado Ponente Dr. Mauricio Fajardo Gómez. 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 46461 660012331000200900091 01 IJCB “…Cuando se imputa responsabilidad al Estado en virtud de una falla del servicio, que es aquella que se presenta cuando el servicio no funciona, o funciona mal o tardíamente, por el incumplimiento de deberes y obligaciones por parte de las autoridades y de tal circunstancia

se derivan daños a terceros, se debe probar la existencia de la falla propiamente dicha, el daño antijurídico sufrido por la víctima, es decir aquel que jurídicamente no está obligada a soportar y el nexo de causalidad entre estos dos, es decir que fue ese erróneo e ilegal comportamiento estatal, el que produjo el daño. Esto significa que recae en el demandante la carga de la prueba, en virtud de la cual le corresponde acreditar dichos extremos de la falla. Y al respecto, resulta necesario recordar en relación con esta carga, que la misma consiste en que quien afirma un hecho debe probarlo, porque de lo contrario, le corresponde asumir las consecuencias de que dicho hecho no haya sido debidamente acreditado”2 (subrayado fuera de texto) 2.3. Pruebas. Serán consideradas como pruebas aportadas legal y oportunamente, los siguientes documentos:

1. Copia del acuerdo marco de negociación como promesa de contrato, celebrado entre la sociedad Urbe S.A. y el señor Alonso de Jesús García de Vallejo, de fecha 22 de septiembre de 2005 (Fl 148 a 152 Cd 2 de pruebas).

2. Copia auténtica del Decreto No 702 del 15 de octubre de 2004, expedida por la Alcaldía de Pereira, “por medio de la cual se anuncia la puesta en marcha, por motivo de utilidad pública, del proyecto de renovación urbana que se denominará San José”

(Fl 203 a 210 Cd 2 de pruebas).

3. Copia de la resolución No 958 del 6 de marzo de 2007, expedida por la Alcaldía de Pereira, por medio del cual se ordena inscribir la delimitación sobre el

inmueble referido como unidad de actuación urbanística No 1 del plan parcial de renovación urbana San José (Fl 142 a 145 Cd 2 de pruebas). 2 Sentencia del 8 de junio de 2011, expediente 20228, del Consejo de Estado, Magistrado Ponente Dr. Danilo Rojas Betancourth. 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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4. Copia del oficio No. 3662011EE3937-01 del 2 de noviembre de 2011 suscrito por el director territorial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC en el cual se reporta la variación catastral del inmueble referido y se consigna de acuerdo a la resolución No 128/2007 la demolición del área construida (Fl 196 a 197 Cd 2 de pruebas).

5. Copia del oficio No USA-144-2007 del 16 de julio de 2007 suscrito por el representante legal de Urbe S.A. y dirigido al señor Alonso de Jesús García, en el cual le indican que la demolición de los predios de la manzana 208 se ejecutó por órdenes y contratos celebrados por el municipio de Pereira

(contratos No 26 y 54 de 2005) con la empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP. (Fl 146 a 147 Cd. 2 de pruebas).

6. Las demás que se encuentran relacionadas en la sentencia y obran dentro del proceso. 2.4. Caso concreto.

Visto el marco teórico y normativo que rige el análisis sobre el caso en cuestión, procede ésta Delegada del Ministerio Público a emitir su concepto:  Inicialmente, esta Delegada debe pronunciarse en concordancia con el fallo de primera instancia, en razón a que se encuentra demostrado que no hay pruebas fehacientes que permitan acreditar los elementos de la falla del servicio en el que supuestamente incurrieron las entidades demandadas.  Evidentemente se presentó un daño, toda vez que obra dentro del proceso el certificado expedido por el IGAC, folio 196 del cuaderno de pruebas, en la cual se indica que por medio de la resolución No 128 de 2007 se realizó la demolición del área construida del predio ubicado en la calle 17 No 12-35 del municipio de Pereira, haciendo la salvedad por parte de esta Delegada, que evidentemente no se señala la fecha exacta de dicha actuación, como así lo adujó el A quo. 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 46461 660012331000200900091 01 IJCB Se resalta también que de acuerdo al material probatorio obrante en el sub examine, no son claras las circunstancias de como ocurrió y quiénes fueron los

