PGN - DAÑO MORAL Jurisprudencia de la corte constitucional

DETENCIÓN PREVENTIVA-Necesidad de justificación para proferirla Esta Delegada no puede desconocer que tanto la Constitución Política como la Ley, le permiten a la Fiscalía General de la Nación proferir contra una persona medida de aseguramiento, como es, la detención preventiva, por unas causas legales, así como tampoco, puede perder de vista que se trata de una medida restrictiva de un derecho fundamental, cual es el de la libertad y que, por ello, ni la Fiscalía General de la Nación, ni la Rama Judicial pueden ordenarla o extenderla en el tiempo sin una justa causa, formulación en relación con la cual la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha mostrado en extremo enfática. DERECHO A LA LIBERTAD-Fundamental amparado por la normatividad internacional/PRESUNCIÓN DE INOCENCIA-Fundamental amparado por la normatividad internacional Es de tener en cuenta que los derechos fundamentales a la libertad personal y la presunción de inocencia , se encuentran consagrados tanto en nuestra Constitución Política como en las normas internacionales, ratificadas mediante leyes aprobatorias, entre ellas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 41001233100020030055401 (38959) 5aCdeE/MMER/Almv IUS-2011-8640 PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD-Se torna injusta cuando no cumple con los principios de proporcionalidad y razonabilidad/PRIVACIÓN DE LA LIBERTADJurisprudencia de la Corte Constitucional Concordante con lo expuesto, la jurisprudencia nacional e Internacional han señalado que la privación de la libertad se torna en injusta cuando ésta no cumple con los principios de proporcionalidad y razonabilidad que impone el legislador, al considerar que el derecho a la libertad aun cuando no es absoluto, si es un derecho fundamental que debe ser respetado y garantizado. La Corte Constitucional expuso el criterio antes mencionado en la sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996, al revisar la constitucionalidad de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, cuando en relación con la privación injusta de la libertad, señaló el alcance del término “injusto” enlazado a dicha medida indicando que “se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria”. Con el objeto, de que en cada caso en particular se realice un “análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención”. RESPONSABILIDAD OBJETIVA DEL ESTADO-Por los perjuicios causados en ejercicio de sus facultades Es menester recordar que el artículo 90 de la Constitución Política consagra la responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables por acción u omisión de sus autoridades públicas, y por ello, se señala que la responsabilidad del Estado se ha establecido de manera objetiva, porque basta con

que se pruebe la existencia de un daño antijurídico que el ciudadano no tenga la obligación de asumir para que su causante responda por los perjuicios ocasionados. De esta manera, el hecho de que la actuación de la Fiscalía General de la Nación se haya realizado en virtud del ejercicio de una facultad constitucional y cumpliendo todas las ritualidades que señala la ley penal, no la exime de la responsabilidad que le acarrea por sus actuaciones, si éstas ocasionan daños antijurídicos a los ciudadanos. En relación con el segundo problema jurídico consignado, como ya se expuso en la Constitución Política, artículo 90, se ha consagrado a cargo del Estado la responsabilidad de manera objetiva por los daños antijurídicos que ocasione con el actuar o las omisiones de las autoridades públicas, entre ellas, las autoridades judiciales, la Ley estatutaria de la Administración de Justicia, (ley 270 de 1996), contempla la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad, y, adicionalmente, el decreto 2700 de 1991, Código de Procedimiento Penal vigente para la fecha de la ocurrencia de los hechos, establecía en el artículo 414 a cargo del Estado la obligación de indemnizar a las personas que hubieren sido privadas de la libertad y en su favor se emitieran decisiones absolutorias porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no constituía hecho punible, convirtiéndose todas las anteriores normas en los pilares de la responsabilidad del Estado cuando estamos frente a un acto de privación de la libertad. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-No se demostró la comisión de la

