PGN - DAÑO ANTIJURIDICO Por la falta de cuidado con el bien que se encontraba bajo la órbi

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por falla en la prestación del servicio por parte de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional DAÑO ANTIJURÍDICO-Por la falta de cuidado con el bien que se encontraba bajo la órbita de cuidado de los instituciones demandadas El nexo de causalidad adecuado y determinante entre la anomalía jurídica y el daño "La relación de causalidad entre el hecho, falta o falla del servicio (incautación del vehículo marca Toyota Land Cruiser de placas JKE-134 por espacio de 2777 días y la guarda, custodia e inmovilización del mismo por orden de la Fiscalía General, en parqueaderos inadecuados para tal fin, propiedad del GAULA de la Policía), y el daño (pérdida total del rodante en poder de la Policía y a órdenes de la Fiscalía), es evidente. Por el ello al interrogante de si el daño se le puede atribuir jurídicamente a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación, la respuesta es positiva. Pues eran ellas que lo tenían bajo su custodia física y cuidado siendo negligentes en su actuar, permitieron al máximo su deterioro y desvalijamiento y consecuente estado de irreparabilidad, que hace que efectivamente se considere que el daño padecido sea antijurídico, por lo tanto considerando que los entes involucrados son solidariamente responsables por los daños materiales causados al vehículo en referencia. Es decir que no es por la inmovilización en si misma, sino por la falta de cuidado con el bien que se encontraba bajo la órbita de cuidado de los instituciones demandadas.

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA-Por la omisión del debido cuidado, custodia y administración de un bien mueble Por lo tanto, los daños sufridos por el demandante, se concluye que son responsabilidad de la Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación por la omisión del debido cuidado, custodia y administración por parte de la Policía Nacional – GAULA, adscrita al Valle del Cauca, en relación con el deterioro, desvalijamiento y consecuente obsolescencia que, sufriera el vehículo de su propiedad marca Toyota Land Cruiser modelo 1994, de placas JKE-134, que sufriera después de permanecer inmovilizado por un espacio de 2777 días, bajo el sol y el agua en un lugar u parqueadero, que no ofrecía la posibilidad de conservación cuando menos igual al estado en que fue recibido, que eran utilizado por el actor para el desarrollo de la actividad comercial y laboral de transporte de concentrados; que fuera incautado por funcionarios de la accionada el 22 de junio de 1999. No cabe posibilidad de aplicar teoría de concausar al demandante toda vez que la actividad en la jurisdicción penal es oficiosa, lo cual reviste mayor responsabilidad social. Por lo tanto los argumentos defensivos de las dos entidades demandadas no tienen sentido porque el problema no gira en tornó a sus competencias, ni tampoco el titulo de imputación penal del hijo del demandante, se trata exclusivamente de la obligación o deber de cuidado de un bien mueble bajo su órbita de cuidado. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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760012331000200801172 01 Evo FALLA EN EL SERVICIO-Al no asumir el cuidado necesario para conservar el vehículo incautado dentro de la diligencia adelantadas por el presunto delito de secuestro Hace que se configure la falla en el servicio por parte de la Policia Nacional y la Fiscalía General de la Nación, tal y como se analizó en parte precedente, siendo por lo tanto motivo de conformidad con lo preceptuado en los artículos 86 del C.C.A. y 90 de la Constitución Politica, para que esta Delegada solicité la confirmación de la sentencia objeto de alzada, razón por la cual debe confirmarse la sentencia recurrida. Esta Delegada teniendo en cuenta que la actuación de las Fiscalías Tercera Especializada de Cali, de la Delegada ante el Tribunal Superior del Valle y de la actuación de la Policía Nacional –GAULA adscrito al departamento del Valle al realizar una incautacion de un vehiculo automotor, permitiendo en su cuidado y custodia que éste sufriera deterioro, desvalijamiento y consecuente obsolecencia, derivo en una sentencia que deja abierta la posibilidad de declarar la responsabilidad administrativa de la Nación – Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional de conformidad con el Art. 90 de la Constitución Política y en concordancia con la Ley 678 de 2001, las entidades condenadas deben incoar Acción de Repetición en contra de sus funcionarios, a fin de que responda según las circunstancias y pruebas. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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Evo CONCEPTO No. 244 / 2012

