PGN - DAÑO ANTIJURIDICO Por falta de pruebas para imponer la detención

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Privación injusta de la libertad SENTENCIA ABSOLUTORIA-Se fundamentó en la carencia de pruebas y en falta de tipicidad La absolución se fundamentó en la carencia de pruebas y en falta de tipicidad, lo cual es distinto del in dubio pro reo, porque en la sentencia absolutoria a favor del demandante, el Juzgado fundamenta que los testigos no ostentan la calidad suficiente y necesaria para acreditar la veracidad de los hechos, porque formaron parte de la guerrilla y además a lo largo del proceso se pregonó la enemistad de algunos de esos informantes con varios de los aquí sindicados, factor que viene a perturbar su imparcialidad y resulta bastante apresurado maximizar el alcance de su credibilidad. DETENCIÓN PREVENTIVA-Se basó en conjeturas discriminatorias/FALLA DEL SERVICIO-Por manejo inadecuado de los indicios De la lectura de la sentencia, se concluye que la detención del señor se basó en conjeturas discriminatorias, pues se fundaron en declaraciones que fueron simples especulaciones sin soporte alguno. De hecho, tampoco se puede hablar de la existencia de indicios, porque el operador judicial en rigor debe explicitar cual es el hecho indicador y cual el indicante, lo cual se colige de la lectura de la decisión al afirmar que el material probatorio solo conlleva a demostrar las diversas actividades que en vida cotidiana desarrollan los sindicados en su hábitat de la región de Sumapaz, por donde se desplegaban los frentes Abelardo Romero y 55 Teófilo Forero de las FARC, es decir no

hay la concreción probatoria que se requiere para condenar penalmente. Existe un manejo inadecuado de los indicios, en cuanto a la falta de atención de los Fiscales y Jueces en la conducción, prontitud y eficacia de las pruebas, pues se observa que no hay certeza de los hechos y en general falta material probatorio, lo que al final es lo que adecua la inobjetable falla en la prestación del servicio, atribuible a titulo de responsabilidad subjetiva. DAÑO ANTIJURÍDICO-Consistente en la privación injusta de la libertad Para esta Delegada del Ministerio Público es claro que el daño antijurídico, consistente en la privación injusta de la libertad del señor fue determinado por la Fiscalía General de la Nación, pues resulta indudable que el Estado no logró desvirtuar la presunción de inocencia del hoy demandante, además de la carencia de rigor jurídico, puesto que no mediaban los indicios de responsabilidad para imponer medida de aseguramiento. ERROR JURISDICCIONAL-Por falta de pruebas para imponer la detención Conforme a los lineamientos planteados en el marco teórico de este concepto, el presente caso se enmarca como un inobjetable error jurisdiccional, pues la falta de pruebas se Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 47326 250002326000200800697 01 E.A.S.T encuentra como uno de los errores que genera responsabilidad por la detención, que se

convierte en injusta, es decir una carga que no tenían el deber de soportar los demandantes. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTADO-Por perjuicios morales y materiales/ACCIÓN DE REPETICIÓN-Se evidencia responsabilidad del Fiscal que impuso la medida de aseguramiento El fallo consultado deberá ser confirmado en lo que corresponde a la responsabilidad de la entidad pública demandada y en la condena por perjuicios morales y materiales efectuada a favor de la parte demandante, pues observa esta Delegada que dentro del proceso se encuentran debidamente acreditados con los registros civiles de nacimiento autenticados para tal fin, la calidad de parentesco del directamente afectado el señor con sus hijos, padres y hermanos. Por tanto debe ser declarada la responsabilidad administrativa, de la Nación Fiscalía General de la Nación, por el daño irrogado a los demandantes, de conformidad a lo preceptuado en los artículos 86 del C.C.A y 90 de la Constitución Política, revocando en consecuencia la decisión objeto de consulta ante el Honorable Consejo de Estado. Recomienda esta Delegada, que la Fiscalía General de la Nación incoe acción de repetición, porque se evidencia responsabilidad del Fiscal que impuso la medida de aseguramiento irreflexivamente, de acuerdo al Artículo 90 de la Constitución Política y Ley 617 de 2001, es decir que se trata de una falla en la prestación del servicio, la cual no encaja en régimen de responsabilidad objetiva, sino en el régimen de responsabilidad subjetiva. INFORME DE POLICÍA JUDICIAL-Jurisprudencia de la Corte Constitucional Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 47326 250002326000200800697 01

E.A.S.T CONCEPTO No. 152 / 2013

Bogotá, 24 de julio de 2013.

