PGN - DAÑO ESPECIAL Falla probada del servicio

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Falla en el servicio por omisión al no proteger a la población civil de los ataques de grupos al margen de la ley HECHO NOTORIO-No requiere prueba/DEBER DE PROTECCIÓN DEL ESTADONo se realizaron operativos de seguridad para la protección a la población civil En este tema cabe advertir que para el año 2001, era un hecho notorio la situación de orden público delicado en el Municipio de San Luis (Antioquia), que hace parte del oriente de este departamento, razón por la cual la Fuerza Pública no podía desatender la situación de riesgo a que estaban sometidos las víctimas, frente a los cuales se habían hecho realidad las amenazas terroristas. Respecto al hecho notorio, si bien es cierto, son circunstancias que se viven, palpables y visibles por todos, frente a este tema concretamente se han realizado estudios específicamente sobre la zona afectada (oriente de Antioquia) en el cual se evidencia que para el año 2001, el municipio de San Luis (Oriente de Antioquia) vivía una situación de alto nivel de ataques guerrilleros, tomas, violencia y desplazamiento forzado, situación de notorio conocimiento por el Ejército Nacional, estos estudios concluyen que los atropellos a la vida de los pobladores de esta zona se dieron hasta el año 2007, por lo anterior, como es posible que teniendo identificado el sector afectado, no se haya realizado operativos constantes que le brindaran a la población civil la seguridad que requerían y en lugar de esto dejarlos desprotegidos para que fueran masacrados en su integridad.

DAÑO ANTIJURÍDICO-La situación era previsible por las fuerzas armadas Estima esta Delegada del Ministerio Público, que en el presente evento el daño causado a los demandantes, reviste la condición de antijurídico, en tanto no existe dentro del ordenamiento disposición alguna en virtud de la que estén obligados los accionantes a soportar el daño directo e indirecto a ellos irrogado, más cuando el señor estaba en su casa como habitante de esta vereda, como los otros asesinados, y al hecho igualmente probado dentro del proceso, que días antes se había realizado una toma por la guerrilla, exactamente el 05 de marzo de 2001, hecho que hace ostensible la alteración del orden público en el corregimiento de El Prodigio, y no da lugar a duda que esta situación, era totalmente previsible por las fuerzas armadas del EstadoEjército Nacional, en general por el Ministerio de Defensa. FALLA DEL SERVICIO POR OMISIÓN-La fuerza pública dejó en total desprotección a la población civil Resulta evidente que la fuerza pública, encargada de la seguridad del lugar incurrió en una gravísima omisión, dejando en total desprotección a la comunidad, sin percatarse pues este tipo de ataques estaban ocurriendo constantemente; adicional a esto tal circunstancia de temor había sido previamente advertida por los mismos miembros del corregimiento. Entonces es inexplicable como los moradores de la vereda estuvieran sometidos por un grupo armado, por un lapso de 12 horas y esta situación no haya sido contrarrestada, evitando a la población inocente del corregimiento “El Prodigio” al inmenso sufrimiento al que fueron enfrentados, repitiéndose hechos que corresponden a masacres frente a los cuales

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Expediente No.48868 050012331000200301619 01 ha sido declarado responsable el Estado Colombiano, por el hecho ilícito internacional, al no ofrecer seguridad a los habitantes del territorio nacional y con ello violar la Convención Americana de los Derechos Humanos como ocurrió entre otros casos en las masacres de Mapiripán, Ituango, (el Aro, la Granja ), Pueblo Bello. De otro lado la base constitucional y legal de la responsabilidad del Ejército Nacional no solamente se encuentra en el artículo 90 de la Constitución Política sino además en el artículo 217 de la misma carta, que impone el deber de garantía frente a la población civil, el cual fue desconocido al dejar al garete hombres, mujeres y niños ante la inminencia de ataques por cuenta de organizaciones al margen de la ley, como ocurre en el caso objeto de análisis. No podemos pasar por alto que estos ataques no son más que actos terroristas que lo que buscan son desequilibrar el orden constitucional. DAÑO ESPECIAL-Está demostrado que el ataque a la población civil por parte del grupo armado era previsible/INDEMNIZACIÓN-El Estado tiene la obligación de reparar a las víctimas del conflicto El Ministerio Público concuerda con el análisis realizado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, al exponer que las pruebas que obran en el proceso, dan certeza de una falla en

