PGN - DAÑO ANTIJURIDICO Surge por acción u omisión de los agentes del estado

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Perjuicios morales y materiales como consecuencia de falla del servicio INTERVENCIÓN AD EXCLUDENDUM-Regulación legal El artículo 53 del C.P.C., otorga a un tercero la posibilidad de hacerse parte dentro de un proceso, en el que considere tener mejor o igual derecho que el demandante y el demandado, para que el reconocimiento pretendido se haga en favor suyo y no de uno de aquellos. INTERVENCIÓN AD EXCLUDENDUM-Requisito primigenio identidad de causa y objeto No obstante lo anterior, en criterio de ésta Agencia del Ministerio Público, las pretensiones del interviniente Ad Excludendum no están llamadas a prosperar, pues como se verá la relación jurídica en entre éste y los beneficiarios del causante, es distinta a la que existe entre los aquí demandantes y el Municipio de Medellín, dado que cada una de estas situaciones de derecho tiene un origen y finalidad distinta; lo que al rompe, denota una clara diferencia entre lo que eventualmente podría pretender el interviniente, frente a lo que reclaman los demandantes, avizorándose que las pretensiones de la aseguradora adolecen desde ya de falta de identidad de causa y objeto, requisito primigenio para que eventualmente procediera la figura de la subrogación que demanda frente al igual o mejor derecho que considera le asiste para desplazar y/o excluir a la parte actora, ante una eventual declaratoria de responsabilidad del Municipio de Medellín. RELACIÓN JURÍDICA DE LAS PARTES-Daño creado/DAÑO ANTIJURÍDICOSurge por acción u omisión de los agentes del Estado/INTERVENCIÓN AD EXCLUDENDUM-La reclamación es en causa y objeto diferente a la de las

partes De otra parte, tenemos que la relación jurídica de los aquí demandantes con la administración, en este caso el Municipio de Medellín, surge es en el daño creado, esto es, que acorde con lo dispuesto en el artículo 90 superior, en aplicación de los principios de equidad y de igualdad frente a las cargas públicas, cuando el Estado por la acción y omisión de uno de sus agentes ocasiona un daño antijurídico los administrados, surge para el primero el deber de indemnizar los perjuicios que ese d¿o antijurídico llegase a ocasionar a los segundos, de donde se sustrae que la relación jurídica en este caso, es de índole netamente extracontractual, que surge por la causación el daño en sí y no por la prexistencia de una relación legal y/o contractual, lo que nos lleva a concluir que los orígenes de las dos relaciones jurídicas esbozadas son distintos, lo que por ende, hace que el derecho reclamado por los actores sea diferente al que reclama el interviniente ad Excludendum, pues pese a que a prima facie parecieran similares, no lo son, ya que como se dijo en renglones precedentes, su causa y objeto son completamente distintos…… INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS-Aplicabilidad jurisprudencial del consejo de estado _________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 050012331000-2001-02267-01 (45.189) Demandantes: Ana Marlenys Zabala Hernández y otros RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Por acción o por omisión

El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. RESPONSABILIDAD GENERAL DEL ESTADO-Elementos/DAÑO ANTIJURÍDICO-Culpa como elemento tradicional de la responsabilidad/IMPUTACIÓN-Definición Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportar, presentándose un desplazamiento de la culpa, que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Aplicación de los elementos estructuradores en que descansa en la culpa A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías

que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA-Aplicabilidad jurisprudencial del Consejo de Estado RÉGIMEN OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD-Se actúa en ejercicio de funciones/RÉGIMEN OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD-Corresponde a las demandadas demostrarla Se ha sostenido en reiterados fallos del Consejo de Estado, que cuando se trata del uso de las armas por parte de los miembros de la fuerza pública, se pueden presentar casos en los cuales aquellos actúan en orden a sus funciones y en cumplimiento de los deberes legales asignados, y en otras situaciones actúan completamente por fuera del

5CdeE/IJJ/CJCHG

IUS 2012-455771 2 _________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 050012331000-2001-02267-01 (45.189) Demandantes: Ana Marlenys Zabala Hernández y otros servicio, causándose así que se aplique en el primer caso el régimen objetivo de responsabilidad y en el segundo caso se habla de una falla probada del servicio.

