PGN - DAÑO ANTIJURIDICO Un agente de policía en forma accidental efectúo un disparo impact

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPETICIÓN-En contra de un Agente de Policía por condena asumida por la Policía Nacional/DAÑO ANTIJURÍDICO-Un Agente de Policía en forma accidental efectúo un disparo impactando en una de las piernas de otro Agente De las pruebas obrantes en el plenario, se tiene que la Policía Nacional asumió la indemnización por el daño antijurídico padecido por la víctima, ante la condena dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, porque se probó la existencia del daño y la relación de causalidad entre éste y el hecho de la Administración, lo cual ocurrió en desarrollo de la actividad riesgosa, sin que se haya probado eximente de responsabilidad por parte de la Entidad demandada, tales como la fuerza mayor, el hecho exclusivo de un tercero o de la víctima. Es claro que la Policía Nacional fue condenada a pagar al señor una indemnización, a raíz de la declaración de responsabilidad patrimonial, por los perjuicios ocasionados por el Agente de Policía adscrito a esa entidad. En este orden de ideas, cabe advertir las siguientes situaciones, por las que se deben aceptar las pretensiones de la demanda de acción de repetición interpuesta por la NaciónMinisterio de Defensa – Policía Nacional en contra del Agente de la Policía Nacional hoy en retiro y, que llevaron a la decisión acertada por cuenta del Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca. En su orden son: De las pruebas obrantes en el plenario, se tiene que la causa originante del daño antijurídico

padecido por el Agente, cuya indemnización asumió el Estado ante la condena dictada por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, cuando fue hacer entrega de su arma, al Agente quien era la persona encargada de recibir el armamento, y que en ese momento revisaba una subametralladora UZI, en forma accidental efectúo un disparo, el cual impactó en una de las piernas del Agente víctima. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTADO-Originada en la conducta gravemente culposa del demandado/ACCIÓN DE REPETICIÓN-Se configuró una conducta gravemente culposa del demandado La Nación – Ministerio de DefensaPolicía Nacional presenta demanda en Acción de Repetición contra del funcionario, como consecuencia del expediente radicado bajo el número 2001078300 y en sentencia adiada noviembre 23 de 2004, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, de donde se deriva la responsabilidad estatal originada en la conducta gravemente culposa del demandado, al hacer un disparo sin las previsiones del caso y violando los protocolos, del uso de armas de fuego, hizo impacto en otro Agente. De las pruebas obrantes en el expediente, al examinarlas en su conjunto, y en aplicación del principio de la sana critica, se vislumbra la existencia de la realización o configuración de conductas gravemente culposas del demandado, al tomar la decisión de accionar el arma; no se avino a la prudencia que se debe reclamar de un Agente de la Policía, que ha tenido la formación suficiente y conocedor de los cuidados y prevenciones para la revisión y utilización

de las armas de fuego. Este es ni más ni menos que el ingrediente subjetivo que se demanda en la acción de repetición, este elemento sin duda es de carácter tal que puede considerarse a nivel de culpa grave, porque es el que adecua la falta de prudencia que reclama la ley y jurisprudencia en este tema. Quiere decir, conforme al marco teórico que el Agente demandado con su actuar negligente y descuidado, causó al otro Agente y a su familia perjuicios que no estaban en el deber de soportar, lo que generó el daño antijurídico por lo que recibió a cambio la indemnización. El demandado en acción de repetición, agente con su actuar irresponsable, negligente y descuidado, incidió para que se efectuara una erogación contra el tesoro público, el cual es alimentado por las contribuciones tributarias de los habitantes del territorio nacional y le Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Exp. 190012331000200800130-01(44139) Rzo corresponde, a la Procuraduría General de la Nación, velar porque las arcas públicas no sufran desmedro. ACCIÓN DE REPARACIÓN-Responsabilidad administrativa de la Policía Nacional/ACCIÓN DE REPETICIÓN-En contra del funcionario por haber causado perjuicios que el Estado ya indemnizó a un tercero La sentencia en acción de reparación directa proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, en fecha 23 de noviembre de 2004, las pruebas obrantes en el expediente resultaron acreditados los supuestos necesarios para derivar responsabilidad

