PGN - DAÑO Su certeza debe estar basada en su existencia clara y concreta

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Responsabilidad administrativa y patrimonial por falla en el servicio de Ministerio de Defensa Nal, Fiscalía Gral de la Nación, Policía Nal y municipio de Malambo por perjuicios al actor por desalojo violento y posterior pérdida de inmueble RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL-Régimen de imputación de esta según marco legal y jurisprudencial DAÑO ANTIJURÍDICO-Requisitos para su configuración Para la configuración del daño antijurídico se deben acreditar los siguientes aspectos: i) Que la persona no tenga el deber jurídico de soportarlo. ii) Que se lesione un derecho protegido por el ordenamiento legal. iii) Que el daño sea cierto, real determinado, determinable, indemnizable y no se limite a una simple conjetura. El demandante en reparación directa es aquel sobre quien recae el interés jurídico que se discute en el proceso, por lo tanto, será este accionante el dueño de la cosa dañada por el agente público y deberá identificar al sujeto que considera administrativamente responsable para que el juez de conocimiento determine la legitimación en la causa por pasiva. A partir del estudio de las pretensiones del demandante, se puede concretar fácticamente el alcance del daño desde la perspectiva y serán los términos de la demanda los que permitan concretar fácticamente ab initio aspectos como el daño antijurídico que sustenta la demanda, la actividad señalada como productora del daño y la delimitación de la caducidad del medio de control. Entonces, desde la concreción fáctica de las pretensiones

elevadas por la parte actora, dada en medio de todas sus posibilidades de acción judicial o policiva, corresponderá al juez evaluar el planteamiento de los intereses vulnerados respecto del posible responsable. A partir del análisis de lo anterior, el juzgador definirá en sentencia aspectos determinantes del conflicto como es por ejemplo la imputación por omisión, de la cual podrá defenderse el extremo pasivo alegando no tener responsabilidad por la producción del hecho DAÑO-Su certeza debe estar basada en su existencia clara y concreta En los procesos de reparación directa, al pretender la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado, se debe probar como primer elemento el daño, como la afectación de un derecho o interés tutelado por el ordenamiento jurídico que debe tener las características de ser cierto, personal y directo. Ese menoscabo, debe quedar probado en el proceso como un desmedro patrimonial, que no puede simplemente invocarse y esperar que los demandados desvirtúen la simple alusión de un derecho, como es el de posesión de bien inmueble. La certeza del daño debe estar basada en su existencia clara y concreta, lo que implica su aparición real y efectiva en el marco de las pruebas llevadas al proceso por el interesado, que para el caso de marras es el supuesto poseedor. No podría tratarse entonces el daño, de una hipótesis o conjetura del actor y menos en un proceso de reparación directa porque no es la jurisdicción de lo contencioso administrativo la que debe decidir para el mundo del derecho la calidad definitiva de poseedor, dado que esto último corresponde al juez civil. DAÑO-Carácter personal de este

El estudio del carácter personal del daño se inicia con la verificación de la vulneración de un derecho protegido, y aunque se puede tener por tal la simple lesión de una situación favorable en cabeza de cualquier persona que crea con interés, se debe demostrar que la pretensión de restablecimiento de su derecho es legítima. La legitimación para figurar como demandante en la PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6 PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° Bogotá D.C. PBX: (1) 5878750 Ext: 1370113703. Correo electrónico: lescandon@procuraduria.gov.co 1 causa material existe cuando se prueba realmente la calidad de damnificado, para, en el caso de las reparaciones directas, por ejemplo, poder obtener la indemnización pretendida se debe probar la legitimación en la causa por activa. Por el contrario, quien no logre probar un interés legítimo en cuanto a lo discutido en el proceso, verá sus pretensiones desestimadas por ser estas impertinentes DEMANDANTE-No probó ser poseedor del inmueble/RECURSO DE APELACIÓN-Se debe declarar infundado en el sub examine Basado en las anteriores consideraciones, esta vista fiscal concluye que sí se probó que unas personas desalojaron violentamente el predio objeto de controversia, pero el demandante no probó ser poseedor del inmueble y en todo caso tampoco es posible imputar, de acuerdo con lo probado, responsabilidad por los hechos a los entes demandados. Con fundamento en los anteriores argumentos, esta Agencia del Ministerio Público en defensa del interés general, del

orden jurídico, del patrimonio público y de las garantías y de los derechos fundamentales, solicita de manera respetuosa a esa Honorable Corporación que en este evento se declare infundado el recurso de apelación interpuesto por…… en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico en fecha veintiuno (21) de febrero de dos mil veintitrés (2023).

