PGN - DAÑO Tasación

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Perjuicios morales causados a un recluso por una requisa en un establecimiento carcelario RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Marco normativo RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-El Consejo de Estado señala los presupuestos para que proceda la declaratoria CENTROS DE RECLUSIÓN PENITENCIARIOS-Normas señaladas por la Corte Constitucional para la realización de requisas CENTROS DE RECLUSIÓN PENITENCIARIOS-Objetivo de la requisa de tercer nivel En el presente caso, se trató de una “Requisa de tercer nivel”, en cumplimiento del artículo 55 de la Ley 65 de 1993. Este procedimiento esta reglado en el instructivo Requisa de Tercer Nivel (PO 30-023-05 VO1) (Fl. 73 c. ppal) y tiene como objetivo verificar si existe en el penal tráfico de armas y otros elementos y pueden ser individuales o colectivas. En estas requisas, el personal no debe tener contacto físico con el interno. Este procedimiento se realiza, por ejemplo, después de las visitas. DAÑO-Tasación CENTROS DE RECLUSIÓN PENITENCIARIOS-En el presente caso y en cuanto a la requisa se siguieron los procedimientos establecidos en la ley/PRINCIPIO NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANSSignificado/PRINCIPIO NO REFORMATIO IN PEJUS-Tratándose de apelante único Como lo señala el Agente del Ministerio Público que intervino en primera instancia, de la actitud del recluso, aceptada por él y por el apoderado en el escrito de apelación, se

observa que tuvo una actitud desobligante y exagerada y que fue esa reacción y no la orden de la guardia la que pudo afectar su dignidad. Lo anterior se deriva del principio, según el cual nadie puede alegar en su favor su propia culpa (Nemo auditur propriam turpitudinem allegans). Esta Agencia del Ministerio Público comparte el concepto del Procurador Judicial Administrativo de Armenia, quien solicitó que se denegaran las pretensiones. Sin embargo, teniendo en cuenta que se trata de apelante único y que por tanto opera la no reformatio in pejus, solicitará que se confirme la tasación de perjuicios realizada por el Tribunal, la cual resulta proporcionada a las circunstancias. ________________________________________________________________________________ Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO EXPEDIENTE: 630012331000200800009 01 (41548) ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Finalidad El fin de la acción de reparación directa no es el enriquecimiento sin causa de ninguna persona o de sus apoderados, en detrimento del patrimonio público, si no, el reconocimiento de la responsabilidad del Estado y la reparación del afectado, la cual en ocasiones, como ocurre en caso de la pérdida de una vida, resulta simbólica, habida cuenta de lo inapreciable del bien afectado. INDEMNIZACIÓN-En el presente caso no opera

El fallo de tutela cumplió el objetivo que perseguía el interno, es decir, el garantizar que a futuro que los funcionarios observen de manera estricta el procedimiento y se eviten vulneraciones a los derechos de los reclusos. Pero esta orden del juez de tutela no sirve de título para que el demandante y su apoderado persigan del Estado una indemnización que no guarda relación con la protección de sus derechos ni con daños probados dentro del proceso que así lo justifiquen.

CONCEPTO No. 201 / 2011

Bogotá, D.C., 26 de octubre de 2011

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente Doctor HERNÁN ANDRADE RINCÓN

E. S. D.

EXPEDIENTE: 630012331000200800009 01 (41548)

REPARACIÓN DIRECTA

ACTOR: HECTOR FABIO MONTOYA

APODERADO: LUIS ALFONSO RAMÍREZ HINCAPIE DEMANDADO: IMPEC Sentido del Concepto: El Ministerio Público solicita CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío el 21 de octubre de 2010. 2 ____________________________________________________________________________________________________________ Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO EXPEDIENTE: 630012331000200800009 01 (41548)

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, la defensa de los Derechos Humanos y la protección del patrimonio público.