administrativa a la Policía Nacional. En efecto se encontró probada la existencia del daño y la relación de causalidad entre éste y el hecho de la Administración, lo que ocurrió en desarrollo de la actividad riesgosa, sin que se haya probado la exigencia de los eximentes de responsabilidad, tales como la fuerza mayor, el hecho exclusivo de un tercero o de la víctima. En este orden de ideas, en consonancia con el artículo 90 de la Constitución Política, además de los artículos 63 inciso final del Código Civil en materia del concepto de culpa grave, así como el desarrollo jurisprudencial, no cabe duda que el señor debe responder en acción de repetición, tal y como se dijo en precedencias por no tener cuidado, y actuar apegado a los manuales correspondientes para el manejo de armas, causando perjuicios que el Estado ya indemnizó, a un tercero. Por lo tanto se solicita respetuosamente revocar la sentencia recurrida y en su lugar condenar a la restitución de los dineros erogados al Agente demandado. 2 Exp. 190012331000200800130-01(44139) Rzo

CONCEPTO No. 008/2013

Bogotá, 21 de enero de 2013

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: DOCTOR MAURICIO FAJARDO GÓMEZ

E. S. D.

EXPEDIENTE: 190012331000200800130-01 (44139)

ACCIÓN DE REPETICIÓN

ACTOR: NACIÓN –MINIDEFENSA-POLICÍA NACIONAL

DEMANDADO: DIEGO CAMAYO HOYOS

Sentido del Concepto: solicitud de REVOCAR la sentencia recurrida originada en el Tribunal Administrativo de Cauca / Se denota existencia de elementos de juicio en el expediente, que permiten comprobar el actuar gravemente culposo del demandado en la acción de repetición, cuando se disponía a recibir el armamento militar y de manera accidental, sin mediar la precaución en el manejo de armas en el cual son instruidos los policiales, efectuó un disparo impactando a un agente de la Policía Nacional.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además en la protección de los Derechos Humanos. 3 Exp. 190012331000200800130-01(44139) Rzo

I. ANTECEDENTES I.1. La demanda El señor DIEGO CAMAYO HOYOS se vinculó a la Policía Nacional en el grado de agente el día 10 de septiembre de 1984, para el 8 de diciembre de 2000 se encontraba en servicio activo de esa institución adscrito al Departamento de Policía Cauca asignado a la SIJIN, cuando se disponía a recibir el armamento de los agentes que habían participado en un operativo militar para contrarrestar una incursión guerrillera en varios lugares de la ciudad de Popayán; de manera accidental efectuó un disparo, el cual impactó en una de las piernas del agente

Humberto García Palechor. Mediante sentencia proferida el 23 de noviembre de 2004, el Tribunal Contencioso

Administrativo del Cuca declaró administrativamente responsable a la Policía Nacional del daño causado al Agente Humberto García Palechor y en consecuencia condenó al pago de una suma de dinero. En cumplimiento del fallo, la Dirección Administrativa y Financiara de la Policía Nacional emitió la Resolución No. 0039 de 12 de febrero de 2007 y el comprobante de egreso y transferencias No. 378 de 28 de febrero del mismo año. La entidad demandada decidió impetrar acción de repetición en contra del agente Diego Camayo Hoyos para recuperar las sumas de dinero pagadas con ocasión de la condena impuesta. I.2. La contestación de la demanda. I.2.1. Diego Camayo Hoyos, por intermedio de apoderado, contestó la demanda oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones. Propuso las excepciones de 4 Exp. 190012331000200800130-01(44139) Rzo “Inexistencia de responsabilidad patrimonial a título de culpa grave en la conducta del demandado, culpa de la víctima y falta de legitimación para repetir en contra del funcionario” I.2.2. La defensa de Camayo Hoyos se fundamentó en el proceso disciplinario adelantado en su contra, ya que las versiones rendidas en ese proceso dan cuenta de las numerosas inconsistencias que se presentaron a la hora de realizar la entrega del arma con la que resultó herido el señor García Palechor, la participación de la propia víctima en el daño que se le ocasionó, así como las condiciones de tiempo, modo y lugar, las cuales denotan la inexistencia de culpa grave en el actuar del demandado. I.3. Sentencia de primera instancia.

El Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, en sentencia de veintisiete (27) de octubre de dos mil once (2011), declaró probada la excepción de inexistencia de responsabilidad patrimonial a título de culpa grave en la conducta del demandado y denegó las pretensiones de la demanda. Dijo que los miembros de la Fuerza Pública, debido a que sus funciones implican la defensa del territorio nacional y el mantenimiento del orden público interno, deben contar con la instrucción y formación adecuada para el manejo y utilización de las armas de fuego, ello permite evidenciar su peligrosidad y tener en cuenta la precaución que deben observar cuando las portan y hacen uso de ellas; sin embargo, en este caso hubo una serie de irregularidades en el manejo de las armas de dotación oficial en claro incumplimiento del catálogo de seguridad, lo que llevó a que se consolidara el daño al señor García Palechor. La Sala encontró acreditado que el agente García Palechor incumplió con su obligación de cerciorarse que el arma estuviera descargada, el arma estaba cargada 5 Exp. 190012331000200800130-01(44139) Rzo y al ser involuntariamente accionada se produjo un disparo que le causó lesiones a García Palechor.

Dijo que: “El dolo consiste en la intención positiva de infringir injuiar a la persona o propiedad de otro” Por tanto, la conducta desplegada por el demandante, aunque irregular, no fue efectuada con culpa grave, toda vez que no existió la intención de producir las consecuencias nocivas en la salud del García Palechor, ya que los hechos se produjeron accidentalmente, donde no existe un grado máximo de imprudencia o

negligencia. De esta manera no se configuró la culpa grave en el actuar del demandado pese a existir un error en el manejo de las armas de dotación oficial, pues dentro de las condiciones de tiempo, modo y lugar, el señor Camayo Hoyos desplegó un comportamiento mínimo que aún una persona descuidada observaría, con el cual produjo, sin tener la intención, las heridas a su compañero, es decir, fue puramente accidental. I.4. Argumentos de la apelación El apoderado de la parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia adversa a sus pretensiones y manifestó: “Es claro que en la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a la condena en contra de la Policía Nacional ésta se produjo porque el agente Diego Camayo Hoyos, quien se desempeñaba como armerillo, es decir, como la persona encargada de recibir y entregar las armas de fuego, incumplió las normas de seguridad de manejo de las mismas, ya que fue éste quien accionó el arma lesionando a su compañero García Palechor, y la lesión se produjo por no dar cumplimiento a las instrucciones de seguridad cuando se manipulan armas de fuego, si el agente Diego Camayo, al momento de la ejecución de la conducta hubiese tenido presente estas normas no ocurre el lamentable hecho por el cual fue condenada la Policía Nacional a pagar una 6 Exp. 190012331000200800130-01(44139) Rzo suma de dinero como indemnización por los perjuicios causados a la víctima y a su núcleo familiar”.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos El Ministerio Público centrará su estudio en el siguiente problema jurídico, en tanto

como se verá a continuación, constituye la columna vertebral de la no prosperidad de la acción de repetición impetrada: ¿El señor Diego Camayo Hoyos debe responder patrimonialmente en acción de repetición proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca el 23 de noviembre de 2004 por causa de la declaratoria de responsabilidad administrativa contra la Policía Nacional por los daños causados al agente Humberto García Palechor ? 2.1. Marco teórico. Premisa normativa 1.1.1. Acción de repetición – Elementos estructurales Frente a este tema, el Consejo de Estado ha discurrido ampliamente, entre otros extractos se dice: Del anterior contexto normativo se deduce que la prosperidad de la acción de repetición requiere la concurrencia de los siguientes elementos estructurales: a) Que una entidad pública haya sido condenada a reparar la causación de un daño antijurídico; b) Que la entidad haya pagado el monto de la condena a favor de la víctima; c) Que la condena haya sido impuesta como consecuencia del actuar del servidor o ex servidor público y, d) Que la condena se haya producido a causa de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o ex servidor del Estado o de un particular que ejerza funciones públicas. La Sala analizará cada uno de los anteriores requisitos en la medida en que se verifique su existencia. Con base en los anteriores medios de prueba, encuentra la Sala satisfecho el primero de los elementos para la prosperidad de la acción de repetición, pues se encuentra acreditado que la entidad demandante fue condenada a pagar una suma de dinero a favor de una 7 Exp. 190012331000200800130-01(44139)

