PGN-DAÑO ANTIJURIDICO-Requerimientos

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Lesiones y daños sufridos en accidente por deficiente alumbrado público RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Por acción o por omisión El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. RESPONSABILIDAD GENERAL DEL ESTADO-Elementos/DAÑO ANTIJURÍDICO-Culpa como elemento tradicional de la responsabilidad/IMPUTACIÓN-Definición Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, con fundamento en la evolución legislativa y jurisprudencial española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportar; presentándose un desplazamiento de la culpa, que era el elemento tradicional de la responsabilidad, para radicarla en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. Finalmente, en cuanto a la imputación, no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Aplicación de los elementos estructuradores en que descansa en la culpa/PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA-Aplicabilidad jurisprudencial del Consejo de Estado A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos

estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que se soporta en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. CLÁUSULA GENERAL DE RESPONSABILIDAD-Se configura por la falla en el servicio según regulación constitucional RESPONSABILIDAD SUBJETIVA-Falla del servicio según jurisprudencia del consejo de Estado Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750

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IUS-2013-219037 RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Elementos que la estructura por falla en el servicio según jurisprudencia del Consejo de Estado RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Se debe probar la existencia del daño así como la falla por acción o por omisión De acuerdo con las pautas jurisprudenciales ante referidas, con el fin de estructurar la responsabilidad del Estado por falla del servicio, se debe probar no sólo la existencia de un daño, sino también la existencia de una acción u omisión atribuible

a las autoridades y, adicionalmente, que entre esas conductas y el daño exista un vínculo o conexión inescindible. Ahora bien, en los casos en que la administración ha incumplido su obligación de señalización y mantenimiento con ocasión de la ejecución de una obra, es decir, cuando los daños tienen por origen la omisión, defectuosa o tardía señalización de las vías públicas, el estudio de la responsabilidad del Estado debe abordarse bajo el régimen de responsabilidad subjetiva por falla del servicio…. DAÑO ANTIJURÍDICO-Originado en omisión, defectuosa o tardía señalización de vías públicas según jurisprudencia del consejo de Estado PRUEBAS ADMISIBLES-Regulación legal APORTACIÓN DE DOCUMENTOS-Regulación legal VALOR PROBATORIO DE COPIAS SIMPLES-Regulación legal VALOR PROBATORIO DE LAS COPIAS-Requisitos Sin embargo, aún cuando la ley autoriza que dichos documentos sean presentados en copia, para que ésta tenga el mismo valor del documento original debe cumplir uno de los siguientes requisitos: 1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada. 2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente. 3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa.

SEGUROS OBLIGATORIOS PARA TRANSITAR-Regulación legal

OBLIGACIÓN DE TRANSITAR EN CARRIL DEMARCADO-Regulación legal

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IUS-2013-219037 VEHÍCULO EN MOVIMIENTO-Regulación legal UTILIZACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO-Regulación legal REDUCCIÓN DE VELOCIDAD-Regulación legal LUCES EXTERIORES DE LOS AUTOMOTORES-Regulación legal 3

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IUS-2013-219037

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Bogotá, 4 de julio de 2013

Doctora

STELLA CONTO DEL CASTILLO

Consejero Ponente Sección Tercera - Subsección B

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Referencia: Concepto 13-123

Acción: Reparación Directa Radicado: 2700-1233-1000-2011-00108-01 (46.712)

Actor: Freddy Cleofas Perea Ibarguen y otros

Demandado: Municipio de Quibdó-Dirección Municipal de

Tránsito y Transporte de Quibdó-Unión Temporal Iluminación Quibdó.

Honorable Señor Consejero: El proceso de la referencia se encuentra en conocimiento del H. Consejo de Estado para decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Choco que denegó las pretensiones de la demanda, trámite dentro del cual esta agencia del Ministerio Público en su condición de sujeto procesal especial, interviene para emitir concepto de fondo.