Así pues, bajo la óptica del régimen de responsabilidad objetiva por uso de las armas, de conformidad con la reiterada jurisprudencia del H. Consejo de Estado, a la parte actora le corresponde demostrar con miras a enervar la responsabilidad administrativa de las demandadas: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la existencia de un nexo de causalidad entre aquél y la actividad de la administración, lo anterior sin perjuicio de que en el estudio del caso se detecte la existencia de una causa extraña o de una causal eximente de responsabilidad.

5CdeE/IJJ/CJCHG

IUS 2012-455771 3 _________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 050012331000-2001-02267-01 (45.189)

Demandantes: Ana Marlenys Zabala Hernández y otros

PROCURADURIA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá, D. C., Diciembre 6 de 2.012 Doctora

STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO

Consejera Ponente Sección Tercera - Subsección B

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

REF.: Concepto 12-244

Expediente: 050012331000-2001-02267-01 (45.189)

Demandantes: Ana Marlenys Zabala Hernández y otros

Demandados: Municipio de Medellín Honorable señora Consejera: El proceso de la referencia se encuentra en conocimiento del H. Consejo de Estado para decidir el recurso de apelación interpuesto por el Municipio de

Medellín y por el interviniente Ad-excludendum en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió a las súplicas de la demanda, trámite dentro del cual esta agencia del Ministerio Público en su condición de sujeto procesal, interviene para emitir concepto de fondo.

ANTECEDENTES

 La Demanda

5CdeE/IJJ/CJCHG

IUS 2012-455771 4 _________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 050012331000-2001-02267-01 (45.189) Demandantes: Ana Marlenys Zabala Hernández y otros En ejercicio de la acción de reparación directa1, los señores ANA MARLENYS ZABALA HERNÁNDEZ, obrando en nombre propio y en representación de sus menores hijos JUAN CAMILO GARCÍA ZABALA y CINDY PATRICIA BALDOVINO ZABALA; FRANCISCO MANUEL GARCÍA ÁLVAREZ y JOSEFA RAQUEL VILLADIEGO MEJÍA, quienes obran en su propio nombre y en representación de su menor hija MILENA GARCÍA VILLADIEGO; MANUEL ANTONIO GARCÍA VILLADIEGO, CÁNDIDA ROSA GARCÍA VILLADIEGO, RAFEL EDUARDO GARCÍA VILLADIEGO y LUIS ALFREDO GARCÍA VILLADIEGO, solicitaron al Tribunal Administrativo de Antioquia declarar administrativa y extracontractualmente responsable al MUNICIPIO DE MEDELLÍN de los perjuicios morales y

materiales que se les ocasionaron por la falla en el servicio de l administración que dio como resultado la muerte violenta del señor JUAN ALFONSO GARCÍA

VILLADIEGO.

Como fundamentos de las distintas pretensiones, se presentaron los que se sintetizan a continuación: Afirman los demandantes, que el día 8 de febrero de 2001 el señor JUAN ALFONSO GARCÍA VILLADIEGO, quien se desempeñaba como escolta de la empresa Expertos Seguridad, se desplazaba en una motocicleta por la carrera 66 B del Barrio Belén de la ciudad de Medellín y que al parecer, se pasó un semáforo en rojo, siendo perseguido por los Agentes de Tránsito de Medellín CARLOS MARIO ISAZA y JOSÉ ÁNGEL GÓMEZ RIVERA, siendo éste último quien disparó por la espalda al señor GARCÍA VILLADIEGO hiriéndolo mortalmente. Afirma además, que luego de herir de muerte al señor JUAN ALFONSO GARCÍA VILLADIEGO, los precitados guardas de tránsito le quitaron su arma de dotación y la dispararon contra la grama para hacer creer a la justicia que el 1 Demanda presentada el 3 de julio de 2.001

5CdeE/IJJ/CJCHG

IUS 2012-455771 5 _________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 050012331000-2001-02267-01 (45.189)

