PGN - DAÑO ANTIJURIDICO Presupuestos para su acreditación

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por privación injusta de la libertad al omitir cancelar la orden de captura precluida DAÑO ANTIJURÍDICO-Presupuestos para su acreditación Para resolver la Litis corresponde absolver, en su orden, los siguientes problemas jurídicos (i) Acreditación del daño antijurídico (ii) Régimen de responsabilidad aplicable cuando se alega privación injusta de la libertad (iii) Si la Nación -Fiscalía General de la Nación se encuentra llamada a responder de los perjuicios causados a los actores, solo en caso afirmativo (iv) Establecer si procede o no mantener la indemnización decretada por el a-quo. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Por omisión de la autoridad judicial en la cancelación de la orden de captura/DAÑO ANTIJURÍDICO-Por privación injusta de la libertad Si bien no se allegó certificación suscrita por el INPEC en donde conste el tiempo que el procesado estuvo privado de la libertad, lo cierto es que se cuenta con otras pruebas que analizadas de manera conjunta, permiten establecer el tiempo que estuvo en situación intramural. Lo cual permite inferir que por cuenta de este proceso estuvo en situación intramural desde el 19 de febrero de 2008 hasta el 29 de abril de 2009, esto es por un tiempo de 14 meses y 10 días. El 19 de septiembre de 2009 el señor fue capturado por la Policía Metropolitana de Cartagena, la cual informó a la Fiscalía Especializada No 3 de Bucaramanga que una vez consultados los antecedentes en la base de datos “le aparece una orden de captura por el delito de concierto para delinquir consecutivo No 660951, No 237927 No Sumario

206950 fecha de decisión 14062005, fecha de los hechos 12012004”. Detención que duró hasta el 21 de septiembre de 2009, pues el Fiscal Quinto Especializado de Bucaramanga mediante oficio No 1030 S.206950 del 21 de septiembre de 2009 solicitó al Comandante de la Estación Metropolitana de Policía de Cartagena dejar en libertad al señor “teniendo en cuenta que la investigación de la referencia dentro de la cual se libró orden de captura No 2037927 se encuentra precluida desde el 2 de abril de 2009 y cobró ejecutoria el 28 de abril del año que avanza (…)”, lo cual permite inferir que por omisión de la autoridad judicial respecto de la cancelación de la orden de captura, el señor estuvo privado de la libertad por tres (3) días. PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN-Se fundamentó en la aplicación del principio in dubio pro reo/RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADOPor privación injusta de la libertad En concepto del Ministerio Público, la preclusión de la investigación a favor del procesado se fundamentó en la aplicación del principio del in dubio pro reo, lo que permite concluir que el régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto es el OBJETIVO por daño especial, pues en el caso concreto, conforme a lo señalado en la referida sentencia de unificación, “la injusticia de la privación de la libertad no deriva de

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 EXT 12056 FAX 12094 2 Expediente No 57.246 (201100577)

Acción de reparación directa la antijuridicidad o de la ilicitud del aparato o de sus funcionarios, sino de la consideración consistente en que la víctima no se encuentra en el deber jurídico de soportar los daños que le irroga una detención mientras se adelantan la investigación o el correspondiente juicio penal pero que a la postre culmina con la decisión absolutoria o pronunciamiento judicial equivalente que pone en evidencia que el mismo Estado que ordenó esa detención no pudo desvirtuar la presunción constitucional de inocencia (…)” DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD PERSONAL Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA-Toda duda debe resolverse en favor del acusado La presunción de inocencia en nuestro ordenamiento jurídico tiene el rango de derecho fundamental (artículo 29 de la Carta Política), por virtud del cual el acusado no está obligado a presentar prueba alguna que demuestre su inocencia y le impone a las autoridades judiciales competentes la demostración de la culpabilidad del agente. Este derecho acompaña al acusado desde el inicio de la actuación penal hasta el fallo o veredicto definitivo y firme de culpabilidad, y exige para ser desvirtuada la convicción o certeza, más allá de una duda razonable, basada en el material probatorio que establezca los elementos del delito y la imputación del mismo al acusado. Ante la duda se debe aplicar el principio del in dubio pro reo, según el cual toda duda debe resolverse en favor del acusado. DAÑO ANTIJURÍDICO-Imputable a la Fiscalía General de la Nación Acreditado el daño antijurídico y su imputación a la Fiscalía General de la Nación