1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda El señor HECTOR FABIO MONTOYA, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, entabló demandada contra el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO IMPEC, por los perjuicios morales que le causara la orden de despojarse de su ropa en una requisa realizada el 20 de junio de 2006 en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario Peñas Blancas de Calarcá, Quindío. El interno pidió que se le permitiera la requisa en privado, lo cual fue concedido por los funcionarios, sin embargo, señala que aún en esas circunstancias la orden de desnudarse violaba sus derechos fundamentales, razón por la cual solicita se ordene una indemnización por perjuicios morales, que el apoderado estima en valor equivalente a 502 salarios mínimos legales mensuales.

El interno interpuso presentó acción de tutela por violación de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a no ser sometido a tratos crueles degradantes e inhumanos, y a la intimidad personal, consagrados en los artículos 1. 12 y 15 de la Carta Política. la cual fue negada en primera instancia, por tratarse

de un hecho consumado, y concedida en segunda instancia por el Tribunal Superior de Armenia, Sala de Decisión Civil-Familia y Laboral. Tratándose de un hecho consumado, El Tribunal, en la parte resolutiva de la sentencia, ordena al Director del establecimiento carcelario a observar las reglas de las requisas para que no se produzcan nuevas vulneraciones a los derechos de los reclusos y a impartir a sus subordinados las instrucciones pertinentes. Con fundamento en este último fallo, el demandante presenta la presente acción de reparación. 1.2. Contestación de la demanda 1.2.1. El apoderado judicial del IMPEC señala que la requisa se realizó con observancia de todas las normas legales y las contenidas en el reglamento carcelario. Afirma que a solicitud del interno la requisa se hizo en privado y que la orden que se le dio fue la de sacudir su ropa interior para verificar que no tuviese en ella algún elemento prohibido por las normas del penal, a lo cual el interno respondió de forma desobligante y procedió a despojarse de su ropa interior y a ponerse en posición de cuclillas, sin que se le hubiese ordenado. Alega que las requisas son medidas de control necesarias para mantener el orden y la seguridad 3 ____________________________________________________________________________________________________________ Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO EXPEDIENTE: 630012331000200800009 01 (41548) de estos establecimientos y que en ningún momento se vulneraron los derechos

fundamentales del recluso. 1.2.2. El Ministerio del Interior presentó la excepción de falta de legitimación por pasiva. 1.3. Intervención del Ministerio Público En la Primera instancia, el Ministerio Público intervino a través del Procurador 13 Judicial Administrativo del Quindío, quien solicitó al Tribunal denegar las pretensiones de la demanda, por considerar que la requisa se realizó dentro de los parámetros legales y que no se verificó daño alguno que deba ser reparado, especialmente observando la actuación del interno, quien exageró con su conducta los efectos de la requisa. 1.4. Sentencia de Primera Instancia. El Tribunal Contencioso Administrativo del Quindío, accedió a las pretensiones, pero en consideración al daño fijó una indemnización de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Justifica la tasación de la condena en el hecho de que el interno contribuyó con su conducta a causar el daño. Acepta la excepción de falta de legitimación por pasiva a la NaciónMinisterio del Interior. 1.5. Recurso de apelación La sentencia fue apelada por el apoderado del actor, quien sostiene que la dignidad humana del interno no puede ser valorada en tan poco. Reconoce que el interno al recibir la orden realizó ejercicios y otras conductas que no le fueron ordenadas pero señala que esto fue una reacción a la orden injusta. Recuerda todas las incomodidades y dificultades que pasan los internos en los penales y señala que no es clara la sentencia en cuanto al porcentaje en que la víctima

contribuyó al daño.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema jurídico 4 ____________________________________________________________________________________________________________ Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO EXPEDIENTE: 630012331000200800009 01 (41548) El problema jurídico que plantea la solicitud de revocatoria de la sentencia de primera instancia, es el siguiente: 2.1.1. ¿La sentencia mediante la cual el juez de tutela, ordena al Director del Instituto penitenciario y carcelario a observar las normas y directrices dadas por la Corte Constitucional en la realización de las requisas, de tal manera que no se pida a los internos desnudarse completamente, como según el Juez de tutela ocurrió en el caso del demandante, obliga al juez administrativo a indemnizar a quien presentó dicha acción de tutela? 2.1.2. ¿Se verifican en el presente caso los elementos que dan lugar a la responsabilidad del Estado? 2.1.3. ¿Resulta proporcional la condena impuesta por el Tribunal Administrativo del Quindío en el presente caso? 2.2. Marco teórico. 2.2.1. De la falla del servicio como título de imputación de responsabilidad de las entidades públicas. La responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política.