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: Doctor Hernán Andrade Rincón.

E. S. D.

EXPEDIENTE: 250002326000200800697 01 (47326) Acción de Reparación Directa –Grado jurisdiccional de Consulta.

ACTOR: Edwin Bladimir Cruz González y otros.

DEMANDADO: Nación – Rama Judicial - Fiscalía General de la

Nación.

Sentido del Concepto: Procede el Grado Jurisdiccional de Consulta.

Solicitud de CONFIRMAR y consecuentemente conceder las pretensiones de la sentencia recurrida, declarando la responsabilidad de la Nación Fiscalía General de la Nación. / Falta de rigor jurídico en la construcción de los indicios. / La absolución se fundamentó en la carencia de pruebas. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y de la Ley, además en la protección de los Derechos Humanos. El proceso de la referencia se encuentra en conocimiento del H. Consejo de Estado para decidir el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida

por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda. El apoderado de la Fiscalía General presentó recurso de apelación en términos y por su inasistencia injustificada a la conciliación programada el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en auto del 17 de abril de 2013 declaró desierto el recurso de apelación, razón por la cual procede el grado jurisdiccional de consulta, trámite dentro del cual esta Delegada Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 47326 250002326000200800697 01 E.A.S.T del Ministerio Público en su condición de sujeto procesal, interviene para emitir concepto de fondo.

1. ANTECEDENTES

1.1. Demanda. Los señores Edwin Bladimir Cruz González y otros, en nombre propio y a través de apoderado judicial interponen acción de reparación directa contra la NaciónRama Judicial y la Fiscalía General de la Nación encaminada a que se les declare administrativa y extracontractualmente responsables por los perjuicios causados con motivo de la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor Edwin Bladimir Cruz González entre el 09 de abril de 2004 y el 25 de abril de 2006, por el presunto delito de rebelión peculado por apropiación y de uso y falsedad material en documento público. 1.2. La contestación. 1.2.1. La Fiscalía General de la Nación. El apoderado judicial de la Fiscalía

General de la Nación se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda exponiendo las siguientes razones:  Sostuvo que conforme a la demanda y las pruebas aportadas que la medida de aseguramiento de detención preventiva al señor Cruz González obedeció a razones jurídicamente atendibles en ese momento.  Arguyó que de acuerdo a los requisitos que estructuran la responsabilidad del Estado, éstas no se encuentran configurados en razón a que la Fiscalía actuó en cumplimiento de un deber constitucional y legal, como es la investigación y acusación de delitos.  Concluyó que en el caso sub judice se profirió resolución de acusación con fundamento en las pruebas documentales allegadas al plenario. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 47326 250002326000200800697 01 E.A.S.T 1.2.2. La Rama Judicial. El apoderado judicial de la Rama Judicial se opuso a todas las pretensiones de la demanda:  Argumentó que en el presente caso no hubo privación injusta de la libertad, ni error jurisdiccional, ni mucho menos falla en el servicio atribuible a los Jueces de la Rama Judicial ya que las actuaciones judiciales estuvieron soportadas en normas sustantivas y procesales vigentes.  Solicitó como excepción la caducidad y la falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.3. Sentencia de primera instancia. El Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca declaró la responsabilidad de la Fiscalía mediante sentencia proferida el cinco (05) de diciembre de 2012 (Fls.191 – 211 del cuaderno del Consejo de Estado) manifestando en resumen los siguientes argumentos:  Anotó que la excepción de caducidad no está llamada a prosperar toda vez que en el presente caso no se ha configurado tal fenómeno jurídico.  Señaló que el hecho de la privación del señor Cruz González no fue controvertido por las demandadas, incluso en la contestación de la demanda la Fiscalía reseña que el señor Edwin Bladimir Cruz se le impuso medida de aseguramiento y se le profirió resolución de acusación, pero posteriormente fue absuelto.  Concluyó que el señor Edwin Bladimir Cruz González no fue capturado en la comisión de algún delito, sino que con base en informe fundamentado en las declaraciones de informantes entre ellos reinsertados de la guerrilla se Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 47326 250002326000200800697 01 E.A.S.T le vinculó sin más pruebas a un proceso penal. 1.4. Argumentos de la apelación 1.4.1. Fiscalía General de la Nación. El apoderado de la Fiscalía General de la Nación, presentó recurso de apelación el cual fue declarado desierto según auto del 17 de abril de 2013 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