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CON FUNCIONES MIXTAS 6

CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTO N° 094/2023

Bogotá, D.C., 5 de junio de 2023. Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: Dr. NICOLAS YEPES CORRALES

E. S. D.

Ref.: Proceso 08-001-23-33-000-2020-00134-01 (69803) Medio de control: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

Actor: Luis Carmen Enrique Cuervo Rodríguez.

Demandado: Ministerio de Defensa Nacional, Fiscalía General de la

Nación, Policía Nacional y Municipio de Malambo. Apelación de sentencia.

Honorable señor Consejero: En mi condición de agente de la Procuradora General de la Nación para intervenir en el

trámite de la referencia1, dentro del término previsto en el numeral 6 del artículo 247 de la Ley 1437 de 20112, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, procedo a rendir concepto dentro del proceso de la referencia.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones del Ministerio Público. 3. Conclusión.

Síntesis: Corresponde conceptuar sobre la prosperidad en segunda instancia de la apelación interpuesta por el demandante Luis Cuervo Rodríguez, contra la sentencia de fecha veintiuno (21) de febrero de dos mil veintitrés (2023) emitida en el proceso de Reparación Directa que tiene como pretensión la declaratoria de responsabilidad administrativa y patrimonial por la falla del servicio endilgada a Ministerio de Defensa Nacional, Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional y el Municipio de Malambo, entes acusados de ser los causantes del perjuicio resultante del desalojo violento e ilegal que se practicó en el inmueble del actor. 1 Competencias previstas en los artículos 277-7 de la Constitución Política y 30-1 del Decreto Ley 262 de 2000. 2 Artículo 247. Trámite del recurso de apelación contra sentencias, artículo modificado por el artículo 67de la Ley 2080 de 2021: “El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de

acuerdo con el siguiente procedimiento: (…)

6. El Ministerio Público podrá emitir concepto desde que se admite el recurso y hasta antes de que ingrese el

proceso al despacho para sentencia”.

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1. ANTECEDENTES Contenido: 1.1. La demanda. 1.1.1 Pretensiones. 1.1.2. Hechos. 1.2. La defensa. 1.2.1.

Contestación de la Fiscalía General de la Nación. 1.2.2. Contestación del Ministerio de Defensa Policía Nacional. 1.3. Pruebas decretadas. 1.4. La sentencia. 1.5. Apelación de la sentencia. 1.1. La demanda Con fecha doce (12) de marzo de dos mil veinte (2020)3, fue interpuesto por Luis Enrique Cuervo Rodríguez el medio de control de reparación directa en referencia. 1.1.1. Pretensiones La parte actora elevó como peticiones que se declare administrativa y patrimonialmente responsable a las entidades demandadas por los perjuicios morales y materiales causados al actor por la falla de servicio que condujo al desalojo violento y posterior pérdida del bien inmueble del cual era poseedor. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se condene a las demandadas a pagar por el daño ocasionado, los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la suma resultante del valor real y material del bien inmueble que fue destruido en su

totalidad. También pidió que se condenara a los demandados a pagarle la pérdida de oportunidad, al no poder interponer ante la jurisdicción ordinaria proceso de pertenencia. Así mismo, el lucro cesante de lo dejado de percibir como producto del usufructo del bien inmueble más el cálculo realizado del arrendamiento del bien desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta 10 años siguientes a la vida útil del mismo. El actor estimó la cuantía en la siguiente forma. Daño emergente, representado en la pérdida total de la infraestructura que constituía salones o aulas de clase, baterías sanitarias, oficinas y demás por la suma de Ochocientos Cuatro Millones Once Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho Pesos MIL. ($ 804.011.658) más los predios sobre los cuales estaba construido y en posesión del demandante avaluados en Setecientos veintidós millones setecientos quince mil pesos M/L ($722.715.000), para un total de Mil quinientos veintiséis millones setecientos veintiséis mil seiscientos cincuenta y ocho pesos m/l ($1.526.726.658) en la modalidad de Daño emergente. Calculó el lucro cesante así, la vida útil del bien inmueble objeto de la presente demanda de 20 años, teniendo en cuenta que el uso del presente bien tenía más de 10 años desde su remodelación, se establece que por su uso y capacidad de explotación comercial futura se podría explotar en las condiciones actuales hasta 10 años más, por ello se tendría un ingreso mensual por arriendo del mismo en un canon aproximado de Dos Millones Quinientos Mil Pesos Mensual ($ 2.500.000), que multiplicado por 120

meses de uso futuro daría un total de Trecientos Millones de Pesos ($ 300.000.000). 3 De acuerdo con consulta realizada en el sistema SAMAI disponible en la web: https://samairj.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx? guid=250002336000201900602002500023.