Demandantes: Ana Marlenys Zabala Hernández y otros

occiso los había agredido primero y que ellos actuaron en legítima defensa; versión que fue totalmente desvirtuada por los testigos presenciales de los hechos, circunstancia que compromete gravemente la responsabilidad penal de los guardas de tránsito municipal y de contera, la responsabilidad administrativa extracontractual del Municipio de Medellín, por ser los agentes implicados empleados oficiales de dicha entidad. Refieren también, que la eventual autorización para que los guardas de tránsito JOSÉ ÁNGEL GÓMEZ RIVERA y CARLOS MARIO ISAZA portaran armas, necesariamente tendría que estar encaminada para defender su integridad personal, en caso de alguna agresión ilegítima de algún conductor, pero jamás podría pensarse que tal autorización fuera otorgada para que, sin razón de ninguna naturaleza, se le decretara la pena de muerte al señor JUAN ALFONSO GARCÍA VILLADIEGO, por la supuesta infracción de tránsito de pasarse un semáforo en luz roja, hecho que además no se ha demostrado.  La Contestación El Municipio de Medellín, por intermedio de apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que no existió falla en el servicio por parte de los funcionarios, y que por el contrario, se configura la culpa exclusiva de la víctima, dado que los guardas de tránsito iban a ser agredidos por el occiso, quien al parece esgrimió un arma ante la señal de pare.  Interviniente Ad Excludendum La Compañía de Seguros Colpatria S. A., se hizo parte dentro del proceso presentando demanda como interviniente Ad Excludendum, solicitando que se

declare al Municipio de Medellín administrativa y extracontractualmente

5CdeE/IJJ/CJCHG

IUS 2012-455771 6 _________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 050012331000-2001-02267-01 (45.189) Demandantes: Ana Marlenys Zabala Hernández y otros responsable por la muerte del señor JUAN ALFONSO GARCÍA VILLADIEGO, ocurrida el día 8 de febrero de 2.001, cuando fue muerto por dos agentes de tránsito. Adicionalmente, solicita que la condena sea en favor suyo, en virtud de la subrogación contemplada en el artículo 12 del decreto 1771 de 1994.  La Sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 10 de febrero de 2012, negó las pretensiones del interviniente ad excludendum, al considerar que en el presente caso no opera en favor suyo la subrogación de la indemnización solicitada por los demandantes con ocasión del fallecimiento del señor JUNA ALFONSO GARCÍA VILLADIEGO, toda vez que el origen de una y otra relación jurídica es completamente distinto, no siendo idéntico el derecho perseguido por el tercero y por ende, no procede su solicitud.

De otra parte, declaró administrativamente responsable al Municipio de Medellín de los perjuicios ocasionados a los demandantes, por los hechos acaecidos el día 8 de febrero de 2.001, en los que falleció el señor JUAN

ALFONSO GARCÍA VILLADIEGO, derivados de una falla en el servicio en que incurrió la entidad.  La apelación Municipio de Medellín: Solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y que en su lugar, se nieguen las súplicas de la demanda, manifestando que el accionar de los policías de tránsito escapaba a su control, dado que incurrieron en conductas ilícitas, en las que éstos no obraron en representación del Estado.

5CdeE/IJJ/CJCHG

IUS 2012-455771 7 _________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 050012331000-2001-02267-01 (45.189)

Demandantes: Ana Marlenys Zabala Hernández y otros

Seguros de Vida Colpatria S. A. Solicita la revocatoria de la sentencia condenatoria favorable a los demandantes, para que en su lugar se ordene que el pago de la indemnización se haga en favor suyo, como compensación de las sumas que ha tenido que destinar en favor de la viuda del causante y su hijo. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO PROBLEMA JURÍDICO  ¿En el presente caso es viable acceder a las pretensiones del interviniente Ad Excludendum, o por el contrario, éstas carecen de vocación de prosperidad?  ¿De acuerdo con los elementos probatorios allegados al proceso, es posible configurar la responsabilidad a cargo del Estado en el caso concreto?

