PGN - DEBER FUNCIONAL Cumplimiento de los deberes y funciones que como servidor público se

Dependencia : Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal Radicación Nº. : 165-76870-2002

Disciplinado : AUGUSTO ELIAS ZUÑIGA HINOJOSA Cargo y Entidad : Instituto Nacional de Adecuación de Tierras – INAT – Quejoso : Anónimo Fecha de Queja : Febrero 12 de 2002

Fecha hechos : Diciembre 2001

Asunto : Fallo de Primera Instancia

Bogotá, D. C., 17 de agosto de 2006

I. OBJETO Procede el despacho a proferir el fallo de primer grado dentro del proceso adelantado contra AUGUSTO ELIAS ZUÑIGA HINOJOSA, en su condición de Subdirector General del Instituto Nacional de Adecuación de Tierras - INAT -, por presuntas irregularidades en materia de contratación estatal.

La presente investigación se inicio con fundamento en un escrito anónimo remitido a la Procuraduría General de la Nación, donde indican presuntas irregularidades cometidas con los contratos celebrados por el Instituto de Adecuación de Tierras INAT, con las asociaciones de riego, Asosevilla, Asorifrio, Asotucurinca y Usoaracataca, evadiendo el proceso licitatorio y, desviando los recursos que se giraron con ocasión de esos actos consensúales a la campaña del Senador Efraín Cepeda Saravia, así mismo se indico en el anónimo, que los actos consensúales suscritos con esas asociaciones se les giró anticipo, que se consignaron en el Banco de Bogotá, de la ciudad de Santa Marta, a nombre de los contratistas y el interventor, y que antes de iniciar los trabajos, muchos de los cuales ya estaban realizados, se

efectuaron gastos por la cuantía de $1725.000.000., de los $3450.000.000., que corresponde a la suma total de los convenios, habiéndose repartido entre el Director General del INAT, el interventor, los Gerentes de las Asociaciones, los presidentes de las juntas el 50% del monto del contrato. Dicho escrito fue repartido a la Procuraduría Delegada par al Economía y la Hacienda Pública, la cual mediante auto de fecha 9 de Septiembre de 2002, ordeno remitir el expediente a la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal, una vez asignada a esta delegada, mediante auto ordeno remitirla a la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios, por estar presuntamente involucrado un Senador de la Republica, la cual mediante auto de fecha 5 de marzo de 2003, se abstuvo de iniciar investigación en contra del Doctor Efraín Cepeda Saravia, en su condición de Senador de la Republica y ordeno devolver las diligencias a esta delegada. Mediante auto esta delgada ordeno iniciar indagación preliminar a fin de establecer la procedencia de investigación disciplinaria, así como los hechos conexos probados en el transcurso de estas diligencias, surtida esta etapa, en auto de fecho 19 de febrero de 2004, se ordeno abrir investigación preliminar contra en señor AUGUSTO ELIAS ZUÑIGA HINOJOSA, en su condición de subdirector del INAT, por la suscripción de los contratos anexos sin agotar el debido procedimiento de selección, además se ordeno archivar la conducta relacionada con el reparto del 50% del monto total

contratado.

II. CARGOS

1 EXP. 165-76870 Marisabel Tuiran C Agotada esta fase procesal, en proveído de fecha 21 de Octubre de 2004 (folios242 - 205) se profirió pliego de cargos en contra del investigado, en el siguiente tenor: Cargo Primero: “AUGUSTO ELIAS ZUÑIGA HINOJOSA, en su calidad de Subgerente General del INAT, la suscribir los anexos con los Distritos de Riego, a los contratos números 245/94 con Asosevilla, folios 43, Usoaracataca 246/94, folio 69, Asotucurinca 247/94 y Asorifrio 248/94, folio 77, presuntamente transgredió los principios que deben imperar la Contratación Estatal, como son los de Transparencia, Responsabilidad, Planeación, selección objetiva” Cargo Segundo: “La vulneración en que pudo haber incurrido el Subgerente General del INAT, señor AUGUSTO ELIAS ZUÑIGA HINOJOSA, de los principios antes referidos, puede configurar el favorecimiento a un tercero, en éste caso a los Distritos de Riego Asosevilla, Usoaracataca, Asotucurinca y Asorifrio, con el correlativo incremento patrimonial de éstos” “Lo anterior, por cuanto los anexos suscritos a los contratos celebrados en el año 1994, con los Distritos de Riego citados, tiene un objeto totalmente diferente a los contratos originales, de los cuales emanan. El Instituto, debió realizar un proceso de

selección objetiva, con el fin de ejecutar las obras que pretendían realizar con la suscripción de los anexos a los contratos indicados”.