conducta punible Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 2 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 41001233100020030055401 (38959) 5aCdeE/MMER/Almv IUS-2011-8640 En el sub examine, La Rama Judicial, a través del funcionario competente, resolvió absolver al demandante porque no existían “suficientes elementos de convicción (…) para proferir fallo de condena, pues no (era) posible arribar a la certeza sobre la participación y responsabilidad del acusado frente al delito de enriquecimiento ilícito, motivo del juzgamiento, ya que sobre ello únicamente emergen hipótesis y suposiciones que en estricto derecho, no constituyen siquiera indicio grave, (…)”. De lo consignado en la providencia antes mencionada se puede colegir que no se demostró durante el curso del proceso penal la comisión del hecho punible atribuido al demandante lo que da lugar a aplicar el contenido del artículo 414 del decreto 2700 de 1991, esto es, la responsabilidad a cargo del Estado por la privación de la libertad de una persona cuyo proceso concluyó con una sentencia absolutoria como ocurrió en el sub examine. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Supuestos fijados por el Consejo de Estado para endilgar responsabilidad por privación injusta de la libertad El Consejo de Estado en su jurisprudencia ha señalado los siguientes supuestos que deben cumplirse para que se configure la responsabilidad del Estado en aplicación del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991: i) que una persona sea detenida

preventivamente por decisión de autoridad judicial competente; ii) que sea exonerada mediante sentencia absolutoria definitiva o mediante su equivalente; iii) que la decisión absolutoria se haya proferido como consecuencia de que el hecho no existió, que el sindicado no lo cometió o que el hecho que realizó no era punible; iv) que el sindicado y los demás demandantes en el juicio de responsabilidad hayan padecido daños. Según el mismo artículo, la indemnización no es procedente cuando el daño proviene de la culpa grave o del dolo de la propia víctima. Los anteriores presupuestos como se puede observar se cumplen en el presente caso, en la medida en que la autoridad judicial profirió en contra del demandante medida de detención preventiva, la cual se hizo efectiva. El proceso penal culminó con sentencia absolutoria, porque no se probó la ocurrencia del hecho punible, ni la autoría del sindicado y por ende, los integrantes de la parte actora sufrieron un perjuicio por la privación de la libertad de Orlando Beltrán Cuellar. DAÑO MORAL-Jurisprudencia del Consejo de Estado PERJUICIOS MORALES-Límite establecido jurisprudencialmente para su tasación La discrecionalidad del operador judicial para tasar los perjuicios morales tiene como límite: “las condiciones particulares de la víctima y la gravedad objetiva de la lesión”, las que deben ser apreciadas por sus manifestaciones externas, sin perjuicio de que se reconozca parte de la cuantía máxima establecida por la jurisprudencia con fundamento en la presunción de la existencia de éstos, en el evento en que sólo se acredite el daño por las relaciones de parentesco a partir de las reglas de la

experiencia. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 3 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 41001233100020030055401 (38959) 5aCdeE/MMER/Almv IUS-2011-8640 La misma jurisprudencia ha señalado que el monto máximo a reconocer por los perjuicios morales es de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y la situación más grave para otorgar dicho máximo es la muerte de una persona, el cual se otorga a favor de quienes se encuentran en primer grado de consanguinidad respecto de ella, en razón a que de acuerdo a las reglas de la experiencia, este hecho produce un alto grado de tristeza en el ser humano, mientras que la privación injusta de la libertad, a partir de las mismas reglas, no se considera de tal entidad, que de lugar a que se tase el perjuicio en su mayor dimensión. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 4 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 41001233100020030055401 (38959) 5aCdeE/MMER/Almv IUS-2011-8640 Procuraduría Quinta Delegada ante el Consejo de Estado Bogotá D.C., 20 de enero de 2011 Doctora

OLGA VALLE DE LA HOZ

Consejero Ponente – Sección Tercera – Subsección C

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Ref.: Concepto 11-08

Acción de Reparación Directa 41001233100020030055401

(38959)

Actor: Orlando Beltrán Cuellar y Otros

Demandados: Nación – Rama Judicial - Fiscalía General de la

Nación.