corresponde a ésta resarcir los perjuicios causados a los actores. Lo anterior bajo el entendido de no contar con elemento de juicio alguno para predicar un actuar doloso o gravemente culposo del señor, por ende cualquier estudio tendiente a establecer si operó o no la culpa exclusiva de la víctima resulta inconducente. INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MORALES-Por privación injusta de la libertad El a-quo ordenó indemnizar al señor, a su progenitora y a sus dos hijos con el equivalente a 90 SMLMV para cada uno, por razón de la privación injusta de la libertad correspondiente al tiempo comprendido entre febrero de 2008 y de abril de 2009, que está en el rango de superior a 12 e inferior a 18 meses. Los actores acreditaron los vínculos de consanguinidad existente entre ellos. El Quantum indemnizatorio que resulta consonante con los parámetros fijados en la sentencia de unificación del Consejo de Estado sobre el reconocimiento de perjuicios inmateriales en escenarios de privación injusta de la libertad, criterios que fueron precisados en sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014 Exp 36.149.

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 EXT 12056 FAX 12094 3 Expediente No 57.246 (201100577) Acción de reparación directa Al margen de lo anterior, el a-quo reconoció a los actores una indemnización equivalente a 15 SMLMV por razón de la privación injusta de la libertad en el lapso

comprendido entre el 19 y el 21 de septiembre de 2009, indemnización que en concepto del Ministerio Público resulta improcedente pues no existe justificación alguna para contabilizar este periodo de tiempo como si se tratara de un evento distinto pues su causa es el mismo 206-950, en cuyo caso lo que procede es sumar los tres días para efectos de contabilizar el tiempo total que estuvo privado injustamente de la libertad, que arrojaría un total de 14 meses y 13 días, tiempo que se mantiene en el rango de la referida tabla “de superior a 12 meses e inferior a 18 meses” DAÑOS MATERIALES-En la modalidad de lucro cesante El a quo ordenó indemnizar al demandante lo dejado de devengar durante el tiempo que estuvo privado de la libertad liquidando con base en el salario mínimo. Indemnización que en concepto del Ministerio Público procede mantener, pues ante la falta de prueba que acredite alguna vinculación laboral para el 19 de febrero de 2008, procede tomar como referente para tasar la indemnización por el primer lapso de afectación de la libertad el salario mínimo legal mensual, aplicando las fórmulas que para el efecto utilizó el a-quo. Con respecto a los 3 días que estuvo detenido en la Estación Metropolitana de Policía de Cartagena (desde el 19 al 21 de septiembre de 2009), se allegó certificación expedida por el Jefe de Recursos Humanos de la sociedad, razón por la cual procede indemnizar lo dejado de devengar cuantificado con base en esa remuneración, aplicando los parámetros y fórmulas utilizadas en la sentencia de primera instancia.

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA-Por privación injusta de la libertad aplicación de la sentencia de unificación de la jurisprudencia del Consejo de Estado INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MORALES-Por privación injusta de la libertad aplicación de la sentencia de unificación de la jurisprudencia del Consejo de Estado

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 EXT 12056 FAX 12094 4 Expediente No 57.246 (201100577) Acción de reparación directa

PROCURADURIA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No 222 / 2016

Bogotá, D.C., 17 de noviembre de 2016 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente dr. JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

E. S. D.

Ref: Proceso No 57.246 (68001233100020110057701) Acción de reparación directa

Actor: ISMELDA VASQUEZ PABUENA, MARLENE MERCEDES

NUÑEZ GOMEZ, SANDRA PATRICIA OROZCO MELENDEZ,

OCTAVIO RAFAEL NUÑEZ GOMEZ, DAVID MARIA MUÑOZ

ORTIZ

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia

I. ANTECEDENTES

1.1 Demanda.- OCTAVIO RAFAEL NUÑEZ GOMEZ (directo afectado), SANDRA PATRICIA OROZCO MELENDEZ (compañera permanente), DAVID MARIA MUÑOZ ORTIZ y MARLENE MERCEDES NUÑEZ GOMEZ (padres) e ISMELDA VASQUEZ PABUENA (ex compañera permanente), quien actúa en