el servicio por parte de las entidades demandadas, pues está demostrado que el atentado terrorista fue previsible, ya que en días anteriores se había presentado la guerrilla realizando atropellos a la comunidad advirtiendo que si no desocupaban el corregimiento asesinarían a todo aquel que se encontrara, esto debió ser de alerta a las autoridades sobre lo que se iba a presentar, demostrando así la creación del daño especial, quiere decir que en el caso concreto el Estado es responsable de los daños causados a los demandantes, pues a este si le corresponde responder por los daños antijurídicos ocasionados razón por la cual el Estado adquiere la obligación de indemnizar a las víctimas del conflicto. DAÑO ESPECIAL-Falla probada del servicio/FALLA PROBADA-Acción de repetición Respecto al daño especial aplicable a este caso, en subsidio de la falta de previsión, se demuestra un grave desequilibrio del principio de las cargas públicas atribuible al Estado, lo que compagina con el modelo de Estado “Social” de derecho, y determina conforme al art. 90 que es menester equilibrar esa balanza. Por lo mismo, no se puede dejar a un lado el deber de recordar se incoe la acción de repetición, puesto que tal como se advirtió, no solo se evidencia la adecuación del régimen objetivo de daño especial, sino además la coexistencia con el título general de imputación de responsabilidad estatal, que lo constituye la falla probada en el servicio. TEORÍA DEL DAÑO ESPECIAL-Jurisprudencia del Consejo de Estado 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co

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Expediente No.48868 050012331000200301619 01 RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Por ataques de grupos al margen de la ley según jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.48868 050012331000200301619 01

CONCEPTO No. 169 / 2014

Bogotá, D.C 30 de septiembre 2014

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente Doctor Carlos Alberto Zambrano Barrera

E. S. D.

EXPEDIENTE: 050012331000200301619 01(48868)

Acción de Reparación Directa

ACTOR: Jose de Jesús Quinchia Giraldo y Otros

DEMANDADO: Nación - Ministerio de DefensaEjército

Nacional.

Sentido del concepto: Solicitud de CONFIRMAR la sentencia recurrida originada en el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia. / Responsabilidad del Estado por actos de grupos al margen de la Ley. / Obligación del Estado de responder por los daños ocasionados a los

demandantes en virtud de la falla en la prestación del servicio/ coexiste falla en el servicio y daño especial/ Hecho notorio no requiere prueba. / Situación de orden público alterado para la fecha de los hechos en el Municipio San Luis (Antioquia). El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y el Patrimonio Público. 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.48868 050012331000200301619 01

1. ANTECEDENTES 1.1. La Demanda – Los hechos José de Jesús Quinchía Giraldo, Teresa de Jesús Cosme Hincapié, Gladis Cecilia Quinchía Cosme, Amparo de Jesús Quinchía Cosme, Luis Carlos Quinchía Cosme, María del Consuelo Quinchía Cosme y María Virgelina Quinchía Cosme mayores de edad, Martha Ligia Quinchía Cosme, mayor de edad, en nombre propio y en representación de la menor Alejandra Quinchía Mejía, Alba María Salazar hoyos en nombre propio y en representación de los menores Edison Darío López Salazar y Aldemar de Jesús López Salazar, este último en nombre propio y en representación