Honorable Señora Consejera: En la oportunidad procesal correspondiente esta Procuraduría Delegada emite concepto sobre el proceso de la referencia que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado en virtud del recurso de apelación interpuesto por las partes demandante y demandada, el cual, como se verá, concluye con la solicitud de que se modifique la sentencia impugnada, con fundamento en los

argumentos que a continuación se expondrán: Antecedentes 1-. Demanda Los señores Orlando Beltrán Cuellar (víctima), Deyanira Ortiz Cuenca (cónyuge), en nombre propio y en representación de sus hijos Hugo Felipe Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 5 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 41001233100020030055401 (38959) 5aCdeE/MMER/Almv IUS-2011-8640 y Nicolás Beltrán Ortiz, en ejercicio de la acción de reparación directa presentaron demanda contra La Nación - Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación con la pretensión de que se les declare administrativa y extracontractualmente responsables por todos los perjuicios materiales y morales causados con motivo de la imposición de la medida de aseguramiento consistente en Detención Preventiva al señor Orlando Beltrán Cuellar desde el 18 de marzo de 1998 hasta el 29 de diciembre de 1999. 2-. Contestación de la demanda La Nación – Rama Judicial mediante apoderado contestó la demanda.

Respecto de los hechos manifestó que unos eran ciertos, otros que se probaran y los restantes que no eran ciertos o no le constaban. Se opuso a las pretensiones con fundamento en que no se configuraba responsabilidad de la Nación, en virtud de que la orden de privación de la libertad proferida contra el señor Orlando Beltrán Cuellar fue producto del ejercicio de las funciones constitucionales y legales que le correspondía. La Fiscalía General de la Nación, contestó la demanda así: En relación con los hechos manifestó que se atenía a lo que se probara. Se opuso a cada una de las declaraciones y condenas solicitadas por la parte actora porque “de la lectura de las providencias se pude (sic) concluir, que (su) representada obró de conformidad con las prescripciones legales sobre la materia, por cuanto para dictar la medida de aseguramiento el fiscal de turno, encontró estructurado el indicio grave que exige la ley, luego de haber arrimado a las diligencias todo el acervo probatorio que militaba en las mismas los cuales sindicaban al actor, así lo dejó plasmado en la providencia mediante la cual le Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 6 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 41001233100020030055401 (38959) 5aCdeE/MMER/Almv IUS-2011-8640 resuelve la situación jurídica, para posteriormente ser absuelto por el juez de la causa”. 3-. Sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo del Huila, declaró administrativamente

responsable a la Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación por los perjuicios ocasionados al señor Orlando Beltrán Cuellar, a la señora Deyanira Ortiz Cuenca y a Hugo Felipe Beltrán Ortiz y Nicolás Beltrán Ortiz y, en consecuencia, las condenó a pagar a favor de: Orlando Beltrán Cuellar por concepto de daño material: daño emergente - la suma de $107.700,48 y lucro cesante la cancelación de la asignación que como miembro de la Cámara de Representantes para el periodo constitucional 19941998 ha debido devengar a partir del 18 de marzo de 1998; por daño moral el equivalente a 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes; por perjuicio a la vida de relación el equivalente a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Deyanira Ortiz Cuenca, por concepto de daño moral el equivalente a cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes y por perjuicio a la vida de relación el equivalente a 12 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Hugo Felipe Beltrán Ortiz y Nicolás Beltrán Ortiz, por concepto de daño moral el equivalente a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno y por perjuicio a la vida de relación el equivalente a 12 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno. En la sentencia se tiene en cuenta las siguientes consideraciones: Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 7 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 41001233100020030055401 (38959)

5aCdeE/MMER/Almv IUS-2011-8640 “(…) Desde la perspectiva de la sentencia absolutoria en comento, se infiere entonces que efectivamente en el presente caso al demandante Orlando Beltrán Cuellar ser exonerado de toda responsabilidad penal por los hechos investigados, la privación de la libertad deviene en injusta. En efecto, la sentencia proferida el 23 de mayo de 2000 por el Juez Penal del Circuito Especializado de Neiva dice: “Ahora bien, se sabe suficientemente que para proferir fallo condenatorio se requiere, que obren en el proceso medios probatorios que conduzcan a la certeza de la existencia del hecho punible investigado y la responsabilidad del acusado; … En esas condiciones, comoquiera que de autos no afloran suficientes elementos de convicción, para sostener que están plenamente demostrados los presupuestos que demanda el artículo 247 del C.de P. Penal para proferir fallo de condena, pues no es posible arribar a la certeza sobre la participación y responsabilidad del acusado frente al delito de enriquecimiento ilícito, motivo del juzgamiento, ya que sobre ello únicamente emergen hipótesis y suposiciones que, en estricto derecho, no constituyen siquiera indicio grave; y respetando pero no compartiendo los planteamientos de la funcionaria Fiscal Especializada, y en buena parte de acuerdo con los esbozados por los señores Agente del Ministerio Público y defensor, por la vía del artículo 445 ibídem, Orlando Beltrán Cuellar será favorecido con la determinación absolutoria”. (…) Luego entonces conforme el argumento central que determinó tal