ANTECEDENTES

1. Demanda En ejercicio de la acción de reparación directa, por intermedio de apoderado

judicial, los señores Fredy Cleofas Perea Ibarguen, Luz Carmela Ibarguen 4

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IUS-2013-219037 Mosquera, Cleofas Perea Caicedo, Elkin Samir Perea Ibarguen, Paola Perea Ibarguen y Andrés Mauricio Perea Ibarguen, solicitaron al Tribunal Administrativo del Choco declarar administrativamente responsable a la NaciónMunicipio de Quibdó-Dirección Municipal de Tránsito y Transporte de Quibdó-Unión Temporal Iluminación Quibdó, por las lesiones personales que sufrió el señor Fredy Cleofas Perea Ibarguen el 3 de enero de 2009 como consecuencia del accidente de tránsito producido en la Carrera 7 con Calle 26 y 27, en el cual el vehículo de placas OLL73 “fue chocado por un conductor de una motocicleta bóxer placas YDK88 (…)”. Como fundamento de sus pretensiones, narran los demandantes que el señor Fredy Cleofas Perea se encontraba conduciendo una motocicleta de placas OLLL73 “(…) y luego de pasar la bomba de gasolina en frente al colegio carrasquilla industrial –Zona Escolar, fue chocado por el conductor de una motocicleta bóxer placas YDK88, de nombre ANDRADES VALENCIAS CRISTIAN., quedando de inmediato inconsciente, donde inmediatamente fue trasladado al HOSPITAL SANFRANCISCO DE ASIS. Donde fue atendido y se le prestaron los primeros auxilios, siendo finalmente trasladado a la ciudad de Medellín-HOSIPTAL SANVICENTE DE PAUL Y CLINICA LEON XIII, donde fue sometido a varias

intervenciones quirúrgicas (…). Indicaron los demandantes que el accidente de tránsito se produjo por “(…) las precarias condiciones de visibilidad del lugar, pues en el momento del accidente se pudo constatar que el sitio estaba totalmente oscuro ante la FALTA DE ALUMBRADO PÚBLICO, pues las farolas de alumbrado de toda la cuadra no se encontraban en funcionamiento, como así se pudo constatar por las personas moradoras del sector y testigos presentes, como al igual se verifica por el material fotográfico adjuntó a la presente demanda” Asimismo, señalaron que era “(…) tal el grado de oscuridad, que el croquis se hizo con dificultad por parte del personal de la policía, como al igual se presentaba dificultad en la identificación de las personas presentes ver fotografías tomadas al personal de la policía y del lugar donde se observa la carencia del alumbrado público en el sector. No existían señalización en el lugar, lo que fue determinante en el accidente”. 5

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IUS-2013-219037 Como consecuencia de lo anterior, los accionantes consideran que “(…) el daño antijurídico causado a mis poderdantes, le es imputable única y exclusivamente al MUNICIPIO DE QUIBDO-DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE en solidaridad al consorcio ILUMINACION QUIBDO, Entidades que demando de conformidad con el régimen de la Falla del servicio, toda vez que, existiendo una obligación y deber jurídico previo, la Entidad pública omitió su cumplimiento causando los perjuicios patrimoniales y extra patrimoniales que se buscan sean resarcidos”.

2. Contestación 2.1. Dirección Municipal de Tránsito y Transporte de Quibdo El accionado se opuso a las pretensiones de la demanda aduciendo la inexistencia de un nexo de causalidad por cuanto al “(…) momento del accidente existía un contrato de concesión del alumbrado público con vigencia actualmente a favor de la concesión iluminemos Quibdó, es decir quien debe responder por el alumbrado público es la concesión y la causal del accidente fue la falta de iluminarías en el sector el único responsable es la concesión iluminemos

Quibdó”. Por otro lado, señaló que la acción de reparación directa para el caso concreto había caducado y por ende las pretensiones de la demanda debían desestimarse. Al respecto indicó: Como bien se sabe el accidente ocurrió el día 03 de enero de 2009, a eso de la 1:12 a.m, y la conciliación prejudicial ante los procuradores judiciales fue realizada el día 18 de Marzo de 2011, se denota claramente que la acción ya se encontraba inmersa en la caducidad, es decir si la conciliación prejudicial se realizo en un tiempo extemporáneo, es de simple lógica que la demanda de reparación directa no debe prosperar puesto que el juez debe decretar de oficio la caducidad de la acción consagrada en el artículo 136 del código contencioso administrativo. 6