Bogotá, D.C., 22 de agosto de 2012

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERASUBSECCIÓN A

Consejero Ponente Doctor Hernán Andrade Rincón

E. S. D.

EXPEDIENTE: 760012331000200801172 01 (43828)

Acción de Reparación Directa

ACTOR: JUAN DE DIOS MARTÍNEZ

DEMANDADO: RAMA JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – POLICÍA NACIONAL Sentido del Concepto: Solicitud de Confirmar la sentencia recurrida originada en el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca. / Falla en la prestación del Servicio por parte de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional al no asumir el cuidado necesario para conservar el vehículo incautado dentro de la diligencia adelantadas por el presunto delito de secuestro.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos. 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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1. ANTECEDENTES

1.1. Demanda. El señor JUAN DE DIOS MARTINEZ, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, entabló demanda, contra Policía Nacional, Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, para que se le indemnicen por daños y perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y lucro cesante ocasionados por la Rama Judicial, Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, con ocasión de la inmovilización del vehículo Toyota Land Cruiser modelo 1974, de placas JKE-134 por espacio de 2777 días que lo dejo inservible por el abandono, además del desvalijamiento del vehículo. Los cuales se basaron en los siguientes hechos: Dice que el actor era conductor y propietario del vehículo Toyota de placas JKE134, en el cual hacía acarreos Y llevaba personas en el Municipio de Florida, actividad por la que devengaba un salario mínimo mensual. Que el hijo del demandante, VÍCTOR MARIO, en compañía de sus socios negociaron toda la producción de pollos que tenían con el señor HUMBERTO DUQUE, quien les pagó con unos cheques que resultaron ser de una chequera robada, motivo por el cual trataron de ubicarlo dirigiéndose a una tienda de su propiedad. Relata que la tienda estaba cerrada, pero que los atendió el sobrino del citado

HUMBERTO DUQUE, quien accedió a acompañarlos a buscar a su tío subiéndose al campero Toyota. Dice que pudieron comunicarse con el señor DUQUE y este les pidió un tiempo para pagar, pero que posteriormente, apareció el señor DUQUE con un contingente del GAULA que procedió a capturar a MILTON 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. : 43828 760012331000200801172 01 Evo MUÑOZ CAICEDO, ANDRÉS FELIPE HERRE OTERO, VÍCTOR MARIO MARTINEZ HERRERA, SILVIO MUÑOZ CAICEDO, LILIANA MUÑOZ CAICEDO y al menor sindicándoles de secuestro extorsivo. Indica en ese sentido, que los detenidos fueron remitidos con boleta de encarcelación a la cárcel Municipal de Miranda - Cauca, donde después de 18 días de detención, la Fiscalía Delegada ante el Juez Penal del Circuito Especializado ordena medida de aseguramiento contra MILTON MUÑOZ CAICEDO, ANDRÉS FELIPE HERRERA OTERO, VÍCTOR MARIO MARTÍNEZ HERRERA y SILVIO MUÑOZ CAICEDO, y el campero Toyota de placas JKE-134 es inmovilizado e inventariado por la Policía nacional Dirección Antisecuestro Y