decisión que lo fue la carencia de certeza de la existencia de los hechos como de su responsabilidad, la privación de la libertad de que fue objeto el actor entre el 18 de marzo de 1998 y el 29 de diciembre de 1999, resulta siendo un daño antijurídico, como quiera que desde una perspectiva constitucional, la restricción del referido derecho fundamental resultó produciendo un daño superior sobre el patrimonio jurídico del afectado respecto del beneficio social y constitucional que se pretendía lograr con esa detención. En efecto al juez determinar la inocencia del ahora aquí demandante, significó que esa persona no infringió ni la constitución ni la ley pero como su derecho a la libertad fue restringido, la pérdida del mismo durante el lapso en que estuvo resultó injusto, por lo que el daño antijurídico se presenta. (…)”. 4-. Recurso de Apelación Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 8 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 41001233100020030055401 (38959) 5aCdeE/MMER/Almv IUS-2011-8640 Dentro de la oportunidad legal, las partes demandante y demandada interpusieron sendos recursos de apelación contra la sentencia de primera instancia, en los siguientes términos: Parte Actora “(…) De lo anteriormente expuesto y en síntesis, se tiene que la condena por perjuicios morales ha sido impuesta en forma injustamente reducida frente a la tasación que ha implementado el H. Consejo de Estado para la indemnización por el sufrimiento y padecimiento frente

al daño sufrido por quien acude en resarcimiento ante la jurisdicción contencioso administrativa mediante la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad. Ahora bien, respecto de los perjuicios materiales, solicito respetuosamente se sirva rectificarlos, teniendo en cuenta que mi mandante ocupó la dignidad de representante a la cámara no sólo durante el periodo reconocido en la sentencia, sino cuatro (4) años más con posterioridad a éste; tal como consta en el acervo probatorio trasladado del proceso penal correspondiente. (…)”. LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL “(…) Atendiendo las previsiones jurisprudenciales expuestas y analizado el expediente se colige que la entidad que represento no ha incurrido en el error grosero, el manejo burdo del derecho, que se puede dar tanto al interpretar la norma jurídica, como es establecer la competencia para conocer del proceso; situación que conllevaría a lo que la jurisprudencia y la doctrina ha denominado la vía de hecho, o al error inexcusable que se endilga. No se encuentra desvirtuada la presunción de legalidad del acto demandado y menos se demuestra que el acto fue falsamente motivado, por tanto no se ha demostrado que la providencia cuestionada adolezca de vicio alguno que la convierta en vía de hecho o que se haya presentado en la valoración de las pruebas un error inexcusable. Ahora, en cuanto a la privación injusta del Doctor Orlando Beltrán Cuellar, se justificó, pues la misma tuvo origen en la declaración Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 9 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750

41001233100020030055401 (38959) 5aCdeE/MMER/Almv IUS-2011-8640 presentada por el parlamentario Álvaro Enrique Benedetti Vargas, quien señaló al señor Beltrán Cuellar como uno de los parlamentarios relacionados con el proceso ocho mil, quien había sido beneficiado con dineros provenientes del Cartel de Calí, especialmente con la conocida lista de contabilidad LTD4 y concretamente con dos cheques que según Benedetti Vargas correspondían al representante por el Huila Orlando Beltrán Cuellar; así que las actuaciones de la Honorable Corte Suprema de Justicia, estuvieron ajustadas íntegramente a derecho, toda vez que existían los suficientes indicios para iniciar la correspondiente investigación y por ende era menester para el actor, soportar la carga que conllevaba la misma. Así como lo ha dicho la Sala, “el someterse a una investigación significa una de las cargas que todos los ciudadanos estamos obligados a soportar. (…)”. FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN “(…) De los hechos que originaron la instrucción del proceso penal y en la cual fue vinculado el señor Orlando Beltrán Cuellar no puede estructurarse la responsabilidad patrimonial de la entidad cuyos intereses represento, por las reiteradas razones: Le corresponde a la Fiscalía General de la Nación, con fundamento en el artículo 250 de la Carta Política, las funciones como sigue: (…). A su vez la Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia determinó en relación con las funciones de la Fiscalía General de la Nación: (…) Igualmente la ley 938 de 2004, Estatuto Orgánico de la Fiscalía General