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 EXT 12056 FAX 12094 5 Expediente No 57.246 (201100577) Acción de reparación directa nombre propio y en representación de sus hijos menores, instauraron demanda1 contra la NACIONRAMA JUDICIAL – FISCALIA GENERAL DE LA NACION, para que se les declare administrativa y extracontractualmente responsables de los perjuicios causados por la privación injusta de la libertad de que fue objeto el primero de las nombrados, desde el 17 de febrero de 2008 hasta el 26 de abril de 2009; del 19 al 21 de septiembre de 2009; y del 28 de julio de 2010 al 24 de diciembre de 2010. Como consecuencia de la anterior declaración, solicitan los actores que se condene a las entidades demandadas a pagar perjuicios morales, materiales y perjuicios a la vida de relación, conforme a las cuantías que se relacionan a folios 6 a 13 de la demanda. Como soporte fáctico se adujo que el 13 de julio de 2004 el señor Octavio Rafael Núñez Gómez fue capturado por el delito de concierto para delinquir en proceso

que adelantó el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bucaramanga, en el cual asumió su responsabilidad y fue condenado, con rebaja de pena hasta el 2 de octubre de 2007, fecha en la cual le fue concedida la libertad. El 14 de junio de 2004 la Fiscalía Tercera Especializada de Bucaramanga ordenó apertura de investigación dentro del proceso No 206-950 por los delitos de concierto para delinquir, hurto de combustible y homicidio agravado en contra del señor Octavio Rafael Núñez. Mediante providencia de 14 de junio de 2005 se 1 Accionan el 23 de junio de 2011 (fl 1 c. ppal), esto es dentro del término legal de los dos (2) años establecido para el ejercicio de la acción de reparación directa, pues la sentencia que precluyó la investigación dentro del proceso 206-905 cobró ejecutoria el 29 de abril de 2009, por tanto se tenía hasta el 30 de abril de 2011 para demandar, plazo que se interrumpió el 25 de abril de 2011 con la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial (fl 36 c. ppal), diligencia que se declaró fallida el 22 de junio de 2011 (fls 34 a 35 c. ppal)

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 EXT 12056 FAX 12094 6 Expediente No 57.246 (201100577) Acción de reparación directa ordena privarlo de la libertad. El 17 de febrero de 2008 el señor Núñez Gómez fue capturado y recluido en la

cárcel Modelo de Bogotá, luego trasladado al Centro Penitenciario de Bellavista en donde permaneció hasta el 29 de abril de 2009, fecha en la cual obtuvo su libertad. El 21 de febrero de 2008 la Fiscalía Tercera Especializada resuelve la situación jurídica y decide imponer medida de aseguramiento de detención preventiva por el delito de homicidio agravado y se abstiene de imponer medida de aseguramiento por los delitos de concierto para delinquir paramilitarismo y hurto de combustible y precluye la investigación por los delitos de concierto para delinquir y hurto de combustible y canceló la orden de captura expedida en su contra. La Fiscalía Quinta Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bucaramanga el 2 de abril de 2009 calificó el mérito del sumario, revocó la medida de aseguramiento y precluyó la investigación por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y hurto de combustible y ordeno la libertad por cuenta de ese proceso, providencia que cobró ejecutoria el 28 de abril de 2009. El 19 de septiembre de 2009 fue capturado nuevamente con cargo al proceso 206.950, ello causado por el no librar las comunicaciones pertinentes sobre cancelación de la orden de captura, lo que posteriormente se realizó el 21 de septiembre de 2009. La Dirección Nacional de Fiscalías el 9 de junio de 2004 inicio investigación en contra del señor Núñez Gomez por el delito de Homicidio en la modalidad de

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 EXT 12056 FAX 12094 7 Expediente No 57.246 (201100577) Acción de reparación directa tentativa, hurto porte ilegal de armas, desplazamiento forzado de personas y tortura en persona protegida y concierto para delinquir en modalidad de conformación de grupos paramilitares y se expide la respectiva orden de captura. El 28 de julio de 2010 la Policía Metropolitana de Barranquilla capturó al señor Octavio Rafael Núñez Gómez, lo puso a disposición de la Fiscalía 27 de Derechos Humanos de Bogotá, quien mediante providencia de 8 de agosto de 2010 resolvió o la situación jurídica y le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de libertad provisional (PROCESO 1980). El 24 de diciembre de 2010 la misma Fiscalía revocó la medida de aseguramiento y comisionó a la Unidad Nacional de Derechos Humanos para que librara la boleta de libertad y ordenó proseguir la investigación en orden de su perfeccionamiento y calificación. La libertad se hizo efectiva en 24 de diciembre. 1.2 Oposición a la demanda: Las entidades demandadas no contestaron la demanda. 1.3 Sentencia de primera instancia.- El Tribunal Administrativo de Santander2 negó las pretensiones de la demanda respecto de la Nación – Rama JudicialDirección Ejecutiva; “Declaró a la NaciónFiscalía General de la Nación administrativa y patrimonialmente responsable de los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad del señor Octavio Rafael Núñez Gómez ocurrida entre