Rzo persona, como consecuencia de la declaratoria de nulidad de un acto administrativo proferido por el demandado.1 (Negrillas fuera de texto). 2.2.3. Acción de repetición - la culpa grave o el dolo: El Consejo de Estado en sentencia de fecha 28 de abril de 2010, Consejera Ponente Myriam Guerrero de Escobar, Radicación No. 52001-23-31-000-1997-08809-01 se pronunció sobre las características que se deben estudiar para determinar la responsabilidad patrimonial por culpa grave o dolo del funcionario público, ex funcionario público o particular con funciones públicas en ejercicio de sus funciones que haya ocasionado una detrimento patrimonial al Estado, diciendo lo siguiente: Frente a estos conceptos, el Consejo de Estado ha dicho que para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6º y 90 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos. Es igualmente necesario tener en cuenta otros conceptos como los de buena y mala fe, que están contenidos en la Constitución Política y en la ley, a propósito de algunas instituciones como por ejemplo contratos, bienes y familia. En consideración a lo anterior, la Sala ha explicado que, para establecer la responsabilidad personal de los agentes o ex agentes estatales, el análisis de sus actuaciones dolosas o gravemente culposas comporta necesariamente el estudio de las funciones a su cargo y, si respecto de ellas, se presentó un

incumplimiento grave. Igualmente, se requiere establecer si dicho incumplimiento fue debido a una actuación consciente y voluntaria del agente, es decir, con conocimiento de la irregularidad de su comportamiento y con la intención de producir las consecuencias nocivas - actuación dolosa -, o si al actuar, pudo prever la irregularidad en la que incurriría y el daño que podría ocasionar, y aún así no lo hizo, o confió en poder evitarlo -actuación culposa-. Es claro entonces, que se trata de establecer una responsabilidad subjetiva cualificada, en la que juega un papel decisivo el análisis de la conducta del agente; por ello, no cualquier equivocación, no cualquier error de juicio, no cualquier 1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Consejero Ponente Myriam Guerrero Escobar Radicación No. 25000-23-26-000-1999-02563-02 (36489). 8 Exp. 190012331000200800130-01(44139) Rzo actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, permite deducir su responsabilidad y resulta necesario comprobar la gravedad de la falla en su conducta. Dado lo anterior, no puede ser irrelevante el hecho de que la norma constitucional haya estipulado expresamente que el deber de las entidades estatales de repetir contra sus funcionarios o ex funcionarios sólo surge en la medida en que el daño a cuya reparación patrimonial hayan sido condenadas, pueda imputarse a la conducta dolosa o gravemente culposa de los mismos, lo cual se explica por la necesidad de ofrecer unas mínimas garantías a los servidores públicos, en el sentido de que no cualquier error en el que puedan

incurrir de buena fe, podrá servir para imputarles responsabilidad patrimonial ante la respectiva entidad estatal, lo que podría conducir a un ejercicio temeroso, ineficiente e ineficaz de la función pública. (Negrillas fuera de texto). Otra sentencia sobre el tema de la culpa que dice: “Sobre la noción de culpa se ha dicho que es la reprochable conducta de un agente que generó un daño antijurídico (injusto) no querido por él pero producido por la omisión voluntaria del deber objetivo de cuidado que le era exigible de acuerdo a sus condiciones personales y las circunstancias en que actuó; o sea, la conducta es culposa cuando el resultado dañino es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. También por culpa se ha entendido el error de conducta en que no habría incurrido una persona en las mismas circunstancias en que obró aquella cuyo comportamiento es analizado y en consideración al deber de diligencia y cuidado que le era exigible. Tradicionalmente se ha calificado como culpa la actuación no intencional de un sujeto en forma negligente, imprudente o imperita, a la de quien de manera descuidada y sin la cautela requerida deja de cumplir u omite el deber funcional o conducta que le es exigible; y por su gravedad o intensidad, siguiendo la tradición romanista, se ha distinguido entre la culpa grave o lata, la culpa leve y la culpa levísima, clasificación tripartita con consecuencias en el ámbito de la responsabilidad contractual o extracontractual, conforme a lo que expresamente a