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Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° Bogotá D.C. PBX: (1) 5878750 Ext: 1370113703. Correo electrónico: lescandon@procuraduria.gov.co 4 Por los padecimientos de miedo, ansiedad, humillación, degradación, y la inculcación de sentimientos de inferioridad, inseguridad, frustración, e impotencia, sufridos por el demandante pidió la suma de Ochenta y siete millones setecientos ochenta mil trecientos pesos ($ 87.780.300), que equivalen a 100 S.M.M.L.V. a la Fecha de presentación de la demanda de Ochocientos Setenta y Siete Mil Ochocientos Tres Pesos ($ 877.803) 1.1.2. Hechos El contexto fáctico planteado por la parte actora fue el siguiente4. Indicó que fue poseedor por más de once años, desde el dos (2) de febrero de dos mil siete (2007), de dos predios ubicados en la carrera 5 sur número 11-25 y calle 11 No. 5 sur-40, barrio Miraflores, Municipio de Malambo. Inmuebles identificados con la matrícula inmobiliaria número 041-39867 y 041-39868 de la Oficina de Instrumentos

Públicos de Soledad y referencias catastrales números 010006220002000 y 01000620001000, sobre los cuales se construyó un colegio, anteriormente denominado Colegio El Concord. Señaló que en el predio objeto de controversia, encontró un colegio en condiciones precarias y de abandono, por lo que procedió a reconstruirlo con el acondicionamiento y ampliación de salones, baterías sanitarias, área administrativa, cocina y comedor escolar, con una inversión inicial de quinientos millones de pesos ($500,000.000.00). Explicó que el colegio fue acondicionado para ser sede de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Candelaria, y que en el predio también funcionó por varios años, una sede de atención de niños de primera infancia o C.D.I. (Centro de Desarrollo Infantil). Agregó que esas instituciones pagaban arriendo al señor Cuervo Rodríguez y que esto se considera como actos de señor y dueño5. Precisó que el inmueble en cuestión le fue cedido por el señor Salomón Melamed Ovadía, pidiendo a cambio el demandante saldara una deuda que se tenía con un celador por sus servicios a largo de varios años y que le entregó una suma de dinero y una casa al celador para obtener con ello la posesión material del predio. Sostuvo que el colegio funcionó hasta el dos mil quince (2015), luego lo arrendó para el funcionamiento del CDI y finalmente lo arrendó a particulares que lo usaron como parqueadero. Relató que doce (12) de marzo del dos mil dieciocho (2018) se presentaron al inmueble

objeto de controversia los señores Jhon Amador y Silvio Villegas, como representantes del señor Luis Carlos Trujillo Varela, acompañados por el Comandante de la Policía de Malambo, con un oficio emanado por el despacho de la Inspectora de Policía del Concord de Malambo, señora Alma Gutiérrez, reclamando un amparo policivo. Narró que desde el doce (12) de marzo del dos mil dieciocho (2018) empezaron a llegar personas armadas al lugar para amenazar a quienes se encontraban custodiando el inmueble y posteriormente, el quince (15) de marzo de dos mil dieciocho (2018) en la mañana, llegaron seis individuos en una camioneta, con vidrios polarizados, con armas 4 1_080012333000202000134011EXPEDIENTEDIGI20230427142302_ED_01FL198DEMANDA ═ndice_ 2_1. 5 Hecho primero, página tres (3) del escrito de demanda visible en el PDF: 1_080012333000202000134011EXPEDIENTEDIGI20230427142302_ED_01FL198DEMANDA ═ndice_ 2_1.

