PGN - DAÑO ANTIJURIDICO Principio de culpa exclusiva de la víctima
Detalles
- Título
- PGN - DAÑO ANTIJURIDICO Principio de culpa exclusiva de la víctima
- Autor
- Procuraduría General de la Nación
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Disciplinario
- Año
- —
PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por falla en el servicio Después de la valoración probatoria indicada y concluyente para determinar responsabilidad de los que incurrieron en una falla del servicio, para esta Delegada, es dable acotarse a lo decidido por el Tribunal Contencioso en primera instancia, para exonerar de responsabilidad a la Rama Judicial, al analizar a la luz del título de imputación falla en el servicio por la mora en la entrega del vehículo reclamado, liberando de obligación pecuniaria a la Rama Judicial, al demostrar que la dilación injustificada para la entrega del carro embargado se configuró la culpa de la víctima, por no constituir la póliza exigida mediante auto de fecha 22 de marzo de 1995, atado al sueño de los justos vividos, sin adelantar actuación alguna para la entrega del carro marca Dacia, solo hasta el 7 de mayo de 2004, fecha en que el Juzgado 35 penal del Circuito decide desembargar. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA-No hubo falla en el servicio Así pues, con fundamento en los breves argumentos expuestos a lo largo del presente concepto, es dable colegir, que los hechos materia de la presente demanda, no son atribuibles a título de responsabilidad administrativa a las partes demandadas (Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación) dado que no se demostró que hubieran incurrido en una omisión, o en un servicio deficiente en el ejercicio de sus funciones y obligaciones que, pudiera tenerse como la causa eficiente de los presuntos perjuicios sufridos, con ocasión de no poder usufructuar el vehículo de servicio público, debido a las dilaciones
injustificadas en la entrega del mismo durante el tiempo que duro el proceso penal, máxime cuando se demostró con los hechos probados, que las posibles fallas en que pudieron incurrir respecto a la dilación injustificada para la entrega del rodante por parte del Juzgado 35 Penal del Circuito no se configuró, debido a que el demandante siempre se negó a constituir la póliza o caución exigida por el Juez para así proceder a la entrega del vehículo involucrado dentro del proceso penal adelantado contra el actor y, con lo cual se le daba cumplimiento a lo exigido por el art. 54 del C.P.C. En consecuencia, no se puede atribuir responsabilidad administrativa a la entidad demandada por estos hechos, razón por la cual, las pretensiones de la demanda no pueden tener vocación de prosperidad, lo que obliga a concluir, que la sentencia de primera instancia deberá confirmarse. DAÑO ANTIJURIDICO-Principio de culpa exclusiva de la víctima Por lo tanto, el daño sufrido por el demandante fueron consecuencia del hecho exclusivo de la víctima, además, de no haberse demostrado la falla del servicio por parte de las demandadas (Nación – Fiscalía General de la Nación – Rama judicial) lo que conlleva a denegar las pretensiones de la demanda respecto de ellos. En concepto de esta Agencia del Ministerio Público la sentencia recurrida por la parte actora del veintitrés (23) de septiembre de dos mil once (2011) proferida por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA debe ser
CONFIRMADA, consecuentemente negando las pretensiones del actor. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co
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Expediente No.43064 (250002326000200601214-01) Evo CONCEPTO No. 168 / 2011 Bogotá, D.C 24 de mayo de 2012
SEÑORES
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente Doctor Mauricio Fajardo Gómez
E. S. D.
EXPEDIENTE: 250002326000200601214-01 (43064)
Acción de Reparación Directa
ACTOR: HENRY CARDOZO CUBIDES
DEMANDADO: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL Sentido del concepto: solicitud de Confirmar la sentencia recurrida del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del veintitrés (23) de septiembre de dos mil once (2011) / Operó el principio de Culpa exclusiva de la víctima.