DEL INTERVINIENTE AD EXCLUDENDUM

 ¿En el presente caso es viable acceder a las pretensiones del interviniente Ad Excludendum, o por el contrario, éstas carecen de vocación de prosperidad?

5CdeE/IJJ/CJCHG

IUS 2012-455771 8 _________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 050012331000-2001-02267-01 (45.189) Demandantes: Ana Marlenys Zabala Hernández y otros El artículo 53 del C.P.C.2, otorga a un tercero la posibilidad de hacerse parte dentro de un proceso, en el que considere tener mejor o igual derecho que el demandante y el demandado, para que el reconocimiento pretendido se haga en favor suyo y no de uno de aquellos. Es así, como en uso de esta figura jurídica, la Compañía Seguros de Vida Colpatria S. A. concurre al presente proceso manifestando que el señor JUAN ALFONSO GARCÍA VILLADIEGO se encontraba afiliado a la A.R.P. Seguros de Vida Colpatria S. A., en virtud de su vínculo laboral como empleado de la empresa Expertos Seguridad Ltda., en donde se desempeñaba como escolta, dado que fue ésta compañía aseguradora la contratada por el empleador del señor GARCÍA VILLADIEGO para que fuese la administradora de riesgos profesionales.

Debido a los acontecimientos del día 8 de febrero de 2.001, en donde perdió la vida el señor GARCÍA VILLADIEGO, la señora ANA MARLENYS ZABALA

HERNÁNDEZ y su menor hijo JUAN CAMILO GARCÍA ZABALA formularon demanda laboral en contra de Seguros de Vida Colpatria S. A., a fin de que a esta última se le ordenara reconocer en favor de los primeros el pago de la indemnización por muerte, así como también de la pensión de sobrevivientes a las que tenían derecho como beneficiarios del causante. Dentro de este proceso judicial, se determinó que la muerte del señor GARCÍA VILLADIEGO se produjo por el ataque injustificado de los agentes de tránsito, determinándose que el evento en que perdió la vida fue de origen profesional, teniéndose entonces que por conducto de conciliación judicial Seguros de Vida Colpatria S. A. accedió a cancelar las suma de $12.615.726,oo; sumado a una reserva matemática de $98.069.261,oo destinad a atender el pago de la mesada pensional. 2 Código de Procedimiento Civil. ARTÍCULO 53. INTERVENCION AD EXCLUDENDUM. Quien pretenda, en todo o en parte, la cosa o el derecho controvertido, podrá intervenir formulando su pretensión frente a demandante y demandado, para que en el mismo proceso se le reconozca. La oportunidad de tal intervención precluye con la sentencia de primera instancia. El interviniente deberá presentar demanda con los requisitos legales, que se notificará a las partes o a sus apoderados como dispone el artículo 205 y de ella se dará traslado por el término señalado para la demanda principal. El auto que acepte o niegue la intervención, es apelable en el efecto devolutivo. (negrillas fuera del texto

original)

5CdeE/IJJ/CJCHG

IUS 2012-455771 9 _________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 050012331000-2001-02267-01 (45.189) Demandantes: Ana Marlenys Zabala Hernández y otros Seguros de Vida Colpatria S. A., comparece al presente proceso de reparación directa solicitando que el reconocimiento indemnizatorio se haga en favor suyo y no de los demandantes, por el monto de las sumas de dinero referidas en el párrafo anterior, en virtud de la subrogación de que trata el inciso primero del artículo 12 del decreto 1771 de19943.

No obstante lo anterior, en criterio de ésta Agencia del Ministerio Público, las pretensiones del interviniente Ad Excludendum no están llamadas a prosperar, pues como se verá la relación jurídica en entre éste y los beneficiarios del causante señor JUAN ALFONSO GARCÍA VILLADIEGO, es distinta a la que existe entre los aquí demandantes y el Municipio de Medellín, dado que cada una de estas situaciones de derecho tiene un origen y finalidad distinta; lo que al rompe, denota una clara diferencia entre lo que eventualmente podría pretender el interviniente, frente a lo que reclaman los demandantes, avizorándose que las pretensiones de la aseguradora adolecen desde ya de falta de identidad de causa y objeto, requisito primigenio para que eventualmente procediera la figura de la subrogación que demanda frente al