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vez en la Estación de Policía, el señor José Ríos se vio coaccionado porque lo pusieron cara a cara con estos señores y ante la pregunta, de si iba a presentar denuncia contra quienes tenía al frente, tuvo que desistir por el miedo que le causó el que lo tuvieran en esa situación. Señaló que a las dos de la tarde de ese mismo día quince (15) de marzo, volvieron los individuos que habían sido llevados esposados por la Policía y amenazaron con matar a quienes estuvieran en el inmueble después de las seis de la tarde. Agregó que, al ser informado del anterior hecho, ordenó que cerraran y aseguraran el inmueble para preservar la vida las personas que se encontraban en el sitio porque a su juicio, la Policía no garantizaba la seguridad de ellos. Precisó que en la noche del quince (15) de marzo de dos mil dieciocho (2018), el bien inmueble fue ocupado ilegalmente, violentado y destruido sin que contara con la protección de ninguna autoridad. Precisó que en menos de tres (3) meses fue destruido el inmueble, que contaba con 1.072.24 mts2 de área construida y 2.890.86 mts2 de terreno. Que los perpetradores de los actos violentos levantaron allí varias casas en menos de dos meses, situación que consideró irregular porque no existen las respectivas licencias de construcción. Explicó que denunció los hechos relatados a la Fiscalía General de la Nación y que ésta no inició ninguna investigación al respecto y que, además, contra los señores que se apoderaron del predio existe un proceso de extinción de dominio identificado con el número 110016099068201800268, ante el cual hizo la correspondiente reclamación6 y

que, ante tal intervención la Fiscalía contestó que no se podía hacer nada hasta que la investigación siguiera adelante7. Finalmente conjeturó que, la existencia del procedimiento de extinción de dominio “[…] [demostraba] la calidad de delincuentes de quienes usurparon, desalojaron y destruyeron su inmueble por omisión de las funciones de las demandadas […]”8. 1.2. La defensa 1.2.1. Contestación de la Fiscalía General de la Nación Se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda señalando, basado en que para el actor es imposible estructurar alguna clase de responsabilidad en cabeza de la Fiscalía General de la Nación. Adujo que no existe un nexo causal entre el daño deprecado por el actor (Desalojo del inmueble del cual era poseedor), y el accionar ajustado a la Constitución y la ley por parte de la fiscalía al momento de adelantar la investigación en contra del señor Trujillo Varela y Otros por el delito de Violación de Habitación Ajena. 6 Hecho décimo, página cinco (5) del escrito de demanda visible en el PDF: 1_080012333000202000134011EXPEDIENTEDIGI20230427142302_ED_01FL198DEMANDA ═ndice_ 2_1. 7 Ídem. 8 Ídem.

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6 Manifestó que la investigación contra los protagonistas de los hechos violentos narrados en la demanda está en curso y se encontraba en etapa de indagación, en desarrollo del programa metodológico proferido y frente a la cual se estarían tomando las decisiones que en derecho correspondan una vez se recaude el material probatorio necesario. Señaló que el demandante no ha demostrado la mora judicial injustificada que adjudica a la Fiscalía General de la Nación y por el contrario este ente, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales se encuentra realizando la investigación de rigor a fin de establecer las posibles responsabilidades penales que pudieran recaer sobre el señor Trujillo Varela y otros. Propuso las excepciones de falta de legitimación material en la causa por activa y por pasiva, inexistencia del daño antijurídico e inexistencia del nexo causal. 12.2. Contestación del Ministerio de Defensa – Policía Nacional Se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda basado en que el actor no está legitimado para reclamar unos presuntos daños sobre un inmueble del cual no ostenta o por lo menos no está probada su condición de poseedor, ni que sea el legítimo propietario, agrego que incluso no existe prueba alguna de que siendo el presunto poseedor del inmueble durante más de 11 años a la fecha, no haya adelantado un proceso de declaración de pertenencia a fin de pasar de simple poseedor a propietario por imperio de la ley. Señaló que las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjeron los hechos objeto de debate en el medio de control en referencia, correspondieron al comportamiento exclusivo de personas ajenas a la entidad demandada con quienes no