este respecto señale el ordenamiento jurídico. De la norma que antecede [artículo 63 del Código Civil] se entiende que la culpa leve consiste en la omisión de la diligencia del hombre normal (diligens paterfamilias) o sea la omisión de la diligencia ordinaria en los asuntos propios; la levísima u omisión de diligencia que el hombre juicioso, experto y previsivo emplea en sus asuntos relevantes y de importancia; y la culpa lata u omisión de la diligencia mínima exigible aún al hombre descuidado y que consiste en no poner el cuidado en los negocios ajenos que este tipo de personas ponen en los suyos, y que en el régimen civil se asimila al dolo. 2 2 Concejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejera Ponente Ruth Stella Correa Palacio, Radicación No. 52001-23-31-000-1997-08394-01(17933)”. 9 Exp. 190012331000200800130-01(44139) Rzo 1.1.2. Responsabilidad personal del agente – Prueba La jurisprudencia dice sobre el tema: “Para que se pueda imputar la responsabilidad al agente público mediante la acción de repetición se requiere demostrar que la actuación que originó la condena contra el Estado lo fue con culpa grave o dolo, y que dicha actuación la realizó en su calidad de servidor público o de particular investido de funciones públicas con ocasión del ejercicio de éstas o a propósito de la prestación del servicio. Es decir, como arriba se explicó, se trata de un responsabilidad subjetiva del agente público y, por ende, se encontrará obligado a reparar al Estado si el daño o perjuicio le es

imputable por haberlo causado con dolo o culpa grave. 2.2. Las pruebas obrantes. Supuestos fácticos  Fiel copia de la copia autenticada de la sentencia de primera instancia de fecha 23 de noviembre de 2004 proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, dentro del expediente No. 2001078300; actor Heliodora Palechor Anacona, manifestó el Tribunal “de las pruebas obrantes en el expediente resultan acreditados los presupuestos necesarios para derivar responsabilidad administrativa a la Entidad demandada, en efecto se encuentra probada la existencia del dolo y la relación de causalidad entre éste y el hecho de la Administración, ocurrido en desarrollo de la actividad riesgosa, sin que se haya probado la existencia de eximentes de responsabilidad, tales como la fuerza mayor, el hecho exclusivo de un tercero o de la víctima”  Se probó en la demanda de Reparación Directa que las heridas sufridas por Humberto García Palechor, en los hechos sucedidos el 08 de diciembre de 2000, se causaron con arma de dotación oficial, por lo que se concluyó que corresponde a la Entidad demandada, Policía Nacional, reparar los perjuicios que con ocasión del manejo de bienes calificados como peligrosos, se produjo a la parte demandante. 10 Exp. 190012331000200800130-01(44139) Rzo  Fiel copia de la copia auténtica de la Resolución No. 039 del 12 de febrero de 2007 y comprobante de egreso y transferencias No. 378 de 28 de febrero de 2007 emanados de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía

Nacional, mediante la cual se dio cumplimiento a la sentencia de primera instancia de fecha 23 de noviembre de 2004 la cual quedó debidamente ejecutoriada el día 06 de octubre de 2006, proferida por el Tribunal Contenciosos Administrativo del Cauca.  Constancia suscrita por la Oficina de Talento Humano del Departamento de Policía Cauca, en la que se certifica que para el día 8 de diciembre de 2000, el agente Diego Camayo Hoyos se encontraba en servicio activo y laborando en el departamento de Policía Cauca, asignado a la Seccional de Policía Judicial SIJIN.

3. Caso concreto  La NaciónMinisterio de DefensaPolicía Nacional presentó demanda en Acción de Repetición contra el señor Diego Camayo Hoyos, quien para efectos de la acción de repetición era agente activo de la Policía Nacional, laborando en el Departamento de Policía Cauca, asignado a la Seccional de Policía Judicial SIJIN.  De las pruebas obrantes en el plenario, se tiene que la Policía Nacional asumió la indemnización por el daño antijurídico padecido por el señor Humberto García Palechor, ante la condena dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, porque se probó la existencia del daño y la relación de causalidad entre éste y el hecho de la Administración, lo cual ocurrió en desarrollo de la actividad riesgosa, sin que se haya probado eximente de responsabilidad por parte de la Entidad demandada, tales como la fuerza mayor, el hecho exclusivo de un tercero o de la víctima.  Es claro que la Policía Nacional fue condenada a pagar al señor Humberto