III. DESCARGOS Y ALEGACIONES Alega el abogado defensor del acusado, en los escritos visibles a folios 267 a 275, del cuaderno principal, que aplicando las normas del anterior estatuto disciplinario

(Ley 200 de 1995), donde la concepción del bien jurídico protegido era trascendente y no inmanente, se estructurará un cargo bajo la pretensión de que el supuesto desconocimiento de una exigencia formal, si efectivamente lo hubo, necesariamente reconduce a una transgresión del deber de selección objetiva previsto en el articulo 29 de la Ley 80 de 1993. Que esta conclusión plantea al entendimiento que de dicho tópico hace el operador disciplinario, una contradicción lógica, por cuanto la inaplicación de una norma exceptiva de la regla jamás puede conducir a la violación de ésta, sino de la misma norma exceptiva, lo que en este caso termina por configurar una transgresión formal del ordenamiento jurídico, sí, solo sí, demostrara la Procuraduría General que tal requisito fue omitido y su no existencia en las respectivas carpetas, obedece a una omisión del defendido cuando se desempeño como subgerente General del INAT. Manifiesta que el deber de selección objetiva se podía transgredir en el caso de que hubiera sido necesario obtener varias ofertas, pero como estamos en el campo de la excepción y no la regla, lo cual supone que no se requerían las otras o inclusive que requiriéndose éstas si no eran obtenidas, igualmente se podía contratar

directamente, que la violación tiene un contenido funcional propio, respecto del cual no cabe ninguna remisión para estructurar una conducta diferente so pena de desconocer el principio de legalidad y su concreción, plasmada en el de tipicidad. 2 EXP. 165-76870 Marisabel Tuiran C Que la mera puesta en peligro de que se habla en el primer cargo, como fundamento del reproche disciplinario plantea la inexistencia de daño alguno, lo cual deja, reparando los hechos desde una perspectiva de conjunto, a la conducta investigada como una circunstancia que puede generar una mera contradicción formal con la ley, pero no materialmente debido a que no produjo ningún daño. Que solo pueden ser considerado como merecedores de una sanción disciplinaria aquellas conductas de los servidores públicos que, además, de suponer un incumplimiento de un deber (que equivaldría a la simple creación de un riesgo jurídicamente desaprobado), hayan acarreado la lesión del “interés jurídico disciplinario”, a través del quebrantamiento de una norma erigida para proteger al bien jurídico frente a determinados comportamientos considerados potencialmente lesivos para él (lo que corresponde a la realización del riesgo en el resultado), Que una contradicción puramente formal entre la acción y la norma no puede ser calificada de antijurídica, como tampoco pude ser calificada como tal la lesión de un bien que no esté protegido jurídicamente. La esencia de la antijurídicidad es, por consiguiente, la ofensa a un bien jurídico protegido por la norma que se infringe como la realización de la acción.

Entonces si no se presenta, tal como acaece en relación con el cargo primero, se impone como necesaria la medida pedida a favor de su defendido, toda vez que su comportamiento no afectó la buena marcha de las labores del Invima (sic), por lo que se puede concluir afirmando que el hecho cuestionado no constituye falta disciplinaria. En cuanto al segundo cargo, en el cual se cuestionó el favorecimiento a un tercero, en éste caso a los Distritos de Riego Asosevilla, Usoaracataca, Asotucurinca y Asorifrio, con el correlativo incremento patrimonial de éstos, en la defensa se alega que la estructuración de la presunta falta endilgada, sobre la base de la invocación de unas normas que no le son aplicables, desconoce el principio de tipicidad, cuyo fundamento estriba en la legalidad de las infracciones disciplinarias, por cuanto sólo bajo un supuesto normativo que no corresponde, se lleva a cabo una adecuación típica artificiosa, dado que el denominado principio de tipicidad cierta, en materia disciplinaria, se traduce en garantía procesal en la medida en que vincule a la administración con la obligación de adecuar correctamente la conducta al tipo disciplinario, de tal forma que de esta concreción sustancial permita a los procesados la defensa de sus intereses. Que toda conducta de un servidor público o de quien ejerza funciones públicas se tipifica como falta disciplinaria cuando tiene real y no fingida ocurrencia, frente a la norma aplicable y porque además compromete el correcto ejercicio de la administración y conduce a la pérdida de credibilidad en la esfera de la actividad