No se puede alegar la propia culpa para de ella beneficiarse / La mora no es argumento de reparación, cuando la parte ha conestado con ella. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la
Ley, además de la protección de los Derechos Humanos. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co
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Expediente No.43064 (250002326000200601214-01) Evo
1. ANTECEDENTES 1.1. La Demanda El señor HENRY ALBERTO CARDOZO CUBIDES, mayor de edad y en nombre propio, a través de apoderado judicial, en ejercicio de acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, presentaron demanda, contra la NACIÓN –FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, y la RAMA JUDICIAL, en su calidad de propietario para que se les declare administrativamente responsables por los perjuicios morales y materiales sufridos, como consecuencia de supuesta falla del servicio originada con ocasión de la inmovilización del vehículo de servicio público marca DACIA, modelo 1993, tipo BREACK, número de motor 052709, serie número 0132261, placas SGJ – 186, efectuada por el Cuerpo Técnico de Investigación, Unidad Investigativa de Policía Judicial, por orden de la Fiscalía 190 Unidad Séptima de
Patrimonio. Como Hechos, aduce el accionante que dicho vehículo fue incautado dentro de proceso penal por los delitos de Concierto para Delinquir y Hurto Agravado. El Juzgado 35 Penal del Circuito declaró el 21 del septiembre de 1995 penal mente
responsable al Señor HENRY ALBERTO CARDOZO CUBIDES como coautor de los delitos mencionados. El Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal mediante sentencia del 14 de diciembre de 1996 disminuyó la condena y ratificó el delito de concierto para delinquir. El hoy demandante solicitó el desembargo del vehículo desde el 3 de marzo de 1995, sin aceptar la conducta que le imputaron, pidiendo le fueran fijados los daños causados con el fin de poder retirar el vehículo en mención, y poder solventar los gastos que en este momento estaba ocasionando (folio 108 c-3), a lo 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co
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Expediente No.43064 (250002326000200601214-01) Evo cual el Juzgado 35 Penal del Circuito accedió proponiendo una caución por ($ 5.000.000) por medio de auto del 22 de marzo de 1995, providencia a la cual el hoy demandante formuló recurso de reposición, por no estar de acuerdo en la constitución de la mencionada garantía. Sin embargo sólo hasta el 7 de mayo de 2004 se ordenó la entrega haciéndose efectiva el 1 de junio del mismo año. 1.2. La Contestación
1.2.1. RAMA JUDICIAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE
JUSTICIA contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones. Arguye que para que se considere verdadera causa de perjuicio en el caso de la falla en el servicio, debe probarse que la entidad incurrió en una conducta anormalmente deficiente. Explica que para el caso en concreto, se desarrolló el proceso penal para el demandante como coautor en los delitos de hurto calificado y agravado, caso que en primera instancia se falló culpándosele de las conductas nombradas, situación que el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal desvirtúo basándose en el "in dubio pro reo". Continúa su defensa aduciendo que dentro del sumario llevado a cabo, se incautaron unos vehículos entre ellos el de servicio público marca DACIA, el 2 de marzo de 1994. Posteriormente el 7 de mayo de 2004, el juzgado de conocimiento se pronuncia al decretar el desembargo del automotor, procediendo en derecho, notificando de tal decisión a las partes y autoridades correspondientes, sin que hubiere error judicial, ni dilaciones injustificadas. Propone como excepción la falta de causa para demandar porque el vehículo embargado estaba directamente vinculado a una investigación penal y a su vez la documentación del mencionado automotor presentaba una irregularidad al contar dos números de motor, hecho que justifica la demora en la entrega por cuanto 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co
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Expediente No.43064 (250002326000200601214-01) Evo debía entrar a verificarse dicha información con las entidades correspondientes. Propone como excepciones las siguientes: Falta de causa para demandar y la Innominada 1.2.2. La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN en el contradictorio explica que esa entidad tuvo incautado el vehículo durante la etapa de instrucción y el mencionado decomiso se llevó a cabo de manera legal, toda vez que estaba dentro de una masa de bienes que se consideraba habían sido utilizados por los procesados condenados como integrantes de una banda de piratería terrestre. Respecto del propietario del vehículo, a éste se le dictó Resolución de acusación y posteriormente sentencia condenatoria, dentro de una actuación en derecho, la cual determinó que en la etapa de investigación dentro del proceso penal seguido contra el demandante, el automotor estuviera bajo custodia de la Fiscalía, quien lo entregó desde el 2 de Junio de 1994 al Juzgado de conocimiento, fecha en la cual se declaró la calificación del mérito del sumario. 1.3. Sentencia de Primera Instancia El Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, declara la falta de legitimación por pasiva de la Fiscalía General de la Nación, y deniega las pretensiones respecto de la Rama Judicial, mediante sentencia proferida el veintitrés (23) de septiembre de dos mil once (2011), (fls. 191 a 195 C. Consejo de Estado), manifestando en resumen los siguientes argumentos: 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co