de los menores Javier Esteban Valencia Giraldo, Andrés Camilo Valencia Giraldo y John Alexander Valencia Giraldo, Cesar Tulio Valencia, Abad de Jesús Valencia Castaño, Ángel Custodio Valencia Castaño, Senaida Ester Valencia Castaño, Sor Angela Valencia Castaño, Luz Estela Valencia Castaño, mayores de edad y Luz Dary Giraldo Castaño en nombre propio, y todos por intermedio de apoderado judicial, formularon demanda contencioso administrativa en ejercicio de la acción de reparación directa, en contra de la NaciónMinisterio de DefensaEjercito Nacional. 1.2. Sentencia de Primera Instancia El Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia declaró administrativamente responsable a la Nación - Ministerio de DefensaEjército Nacional, por el daño antijurídico provocado a los demandantes legitimados en la causa, en los términos y proporción examinados. 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.48868 050012331000200301619 01 Corresponde a la Sala decidir si le asiste razón a la parte demandante al clamar la condena en contra de la Nación – Ministerio de DefensaEjército Nacional, por los hechos ocurridos el 27 de abril de 2001, en el corregimiento “El Prodigio” jurisdicción

del Municipio de San Luis (Antioquia), debido al parecer un grupo al margen de la ley, terminó con la vida de los señores Elías de Jesús Quinchía Cosme, Luis Anatolio López Jiménez, Luis Norberto López Salazar y José Javier Valencia Castaño, hecho que se aduce surgió por falta de protección y vigilancia por parte del Ejército Nacional.

Concluyó en Tribunal: Que de acuerdo con lo probado en el proceso, es claro que existiendo falla en el servicio de seguridad y de políticas públicas sobre el tema, habiéndose creado un riesgo excepcional por la decisión de abandonar el lugar cuando se tenía pleno conocimiento del peligro inminente al que estaban expuestos los habitantes del corregimiento, puesto que tres días antes se habían presentado actos de violencia por parte de guerrilleros.

Ahora la Sala quiere distinguir respecto a que a pesar que ya se definió el régimen aplicable, la falla, refulge de manera convergente, la posibilidad de observarse estos eventos bajo el prisma objetivo, ora dentro del denominado riesgo excepcional; ora dentro de la teoría del daño especial. En aquellos casos es posible articular una probable imputación bajo el de “riesgo excepcional”, cuando la administración ha generado el daño con ocasión de la producción de una situación de peligro particular y más allá de lo jurídicamente permitido y jurisprudencialmente se ha incluido el 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.48868 050012331000200301619 01 “daño especial” por la corriente más progresista y humanista que se conduce en la Sección Tercera del Consejo de Estado: (…) “La teoría del daño especial es conveniente, no solo porque brinda una explicación mucho más clara y objetiva sobre el fundamento de la responsabilidad estatal, si no por su gran basamento iusprincipialisa que nutre de contenido constitucional la solución que en estos casos profiere la justicia contencioso administrativa. (…) ”.1 1.4. Argumentos de la apelación 1.4.1. La parte actora La apoderada de la parte actora dentro del proceso referido incoa recurso de apelación en contra de la sentencia mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en donde en términos resumidos argumenta lo siguiente (fls. 458 a 469 del cuaderno uno del Consejo de Estado): Señala que se encuentra en desacuerdo en dos puntos, el primero referente a la falta de legitimación en la causa por activa de las demandantes Senaida Ester Valencia Castaño y Luz Estela Valencia Castaño, hermanas del fallecido Jose Javier Valencia. En segundo lugar no está de acuerdo con los montos fijados como parámetros de indemnización por el Honorable Tribunal, conforme se indicó en la sentencia de primera instancia no se compadece con los sufridos por los demandantes a quienes se les reconoció. Aduce que no resultan suficientes y

concordantes con el principio de indemnización integral constitucionalmente. 1 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso Administrativo, Sección Tercera. Consejero ponente: Enrique Gil Botero. Bogotá D.C, Dieciocho (18) de marzo de dos mil diez (2010) , Radicación número: 05001-23-24-0001994-02606-01 (15591) 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.48868 050012331000200301619 01

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema jurídico Pueden ser expresados en los siguientes términos: 2.1.1. ¿Le asiste responsabilidad administrativa a la Nación – Ministerio de DefensaEjército Nacional, como consecuencia de los daños causados a los demandantes, a título de daño especial, al estar demostrado que por falla en el servicio, por omisión al no proteger a la población civil, los cuales se encontraban en inminente peligro por parte de guerrilleros? 2.1.2. ¿Son considerados, los hechos ocurridos el 27 de abril de 2001, en el Municipio de San Luis (Antioquia) donde resultó muerto Elías de Jesús Quinchía Cosme y otros, como actos terroristas? 2.1.3. ¿Coexisten en el caso concreto, falla en el servicio con daño especial?