igual o mejor derecho que considera le asiste para desplazar y/o excluir a la parte actora, ante una eventual declaratoria de responsabilidad del Municipio de Medellín. En primer término, tenemos que la relación jurídica del interviniente Ad Excludendum con los beneficiarios del señor JUAN ALFONSO GARCÍA VILLADIEGO, frente al reconocimiento de indemnización por muerte y de la 3 Decreto 1771 de 1994. Artículo 12º.- Subrogación. La entidad administradora de riesgos profesionales podrá repetir, con sujeción a las normas pertinentes, contra el tercero responsable de la contingencia profesional, hasta por el monto calculado de las prestaciones a cargo de dicha entidad administradora, con sujeción en todo caso al límite de responsabilidad del tercero. Lo dispuesto en el inciso anterior no excluye que la víctima, o sus causahabientes, instauren las acciones pertinentes para obtener la indemnización total y ordinaria por perjuicio, de cuyo monto deberá descontarse el valor de las prestaciones asumidas por la entidad administradora de riesgos profesionales.

5CdeE/IJJ/CJCHG

IUS 2012-455771 10 _________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 050012331000-2001-02267-01 (45.189) Demandantes: Ana Marlenys Zabala Hernández y otros pensión de sobrevivientes tiene su origen en la ley y, además, tiene un segundo componente de índole contractual, en virtud de decisión de la empresa Expertos en Seguridad Ltda., de afiliarse a la Administradora de Riesgos

Profesionales Seguros de Vida Colpatria S. A., en donde ésta última se comprometió a asegurar la posible ocurrencia de un riesgo creado para los trabajadores de la empresa Expertos en Seguridad Ltda., por el desempeño del giro ordinario de sus actividades laborales, y que de llegar a materializarse éste riesgo amparado, la A.R.P. se comprometía a asumir las indemnizaciones y cargas patrimoniales que la ocurrencia de éste llegara a generar. Es decir, la relación de la señora ANA MARLENYS ZABALA HERNÁNDEZ y de su hijo JUAN CAMILO GARCÍA ZABALA con la interviniente Ad Excludendum tiene su origen la relación contractual de tipo laboral que tenía el señor JUAN ALFONSO GARCÍA VILLADIEGO con la empresa Expertos en Seguridad Ltda., y de la cobertura que ésta última contrato con la A. R. S. Seguros de Vida Colpatria S. A. De otra parte, tenemos que la relación jurídica de los aquí demandantes con la administración, en este caso el Municipio de Medellín, surge es en el daño creado, esto es, que acorde con lo dispuesto en el artículo 90 superior, en aplicación de los principios de equidad y de igualdad frente a las cargas públicas, cuando el Estado por la acción y omisión de uno de sus agentes ocasiona un daño antijurídico los administrados, surge para el primero el deber de indemnizar los perjuicios que ese daño antijurídico llegase a ocasionar a los segundos, de donde se sustrae que la relación jurídica en este caso, es de índole netamente extracontractual, que surge por la causación el

daño en sí y no por la prexistencia de una relación legal y/o contractual, lo que nos lleva a concluir que los orígenes de las dos relaciones jurídicas esbozadas son distintos, lo que por ende, hace que el derecho reclamado por los actores sea diferente al que reclama el interviniente ad Excludendum, pues pese a que

5CdeE/IJJ/CJCHG

IUS 2012-455771 11 _________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 050012331000-2001-02267-01 (45.189) Demandantes: Ana Marlenys Zabala Hernández y otros a prima facie parecieran similares, no lo son, ya que como se dijo en renglones precedentes, su causa y objeto son completamente distintos y en consecuencia, las pretensiones de la compañía Seguros de Vida Colpatria S. A. deberán despacharse de manera desfavorable.