11 Exp. 190012331000200800130-01(44139) Rzo García Palechor una indemnización, a raíz de la declaración de responsabilidad patrimonial, por los perjuicios ocasionados por Diego Camayo Hoyos quien fungía como Agente de Policía adscrito a esa entidad.  En este orden de ideas, cabe advertir las siguientes situaciones, por las que se deben aceptar las pretensiones de la demanda de acción de repetición interpuesta por la NaciónMinisterio de Defensa – Policía Nacional en contra del señor DIEGO CAMAYO HOYOS, en calidad de Agente de la Policía Nacional hoy en retiro y, que llevaron a la decisión acertada por cuenta del Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca. En su orden son: -. De las pruebas obrantes en el plenario, se tiene que la causa originante del daño antijurídico padecido por el Agente Humberto García Palechor, cuya indemnización asumió el Estado ante la condena dictada por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, cuando fue hacer entrega de su arma, al Agente Diego Camayo Hoyos quien era la persona encargada de recibir el armamento, y que en ese momento revisaba una subametralladora UZI, en forma accidental efectúo un disparo, el cual impactó en una de las piernas del Agente García Palechor.  La Nación – Ministerio de DefensaPolicía Nacional presenta demanda en Acción de Repetición contra el señor Diego Camayo Hoyos, como consecuencia del expediente radicado bajo el número 2001078300 y en sentencia adiada noviembre 23 de 2004, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del

Cauca, de donde se deriva la responsabilidad estatal originada en la conducta gravemente culposa del demandado, al hacer un disparo sin las previsiones del caso y violando los protocolos, del uso de armas de fuego, hizo impacto en el Agente García Palechor.  De las pruebas obrantes en el expediente, al examinarlas en su conjunto, y en aplicación del principio de la sana critica, se vislumbra la existencia de la realización o configuración de conductas gravemente culposas del demandado, 12 Exp. 190012331000200800130-01(44139) Rzo al tomar la decisión de accionar el arma; no se avino a la prudencia que se debe reclamar de un Agente de la Policía, que ha tenido la formación suficiente y conocedor de los cuidados y prevenciones para la revisión y utilización de las armas de fuego. Este es ni más ni menos que el ingrediente subjetivo que se demanda en la acción de repetición, este elemento sin duda es de carácter tal que puede considerarse a nivel de culpa grave, porque es el que adecua la falta de prudencia que reclama la ley y jurisprudencia en este tema.  Quiere decir, conforme al marco teórico que el Agente Diego Camayo Hoyos con su actuar negligente y descuidado, causó a Humberto García y a su familia perjuicios que no estaban en el deber de soportar, lo que generó el daño antijurídico por lo que recibió a cambio la indemnización. El demandado en acción de repetición, agente Camayo Hoyos con su actuar irresponsable, negligente y descuidado, incidió para que se efectuara una erogación contra el

tesoro público, el cual es alimentado por las contribuciones tributarias de los habitantes del territorio nacional y le corresponde, a la Procuraduría General de la Nación, velar porque las arcas públicas no sufran desmedro.  La sentencia en acción de reparación directa proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, en fecha 23 de noviembre de 2004, las pruebas obrantes en el expediente resultaron acreditados los supuestos necesarios para derivar responsabilidad administrativa a la Policía Nacional. En efecto se encontró probada la existencia del daño y la relación de causalidad entre éste y el hecho de la Administración, lo que ocurrió en desarrollo de la actividad riesgosa, sin que se haya probado la exigencia de los eximentes de responsabilidad, tales como la fuerza mayor, el hecho exclusivo de un tercero o de la víctima.  En este orden de ideas, en consonancia con el artículo 90 de la Constitución Política, además de los artículos 63 inciso final del Código Civil en materia del concepto de culpa grave, así como el desarrollo jurisprudencial, no cabe duda que el señor Diego Camayo Hoyos debe responder en acción de repetición, tal y 13 Exp. 190012331000200800130-01(44139) Rzo como se dijo en precedencias por no tener cuidado, y actuar apegado a los manuales correspondientes para el manejo de armas, causando perjuicios que el Estado ya indemnizó, a un tercero.  Por lo tanto se solicita respetuosamente revocar la sentencia recurrida y en su lugar condenar a la restitución de los dineros erogados al Agente Diego Camayo Hoyos.

III. CONCLUSIÓN

 En concepto del Ministerio Público la sentencia del veintisiete (27) de octubre de dos mil once (2011), proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA, dentro del proceso 190012331000200800130-01(44139) de la NaciónMinisterio de Defensa-Policía Nacional contra DIEGO CAMAYO HOYOS, debe ser REVOCADA, decidiendo acoger las pretensiones del actor y, ordenando que se restituyan los dineros pagados al señor HUMBERTO GARCÍA PALCHOR y demás demandantes, como consecuencia del fallo del Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca de fecha 23 de noviembre de 2004. Del Honorable Magistrado,

MARÍA PATRICIA ARIZA VELASCO

Procuradora Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado 14