1.4.2. Grado de Consulta. En la sentencia del cinco (05) de diciembre de 2012 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca solicita se surta el grado jurisdiccional de consulta.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos.

Pueden ser expresados en los siguientes términos: 2.1.1 ¿La privación de la libertad del señor Edwin Bladimir Cruz González fue injusta y si por ello la Nación – Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación deben ser declaradas responsables administrativamente y condenadas a indemnizar los perjuicios reclamados? 2.1.2 ¿La detención de que fue objeto Edwin Bladimir Cruz González fue injusta, deviniendo de ella un daño antijurídico que no estaba obligada a soportar? 2.2. Marco teórico. Premisa normativa. Pueden ser tenidos como referentes teóricos los siguientes aspectos que integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada del Ministerio Público: 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 47326 250002326000200800697 01 E.A.S.T La responsabilidad en materia extracontractual del Estado encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política. Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el

Consejo de Estado varias décadas atrás ha señalado que se den los siguientes presupuestos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” 2.2.2. Valoración probatoria. Deber de análisis para el funcionario instructor. Tal como se anotará en el numeral posterior, el Fiscal cumplía funciones jurisdiccionales al momento de indagar, vincular y detener a la hoy demandante. Por ello debía atenerse a las reglas del debido proceso y con ello la obligación de valorar adecuadamente el material probatorio, dentro del cual, figuraban denuncias, testimonios. El funcionario instructor en esa medida tenía el deber u obligación de analizar las denuncias, confrontándolos con otras pruebas, a fin de determinar si estos eran suficientes para impartir medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, tras el riguroso análisis a que estaba

obligado. Respecto a los deberes constitucionales del juez, reiterándose que el Fiscal para entonces cumplía funciones jurisdiccionales, son recordados por la Honorable Corte Constitucional de la siguiente manera: “La afirmación de que el juez constitucional debe guiarse por los principios de la cautela y la discreción cuando se trata del análisis del acervo probatorio debatido en una sentencia impugnada por supuesta violación de los derechos Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 47326 250002326000200800697 01 E.A.S.T fundamentales, se hace aún más perentoria cuando las pruebas en discusión son fundamentalmente testimonios. En estas situaciones no cabe sino afirmar que la persona más indicada, por regla general, para apreciar tanto a los testigos como a sus aseveraciones es el juez del proceso, pues él es el único que puede observar el comportamiento de los declarantes, sus relaciones entre sí o con las partes del proceso, la forma en que responde al cuestionario judicial, etc. Lo anterior significa ni mas ni menos, que solo quien puede valorar los testimonios, previa lectura y confrontación con otras pruebas, teniendo en cuenta la calidad de los testigos, su credibilidad, etc, es única y exclusivamente el Juez y no puede éste delegar tal potestad en cabeza de otra autoridad, mucho menos dejar de lado tal obligación, ateniéndose a las calificaciones presentadas por la