Al respecto, el H. consejo de Estado ha manifestado, lo siguiente: “(…) La Sala ha precisado que la acción de reparación directa no es el medio procesal adecuado para solicitar la indemnización de los daños surgidos por causa o con ocasión de la relación laboral, “toda vez que los denominados accidentes de trabajo o enfermedades profesionales no corresponden al ámbito de la responsabilidad extracontractual del Estado sino de una obligación determinada por la existencia previa de una relación laboral entre la entidad pública respectiva y el funcionario afectado, que se rige por disposiciones especiales”4. No obstante, también ha señalado que esa acción es procedente cuando

“se trata de la indemnización de perjuicios causados a terceras personas como consecuencia de la lesión o muerte sufrida por un trabajador en virtud de un accidente o enfermedad – sea que el primero pueda o no calificarse como accidente de trabajo y que la segunda constituya o no una enfermedad profesional–”5. En estos eventos, precisa la providencia, “esta última situación planteada no corresponde a la prevista en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, según el cual procedería imponer al patrono la obligación de pagar la indemnización total de los perjuicios sufridos por el trabajador, en el evento de demostrarse que aquél hubiere tenido culpa en la ocurrencia del accidente. Tal acción, como lo ha aclarado la Corte Suprema de Justicia, sólo puede ser formulada por la víctima directa del siniestro, o sus herederos, en su condición de continuadores de su personalidad, si aquél falleciere como consecuencia del mismo6 y, como lo prevé la misma norma, da lugar al descuento de las prestaciones en dinero que hubieren sido pagadas, del valor de la indemnización total y ordinaria que deba reconocerse por concepto de perjuicios. Tampoco corresponde dicha situación a la que se presenta cuando los beneficiarios del trabajador, como ‘acreedores laborales directos’7, pretenden, por ejemplo, el pago de las prestaciones debidas al mismo o la efectividad de derechos como la pensión de sobrevivientes, el seguro de vida, el auxilio funerario, etc. La acción 4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de febrero 24 de 2005, expediente 15125, C.P. Alier

Hernández. 5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de junio 7 de 2007, expediente15722, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. 6 Cfr., sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, del 8 de abril de 1987, expediente 0562. 7 Cfr., al respecto, sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Sección Segunda, del 2 de noviembre de 1994, expediente 6810.

5CdeE/IJJ/CJCHG

IUS 2012-455771 12 _________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 050012331000-2001-02267-01 (45.189) Demandantes: Ana Marlenys Zabala Hernández y otros procedente, en este evento, sería, igualmente, de carácter laboral y tendría su fuente en el contrato de trabajo o en la relación legal y reglamentaria existente.”8.

En este sentido, la Sala ha reiterado su competencia en consideración a que “la responsabilidad que se demanda está referida únicamente a los perjuicios sufridos directamente por los parientes del trabajador, como terceros ajenos a la relación laboral, cuya reparación, como se ha visto, puede exigirse ante esta Jurisdicción porque su fuente es extracontractual, porque la entidad cuya responsabilidad se pretende es de carácter estatal y porque la indemnización que se reclama no corresponde a las prestaciones derivadas del vínculo laboral”9. (…)” 10

Así las cosas y de conformidad con el referente jurisprudencial en cita, en lo atinente a las pretensiones del interviniente Ad Excludendum, la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia debe ser confirmada y respetuosamente así lo depreca esta Procuraduría Delegada a la Honorable Sala.  ¿De acuerdo con los elementos probatorios allegados al proceso, es posible configurar la responsabilidad a cargo del Estado en el caso concreto? ANÁLISIS JURÍDICO El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. 8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de junio 7 de 2007, expediente15722, C.P. Mauricio Fajardo

Gómez. 9 Ibídem. 10 CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCION TERCERA - SUB

SECCION A - Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA - Bogotá, D.C., once (11) de abril de dos mil doce (2012) - Radicación número: 76001-23-25-000-1996-02120-01(20756)

5CdeE/IJJ/CJCHG

IUS 2012-455771 13 _________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 050012331000-2001-02267-01 (45.189)

Demandantes: Ana Marlenys Zabala Hernández y otros Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación.

Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportar, presentándose un desplazamiento de la culpa, que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. La jurisprudencia del Consejo de Estado en lo referente a la aplicación del

principio iura novit curia, ha di