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Expediente No.43064 (250002326000200601214-01) Evo Con base en los hechos probados, encontró que no existe dilación injustificada por parte del Juzgado en mención, por cuanto el demandante siempre se negó a constituir la póliza o caución exigida por el juez para así proceder a la entrega del vehículo dentro del proceso penal que se adelantaba en su contra, negativa que se constituye en una causal de exoneración de responsabilidad del Estado, conocida como la culpa exclusiva de la víctima, la cual hace romper el nexo causal existente entre el daño y la imputabilidad. En síntesis, al presentarse en el caso objeto de la litis, la causal de exoneración de responsabilidad conocida como culpa exclusiva de la víctima, la Rama Judicial libra su responsabilidad con lo cual demuestra su proceder, dando lugar a la inexistencia en la falla del servicio, toda vez que el deber del hoy demandante era implementar una caución en efectivo o una póliza de seguro, la cual según el acervo probatorio aportado, en ningún momento se hizo, razón por la cual El Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones. 1.4. Argumentos de las Apelaciones. 1.4.1. El apoderado de la parte actora dentro del proceso referido, incoa recurso de apelación en contra de la sentencia desfavorable a sus intereses, donde en términos resumidos argumenta lo siguiente (fls. 197 a 201 del cuaderno del
Consejo de Estado): No comparte la decisión de Primera Instancia, por cuanto en este evento, no hubo ninguna CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA. Todo lo contrario, al demandante le causaron ingente daño económico causado por la omisión del Tribunal Superior de Bogotá -Sala Penal-, Corporación que al 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co
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Expediente No.43064 (250002326000200601214-01) Evo ABSOLVER al mandante por el delito contra el Patrimonio Económico, debió obligatoriamente ordenar la devolución, sin ningún condicionamiento del vehículo de placas SGJ-186, por cuanto la medida cautelar decretada contra el mismo y la orden de "pago en concreto e insolidum de los daños y perjuicios materiales ocasionados" se concretaron exclusivamente por el punible "DE HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO. Que el Código de Procedimiento Penal de 1991 en su artículo 54 disponía, que el desembargo de bienes operaba cuando el sindicado prestara caución en dinero efectivo y/o mediante póliza judicial, para garantizar el pago de los "daños y perjuicios que llegaren a establecerse". Dicha disposición no podía aplicarse al demandante, dado que fue ABSUELTO del delito por el cual estaba embargado el vehículo. Exigirle que cumpliera con la póliza para
recuperar el bien, es abiertamente contradictorio y contrario a la norma mencionada, toda ves, el Tribunal Superior de Bogotá, en el fallo de segunda Instancia, proferido el 14 de diciembre de 1995, REVOCÓ LA SENTENCIA CONDENATORIA POR EL PUNIBLE DE HURTO CALIFICADO Y AGRAVAD0, absolución que de contera lo exonera de pagar perjuicios. No puede ser inocente y culpable a la vez, ni mucho menos recibir un trato desigual, al dado a los procesados que en primera instancia fueron condenados por CONCIERTO PARA DELINQUIR. Respecto a ellos, determinó el Juzgado: "DECIMO CUARTO", Abstenerse de condenar a los procesados CIFUENTES PRECIADO, GARAVITO SEPÚLVEDA, y MONCADA CARZON al pago de daño y perjuicio alguno toda vez que con el delito que cometieron el sujeto pasivo es el Estado, luego no hay lugar a indemnización alguna ". 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co
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Expediente No.43064 (250002326000200601214-01) Evo
II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO
2.1. Problema Jurídico. Puede ser expresado en los siguientes términos: 2.1.1. ¿Se puede afirmar que la conducta desplegada por las entidades
demandadas – Nación –Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación, fue la causa eficiente que generó las dilaciones injustificadas en la entrega del vehículo de servicio público, lo cual impidió que fuera usufructuado, y que le produjo supuestamente un daño antijurídico al señor HENRY CARDOZO CUBIDES? 2.1.2. ¿Estaba el actor en la obligación de constituir póliza judicial para garantizar lo dispuesto por el artículo 54 del C.P.P. de 1991? 2.1.3. ¿Operó la culpa exclusiva de la víctima en el retardo demostrado para la entrega del vehículo cobijado con medida cautelar? 2.2. Marco Teórico. Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Agencia del Ministerio
Público: 8
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Expediente No.43064 (250002326000200601214-01) Evo 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado. La responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política. Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos:
“a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” Cuando se invoca la figura de la falla del servicio como título de imputación responsabilidad al Estado, tal y como ocurre en la presente demanda, para que surja el deber de resarcimiento patrimonial a cargo del primero, se deben dar los siguientes elementos: a) Una actuación irregular del Estado b) El daño antijurídico c) El nexo de causalidad entre el daño y el actuar activo u omisivo de la administración 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co