2.1.4. ¿Los montos reconocidos a manera de indemnización, se encuentra ajustados a los parámetros judiciales prudenciales? 2.2. Marco Teórico Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto del Ministerio Público: 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.48868 050012331000200301619 01 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado Todos los asuntos de responsabilidad del Estado (contractual y extracontractual) deben ser desatados bajo la luz del Art. 90 Superior, que es el principio general sobre el tema. " ... Art. 90. - El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas... " Para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos: 2.2.2. Responsabilidad del Estado por daños materiales a manos de grupos al margen de la ley. Tratándose de daños causados por actividades desarrolladas por grupos al margen de la ley, podría decirse, que por tratarse de hechos ajenos a la Administración misma, ellos no le pueden ser imputables.

Los daños sufridos por las víctimas de hechos violentos cometidos por terceros son imputables al Estado cuando en la producción del hecho intervino la Administración, a través de una acción u omisión constitutiva de falla del servicio, como en los eventos en los cuales el hecho se produce con la complicidad de miembros activos del Estado, o la persona contra quien iba dirigido el acto había solicitado protección de las autoridades y éstas no se la brindaron, o porque en 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.48868 050012331000200301619 01 razón de las especiales circunstancias que se vivían en el momento, el hecho era previsible y no se realizó ninguna actuación dirigida a evitar o enfrentar eficientemente el ataque. Significa bajo esta perspectiva, que se trata de la responsabilidad subjetiva por falla en el servicio. 2.2.3 Hecho notorio Sobre el hecho notorio el Consejo de Estado ha dicho: “Se entiende por aquel que dadas las características que originaron su ocurrencia se supone conocido por la generalidad de los asociados, cualquiera que sea su grado de cultura y conocimientos, dentro de un determinado territorio y en determinada época, pues la notoriedad puede ser mundial, continental, regional o puramente municipal y está referida a un determinado lapso, de modo que lo que en un determinado proceso podría

erigirse como hecho notorio, en otro no necesariamente tiene esa connotación … “El motivo por el cual el hecho notorio no requiere de prueba no es la imposibilidad o al menos la dificultad de demostrarlo, sino lo superfluo de hacerlo, precisamente por su connotación que implica el conocimiento general que se comenta. 2.2.4 La Corte Interamericana se ha pronunciado sobre la responsabilidad del Estado frente a tomas de grupos al margen de la ley, violación de Derechos Humanos, y la obligación de reparar por daño causado, así: La Corte reitera que la Convención Americana es un tratado internacional según el cual los Estados Parte se obligan a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción y que el Tribunal es competente para decidir si cualquier acto u omisión estatal, en tiempos 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.48868 050012331000200301619 01 de paz o de conflicto armado, es compatible o no con la Convención Americana. Además, la Corte señaló que, en esta actividad, el Tribunal no tiene ningún límite normativo y que toda norma jurídica es susceptible de ser sometida a este examen de compatibilidad.2 De tal manera, en el caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia, la Corte