“ARTICULO 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. 2.2.2. El Consejo de Estado, Sección Tercera, en reiteradas ocasiones, ha señalado que para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, deben verificarse los siguientes presupuestos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano 5 ____________________________________________________________________________________________________________ Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO EXPEDIENTE: 630012331000200800009 01 (41548) c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable,

etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” 2.2.3. Las normas para la realización de requisas en los centros penitenciarios y carcelarios señaladas por la Corte Constitucional, son las siguientes: (1) El Estado tiene la legítima facultad y obligación para practicar requisas razonables y proporcionadas, legalmente consideradas. (2) En el caso de los visitantes, específicamente, toda persona que ingrese a un centro de reclusión o salga de él, por cualquier motivo, deberá ser razonablemente requisada y sometida a los procedimientos de ingreso y egreso; por gozar los visitantes de la plenitud de sus derechos, sólo pueden ser razonables las limitaciones que sean necesarias, para obtener el fin buscado. (3) En cualquier caso, no es razonable una requisa que se realice transgrediendo el derecho a la dignidad humana de la persona (reclusa o visitante) al manipular sus partes íntimas, cuando no es necesaria por existir otros mecanismos para garantizar la seguridad. (4) No es razonable constitucionalmente, por implicar una violación al derecho fundamental a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, las requisas intrusivas que son practicadas por la guardia de un establecimiento de reclusión, tales como desnudar al recluso o al visitante, obligarlo a agacharse o a hacer flexiones de piernas y mostrar sus partes íntimas a la guardia; más aún si éstas se practican en condiciones insalubres. (5) Las

intervenciones, registros, injerencias, comprobaciones o extracciones sobre los cuerpos, tales como las ‘requisas intrusivas’, pueden llegar a darse por razones fundadas “(…) siempre que medie el consentimiento informado del afectado y el registro se practique de modo que el pudor y el decoro personal no resulten ofendidos, ni la integridad física y jurídica vulnerada, condicionamientos éstos que demandan (i) un mandato legal, (ii) la supervisión judicial, (iii) la intervención de personal experto y (iv) el uso de instrumental y condiciones sanitarias adecuadas, porque los tratos crueles, inhumanos y degradantes están proscritos y su prohibición es absoluta”. 2.3. Pruebas. 2.3.1. Diligencia de inspección, declaración de los funcionarios del centro penitenciario y carcelario (Fl.14 y 15) 2.3.2. Declaración del interno OSCAR ORLANDO ZAPATA (Fl.16 y 17). 2.3.3. Sentencia del 12 de julio de 2006, niega en primera instancia la tutela ( 19 a 26). 6 ____________________________________________________________________________________________________________ Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO EXPEDIENTE: 630012331000200800009 01 (41548) 2.3.3. Sentencia del Tribunal Superior de Armenia concede la tutela en segunda instancia (Fl. 27-39)