Policía Nacional”. 2.2.3. El In dubio pro reo y la carencia de pruebas. Uno de los problemas más frecuentes que se observan dentro del proceso penal es el del manejo inadecuado del in dubio pro reo o duda razonable; situación que se produce en el evento de pruebas, dentro de las cuales unas ofrecen argumentos para proceder a reconocer la responsabilidad penal, en tanto que otras, con igual peso, descartan tal responsabilidad, razón por la cual de vieja data, ante tal incertidumbre se le ofrece al juzgador la posibilidad de absolver, en aplicación a principios universales, de manera tal que la duda se torna favorable para el sindicado. La doctrina informa lo siguiente: “Duda en favor del sindicado, duda favorable. Principio en virtud del cual si tiene duda no puede condenar al acusado por un hecho criminal. Pertenece al elemento de la valoración probatoria y a la duda racional sobre los elementos objetivos y subjetivos que integran el tipo. Como tiene dicho la jurisprudencia, este principio sólo entra en juego cuando, efectivamente practicada la prueba, ésta no ha desvirtuado la presunción de inocencia o, dicho de otra manera la aplicación del referido principio se excluye cuando el órgano judicial no ha tenido duda alguna sobre el carácter incriminatorio de las pruebas practicadas” Por tanto, para aplicar este principio, debe mediar un análisis suficiente sobre la prueba allegada a la investigación, que no es más que la aplicación sistemática de las normas y principios penales, entre ellos la obligación al operador judicial de la investigación integral de que se trató anteriormente. Distinto es cuando no hay

prueba, cuando lamentablemente desde un comienzo el proceso de investigación Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 47326 250002326000200800697 01 E.A.S.T penal fue huérfano de prueba por la inactividad del funcionario estatal encargado de administrar justicia, pero al momento de hacerse ostensible el error, de manera cómoda, se invoca la presencia de indicios para ocultar dicha inactividad y con ello enmascarar la responsabilidad del funcionario jurisdiccional, cuando ha mediado la detención preventiva. 2.2.4. Informes de Policía Judicial - valor probatorio. Al respecto la Corte Constitucional, en la sentencia C-1315 de 2000 ha puntualizado sobre el tema lo siguiente: “La importancia de los fundamentos que llevaron a la Corte a adoptar la decisión de exequibilidad de la disposición ahora acusada, hace necesario traer en cita algunos de sus principales apartes: “2.2.19. Negación de valor probatorio a los informes de la Policía Judicial. El art. 50 incorpora un inciso final al art. 313 del C.P.P., en el sentido de señalar que en ningún caso los informes de la Policía Judicial y las versiones suministradas por informantes tendrán valor probatorio en el proceso. La mencionada disposición se ajusta plenamente a la Constitución, en la medida en que no le asigna valor probatorio a los mencionados informes y versiones, por tratarse de actuaciones extraprocesales no controvertidas por las personas a las cuales se

podían oponer dentro del proceso. Si el legislador al diseñar las reglas del debido proceso conforme al art. 29 de la Constitución puede determinar cuales son los medios de prueba admisibles, igualmente esta facultado para que en ciertos casos pueda disponer que un determinado instrumento probatorio no es idóneo como prueba dentro de un proceso. Sin embargo, entiende la Corte que dicha facultad no puede utilizarse en forma arbitraria, irracional y desproporcionada, sino que debe obedecer a una finalidad constitucional legítima. (...) En el presente caso la finalidad buscada por el legislador es legítima, pues tiene su fundamento en el art. 29 de la Constitución que consagra la presunción de inocencia, la cual solamente puede ser destruida cuando se incorporan legal y regularmente al proceso pruebas que el sindicado esta en la posibilidad de controvertir. Los informes de la Policía si bien muchas veces revelan situaciones objetivas que han verificado sus agentes, en otras, son producto de indagaciones con terceros, muchas veces indeterminados, que estructuran conjeturas o apreciaciones que materialmente no son idóneos para fundar una prueba; pero en todo caso en su producción no intervienen las personas sindicadas que pueden verse afectados por ellos. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 47326 250002326000200800697 01 E.A.S.T El legislador ha descartado el valor probatorio de dichos informes sobre la base de