consideró que: “Si bien la misma Convención Americana hace expresa referencia a las normas del Derecho Internacional general para su interpretación y aplicación, las obligaciones contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención constituyen en definitiva la base para la determinación de responsabilidad internacional a un Estado por violaciones a la misma […] Por lo tanto, la atribución de responsabilidad internacional al Estado, así como los alcances y efectos del reconocimiento realizado en el presente caso, deben ser efectuados a la luz de la propia Convención” 3. VII-2 Derechos a la vida, a la integridad personal y a las medidas de protección de los niños y niñas y deber de adoptar disposiciones de derecho interno: “La Comisión sostuvo que “en el presente caso resultaron heridos varios sobrevivientes que a su vez son familiares de las víctimas que perecieron en el bombardeo”. En ese sentido, la Comisión: El artículo 4.1 de la Convención Americana establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. Observó que la pérdida de un ser querido en un contexto como el descrito permite inferir un sufrimiento incompatible con el artículo 5.1 de la Convención Americana. Además, observó que con posterioridad a la explosión del dispositivo los sobrevivientes y heridos fueron atacados por el helicóptero Arpía.”4. 2 Corte Interamericana de Derechos Humanos anexo 76 VII-2

Ihttp: //www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_259_esp.pdf,

3 Caso de la “Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 107. 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.48868 050012331000200301619 01 En el caso de la masacre de Ituango vs. Colombia, Sentencia de 1 de julio de 2006 Corte Interamericana de Derechos Humanos dice en su capítulo XVI Reparaciones Aplicación Del Artículo 63.1 De La Convención Americana: De acuerdo con el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado (suprapárr. 19, 59, 63 y 64), así como las consideraciones sobre el fondo expuestas en los capítulos anteriores, la Corte ha declarado la violación de los artículos 4.1, 5.1 y 5.2, 6.2, 7.1 y 7.2, 8.1, 11.2, 19, 21, 22.1 y 25 de la Convención Americana, todos en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado. Este Tribunal ha señalado reiteradamente que toda violación de una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente5. A tales efectos, el artículo 63.1 de la Convención Americana establece que: ” (…)[c]cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en

[la] Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada (…). “ 2.3. Las pruebas obrantes Solicito se sirvan tener en su justo valor los documentos que a continuación relaciono: 4 El Artículo 5.1 de la Convención Americana establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 5 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de las masacres de Ituango vs. Colombia, Sentencia de 1 de julio de 2006 Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 5, párr. 174; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, supra nota 9, párr. 195; y Caso Acevedo Jaramillo y otros, supra nota 12, párr. 294. 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.48868 050012331000200301619 01

1. Informe de la Alcaldía de Puerto NareAntioquia (folios 194 a 196 cuaderno 1).

Documento que deja ver, que en efecto, existió, un ataque armado en contra

de la población, que permitían prever una arremetida contra ésta, como en efecto sucedió.

2. Informe del Comandante del Grupo Mecanizado No. 4 Juan del Corral (folios 293 a 276 cuaderno 1). Por parte del Comandante del grupo Mecanizado No. 4, remitió ante el Tribunal, cuadro de registro mensual de resultados operacionales contra las organizaciones al margen de la ley, por periodo comprendido entre el 2000 a 2002, desarrolladas en municipio antioqueño; situación que comprueba que el Ejército, tenía el perfecto conocimiento del conflicto de orden público que vivían los habitantes del corregimiento de el “prodigio”, oriente de Antioquia.

3. Informe suscrito por la Defensora del Pueblo Regional Antioquia (folio 285 a 288 cuaderno 1). Ilustra de forma clara, el hecho violento que tuvo lugar en el Municipio de San Luis (Antioquia) vereda “El Prodigio” el 27 de abril de 2001, existiendo terror y clamor constante de protección por parte de la población civil al Estado.  Testimonios: Veamos las declaraciones de algunos testigos respecto al conocimiento que pudieron tener de lo ocurrido el día 27 de abril de 2001 en la vereda “El Prodigio” donde resultó asesinado Elías de Jesús Quinchía Giraldo y otras cuatro personas más : a) El señor José Adán Hoyo Morales, “…Eso fue el 27 de abril de 2001, en