el 17 de febrero de 2008 y el 16 de abril de 2009, y el 19 al 21 de septiembre de 2009, producida por actuaciones de la Fiscalía Tercera Delegada ante los Jueces del Circuito Especializado de Bucaramanga dentro del radicado 206.950 Como consecuencia de la anterior declaración condenó a la Fiscalía General de la Nación a pagar por “concepto de perjuicios morales derivados de la privación 2 En sentencia de 26 de junio de 2015 (fls 450 a 480 c. Consejo de Estado)

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 EXT 12056 FAX 12094 8 Expediente No 57.246 (201100577) Acción de reparación directa injusta de la libertad entre el 17 de febrero de 2008 y el 16 de abril de 2009, una suma equivalente a 90 SMLMV a favor del directo afectado, sus hijos y progenitora; por la privación injusta de la libertad desde el 19 al 21 de septiembre de 2009 una suma equivalente a 15 SMLMV para cada uno de los referidos actores; y por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de Octavio Rafael Núñez Gómez la suma de $11.863.328.55”, y negó las demás pretensiones de la demanda. 1.4 Grado jurisdiccional de consulta, se dispuso su trámite mediante proveído de 29 de junio de 20163

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Problema jurídico

Para resolver la Litis corresponde absolver, en su orden, los siguientes problemas jurídicos (i) Acreditación del daño antijurídico (ii) Régimen de responsabilidad aplicable cuando se alega privación injusta de la libertad (iii) Si la NaciónFiscalía General de la Nación se encuentra llamada a responder de los perjuicios causados a los actores, solo en caso afirmativo (iv) Establecer si procede o no mantener la indemnización decretada por el a-quo. De conformidad con las pruebas documentales debidamente aportadas al proceso4, se tiene probado lo siguiente. 2.1 El hecho dañoso - privación de la libertad 3 (fls 491 a 492 c. Consejo de Estado) 4 Aportadas con la demanda (fls 37 a 337 c. ppal), otras solicitadas por la actora, decretadas por el Tribunal (fls 353 a 354 c. ppal) y allegas por la Fiscalía General de la Nación (20 cuadernos)

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 EXT 12056 FAX 12094 9 Expediente No 57.246 (201100577) Acción de reparación directa Si bien no se allegó certificación suscrita por el INPEC en donde conste el tiempo que el señor Octavio Rafael Núñez Gómez estuvo privado de la libertad, lo cierto es que se cuenta con otras pruebas que analizadas de manera conjunta, permiten establecer el tiempo que estuvo en situación intramural: Proceso 206-950, la Fiscalía Tercera Especializada de Bucaramanga en el año

2004 abrió investigación penal por los delitos de concierto para delinquir, hurto de combustible y homicidio agravado en perjuicio de Libardo García Granados. Mediante proveído de 14 de junio de 2005, dispuso vincular mediante indagatoria entre otros a Octavio Rafael Núñez Gómez5 y libró la respectiva orden de captura6 Mediante providencia del 19 de febrero de 2008, el Fiscal Especializado D-19 de Bogotá deja constancia que le fueron asignadas por reparto las diligencias para recepcionar la indagatoria de “OCTAVIO RAFAEL NUÑEZ GOMEZ quien se encuentra retenido en la Estación de Policía el Terminal de Transporte (…)”7. En la misma fecha rindió indagatoria8. El 21 de febrero de 2008 la Fiscalía Tercera Especializada resuelve la situación jurídica de Octavio Rafael Núñez Gómez9 y le impone medida de aseguramiento de detención preventiva por el delito de homicidio agravado (en perjuicio de Libardo García) y precluyó la investigación por los delitos de concierto para delinquir y hurto de combustible. El 22 de febrero de 2008 se notificó personalmente al sindicado la decisión en comento, diligencia que se llevó a cabo en el lugar donde se encontraba detenido Estación de Policía Terminal de Transporte de Bogotá10. La Fiscalía Quinta Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Bucaramanga al calificar el mérito del sumario 5 (fls 5562 a 5565 c. 1) 6 (fl 5586 c. 1) 7 (fls c. 3 expediente 206.905)