2.3.4. Instructivo de Requisas de Tercer Nivel (Fl. 173) 2.4. Análisis del caso concreto. En concepto de esta Agencia del Ministerio Público, asiste razón al Tribunal Administrativo del Quindío al tasar el daño como lo hizo, por las siguientes razones: En primer lugar, la privación de la libertad implica una situación especial, que no puede compararse con la de quienes se encuentran en libertad. Dicha circunstancia implica la implementación de un régimen disciplinario que permita el control de las cárceles dentro de las normas que las regulan y la garantía de la seguridad de los propios internos, la cual es responsabilidad del Estado. De otra parte, es un hecho notorio la comisión de contravenciones y delitos dentro de los penales, el tráfico de armas, sustancias prohibidas, celulares, etc. También es universalmente conocido que en ocasiones, los reclusos utilizan sus partes íntimas para ocultar los elementos prohibidos en el penal, como se ve por ejemplo en la conocida novela Papillon, de Henri Charrière. Esta situación frecuente en cualquier establecimiento penitenciario justifica la adopción de medidas especiales como lo son las requisas, con características mucho más invasivas que las que se practican a los ciudadanos en estado de libertad. Sin embargo, como lo señalan la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos, la dignidad humana es un derecho inalienable y en un estado democrático de derecho no se justifica el desconocimiento de tal derecho a ninguna persona, por esta razón, la limitación de la libertad de quienes han infringido la ley o se encuentran bajo investigación penal, no implica el desconocimiento de sus derechos fundamentales, más allá de lo razonable.

Estas consideraciones imponen la necesidad de ponderar los derechos de tal manera que se permita a las autoridades tomar las medidas que garanticen la seguridad en estos establecimientos sin que por ello se vulneren más allá de lo estrictamente necesario los derechos fundamentales de los reclusos. Las requisas son inevitables, necesarias e incluso obligatorias, en estos centros de reclusión y como, atendiendo a la realidad innegable de la comisión de delitos en estos centros y del recurso a utilizar las zonas más íntimas para esconder elementos prohibidos, la misma Corte Constitucional ha aceptado que en ocasiones pueda llegarse incluso a realizar requisas invasivas, por supuesto, con la observación de las condiciones señaladas por la Corte, citadas en el marco teórico de este concepto y que nos permitimos recordar aquí: 7 ____________________________________________________________________________________________________________ Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO EXPEDIENTE: 630012331000200800009 01 (41548) “(1) El Estado tiene la legítima facultad y obligación para practicar requisas razonables y proporcionadas, legalmente consideradas. (2) En el caso de los visitantes, específicamente, toda persona que ingrese a un centro de reclusión o salga de él, por cualquier motivo, deberá ser razonablemente requisada y sometida a los procedimientos de ingreso y egreso; por gozar los visitantes de la plenitud de sus derechos, sólo pueden ser

razonables las limitaciones que sean necesarias, para obtener el fin buscado. (3) En cualquier caso, no es razonable una requisa que se realice transgrediendo el derecho a la dignidad humana de la persona (reclusa o visitante) al manipular sus partes íntimas, cuando no es necesaria por existir otros mecanismos para garantizar la seguridad. (4) No es razonable constitucionalmente, por implicar una violación al derecho fundamental a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, las requisas intrusivas que son practicadas por la guardia de un establecimiento de reclusión, tales como desnudar al recluso o al visitante, obligarlo a agacharse o a hacer flexiones de piernas y mostrar sus partes íntimas a la guardia; más aún si éstas se practican en condiciones insalubres. (5) Las intervenciones, registros, injerencias, comprobaciones o extracciones sobre los cuerpos, tales como las ‘requisas intrusivas’, pueden llegar a darse por razones fundadas “(…) siempre que medie el consentimiento informado del afectado y el registro se practique de modo que el pudor y el decoro personal no resulten ofendidos, ni la integridad física y jurídica vulnerada, condicionamientos éstos que demandan (i) un mandato legal, (ii) la supervisión judicial, (iii) la intervención de personal experto y (iv) el uso de instrumental y condiciones sanitarias adecuadas, porque los tratos crueles, inhumanos y degradantes están proscritos y su prohibición es absoluta”. (Sentencia T848 de 2005)