Extorsión GAULA de Cali desde el 23 de junio de 1999. Manifiesta que mediante sentencia de primera instancia NO.050 del 28 de noviembre de 2006, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Cali absuelve a los señores MIL TON MUÑOZ CAICEDO, VICTOR MARIO MARTINEZ HERRERA y SILVIO MUÑOZ CAICEDO por el delito de secuestro extorsivo, Y en el numeral segundo de la decisión se ordena la entrega definitiva del vehículo automotor Toyota de placas JKE-134. Que el 8 de febrero de 2007 se hace la entrega física del vehículo, el cual se encontraba en tal mal estado que fue imposible su reparación. 1.2. Las contestaciones de la demanda 1.2.1. La Fiscalía General de la Nación, actuando por intermedio de apoderado judicial contestó la demanda (F1.95 a 103 Cdno.1), oponiéndose a todas las pretensiones de la demanda, al considerar que éstas carecen de fundamentos de hecho y de derecho. Argumenta que las decisiones adoptadas por dicha entidad en su momento fueron adecuadas, congruentes y agiles conforme al ordenamiento 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. : 43828 760012331000200801172 01 Evo jurídico, que es a la Fiscalía quien le corresponde realizar las investigaciones

pertinentes en orden a establecer la verdad sobre los hechos, y que ninguna de las piezas probatorias documentales allegadas al proceso permiten señalar que se hubieren cometido torturas o atropellos, dilaciones injustificadas durante el proceso. Propuso como excepciones de fondo las siguientes: Falta de legitimación de la causa por pasiva. La innominada. 1.2.2. La Rama Judicial contestó la demanda (F1.109 a 116 Cdno.1) oponiéndose a todas y cada de las pretensiones de la demanda. Transcribe apartes de la sentencia mediante la cual fueron absueltos los procesados, entre ellos el hijo del demandante, Y manifiesta que no se violaron los derechos ni garantías constitucionales por acción de las entidades demandadas, y que fue la decisión del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Cali la que permitió que hijo del actor, gozara de una sentencia absolutoria en consideración al in dubio pro reo. Argumenta que el señor JUAN DE DIOS MARTINEZ al ser propietario del vehículo Toyota que era conducido por su hijo, en el que se desarrollaron los hechos que inicialmente permitieron inferir que se trataba de un secuestro extorsivo, y que finalmente se esclareció la situación en el sentido de determinar que lo que hubo fue realmente un uso indebido de sus propias razones con el fin de recuperar unos dineros, pues, rompe con el nexo causalidad en relación con pretender la indemnización ya que el daño provino del propi hijo del actor y no de la administración. Propone como excepciones las de "inane demanda", "inexistencia de perjuicios ocasionados", "hecho de un tercero y culpa exclusiva de

la víctima", "falta de legitimación en la causa por pasiva", y la "innominada". 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. : 43828 760012331000200801172 01 Evo 1.2.3. La Policía Nacional igualmente allegó su escrito de contestación (F1.125 a 128 Cdno.1) oponiéndose a las pretensiones de la demanda, señalando que es imposible pretender responsabilizar a la Policía Nacional como quiera que el decomiso se debió a la denuncia realizada por el señor HUMBERTO DUQUE, quien manifestó que en ese automotor habían plagiado a su sobrino EIVER GIOVANY CRIOLLO, procediendo la autoridad policial a capturar a los presuntos plagiarios y a decomisar el vehículo donde se transportaban. Considera que la Policía dejo a disposición de la Fiscalía tanto a los capturados como al vehículo, y que cuando la Fiscalía decide detener preventivamente a esas personas, convalido la actuación de la Policía Nacional, por lo que si hubiera sido su actuación contraria a derecho, se ha debido cesar el procedimiento y dejar en libertad inmediata a las personas. 1.3. Sentencia de Primera Instancia. El Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, accede a las pretensiones, mediante sentencia proferida el veintinueve (29) de noviembre de