13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.48868 050012331000200301619 01 el corregimiento El Prodigio, a raíz de una incursión guerrillera, ahí donde tomaron el caserío sucediendo toda clase de sucesos: saquearon negocios, sacando a las personas de las viviendas y luego en las horas de la mañana nos reunieron a todos e iban llamando de uno a uno por señas, los cuales uno de ellos fueron asesinados… ” b) El señor Marco Tulio Osorno Tobón, “… La guerrilla los sacó inocentemente de las casas, a Javier y Elías si fue por allá en la madrugada, pero a los otros fue delante de a (sic) comunidad (…)”. c) El señor Hugo Antonio Marín García, “Eso (sic) fue la guerrilla en la toma que hubo allá en abril de 2001….Yo estaba ahí cuando los mataron…” ¿Cuánto duro la toma? Eso empezó a las 11 de la noche hasta el mediodía del día siguiente. (…) El Ejército (sic) esa vez ya estaba ahí e hicieron una reunión y le dijeron al pueblo que no se fueran ni temieran que estaban protegidos por ellos. A los dos días de haberse ido el ejército se entró la guerrilla…”. Coinciden los anteriores testimonios, en sostener que previamente se había reunido la comunidad con los miembros del Ejército, pero que en el momento de la toma se habían ido. 2.4. Caso concreto En el caso sub examine se pretende el resarcimiento de los perjuicios que se les

ocasionaron a los demandantes como consecuencia de la muerte de los señores Elías de Jesús Cosme Hincapié, Luis Norberto López Salazar, Luis Anatolio López 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.48868 050012331000200301619 01 Jiménez, y José Javier Valencia Castaño, en los hechos ocurridos el 27 de abril de 2001, en el corregimiento “El Prodigio” del Municipio de San Luís (Antioquia). Sin duda alguna es claro que el orden público en la zona rural del municipio de San Luis (Antioquia) se encontraba afectado por grupos al margen de la ley, provocando en los habitantes incertidumbre y temor, ante las muertes, amenazas y actos de inseguridad contra la población, más específicamente en este corregimiento; esta situación es acreditada por parte de los testimonios de personas que se encontraban en el lugar de los hechos quienes presenciaron los actos inhumanos que acabaron con la vida de personas inocentes y ajenas al conflicto armado y por otra parte mediante los informes oficiales rendidos por la autoridades públicas, pruebas sin lugar a duda de los sucesos armados, previos a la ejecución de los asesinatos ocurridos el 27 de abril de 2001. De los testimonios rendidos por los señores José Adán Hoyo Morales, Marco Tulio

Osorno y Hugo Antonio Marín García, este último no sólo se encontraba el día de los hechos, además presenció el asesinato de los cinco ciudadanos ya mencionados, reitera que efectivamente la guerrilla estuvo el 27 de abril de 2001 en el corregimiento de El Prodigio, realizando todo tipo de atropellos, atentando contra los derechos humanos de estos civiles, personas ajenas al conflicto y que terminaron asesinados sobrellevando un costo que no tenían el deber de soportar y menos vulnerándoles los derechos constitucionales de todos aquellos habitantes del corregimiento. En este tema cabe advertir que para el año 2001, era un hecho notorio la situación de orden público delicado en el Municipio de San Luis (Antioquia), que hace parte del oriente de este departamento, razón por la cual la Fuerza Pública no podía desatender la situación de riesgo a que estaban sometidos las víctimas, frente a 15 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. Proc.4a.Del.Consejo de Estado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.48868 050012331000200301619 01 los cuales se habían hecho realidad las amenazas terroristas. Respecto al hecho notorio, si bien es cierto, son circunstancias que se viven, palpables y visibles por todos, frente a este tema concretamente se han realizado estudios específicamente sobre la zona afectada ( oriente de Antioquia) en el cual se

evidencia que para el año 2001, el municipio de San Luis (Oriente de Antioquia) vivía una situación de alto nivel de ataques guerrilleros, tomas, violencia y desplazamiento forzado, situación de notorio conocimiento por el Ejército Nacional, estos estudios concluyen que los atropellos a la vida de los pobladores de esta zona se dieron hasta el año 2007, por lo anterior , como es posible que teniendo identificado el sector afectado, no se haya realizad