En el presente caso, se trató de una “Requisa de tercer nivel”, en cumplimiento del artículo 55 de la Ley 65 de 1993. Este procedimiento esta reglado en el instructivo Requisa de Tercer Nivel (PO 30-023-05 VO1) (Fl. 73 c. ppal) y tiene como objetivo verificar si existe en el penal tráfico de armas y otros elementos y pueden ser individuales o colectivas. En estas requisas, el personal no debe tener contacto físico con el interno. Este procedimiento se realiza, por ejemplo, después de las visitas. El mencionado instructivo, señala: “3. Solicitar al interno que se quite la ropa. El interno debe desvestirse hasta quedar en pantaloneta o ropa interior (…) 9. Posteriormente al interno se le solicitará que sacuda su ropa interior…” En la requisa realizada el 20 de junio de 2006, se siguieron los procedimientos establecidos en la ley. El Jefe de la guardia accedió a la solicitud del recluso de hacer la requisa en privado y, si bien se verifica una diferencia entre la versión del interno y la de los guardias en cuanto que el demandante dice que se le dio la 8 ____________________________________________________________________________________________________________ Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO EXPEDIENTE: 630012331000200800009 01 (41548) orden de quitarse la ropa interior, los guardias sostienen que se le ordenó sacudir

la ropa interior y que el recluso se quitó la ropa y empezó a saltar y a hacer cuclillas como una forma de desafiar a la guardia. En todo caso, queda claro que no se presentó violencia ni contacto, ni se desconocieron las indicaciones señaladas por la Corte Constitucional. Como lo señala el Agente del Ministerio Público que intervino en primera instancia, de la actitud del recluso, aceptada por él y por el apoderado en el escrito de apelación, se observa que tuvo una actitud desobligante y exagerada y que fue esa reacción y no la orden de la guardia la que pudo afectar su dignidad. Lo anterior se deriva del principio, según el cual nadie puede alegar en su favor su propia culpa (Nemo auditur propriam turpitudinem allegans). Esta Agencia del Ministerio Público comparte el concepto del Procurador Judicial Administrativo de Armenia, quien solicitó que se denegaran las pretensiones. Sin embargo, teniendo en cuenta que se trata de apelante único y que por tanto opera la no reformatio in pejus, solicitará que se confirme la tasación de perjuicios realizada por el Tribunal, la cual resulta proporcionada a las circunstancias. No es de recibo la pretensión del apoderado, quien pretende que se indemnice por un valor fuera de toda razón como son 502 salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando el máximo otorgado por el Honorable Consejo de Estado en casos como el de la muerte de una persona. Esta pretensión resulta absurda teniendo en cuenta las circunstancias en que ocurrieron los hechos y el daño causado. El fin de la acción de reparación directa no es el enriquecimiento sin causa de

ninguna persona o de sus apoderados, en detrimento del patrimonio público, si no, el reconocimiento de la responsabilidad del Estado y la reparación del afectado, la cual en ocasiones, como ocurre en caso de la pérdida de una vida, resulta simbólica, habida cuenta de lo inapreciable del bien afectado. Por supuesto que la condena ordenada por el Tribunal Administrativo del Quindío no pretende valorar la dignidad del recluso en cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, sino, simplemente, reconocer que posiblemente si en incurrió en un exceso en la prestación del servicio a cargo de la guardia, en la realización de un procedimiento legítimo y en el cual se pudo comprobar que se siguieron los instructivos pertinentes, este sea de alguna manera resarcido, pero también es un reconocimiento simbólico que tiene en cuenta el comportamiento que tuvo el demandante y el daño que presuntamente pudo causarse. El fallo de tutela cumplió el objetivo que perseguía el interno, es decir, el garantizar que a futuro que los funcionarios observen de manera estricta el procedimiento y se eviten vulneraciones a los derechos de los reclusos. Pero esta orden del juez 9 ____________________________________________________________________________________________________________ Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO EXPEDIENTE: 630012331000200800009 01 (41548) de tutela no sirve de título para que el demandante y su apoderado persigan del

Estado una indemnización que no guarda relación con la protección de sus derechos ni con daños probados dentro del proceso que así lo justifiquen.

III. CONCLUSIÓN Por las anteriores razones, esta Agencia del Ministerio Público solicita al Honorable Consejo de Estado, CONFIRMAR la sentencia del Tribunal Administrativo del Quindío del 20 de octubre de 2010.

MARÍA PATRICIA ARIZA VELASCO

Procuradora Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado

G. Robles. 10 ____________________________________________________________________________________________________________ Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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