dos mil once (2011) manifestando en resumen lo siguiente:  Se encuentra demostrada plenamente que la parte demandada incurrió en una falla del servicio, porque no obstante haber recibido la mercancia (vehiculo) en un determinado estado de conservacion y uso, su devolucion no correspondió a ese estado inicial, incurriendose de tal manera en una omision por falta de diligencia y cuidado en la custodia del bien incautado por estar presuntamente involucrado en la comision de un delito; existiendo en consecuencia, la relación de causalidad entre la falta de la administración y el daño causado. 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. : 43828 760012331000200801172 01 Evo  En mérito de lo expuesto, falla declarando solidaria y administartivamente responsables a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional por los perjuicios causados al señor Juan de Dios Martínez, con motivo de la retencion del vehiculo de placas JKE-134. 1.4. Argumentos de la apelación 1.4.1. El apoderado de la Fiscalía General de la Nación, presenta recurso de apelación en contra de la sentencia que accede a las pretensiones, en donde en términos generales argumenta lo siguiente (Folios 175 a 183 C. C. de E.):  Dice que se configura la culpa exclusiva de la víctima como eximente de

responsabilidad al tenor de lo dispuesto por el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, dado que dentro de todo el tramite del proceso penal y en la existencia de todas las providencias ordinarias dictadas en el mismo, no se hizo uso de los medios de defensa, interponiendo los recursos ordinarios de ley.  Así mismo, se refiere para que surja para la entidad pública la obligación de reparar un daño, resulta necesario que la lesión pueda serle imputada jurídicamente, y que para valorar este punto es indispensable acudir tanto al desenvolvimiento físico de los hechos como al deber ser o conducta exigida normativamente a la administración, de acuerdo con las circunstancias particulares de cada caso y de los instrumentos al alcance de la Administración.  Por último hace mención que en el presente caso, no se estructuran los supuestos esenciales que permitan estructurar la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación, por las siguientes razones: 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. : 43828 760012331000200801172 01 Evo 1) La Fiscalía General de la Nación, es una institución de naturaleza constitucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 250 de Constitución Política, correspondiéndole investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes.

1. Disposición que se encuentra desarrollada en el Código de Procedimiento Penal, y el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación, y demás normas concordantes y procedimentales vigentes para la época de los hechos. 3) Igualmente, asiste para los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación las obligaciones que a continuación se destacan, y que se encontraban relacionadas en el Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos: "Artículo 74. Corresponde a la Fiscalía General de la Nación, dirigir, realizar y coordinar la investigación en materia penal.... " "Artículo 113..... La instrucción será realizada en forma permanente por fiscales, delegados o unidades de fiscalía con competencia en todo el territorio nacional, .... 4) Teniendo en cuenta todas la consideraciones expuestas, no es viable, afirmar que la Fiscalía General de la Nación incurrió en deficiencias, negligencias, arbitrariedades, omisiones y errores que produjeran falla o falta del servicio de justicia o de la administración, que generara perjuicios con la realización de una investigación la cual se desarrolló en debida forma, y que se falló por otro órgano judicial. 1.4.2. El apoderado de la Policía Nacional, presenta recurso de apelación en contra de la sentencia adversa a sus intereses, manifestando en resumen lo

siguiente: 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

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760012331000200801172 01 Evo  Se puede deducir que la actuación policial en el presente caso, estuvo acorde con la Constitución Política y la ley, pues los policiales que conocieron el procedimiento, se encontraban desarrollando una función propia del servicio y lo único que hicieron, fue dar a conocer unos hechos, que a su juicio y con los elementos probatorios a los cuales tuvo conocimiento en su momento, se desprendía la posible comisión de un delito, por lo tanto, estaban en la obligación de ponerlos en conocimiento de la autoridad competente (Fiscalía General de la Nación).  Manifiesta que la inmovilización del vehículo, no fue causada por miembro alguno de la Policía Nacional, sino que fue producto del actuar irresponsable de las personas capturadas, es decir, la conducta desplegada por el hijo del hoy demandante, quien por utilizar el vehículo en actos ilícitos, creó una situación de peligro, por demás reprochable, por lo cual sin lugar a dudas, existe CULPA EXCLUSIVA y DETERMINANTE DE LA VÍCTIMA, constituyéndose su actuar, como la raíz determinante del daño que sufrió. Aunado a ello, el vehículo, al momento de los hechos, era utilizado en la comisión de un delito, contraviniendo su propietario, sus deberes y obligaciones que como ciudadano le impone la Constitución Política; por lo tanto y lamentablemente, el accionante, tiene que soportar sus propias consecuencias por el riesgo que creo con su conducta reprochable y además, por la negligencia presentada al no reclamar la

devolución del vehículo en debida forma y oportunamente. 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. : 43828 760012331000200801172 01 Evo