se tenía ninguna clase de vinculo por parte de sus funcionarios. Dijo que los funcionarios de la Policía Nacional nunca concertaron actuaciones con los individuos que causaron los supuestos daños en el inmueble del demandante y agregó en el mismo sentido que los funcionarios involucrados en los hechos nunca se apartaron de la normatividad para incurrir en la comisión de una infracción al ordenamiento penal. Indicó que las personas que causaron los supuestos daños lo hicieron por su propia voluntad y nunca contaron con la anuencia o participación de agentes de la Policía Nacional. Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por activa y hecho exclusivo y determinante de un tercero. 1.2.3. Municipio de Malambo El ente territorial demandado guardó silencio en la oportunidad correspondiente. 1.3. Pruebas decretadas Se decretaron como tales, según su mérito legal, las documentales aportadas con la demanda. Fueron las siguientes9: 9 Acta de audiencia inicial visible en el expediente digitalizado en archivo PDF: PDF13_080012333000202000134011EXPEDIENTEDIGI20230427142517_ED_09ACTAAUDIENCIAI ═ndice_ 2_13

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ii.) Copia de la certificación de la Notaria Segunda del Circuito de Barranquilla Ana Dolores Meza Caballero que, de acuerdo con el criterio del demandante, es prueba la falsedad de la Escritura a nombre de Luis Carlos Trujillo Varela, presunto reclamante del inmueble. iii.) Copia del avalúo comercial del inmueble, realizado por el Arquitecto y Abogado: Juan Carlos Machado Ospino. iv.) Planos de levantamiento arquitectónico. v.) Carta catastral de bien inmuebles de N O 010006220002000 y 01000620001000. vi.) Certificados del registro en Instrumentos Públicos del inmueble con matrícula N O 041-39867 y N O 041-39868. vii.) Constancia de la conciliación fallida ante la Procuraduría 14 Judicial ll para Asuntos Administrativos de la ciudad de Barranquilla de fecha Nueve (09) de marzo de 2020. viii.) Oficio presentado ante la Fiscalía 68 de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, de fecha de Veinte (20) de noviembre de 2018. ix.) Respuesta oficio de la Fiscalía 68 de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, de fecha de Veinticuatro (24) de noviembre de 2018). x.) Copia de oficio ante la Inspección Cuarta del Municipio Malambo por perturbación a la posesión o mera tenencia. xi.) Imágenes impresas de la noticia en la red social de Facebook, del desalojo ocurrido. El despacho ordenó que se oficiara: i.) A la Inspección de Policía El Concord (Inspección Norte de Malambo), para que en el

término de cinco (5) días, contados a partir del recibo de la comunicación, remita los documentos y soportes por medio de los cuales ordenó una medida policiva administrativa de presunta restitución del bien inmueble a favor del señor Luis Carlos Trujillo Varela y terceros sobre los predios ubicados en la carrera 5 sur No. 11-25 y calle 11 No. 5 sur-40, barrio Miraflores, Municipio de Malambo. ii.) A la Estación de Policía de Malambo, para que en el término de cinco (5) días, contados a partir del recibo de la comunicación respectiva, remita copia del informe de los acontecimientos denunciados el quince (15) de marzo de dos mil dieciocho (2018) cuando fueron amenazados y hostigados violentamente las personas que estaban al cuidado de los bienes objeto de la demanda. iii.) A la Fiscalía General de la Nación, para que en el término de cinco (5) días, contados a partir del recibo de la comunicación respectiva, remita informe sobre: • Estado actual del proceso SPOA 08001600125720181384, de las acciones, documentos, órdenes de policía judicial, entrevistas y/o actividades de su competencia PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6 PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° Bogotá D.C. PBX: (1) 5878750 Ext: 1370113703. Correo electrónico: lescandon@procuraduria.gov.co 8 durante el tiempo que ha transcurrido desde la ocurrencia de los hechos y denuncia hasta la presentación de la demanda. • Estado actual del proceso de extinción de

dominio SPOA 110016099068201800268 por acciones delictivas posteriores a los hechos de la demanda de quienes pernoctaban en el bien despojado violentamente. iii.) A la Alcaldía Municipal de Malambo, para que en el término de cinco (5) días, contados a partir del recibo de la comunicación respectiva, certifique con cuántas inspecciones de policía cuenta el municipio, nombre de los inspectores de la época de los hechos (12 de marzo de 2018) y la competencia debido a la división del territorio de dichas inspecciones. El Despacho ordenó la recepción de los testimonios de los señores Jissela Brochero Cantillo, Carmen Agresott, Luis Carlos Román Pantoja, Jose Agustín Ríos Sánchez, Karen Lopez Diaz, Álvaro José López Jiménez, Leomeris Tejera Utria y Juan Carlos Ortiz Marriaga, para que se refirieran a los hechos de la demanda. La Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa – Policía Nacional, al contestar la demanda, no aportaron ni solicitaron la práctica de pruebas. En Municipio de Malambo no contestó la demanda. 1.4. La sentencia En fecha veintiuno (21) de febrero de dos mil veintitrés (2023), El Tribunal Administrativo del Atlántico profirió falle de primera instancia. Lo hizo basado en los siguientes argumentos10. La primera instancia estudió preliminarmente la excepción de falta de legitimación material en la causa por activa, propuesta por los apoderados de la NaciónFiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa –Policía Nacional. En esos términos,