autores de la demolición del inmueble, lo cual hace imposible endilgar algún tipo de responsabilidad a las entidades demandadas, al no encontrar una relación del daño sufrido por los accionantes con las entidades demandadas, pues si bien es cierto obra dentro del expediente una resolución expedida por la Alcaldía de Pereira, con fecha de 6 de marzo de 2007, en la cual se aprueba la delimitación de las zonas urbanas para la construcción de la renovación urbana San José del municipio, y de igual forma se observa que el predio en mención se encuentra dentro de la zona que conformaba la unidad de actuación urbanística, no es menos cierto que no se encuentra establecido que dichas decisiones se hayan ejecutado, pues en el expediente no obra prueba alguna que demuestre que el municipio haya realizado tales operaciones. El material probatorio es carente desde las pruebas documentales hasta las testimoniales, en razón a que las preguntas que le hicieron a los dos testigos, no son enfáticas en relación con fechas, cómo ocurrió la demolición y quiénes fueron los autores de dicha operación, en el caso de lo afirmado por los accionantes de que se supuestamente se había presentado por las vías de hecho y señalando a las entidades como autoras de dicho proceder, sin llenar algún procedimiento policivo, de expropiación o enajenación voluntaria como así esta establecido por la Ley. Ahora bien con respecto a los contratos enunciados por el recurrente, es decir, No. 26 y 54 de 2005 en los cuales la sociedad Urbe S.A. afirma que por medio de éstos el municipio ordenó la demolición del predio de los demandantes, los mismos no obran dentro del expediente para que así se pueda demostrar lo

indicado por dicha sociedad y la fecha exacta de la actuación, por tanto una vez más no se cuenta con todo el material probatorio conducente y pertinente para establecer responsabilidades de las entidades demandadas. 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 46461 660012331000200900091 01 IJCB  Por tales motivos y de acuerdo a lo analizado, esta Delegada determina que los accionantes no asumieron la carga probatoria como era su deber al tenor del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. De igual manera tampoco puede acreditarse con la pruebas obrantes en el sub lite los hechos que sustenta en la demanda y teniendo en cuenta que es precepto legal reiterado por la jurisprudencia del Consejo de Estado, que la parte interesada debe satisfacer la carga probatoria, se vislumbra que en el presente caso operó una carencia total de pruebas, pues no se logró demostrar el daño antijurídico y en consecuencia el nexo causal, elementos necesarios para determinar la falla en el servicio de las entidades demandadas.  En el mismo orden de ideas, es de resaltar que la carga de la prueba consiste en una regla de juicio, que le indica a las partes la responsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las pretensiones resulten probados y además para saber de antemano, cual es material probatorio idóneo que le permita hacer valer el derecho sustancial pretendido. Siendo así las cosas, por la

carencia probatoria no es posible atribuir responsabilidad a las entidades demandadas, pues es necesario demostrar de acuerdo a los preceptos legales para ello, todos los hechos que sirvieron como sustento de la demanda, situación que no se dio en el proceso.     En atención a lo anterior, y de acuerdo a que la naturaleza de la función de la Procuraduría General de la Nación, por mandato constitucional es la de velar por el interés público, la defensa del patrimonio y la preservación de los Derechos 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 46461 660012331000200900091 01 IJCB Humanos, en el presente caso, al evidenciarse que se presentó carencia total de pruebas, no puede ser declarados administrativamente responsables las entidades demandadas porque la parte actora no cumplió con el deber legal de satisfacer la carga probatoria, y por tales motivos esta Delegada solicita respetuosamente la CONFIRMACIÓN de la sentencia apelada.

III. CONCLUSIÓN Esta Delegada del Ministerio Público solicita al Honorable Consejo de Estado CONFIRMAR, la sentencia recurrida, proferida por el H. Tribunal Administrativo de Risaralda de fecha 14 de diciembre de 2012, de acuerdo a los argumentos expuestos.

Del Honorable Magistrado,

MARÍA PATRICIA ARIZA VELASCO

Procuradora Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co