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

2.1. Problemas Jurídicos. Pueden ser expresados en los siguientes términos: 2.1.1. ¿La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, son responsables administrativamente, de los perjuicios materiales causados al demandante, por la presunta falla del servicio derivada en su actuar omisivo, al no custodiar y cuidar el bien retenido e incautado que fuera utilizado para cometer el posible delito de Secuestro Extorsivo? 2.1.2. ¿Opera la culpa exclusiva de la víctima como eximente de Responsabilidad, al ser utilizado el vehículo retenido por parte del hijo del hoy actor en un presunto acto ilícito? 2.1.3. ¿Opera el fenómeno de la concausalidad en la ocurrencia del hecho, al no ser expedito y diligente el actor para recuperar el vehículo retenido e incautado por la Policía Nacional y la Fiscalía, en cumplimento de funciones legales y constitucionales, al ser utilizado mismo para cometer el presunto delito de secuestro extorsivo? 2.2. Marco Teórico. Premisa Normativa.

Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Agencia del Ministerio

Público: 11

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el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” 2.2.2. Aplicación de la teoría de la causalidad adecuada En el tema de las eximentes de responsabilidad de la Administración, el desarrollo jurisprudencial, ha planteado soluciones para determinar si ofrecen las pruebas la respuesta al problema por ejemplo de atribuir a la víctima la responsabilidad exclusiva y determinante. Una de tales soluciones lo constituye la teoría de la causalidad adecuada. Veamos en torno a ella que ha dicho el Consejo de Estado: Debe anotarse, al respecto, que el hecho de la víctima, como causal de exoneración de responsabilidad o de reducción del monto de la condena respectiva, debe constituir, exclusiva o parcialmente, causa eficiente del 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. : 43828 760012331000200801172 01 Evo perjuicio reclamado. De otra manera, se estaría dando aplicación a la teoría de la equivalencia de las condiciones, desechada por la doctrina y la jurisprudencia, desde hace mucho tiempo, para establecer el nexo de causalidad. Al respecto, son interesantes las siguientes precisiones del profesor Javier Tamayo Jaramillo: “Para explicar el vínculo de causalidad que debe existir entre el hecho y el daño, se han ideado varias teorías; las más importantes son: la “teoría de la equivalencia de las condiciones”

y “la teoría de la causalidad adecuada”. De acuerdo con la primera, todas las causas que contribuyeron a la producción del daño se consideran, desde el punto de vista jurídico, como causantes del hecho, y quienes estén detrás de cualquiera de esas causas, deben responder. A esta teoría se la rechaza por su inaplicabilidad práctica, pues deshumanizaría la responsabilidad civil y permitiría, absurdamente, buscar responsables hasta el infinito. Para suavizar este criterio, se ha ideado la llamada teoría de la causalidad adecuada, según la cual no todos los fenómenos que contribuyeron a la producción del daño tienen relevancia para determinar la causa jurídica del perjuicio; se considera que solamente causó el daño aquel o aquellos fenómenos que normalmente debieron haberlo producido; esta teoría permite romper el vínculo de causalidad en tal forma, que solo la causa relevante es la que ha podido producir el daño... A no dudarlo, la aceptación de la causa extraña como causal liberatoria de la presunción de responsabilidad es, en el fondo, la consagración de la teoría de la causalidad adecuada... aplicando la teoría de la causalidad adecuada, el juez considera que la causa externa ha sido el hecho que normalmente ha producido el daño, y, en consecuencia, el vínculo de causalidad debe romperse de tal modo, que el demandado no se considere jurídicamente como causante del daño1”. 2.2.3. Artículo 2357 C.C. -Reducción de la Indemnización. La apreciación del daño está sujeta a reducción si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente.