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IUS-2013-219037 2.2. Municipio de Quibdó. A su turno, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones de la misma, para lo cual manifestó que no existe un nexo de causalidad entre el accidente

y la actuación de la administración que permita acreditar su responsabilidad, toda vez que el accidente se produjo como consecuencia del hecho de un tercero aunado a una culpa exclusiva de la víctima por incumplimiento de las normas de tránsito. Explica el demandado: Como lo indica el informe de policía de tránsito, la vía se encontraba en perfecto estado que posibilitaba de manera segura el tránsito, el accidente se presento como consecuencia de la conducción negligente e imprudente del hoy demandante, por cuanto de haber conducido de forma cuidados y prudente no se hubiera presentado el mismo, como consecuencia de ello los daños sufridos deben ser indemnizados por su causante, es decir el conductor de la otra motocicleta que choco de manera aparatosa al demandante. Como se encuentra acreditado que el accidente se presentó como consecuencia de la imprudencia de los conductores y los daños fueron producto de una colisión entre dos automotores, no existe nexo de causalidad entre este y la actuación de la administración municipal en tal sentido no están llamadas a prosperar las pretensiones de la demanda.

3. Sentencia Por decisión del 14 de febrero de 2013 el Tribunal Administrativo del Choco denegó las pretensiones de la demanda aduciendo que en el caso concreto concurre una de las causales eximentes de responsabilidad, esto eso, la culpa exclusiva de la víctima, y por lo tanto, no es procedente declarar la responsabilidad del Estado. Al respecto indicó: De acuerdo con el acervo probatorio referenciado, se tiene que la conducta de la víctima fue determinante en la producción del daño.

En efecto, obran en el proceso pruebas suficientes (croquis de

levantamiento de accidente de tránsito, testimonio agente de policía) sobre la culpa exclusiva y determinante de la víctima, por cuanto la 7 5aCdeE/IJJ/JFTV IUS-2013-219037 conducta desarrollada por ésta influyó decididamente en la producción del resultado dañoso, configurándose, por tanto, una causal excluyente de responsabilidad. Lo anterior, por cuanto debiendo respetar las normas de tránsito, la víctima las desconoció. Así las cosas, aunque la parte demandante acreditó que la víctima sufrió graves lesiones como consecuencia del impacto contra otra motocicleta aduciendo falta de iluminación de la vía y el mal estado en que se encontraba el reductor de velocidad, no hay lugar a declarar la responsabilidad de la entidad demandada porque se demostró que el resultado es imputable de manera exclusiva a la víctima quien con su actuación propició de manera directa e inmediata la materialización del riesgo de esa actividad peligrosa, que habría podido ser evitada si ésta hubiera actuado con la prudencia y cuidado que se le imponían, no siendo posible imputar responsabilidad a terceros en la producción del daño, puesto que fue la víctima quien colisionó con su vehículo a otro motociclista. Asimismo, se afirmó en la demanda que la vía se encontraba a oscuras debido a la falta de iluminarías, hecho este que tampoco releva la causa determinante del accidente, pues como ya se anotó, el actuar imprudente de la víctima al invadir el carril contrario sin precaución fue lo que propició el resultado dañoso, además si bien era obligación de las demandadas cumplir con la iluminación del

sector a efector de evitar un insuceso como el que se demanda, es deber de los conductores de vehículos utilizar las luces mientras éste se encuentre en movimiento, luces que se presumen fueron usadas por los motociclistas, ya que no se afirmó lo contrario en el libelo de la demanda, de lo que se descarta que el accidente se haya ocasionado por la carencia de luminarias en la vía.