8 (fl 6761 c 24 original) 9 (fls 6747 a 6755 c. 24 original y 676 a 679 c. 3) 10 (c. 2)

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 EXT 12056 FAX 12094 10 Expediente No 57.246 (201100577) Acción de reparación directa mediante proveído de 2 de abril de 2009 revocó la medida de aseguramiento de detención preventiva y precluyó la investigación por el delito de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y hurto de combustible y ordenó su libertad11, providencia que quedó ejecutoriada el 28 de abril de 200912. Lo cual permite inferir que por cuenta de este proceso estuvo en situación intramural desde el 19 de febrero de 2008 hasta el 29 de abril de 2009, esto es por un tiempo de 14 meses y 10 días. El 19 de septiembre de 2009 el señor Núñez Gómez fue capturado por la Policía Metropolitana de Cartagena, la cual informó a la Fiscalía Especializada No 3 de Bucaramanga que una vez consultados los antecedentes en la base de datos “le aparece una orden de captura por el delito de concierto para delinquir consecutivo No 660951, No 237927 No Sumario 206950 fecha de decisión 14062005, fecha de los hechos 12012004”13. Detención que duró hasta el 21 de septiembre de 2009, pues el Fiscal Quinto Especializado de Bucaramanga

mediante oficio No 1030 S.206950 del 21 de septiembre de 2009 solicitó al Comandante de la Estación Metropolitana de Policía de Cartagena dejar en libertad al señor Octavio Rafael Núñez Gómez “teniendo en cuenta que la investigación de la referencia dentro de la cual se libró orden de captura No 2037927 se encuentra precluida desde el 2 de abril de 2009 y cobró ejecutoria el 28 de abril del año que avanza (…)”14, lo cual permite inferir que por omisión de la autoridad judicial respecto de la cancelación de la orden de captura, el señor Núñez Gómez estuvo privado de la libertad por tres (3) días. 2.2 Imputación de responsabilidad 11 (fls 688 a 696 c. 3) 12 (fls 6774 c. 24 original) 13 (fls 139 c.3 expediente 206.950) 14 (fls finales c. 3 Expediente 206.950)

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 EXT 12056 FAX 12094 11 Expediente No 57.246 (201100577) Acción de reparación directa 2.2 (i) La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó la jurisprudencia respecto de la responsabilidad de la administración por casos de privación injusta de la libertad mediante sentencia del 17 de octubre de 2013, expediente 23354, que se transcribe en lo pertinente: “2.3 Régimen de responsabilidad aplicable en materia de privación de la

libertad de las personas sujetas a detención preventiva dentro de un proceso penal, a quienes posteriormente se exonera de responsabilidad mediante sentencia absolutoria o pronunciamiento equivalente. 2.3.1 La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la materia. […] La Sala, en relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas dispuesta como medida de aseguramiento dentro de un proceso penal, no ha sostenido un criterio uniforme cuando se ha ocupado de interpretar y de establecer los alcances del mencionado artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 199115; en efecto, la jurisprudencia a este respecto se ha desarrollado en cuatro distintas direcciones, como en anteriores oportunidades se ha puesto de presente16. […] En tercer término, tras reiterar el carácter injusto atribuido por la ley a aquellos casos enmarcados dentro de los tres mencionados supuestos expresamente previstos en el artículo 414 del hoy derogado Código de Procedimiento Penal, la Sala añadió la precisión de que el fundamento de la responsabilidad del Estado en tales tres eventos no derivaba de la antijuridicidad de la conducta del agente del Estado, sino de la antijuridicidad del daño sufrido por la víctima, en tanto que ésta no tiene la obligación jurídica de soportarlo17, de suerte que tal conclusión se adoptaría independientemente de la legalidad o ilegalidad de la decisión judicial o 15 (Pie de página de la cita) El tenor literal del precepto en cuestión es el siguiente: “Artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado

injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”. (Resalto y subrayado ajeno al original) 16 (Pie de página de la cita) Sentencia del 4 de diciembre de 2006, exp. 13.168; sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. No. 15.463. 17 (Pie de página de la cita) Sentencia de 4 de abril de 2002, exp. 13.606.