1 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 18 de octubre de 2000. Expediente 11981. Consejero Ponente Dr. Alier Eduardo Hernández. 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. : 43828 760012331000200801172 01 Evo 2.3. Las pruebas obrantes. Supuestos fácticos. Se allegó el material probatorio de conformidad con las reglas establecidas en materia de prueba documental, en el Código de Procedimiento Civil, para entrar a determinar y conceptuar frente a la sentencia recurrida, las cuales se encuentran aludidas específicamente en ella. (fls. 245 c.ppal) En su orden son:  Xerocopia simple de la sentencia ordinaria de 1ª instancia No. 050 del 28 de junio de 2006 proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Cali.  Xerocopia simple del oficio No. 431-D. Misión de Trabajo, de 5 de julio de 2000, donde el asistente de despacho 03 de Fiscalía informa al comandante del Gaula que el vehículo en comento se encuentra en esas instalaciones.  Xerocopia simple del Acta de inmovilización del vehículo, del 23 de junio de 1999, por parte del Gaula.  Xerocopia simple del inventario del vehículo, del 23 de junio de 1999,

realizado por el Gaula.  Oficio No. CSA-0033 adiado 11 de enero de 2007, librado dentro del proceso No. 02-0465, por el cual se remite al actor copia de la sentencia 050 de noviembre 28 de 2006, donde se ordena la devolución del vehículo. 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. : 43828 760012331000200801172 01 Evo  .Acta de entrega definitiva del vehículo Clase Campero, Marca Toyota, Color Verde y Blanco, Placas JKE-134 Motor No. F542880, Chasis No. FJ40174840, Modelo 1974, que entrega Fondelibertad a su propietario juan de Dios Martínez, signada el 8 de febrero de 2007, a la que se anexan las improntas del vehículo y el inventario físico del automotor, en el que se consigna en el acápite pertinente a las observaciones “Panorámico roto, falta motor de arranque, distribuidor completo, falta yoqui, cardan, falta llanta de repuesto, faltan placas JKE-134”.  Certificación expedida por el Jefe de Despacho de la Secretaria de Transito y Transporte Municipal de Florida (Valle del Cauca), en la que consta que el vehículo Campero Toyota Land Cruiser, Placas JKE-134, es de propiedad

del actor.  Certificación expedida por el señor Gustavo Trujillo, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.580.848 de Cali, en su condición de propietario del establecimiento de comercio Concentrados “la 10”, en la que se hace constar que el señor JUAN DE DIOS MARTÍNEZ, laboró a su servicio, desempeñándose como transportador de productos, devengando un salario mínimo legal mensual, y que realizaba tal labor en un vehículo de su propiedad Campero Toyota Land Cruiser Modelo 74, Placas JKE-134. 2.4. Caso concreto En este orden de ideas, cabe advertir las siguientes situaciones, que llevaron a la decisión en consideración de esta Agencia del Ministerio Público acertada por cuenta del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca. En su orden son: 15 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. : 43828 760012331000200801172 01 Evo  Pretende la parte demandante se declare administrativamente responsable a las demandadas Fiscalía General de la Nación y la Policia Nacional, por la presunta falla en el servicio derivada de la falta de protección y cuidado que han debido tener para que no se deteriorara y para que no desvalijaran el vehiculo de su propiedad marca Toyota Land Cruiser modelo 1974, de placas JKE-134, color

verde, que quedara en estado imposible de ser reparado, que en ejercicio de una funcion legal, fuera incautado por miembros del GAULA de la Policía adscrita al Valle del cauca, el 22 de junio de 1999, al considerar que habia sido utilizado como instrumento para cometer el presunto delito de secuestro extorsivo e inmovilizado por 2777 dias a órdenes de la primera de las accionadas y en un parqueadero al servicio de la entidad Policial.  No obstante, el daño referido