4. Apelación.

Parte Actora Inconforme con lo decidido por el Tribunal Administrativo a quo, la parte demandante interpuso recurso de apelación, en el cual solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia y en consecuencia se despachen favorablemente las pretensiones de la demanda, para lo cual sostuvo que:

1. No está probado en el proceso la culpa exclusiva de la víctima que aduce el juzgador de primera instancia en la sentencia 205 de 14 de febrero de 2013.

2. No está demostrado en el proceso que mi cliente hubiere provocado el accidente como consecuencia del haber invadido , el

8 5aCdeE/IJJ/JFTV IUS-2013-219037 carril evadiendo supuestamente el reductor de velocidad, que tiene como función primordial una FUNCION PREVENTIVA.

3. El Aquo, al decidir mediante sentencia no valoro las pruebas aportadas al proceso en su conjunto, pero si le dio valor probatorio al testimonio del AG del tránsito CRISTIAN YAIR SOTO, que al momento del accidente no se encontraba en el lugar de los hechos.

CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 5 . Problema Jurídico Conforme con las pruebas recaudadas dentro del proceso, le corresponde a

este despacho emitir sus observaciones en cuanto a si se configura o no la responsabilidad del estado por el accidente de tránsito ocurrido el día 3 de enero de 2009 como consecuencia del accidente de tránsito producido en la Carrera 7 con Calle 26 y 27, que, según los demandantes, les ocasionó perjuicios de índole material y moral. Para tal efecto, será menester determinar si ciertamente concurren todos los elementos que configuran la responsabilidad del Estado -pues la falta de uno de los elementos requeridos deviene necesariamente en el repudió de las pretensiones de la demanda-, es decir, la existencia de un daño antijurídico, el factor de imputación y el nexo de causalidad entre el primero y el segundo.

6. Análisis Jurídico El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. 9

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IUS-2013-219037 Frente al primero, con fundamento en la evolución legislativa y jurisprudencial española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportar; presentándose un desplazamiento de la culpa, que era el elemento tradicional de la responsabilidad, para radicarla en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o

antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. Finalmente, en cuanto a la imputación, no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que se soporta en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. Sin perder de vista la cláusula general de responsabilidad contenida en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991, siguiendo la evolución jurisprudencial del Consejo de Estado respecto de la falla en el servicio, título de imputación principal en que se estructura el régimen de responsabilidad subjetiva, esa alta corporación ha expresado lo siguiente: “La Sala, de tiempo atrás ha dicho que la falla del servicio ha sido en nuestro derecho, y continua siendo, el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado; en efecto, si al Juez Administrativo le

10 5aCdeE/IJJ/JFTV IUS-2013-219037 compete una labor de control de la acción administrativa del Estado y si la falla del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de una obligación a su cargo, no hay duda de que es ella el mecanismo más idóneo para asentar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual. (…) la falla del servicio o la falta en la prestación del mismo se configura por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo. El retardo se da cuando la Administración actúa tardíamente ante la ciudadanía en prestar el servicio; la irregularidad, por su parte, se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan y la ineficiencia se da cuando la Administración presta el servicio pero no con diligencia y eficacia, como es su deber legal. Y obviamente se da la omisión o ausencia del mismo cuando la Administración, teniendo el deber legal de prestar el servicio, no actúa, no lo presta y queda desamparada la ciudadanía.1” La misma Corporación, en cuanto a los elementos que estructuran la responsabilidad del Estado por la falla del servicio, ha dicho: “Así las cosas, no debe perderse de vista que para la prosperidad de la acción de grupo y, por ende, para que el sentenciador pueda ordenar la reparación pretendida, deben estar acreditados con las pruebas que obran en el proceso los elementos que estructuran la responsabilidad extracontractual por falla del servicio a saber: i) la existencia de un daño, lesión o menoscabo de tipo patrimonial o