de la Nación señala: (…). La Fiscalía General de la Nación es de inspiración Constitucional, otorgándosele precisas funciones las cuales además son desarrolladas entre otros ordenamientos en el Estatuto Procedimental Penal. Esta competencia legal y constitucionalmente atribuida a la Fiscalía General de la Nación, constituye la expresión de la función jurisdiccional del Estado y es precisamente en ejercicio de esta atribución que los funcionarios judiciales pertenecientes a la Fiscalía General de la Nación, actuando legal y legítimamente, teniendo en cuenta lo preceptuado en las normas de procedimiento penal vigente para la época de la ocurrencia de los hechos, en donde le fueron otorgados al sindicado la oportunidad de controvertir las pruebas con las garantías del debido proceso y del derecho de defensa, Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 10 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 41001233100020030055401 (38959) 5aCdeE/MMER/Almv IUS-2011-8640 ajustándose el procedimiento a los principios y ritualidades que prevé la ley penal, cuando se profiere una medida de provisionalidad y/o probabilidad dentro de la instrucción. (…) Es importante destacar que la preclusión de la instrucción o su absolución a favor del sindicado, no genera per se, el derecho a reclamar una indemnización del Estado; pues sólo en la medida en que se encontraren demostradas una cualquiera de las referidas situaciones de hecho que previó el artículo 414 del C.P.P. vigente para la época de los hechos, la Fiscalía General de la Nación, podría

comprometer su responsabilidad patrimonial y de aceptarse la tesis contraria, implicaría ni más ni menos desconocer la naturaleza y esencia de la función jurisdiccional del Estado que le es connatural, actividad cuya finalidad esta plasmada en el artículo 1 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia. (…)”. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO PROBLEMA JURÍDICO Los problemas jurídicos a resolver en el sub examine son:  Puntualizar si las Entidades Demandadas al cumplir con los presupuestos normativos que autorizan la privación de la libertad a las personas involucradas en la comisión de un hecho punible y no incurrir en vías de hecho o error jurisdiccional exonera al Estado de la responsabilidad señalada en el artículo 90 de la Constitución Política o sí además de ello, deben dar cumplimiento a otras circunstancias.  Establecer si se configura la responsabilidad a cargo del Estado. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 11 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 41001233100020030055401 (38959) 5aCdeE/MMER/Almv IUS-2011-8640  Verificar si la tasación de los perjuicios morales reconocidos en la sentencia de primera instancia cumple con los postulados señalados en la jurisprudencia del Consejo de Estado y si la condena por perjuicios materiales se ajusta a la probanza de los hechos.

ANÁLISIS FÁCTICO PROBATORIO

El señor Orlando Beltrán Cuellar fue capturado el 18 de marzo de 1998 por la presunta comisión del punible de enriquecimiento ilícito de particulares. Mediante providencia de 9 de noviembre de 1998, La Unidad de Fiscalía Delegada Ante la Corte Suprema de Justicia profirió resolución de acusación contra el señor Orlando Beltrán Cuellar. El 29 de diciembre de 1999, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Neiva – Huila, le otorgó la libertad provisional al señor Orlando Beltrán Cuellar. El 23 de mayo de 2000, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Neiva – Huila absolvió al señor Orlando Beltrán Cuellar por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, una vez realizada la valoración de las pruebas arrimadas al proceso, estableciendo que: “(…) En esas condiciones comoquiera que de autos no afloran suficientes elementos de convicción, para sostener que están plenamente demostrados los presupuestos que demanda el artículo 247 del C.P.Penal para proferir fallo de condena, pues no es posible arribar a la certeza sobre la participación y responsabilidad del acusado frente al delito de enriquecimiento ilícito, motivo del juzgamiento, ya que sobre ello únicamente emergen hipótesis y suposiciones que, en estricto derecho, no constituyen siquiera indicio grave; y respetando pero no compartiendo los planteamientos de la funcionaria fiscal especializada, y en buena parte de acuerdo con los esbozados por los señores Agente del Ministerio Público y defensor por la vía del artículo 445 ibídem, Orlando Beltrán Cuellar será