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Expediente No.43064 (250002326000200601214-01) Evo El Tribunal trae a colación el siguiente proveído del Consejo de Estado con ponencia del Dr. Ramiro Saavedra Becerra del 24 de febrero de 2005 Rad 8500123-31-000-1993-00074-01(14170), donde se dijo: "De conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado tiene el deber de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, norma que le sirve de fundamento al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo que consagra la acción de reparación directa, cuyo ejercicio dio origen al presente proceso y que establece la posibilidad que tiene el interesado de demandar la reparación del daño cuando su causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa. No obstante que la norma constitucional hace énfasis en la existencia del daño antijurídico como fuente del derecho a obtener la reparación de perjuicios siempre que el mismo le sea imputable a una entidad estatal, dejando de lado el análisis de la conducta productora del hecho dañoso y su calificación como culposa o no, ello no significa que la responsabilidad patrimonial del Estado se haya tornado objetiva en términos absolutos, puesto que subsisten los diferentes regímenes de imputación de responsabilidad al Estado que de tiempo atrás han elaborado tanto la doctrina como la jurisprudencia, entre ellos el de la tradicional falla del servicio, dentro del cual la responsabilidad surge a partir de la comprobación de la existencia
de tres elementos fundamentales: el daño antijurídico sufrido por el interesado, el deficiente funcionamiento del servicio, porque no funcionó cuando ha debido hacerlo, o lo hizo de manera tardía o equivocada, y finalmente, una relación de causalidad entre este último y el primero, es decir, la comprobación de que el daño se produjo como consecuencia de la falla del servicio." 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co
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Expediente No.43064 (250002326000200601214-01) Evo 2.2.2. La causa eficiente. Igualmente, esa Corporación en sentencia del 20 de abril de 2005, mismo Consejero Ponente Ramiro Saavedra Becerra, se refirió a la causa eficiente del daño, como la que se considera fundamento u origen de algo: "La doctrina ha señalado que la causa eficiente es lo que se considera como fundamento u origen de algo; basta la verificación de la relación antecedenteconsecuente para que pueda sostenerse que un hecho es productor y otro el producido, uno el engendrante y otro el engendrado. No interesa en la consideración meramente física si el encadenamiento es próximo o remoto, cercano o alejado en el tiempo o en el espacio: basta que ocurra, que exista, que se dé. "Cualquier suceso natural o hecho humano es susceptible de generar repercusiones que se expanden por todo el ámbito social al
entrelazarse con otros hechos o acontecimientos que son, a su vez, consecuencia de sucesos anteriores. Esta expansión en el espacio y en el tiempo ocurre en círculos concéntricos, parecidos a los que produce una piedra al caer en el agua tranquila de un estanque; cuanto más alejados están del lugar del impacto, más débiles o imperceptibles se tornan por lo regular tales efectos". 2.2.3. La carga probatoria. En ese orden de ideas, tal y como señala el Código de Procedimiento Civil Art. 177 y concordantes, la carga probatoria incumbe al interesado, por ende, le corresponde al demandante demostrar en forma plena y completa los actos y hechos jurídicos alegados, ya que ninguna de las partes goza en el proceso colombiano de un privilegio especial que permita tener por ciertos los hechos simplemente enunciados en su escrito, sino que cada una de ellas deberá acreditar sus propias afirmaciones. Así lo ha repetido el Consejo de Estado, v. gr.: 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co
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Expediente No.43064 (250002326000200601214-01) Evo "Al respecto, no debe olvidarse que la carga de la prueba es una regla de nuestro derecho probatorio consagrada en el artículo 1 del C. de P. Civil, 77 de acuerdo con el cual "Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho
de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen... "; dicho en otras palabras: para lograr que el juez dirima una controversia de manera favorable a las pretensiones, le corresponde al demandante demostrar en forma plena y completa los actos o hechos jurídicos de donde procede el derecho o nace la obligación, máxime si ninguna de las partes goza en el proceso colombiano de un privilegio especial que permita tener por ciertos los hechos simplemente enunciados en su escrito, sino que cada una de ellas deberá acreditar sus propias aseveraciones. Cabe recordar que la carga de la prueba consiste en una regla de juicio, que le indica a las partes la responsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las pretensiones o a la defensa resulten probados; en este sentido, en relación con los intereses de la parte demandante, debe anotarse que quien presenta la demanda, sabe de antemano cuáles hechos le interesa que aparezcan demostrados en el proceso y, por tanto, sabe de la necesidad de que así sea, más aún tratándose del sustento mismo de la demanda y de los derechos que solicita sean reconocidos."' 2.2.4. Vía de Hecho. Al respecto la Corte Constitucional se ha manifestado sobre el tema, entre otras en la sentencia dentro del Expediente T-75.675 Procedencia: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Tema: Vías de hecho. Magistrado Ponente: Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA Santafé de Bogotá, D.C., quince (15) de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), SOBRE EL TEMA SOSTUVO:
"VIA DE HECHO-Concepto Las "vías de hecho" implican una decisión judicial contraria a la Constitución y la Ley, que desconoce la obligación del Juez de pronunciarse de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y según las pruebas aportadas al mismo. Los servidores públicos y específicamente los funcionarios judiciales, no pueden interpretar y aplicar las normas en forma arbitraria, pues ello implica abandonar el ámbito de la legalidad y pasar a formar parte 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co
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Expediente No.43064 (250002326000200601214-01) Evo de actuaciones de hecho contrarias al Estado de derecho... " 2.2.7. Culpa exclusiva de la victima - Acerca de la eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima el Consejo de Estado en diversa jurisprudencia se ha manifestando diciendo que: “Las tradicionalmente denominadas causales eximentes de responsabilidad -fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctimaconstituyen diversos eventos que dan lugar a que devenga jurídicamente imposible imputar, desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad por los daños cuya causación da lugar a la iniciación del litigio, a la persona o entidad que obra como demandada dentro del mismo. En relación con todas ellas, tres son los elementos cuya concurrencia
tradicionalmente se ha señalado como necesaria para que sea procedente admitir su configuración: (i) su irresistibilidad; (ii) su imprevisibilidad y (iii) su exterioridad respecto del demandado. Por otra parte, a efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder activo u omisivo de aquélla tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. En ese orden de ideas, resulta dable concluir que para que el hecho de la víctima tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal, es necesario que la conducta desplegada por la víctima sea tanto causa del daño, como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada, pues en el evento de resultar catalogable como una concausa en la producción del daño no eximirá al demandado de su responsabilidad y, por ende, del deber de indemnizar, aunque, eso sí, habrá lugar a rebajar su reparación en proporción a la participación de la víctima.”1 2.2.8. EL ordenamiento Jurídico en torno a la culpa exclusiva de la víctima dice: artículo 70 de la ley 270 de 1996, CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya 1 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del veintiocho 28 de abril de 2010.
Radicado: 18562. Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez.
13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co
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Expediente No.43064 (250002326000200601214-01) Evo actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado. 2.2.9. La Corte Constitucional - Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, , en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el artículo 70 de la Ley 270 del mismo, 'bajo las condiciones previstas en esta providencia.' “Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (Art. 95-7 C.P.), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguno, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la
norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual 'nadie puede sacar provecho de su propia culpa'. 2.3 Las Pruebas obrantes. Obran los siguientes en el plenario: De fls 78 – 79 c. 1, copias auténticas de todas las peticiones presentadas para la devolución del vehículo y las resoluciones que resolvieron las mismas dentro del proceso penal. 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co
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Expediente No.43064 (250002326000200601214-01) Evo A fls.1 a 223 c. 3, copia de la sentencia dictada dentro del proceso penal por el H. Tribunal Superior de Bogotá seguido contra el señor Henry Cardozo Cubides. A fl. 277 del c.3, auto del 22 de marzo de 1995 mediante el cual el Juzgado 35 Penal del Circuito, ordenó al hoy demandante constituir póliza o prestar caución previo a la entrega del vehículo. Decisión recurrida y confirmada. A fls. 93 c.3, respuesta dada en forma negativa, al requerimiento de entrega del vehículo por parte del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, hasta tanto no constituyera la caución en interés. 2.4. Caso Concreto 2.4.1. Se acreditó en el plenario que dentro de la causa penal No. 5464,
adelantada por el Juzgado 35 Penal del Circuito de Bogotá, se dictó sentencia condenatoria contra el señor Henry Cardozo Cubides y otros, por los punibles de Concierto para Delinquir y el delito de Hurto calificado y agravado, decisión impugnada ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de esta ciudad, quienes revocan la medida respecto a los delitos de Hurto calificado y agravado, dejando inmodificado el de Concierto para Delinquir; además no resolviendo la devolución del vehículo de servicio público cobijado con medida cautelar de emb
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