moral, cierto y determinado, que afecta de forma individual a una pluralidad de sujetos; ii) la conducta activa u omisiva de la autoridad que lo infiere; y iii) la relación de causalidad entre ésta y aquél, es decir, que el daño se originó como consecuencia directa de la actuación atribuida a la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. 2 Por lo demás, como criterio de identificación para la determinación de la falla del servicio, en forma constante la jurisprudencia ha dicho que, por regla general, “…las obligaciones a cargo de la 1 Sentencia proferida el 7 de abril de 2001. Magistrado Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez. Radicado No. 52001-23-31-000-1999-00518 – 01 (20750). Actor: Alicia Margoth Montilla y otros. 2 La responsabilidad patrimonial por falla del servicio, como se ha manifestado por la Corporación de tiempo atrás, se configura por los siguientes elementos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta o falla de que se trata, no es la personal del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración; “b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o ha dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano;“c) Un daño que, implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho, bien sea civil, administrativo,

etc., con las características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc.; “d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual aún demostrada la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 28 de octubre de 1976, C.P. Jorge Valencia Arango. 11 5aCdeE/IJJ/JFTV IUS-2013-219037 administración (…) deben ser determinadas, especificadas, por las leyes o los reglamentos que se expidan para precisar las funciones que a cada organismo administrativo haya de ejecutar…”3(…)”4 De acuerdo con las pautas jurisprudenciales ante referidas, con el fin de estructurar la responsabilidad del Estado por falla del servicio, se debe probar no sólo la existencia de un daño, sino también la existencia de una acción u omisión atribuible a las autoridades y, adicionalmente, que entre esas conductas y el daño exista un vínculo o conexión inescindible. Ahora bien, en los casos en que la administración ha incumplido su obligación de señalización y mantenimiento con ocasión de la ejecución de una obra, es decir, cuando los daños tienen por origen la omisión, defectuosa o tardía señalización de las vías públicas, el estudio de la responsabilidad del Estado debe abordarse bajo el régimen de responsabilidad subjetiva por falla del servicio. Al respecto ha señalado: Específicamente en cuanto a los daños antijurídicos originados en la omisión, defectuosa o tardía señalización de las vías públicas, la

Sección Tercera del Consejo de Estado ha insistido siempre que solamente se indemnizan cuando se han producido por la falla en el servicio probada de la administración. En efecto, han sido frecuentes los casos en los que la omisión o la indebida señalización constituyen la causa del daño indemnizable, para lo cual es determinante el análisis concreto de las circunstancias de modo, tiempo y lugar. A manera de ejemplo, se tienen los casos en que la Sala debió analizar si el deslizamiento intempestivo de tierras exigía la adopción inmediata de señales preventivas, o si es indemnizable el daño generado por la omisión de medidas preventivas que informen cambios transitorios en las vías públicas, o si es indispensable, para efectos de no generar responsabilidad del Estado, la señalización de sitios de alto riesgo, o si es exigible la señalización de vías en reparación, o si constituye una falla en el servicio la simple indicación, con señales rudimentarias, de obstáculos en la vía pública. Así las cosas, es claro que para derivar la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado por las deficiencias u omisiones en la señalización de vías públicas es indispensable demostrar, a más del daño antijurídico y el nexo causal, la falla en el servicio consistente en el desconocimiento de 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 30 de junio de 1990, Exp. 3510, C.P. Antonio J. Irisarri Restrepo. En igual sentido, Sentencia de 27 de abril de 1989, Exp. 4992. 4 Consejo de Estado - sala de lo contencioso administrativo - seccion tercera - consejera ponente: Ruth

Stella Correa Palacio - Bogotá d.c., dieciséis de abril (16) de dos mil siete (2007) - radicación número: 25000-23-25-000-2002-00025-02(ag). 12 5aCdeE/IJJ/JFTV IUS-2013-219037 los deberes de la administración de vigilar la realización de las obras públicas, controlar el tránsito en calles y carreteras y prevenir los riesgos que con ellos se generan5. De acuerdo con lo citado, esta delegada abordará el análisis del sub examine y emitirá su concepto con basamento en régimen subjetivo por falla en la prestación del servicio, de suerte que, para la configuración de la responsabilidad en cabeza del Estado, el demandante deberá acreditar el daño, el nexo de causalidad y la falla en la prestación del servicio.