favorecido con determinación absolutoria. (…)”. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 12 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 41001233100020030055401 (38959) 5aCdeE/MMER/Almv IUS-2011-8640 En el cuaderno número 1 a folios 69 a 71 se encuentran los documentos con los que se acredita la legitimación en la causa por activa.

ANÁLISIS JURÍDICO

 LEGALIDAD DE LA ACTUACIÓN.

Frente al primer problema jurídico, las entidades demandadas consideran que se resuelve en forma positiva, y, en consecuencia, cuando exista una decisión de privación efectiva de la libertad si ésta cumple con las normas legales vigentes no se incurre en error jurisdiccional ni en vía de hecho no se torna en injusta y por lo tanto, no deriva responsabilidad alguna a cargo del Estado. Esta Delegada no puede desconocer que tanto la Constitución Política como la Ley, le permiten a la Fiscalía General de la Nación proferir contra una persona medida de aseguramiento, como es, la detención preventiva,1 por unas causas legales, así como tampoco, puede perder de vista que se trata de una medida restrictiva de un derecho fundamental, cual es el de la libertad y que, por ello, ni la Fiscalía General de la Nación, ni la Rama Judicial pueden ordenarla o extenderla en el tiempo sin una justa causa, formulación en relación con la cual la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha mostrado en extremo enfática2.

1 C. Pol. Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. 2 Corte Constitucional, Sent. C-327 de 1997 M.P. Fabio Morón Díaz. “...Así pues, aún cuando el derecho a la libertad no es absoluto es claro que su limitación tampoco ha de tener ese carácter y, por lo tanto, el legislador, al regular los supuestos en los que opere la restricción del derecho, debe observar criterios de razonabilidad y proporcionalidad que fuera de servir al propósito de justificar adecuadamente una medida tan drástica, contribuyan a mantener inalterado el necesario equilibrio entre las prerrogativas en que consiste el derecho y los limites del mismo.." Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 13 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 41001233100020030055401 (38959) 5aCdeE/MMER/Almv IUS-2011-8640 Así mismo, es de tener en cuenta que los derechos fundamentales a la libertad personal3 y la presunción de inocencia4, se encuentran consagrados tanto en nuestra Constitución Política como en las normas internacionales, ratificadas mediante leyes aprobatorias, entre ellas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos5 que señala que "1. Todo individuo tiene derecho a la libertad

y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta…"; y la Convención Americana de Derechos Humanos6 que en su artículo 7º establece: "1.Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ella. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.”7 . Concordante con lo expuesto, la jurisprudencia nacional e Internacional han señalado que la privación de la libertad se torna en injusta cuando ésta no cumple con los principios de proporcionalidad y razonabilidad que impone el legislador, al considerar que el derecho a la libertad aun cuando no es absoluto, si es un derecho fundamental que debe ser respetado y garantizado. La Corte Constitucional expuso el criterio antes mencionado en la sentencia C037 de 5 de febrero de 1996, al revisar la constitucionalidad de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, cuando en relación con la privación 3 "Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y

seis (36) horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”. 4 Constitución Política, artículo 29, inciso 4, “(…) Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”. 5 Ratificado mediante la ley 74 de 1968 6 Ratificada por medio de la ley 16 de 1972 7 Este tema fue ampliamente estudiado por la Sección Tercera en las sentencias de 27 de noviembre de 2003, expediente 76001233100019950106801-14698 Saulo Emilio Mosquera, Consejera Ponente Dra. Maria Elena Giraldo y de 13 de noviembre de 2008, expediente 76001233100019950106401-16013 Nestor Aizneider Tovar Rivera con ponencia de la Consejera Myriam Guerrero de Escobar. Procuraduría Q