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 EXT 12056 FAX 12094 12 Expediente No 57.246 (201100577) Acción de reparación directa de la actuación estatal o de que la conducta del agente del Estado causante del daño hubiere sido dolosa o culposa18. Finalmente y en un cuarto momento, la Sala amplió la posibilidad de declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente con base en un título objetivo de imputación, a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio in dubio pro reo, de manera tal que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente

adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que éste no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos –cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la respectiva medida de aseguramiento19–. […] 2.3.2 La responsabilidad del Estado como consecuencia de la privación injusta de la libertad a la cual se somete a la persona cuya exoneración de responsabilidad penal se produce en aplicación del principio in dubio pro reo. Durante los últimos años la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha efectuado importantes desarrollos jurisprudenciales que evidencian una clara tendencia orientada a allanar el camino hacia la aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad, en línea de principio, a supuestos en los cuales una persona se ve privada de la libertad por orden de autoridad judicial dentro de un proceso penal y posteriormente resulta exonerada de responsabilidad dentro de dicho plenario, particularmente cuando la aludida exoneración encuentra sustento en la duda que debe ser resuelta en favor del sindicado; en ese sentido se pronunció la Sala en sentencia del 4 de diciembre de 2006, en la cual se expresó que aunque la medida de aseguramiento se hubiere proferido con estricto apego a las exigencias y requisitos establecidos en

las normas vigentes, la posterior absolución del procesado determina que, salvo que se acredite la concurrencia de una causal eximente de responsabilidad como el hecho exclusivo y determinante de la víctima, ésta no tiene el deber jurídico de soportar los daños que la detención le irroga, “[Y] esa consideración no se modifica por el hecho de que la absolución se haya derivado de la aplicación del multicitado principio “in dubio pro reo”, pues la operatividad del mismo en el sub 18 (Pie de página de la cita) Sentencia del 27 de septiembre de 2000, exp. 11.601; sentencia del 25 de enero de 2001, exp. 11.413. 19 (Pie de página de la cita) Sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. 15.463.

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 EXT 12056 FAX 12094 13 Expediente No 57.246 (201100577) Acción de reparación directa júdice no provee de justo título ¾ex post¾ a una privación de libertad por tan prolongado período, si el resultado del proceso, a su culminación y de cara a la situación del aquí demandante, continuó siendo la misma que ostentaba antes de ser detenido: no pudo desvirtuarse que se trataba de una persona inocente”20. […] b. En línea con lo anterior, para la Sala resulta palmario que la procedencia de la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de las personas con ocasión de la instrucción de un proceso penal, no requiere para su operatividad de la concurrencia necesaria de

un error jurisdiccional o de un defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia o de una determinada falla en el cumplimiento de las funciones a cargo del Estado. Y es que la exigencia de yerros, de fallas, de actuaciones dolosas o gravemente culposas como presupuesto sine qua non exigible para que pueda configurarse la responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad, refleja cierta tendencia ─equivocada, por supuesto, en criterio de la Sala─ a confundir o entremezclar, indebidamente, los presupuestos de la responsabilidad patrimonial del Estado ─previstos en el inciso primero del artículo 90 constitucional─ con los de la responsabilidad personal de sus agentes ─consagrados en el inciso segundo ídem─, de suerte que con evidentes inconsistencia conceptual y transgresión constitucional, se exige para la declaratoria de la responsabilidad del primero, aquello que realmente sólo cabe constatar como requisito insoslayable de cara a la deducción de responsabilidad de los segundos. […] h. En conclusión, si se atribuyen y se respetan en casos como el sub judice los alcances que en el sistema jurídico nacional corresponden tanto a la presunción constitucional de inocencia como al principio-valor-derecho fundamental a la libertad ─cuya privación cautelar está gobernada por el postulado de la excepcionalidad, según se ha expuesto─, resulta indiferente que el obrar de la Administración de Justicia al proferir la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva y luego absolver de responsabilidad penal al sindicado en aplicación del principio in dubio pro reo, haya sido un proceder ajustado o contrario a Derecho, en el cual resulte

identificable, o no, una falla en el servicio, un error judicial o el obrar doloso o gravemente culposo del agente judicial, pues si la víctima no se encuentra en el deber jurídico de soportar el daño que le fue irrogado, devendrá en intrascendente –en todo sentido– que el proceso penal hubiere funcionado correctamente, pues lo cierto será, ante situaciones como la que se deja 20 (Pie de página de la cita) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006. Proceso: 25000-23-26-000-1994-09817-01, expediente: 13.168.

Actor: Audy Hernando Forigua Panche y otros. Demandado: Nación-Ministerio de Justicia.

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 EXT 12056 FAX 12094 14 Expediente No 57.246 (20110