correspondió la verificación de presupuestos procesales materiales o de fondo, dentro de los cuales se encuentra la legitimación en la causa, es decir, la legitimidad para obrar dentro del proceso del demandante, del señor Luis Enrique Cuervo Rodríguez y su interés jurídico para accionar. Tuvo en cuenta que la jurisprudencia constitucional se ha referido a la legitimación en la causa como la "calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso". Dijo a partir de lo anterior que, cuando una de las partes carece de dicha calidad o condición, no puede el juez adoptar una decisión favorable a las pretensiones demandadas. Explicó que el juez del proceso debe determinar si la parte accionante está legitimada para reclamar la indemnización del daño y si la entidad demandada es la llamada a responder por aquélla y que, ante la falta de prueba sobre alguno de tales presupuestos, habrá lugar, indefectiblemente, a negar las pretensiones de la demanda. Precisó que de acuerdo con la demanda incoada el actor Luis Cuervo, este debe probar su calidad de poseedor y que todo aquel que pretenda demostrar que ejerce la posesión material sobre un bien, sea en su propio nombre o en el de un tercero poseedor, deberá acreditar, mediante prueba idónea, los dos elementos constitutivos de ella, a saber: i) el corpus, es decir la manifestación externa o el conjunto de actos materiales que se realizan en virtud de la posesión, a partir de los cuales se revela una relación material, directa o indirecta, entre una persona y una cosa y ii) el animus, esto 10 Sentencia visible en el expediente digitalizado en archivo PDF:

21_080012333000202000134011EXPEDIENTEDIGI20230427142940_ED_36FALLO202000134 ═ndice_ 2_21.

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y posesión material del inmueble localizado en la carrera 5 sur No. 11-25 del Municipio de Malambo, al señor Luis Carlos Trujillo Varela. Señaló que se allegó al proceso certificado de fecha 12 de febrero de 2012 expedido por la Secretaría de Hacienda del Municipio de Malambo en el cual hace constar que el inmueble ubicado en la carrera 5 sur No. 11-25 de propiedad del señor Jaime de la Vega Muñoz se encuentra a paz y salvo por concepto de impuesto predial y sus adicionales hasta el 31 de diciembre de 2012, y que se aportó el Certificado de Tradición del inmueble con matrícula inmobiliaria 041-39867 ubicado en la carrera 5 sur No. 11-25, Urbanización Miraflores, expedido el 5 de marzo de 2018, en el que se observa en la última anotación de fecha 31/05/2013 el traslado real del dominio de De la Vega Muñoz Jaime a Trujillo Varela Luis Carlos. Constató también que se aportó el Certificado de Tradición del inmueble con matrícula inmobiliaria 041-39868 ubicado en la calle 11 No. 5 sur-40, Urbanización Miraflores, expedido el 11 de diciembre de 2019, en el que se observa en la anotación No. 003 de fecha 21/09/1987 el traslado real del dominio de De la Vega Muñoz Jaime a Manotas Correa Juan Pablo y en la anotación No. 009 de fecha 31/10/2018 se registra medida cautelar de embargo por orden de la Fiscalía 68 Especializada de Extinción del Derecho

de Dominio de Barranquilla. Indicó que obra en el expediente querella presentada por el señor Luis Enrique Cuervo Rodríguez contra los señores Jhon Amador, Silvio Villegas y Luis Carlos Trujillo ante la Inspección Cuarta de Malambo por perturbación a la posesión, en donde manifiesta tener la calidad de poseedor por más de 11 años de dos predios ubicados en la carrera 5 sur No. 11-25 y calle 11 No. 5 sur-40 del Barrio Miraflores del Municipio de M