7. Hechos Acreditados y Validez de las pruebas Previo adentrarnos en el análisis del caso objeto de estudio, resulta pertinente señalar que en relación con las pruebas documentales allegadas al proceso, sólo es dable realizar una valoración de éstas cuando las mismas se encuentren con la debida autenticación.

En ese sentido, el artículo 1686 del Código Contencioso Administrativo, en relación con las pruebas admisibles en los procesos ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, remite al Código de Procedimiento Civil, el cual, frente a las pruebas documentales, autoriza que las mismas se aporten en copia ya sea mediante reproducción mecánica o transcripción7.

Sin embargo, aún cuando la ley autoriza que dichos documentos sean presentados en copia, para que ésta tenga el mismo valor del documento original debe cumplir uno de los siguientes requisitos8: 5 Consejo de Estado, sección tercera, sentencia del 6 de julio de 2006, radicado: 19001-23-31-0001993-06001-01(15001). C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. 6 ARTICULO 168. Pruebas Admisibles. En los procesos ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo se aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas de este Código, las del Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración. 7 ARTICULO 253. Aportación De Documentos. <: Modificado por el Decreto 2282 de 1989, Artículo 1. Numeral 116, el nuevo texto es el siguiente:> Los documentos se aportarán al proceso originales o en copia. Esta podrá consistir en transcripción o reproducción mecánica del documento 8ARTICULO 254. Valor Probatorio De Las Copias. <: Modificado por el Decreto 2282 de 1989, Artículo

1. Numeral 117.

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IUS-2013-219037

1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada.

2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente.

3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en

el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa. Conforme a lo expuesto, cabe aseverar que para caso objeto de estudio, únicamente se tendrán como pruebas dentro del proceso los siguientes documentos: 1) A folio 160 a 167 del cuaderno 1 reposa el Informe Ejecutivo –FPJ-3emitido por la Policía Judicial, el cual da cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se presentaron los hechos objeto de la demanda. En este informe se reseña lo siguiente: Los hechos se presentaron el día 03 de enero a eso de las 01:15 horas aproximadamente cuando nos encontrábamos en patrullaje de tránsito cinco, la central de radio de la Policía Nacional nos informa de un accidente de tránsito ocurrido en la carrera 7 frente al colegio carrasquilla, llegamos al lugar constatando de que efectivamente habían colisionado dos motocicletas, los lesiones se en contraban (sic) en la clínica vida se realizó el croquis, y las motocicletas se encuentran en el parqueadero del ancianato características de las motocicletas, motocicleta Marca Suzuki, línea Best, color Azul, particular, motor n° F453TH619571, Chasis n° 9FSBF44P96C118967, de placa OLL73, la cual quedo en el piso con dirección hacía la calle 27.- motocicleta Placa YDK-88 Marca Auteco, Linea Boxer, color Negro, Particular; Mtor n° DUMBML75401, Chasis n° MD2DDDUZZMWL93668, la cual quedo sobre ruedas con dirección hacia la calle 28.

1. A folio 164 del cuaderno 1 obra el Informe de Accidente de Tránsito

(Croquis) realizado por la Secretaría de Tránsito y Transporte MunicipalIbagué, en el cual se deja constancia que el accidente ocurrió el 3 de enero de 2009 entre los vehículos (motocicleta) de placas OLL73 –Freddy Cleofas Pereay el vehículo (motocicleta) de placas YDK88 –José Robinson Murillo-, en la localidad de Quibdó en la Carrera 7 con Calle 26 y 27. 14

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IUS-2013-219037 En relación con las características de la vía, del informe se desprende que se trataba de una zona urbana, escolar y de ciclorruta con vía recta, plana y con doble calzada, dos carriles con una amplitud de 8.57 metros –lo que significa que cada carril tenía una anchura de 4.28 metros-, que se encontraba en buen estado, con señales de velocidad, reductor de velocidad y, sin iluminación. Así mism