conveniencias políticas, que él libremente ha apreciado, como podrían ser la unilateralidad de éstos, y la de evitar que los funcionarios que deban juzgar se atengan exclusivamente a éstos y no produzcan otras pruebas en el proceso, en aras de la búsqueda de la verdad real, con desconocimiento de los derechos de los sindicados. Por ello la Corte, en ejercicio del control constitucional, no se encuentra en condiciones de cuestionar dichas consideraciones políticas, pues ello corresponde a la competencia y libertad del legislador para diseñar la norma jurídica procesal.”(Subrayado y negrilla fuera de texto) 2.3. Las pruebas obrantes. Supuestos fácticos. Obran los siguientes en el plenario:  A folios 5 a 67 del cuaderno 3 de pruebas, obra copia de la sentencia del 05 de abril de 2006, proferida por el Juzgado Diecinueve Penal del Circuito de Bogotá en la que decide absolver al señor Edwin Bladimir Cruz González por el delito de rebelión.  A folio 73 del cuaderno 3 de pruebas obra boleta de encarcelamiento solicitado por la Fiscalía Seccional de Fiscalías de Cundinamarca Unidad Seccional de Fusagasugá dirigido a la cárcel del circuito de Fusagasugá para que se mantenga a detenido al señor Edwin Bladimir Cruz González en ese establecimiento carcelario.  Así mismo en la sentencia se relacionan las pruebas de manera abundante, de forma tal que considera esta Delegada de la Procuraduría, no es necesario hacer una extensa relación, se insiste es suficiente con lo

explicitado en la sentencia. 2.4. Caso concreto En este orden de ideas, cabe destacar las siguientes situaciones: Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 47326 250002326000200800697 01 E.A.S.T  Del material probatorio legalmente recaudado se concluye que el señor Edwin Bladimir Cruz González estuvo privado de la libertad desde el 09 de abril de 2004 y el 25 de abril de 2006, es decir por espacio de quince (15) meses.  El Juzgado Diecinueve Penal del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 05 de abril de 2006 absuelve al sindicado manifestando lo siguiente: (..) “Los supuestos que llevaron a tener a los procesados de ser posibles coautores de rebelión, son en su esencia afirmaciones que de ellos hacen los informantes del ejército, no encontrándose suficientes las explicaciones dadas por los encausados sobre las imputaciones que se les hace. Decimos que no hay testigos presenciales, porque los cargos hechos a los sindicados están cimentados en las apreciaciones que hacen informantes antes nombrados de haberlos observado entre otros transportar víveres para ese grupo subversivo o cualquier otra clase de artículos. Toda providencia debe fundarse en pruebas legal, regular y oportunamente allegadas al proceso. Así es el abundante material probatorio solo conlleva a demostrar las diversas actividades que en vida cotidiana desarrollan los

sindicados en su hábitat de la región de Sumapaz por donde se desplegaban los frentes Abelardo Romero y 55 Teófilo Forero de las FARC. Dada la fuente de la información que sirvió de sustento a pliego de cargos, recopilada por el oficial del ejército Leonel Alejandro Suescun Ordoñez permite señalar cuestionamiento que últimamente, se ha venido haciendo al testimonio de testigos que ostentan especialísimas características, tal es el caso de los reinsertados en donde puede darse determinado interés en el asunto y es así como este evento se ha venido pregonando enemistad de algunos de esos informadores con varios de los aquí sindicados, factor que viene a perturbar su imparcialidad a sí en tales condiciones resulta bastante apresurado maximizar el alcance de su credibilidad. Es decir todo gira en torno a afirmaciones de Miguel Antonio Rey Navarro, Guillermo Moreno Duque Balsina Palacios Sanabria, José Vicente Pinilla Delgado, Ligia Acuña Jiménez, a quienes se les cuestiona su veracidad pues formaron parte de la guerrilla y ahora entronizan la labor del Estado que antes consideraban su enemigo. Todo confluye a anotar, no ostentan las manifestaciones de los testigos constituidos prueba de cargo, la calidad suficiente y necesaria para amentaren ellas la materialidad del delito que en esta causa se debate y mucho menos imputársele a los aquí involucrados. Edwin Bladimir Cruz González asegura que en razón de la explotación comercial de víveres en esa

región ha tratado con la guerrilla como personal del ejército acantonado en Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 47326 250002326000200800697 01 E.A.S.T esa zona y por eso es probable que se haya abastecido a las FARC de alguna de esas provisiones pero no tiene con ellos alguna exclusividad. Para ninguna persona no es extraño el poder intimidatorio de las FARC tal como lo denuncia a diario en diverso medios de comunicación, por eso es que no es traída de los cabellos las exculpaciones de los sindicados al asegurar como en una u otra forma se han visto obligados a tener tratos con ellos, por lo tanto su actitud no se constituía en un punto de apoyo a la organización alzada en armas y de ese modo estar incursos en la conducta punible a ellos atribuida. En ese orden de ideas, llegamos a concluir a la luz del artículo 7 de la Ley 600/2000, la decisión por adoptar no será otra que la de absolver a los encausados de todos y cada uno de los cargos deducidos en la resolución acusación”.  De lo antes transcrito se infiere que la absolución se fundamentó en la carencia de pruebas y en falta de tipicidad, lo cual es distinto del in dubio pro reo, porque en la sentencia absolutoria a favor del demandante, el Juzgado fundamenta que los testigos no ostentan la calidad suficiente y necesaria para acreditar la veracidad de los hechos, porque formaron parte

de la guerrilla y además a lo largo del proceso se pregonó la enemistad de algunos de esos informantes con varios de los aquí sindicados, factor que viene a perturbar su imparcialidad y resulta bastante apresurado maximizar el alcance de su credibilidad.  De la lectura de la sentencia, se concluye que la detención del señor Edwin Bladimir Cruz González se basó en conjeturas discriminatorias, pues se fundaron en declaraciones que fueron simples especulaciones sin soporte alguno. De hecho, tampoco se puede hablar de la existencia de indicios, porque el operador judicial en rigor debe explicitar cual es el hecho indicador y cual el indicante, lo cual se colige de la lectura de la decisión al afirmar que el material probatorio solo conlleva a demostrar las diversas actividades que en vida cotidiana desarrollan los sindicados en su hábitat de la región de Sumapaz, por donde se desplegaban los frentes Abelardo Romero y 55 Teófilo Forero de las FARC, es decir no hay la concreción probatoria que se requiere para condenar penalmente. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 47326 250002326000200800697 01 E.A.S.T  Existe un manejo inadecuado de los indicios, en cuanto a la falta de atención de los Fiscales y Jueces en la conducción, prontitud y eficacia de las pruebas, pues se observa que no hay certeza de los hechos y en

general falta material probatorio, lo que al final es lo que adecua la inobjetable falla en la prestación del servicio, atribuible a titulo de responsabilidad subjetiva.  Para esta Delegada del Ministerio Público es claro que el daño antijurídico, consistente en la privación injusta de la libertad del señor Edwin Bladimir Cruz González fue determinado por la Fiscalía General de la Nación, pues resulta indudable que el Estado no logró desvirtuar la presunción de inocencia del hoy demandante, además de la carencia de rigor jurídico, puesto que no mediaban los indicios de responsabilidad para imponer medida de aseguramiento.  Es para esta Delegada acertada la posición del Tribunal Administrativo de Cundinamarca al resolver la demanda administrativa de reparación directa cuando manifiesta en la sentencia que: “De conformidad con lo reseñado en la providencia en cita, encuentra la Sala que el señor Edwin Bladimir Cruz González, no fue capturado en la comisión de algún delito, sino que con base en informe, fundamentado en declaraciones de informantes entre ellos personas reinsertados de la guerrilla, se le vinculó sin más pruebas a un proceso penal, por lo que se evidencia que por un simple informe militar, se le sindicó al señor Cruz González de delito de rebelión como persona colaboradora de un grupo al margen de la Ley, evidenciándose tal y como lo dejo entre ver el Juez de conocimiento, que la Fiscalía sin indagar específicamente en la supuesta participación entre ellos del aquí demandante en el hecho delictivo y sin esclarecer los hechos y tener los indicios suficientes procedió a imponer la medida de aseguramiento,

privándolo de su libertad”.  Conforme a los lineamientos planteados en el marco teórico de este concepto, el presente caso se enmarca como un inobjetable error jurisdiccional, pues la falta de pruebas se encuentra como uno de los Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 47326 250002326000200800697 01 E.A.S.T errores que genera responsabilidad por la detención, que se convierte en injusta, es decir una carga que no tenían el deber de soportar los demandantes.  No existe criterio de imputación que permita vincular al Consejo Superior de la Judicatura con la causa desencadenante del daño, pues resulta evidente que mediante la sentencia absolutoria proferida por el Juzgado Diecinueve Penal del Circuito de Bogotá el 05 de abril de 2006, y confi