pública, sino no se elevaría a la categoría de infracción, por tanto si no hay daño sino beneficio con tal conducta, nos remitimos a lo expuesto en el primer acápite de los descargos, sobre la carencia de antijurídicidad material, como presupuesto para el relevo de cualquier pretensión punitiva al respecto. Así mismo el abogado defensor solicita la práctica de algunas pruebas, las cuales fueron decretadas mediante auto de fecha 17 de marzo de 2005. 3 EXP. 165-76870 Marisabel Tuiran C Agotada la fase de descargos, el Despacho mediante auto de 01 de Septiembre de 2005 (folio 373), esta delegada ordena correr traslado para alegatos de conclusión, en desarrollo del cual el abogado defensor del disciplinado ZÚÑIGA HINOJOSA, presento escrito con sus alegaciones de conclusión, visibles a folio 382 y 383, en el cual plasma algunos de los mismos argumentos vertidos en el memorial de descargos, solicitando para su defendido la exoneración de cualquier responsabilidad por los hechos y se ordene el archivo del expediente..

IV. CONSIDERACIONES

1. Es importante resaltar, que el trámite seguido en este radicado se ajustó en cuanto a su forma y términos a los lineamientos previstos en los artículos 150 y siguientes de la Ley 734 de 2002. Respecto al tema de competencia, así como a las garantías de los derechos al debido proceso y defensa, no se advierte ninguna anomalía, pues el inculpado tuvo la posibilidad de actuar en todas las fases procesales, ya que a través del centro de notificaciones de la Procuraduría General de la Nación, se le

envió citación que obra a folio 225 del cuaderno principal, a la ultima dirección registrada en el INAT en y mediante edicto fue notificado del auto de apertura de Investigación, así mismo fue enviado oficio de fecha 3 de Noviembre de 2004, a la nueva dirección del acusado, con el fin de notificarlo del auto mediante el cual se le formulo cargos y ante la no comparecencia se procedió al nombramiento de apoderado de oficio, el cual fue posesionado personalmente el 11 de febrero de 2005, como defensor de oficio del señor AUGUSTO ELIAS ZUÑIGA HINOJOSA. Respecto a las pruebas recaudadas, es pertinente destacar que cumplen las formalidades exigidas para su valoración. En el caso de los documentos, se observa que éstos fueron aportados en forma legal y oportuna, y no fueron tachados de falsos, por tanto permiten su valoración.

2. De acuerdo con lo establecido en artículo 1, de la Ley 80 de 1993, esta ley, tiene por objeto disponer de las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales.

Lo anterior en principio quiere decir la actividad contractual de cualquier ente de orden estatal, salvo norma en contrario, debe regirse por las disposiciones contenidas en el mencionado cuerpo normativo, igual aplicación se da respecto a la entidad que aquí se investiga la cual es un Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como se indica en cada uno de los contratos que son objeto de análisis, con lo cual se concluye que no esta sujeta a ningún régimen especial en materia de contratación

3. El primer cago reprochado a AUGUSTO ELIAS ZUÑIGA HINOJOSA, fue haber transgredido los principios de Transparencia, Responsabilidad, Planeación y Selección Objetiva al suscribir los anexos a los contratos números 245/94 con Asosevilla, Usoaracataca 246/94, Asotucurinca 247/94 y Asorifrio 248/94, con los Distritos de Riego, lo cuales tienen un objeto totalmente diferente a los contratos de los cuales emanan, que son contratos de administración que comprendían la operación y conservación de los respectivos distritos de riego, debiendo realizar un proceso de selección objetiva para la escogencia del contratista, con el fin de ejecutar las obras que pretendían realizar con la suscripción de dichos anexos, los cuales implicaban la cofinanciación para la construcción de unas obras.

4 EXP. 165-76870 Marisabel Tuiran C Sobre este hecho el Despacho al estudiar el material probatorio que reposa en el cartulario advierte que efectivamente el disciplinado, en su calidad de Subgerente General del INAT, suscribió los anexos a los contratos números 245/94 con Asosevilla, Usoaracataca 246/94, Asotucurinca 247/94 y Asorifrio 248/94. En relación con la diferencia existente entre los objetos de los contratos mencionados, lo cual llevo a esta delegada a establecer que era necesario agotar el procedimiento de selección objetiva para la suscripción de los anexos, se tiene que de la lectura de los contratos con sus respectivos anexos sus objetos son distintos a los contratos inicialmente suscritos. La siguiente es la comparación de los objetos de

los contratos: OBJETO DE LOS CONTRATOS OBJETO DE LOS ANEXOS CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN, No. 245 ANEXO AL CONTRATO DE DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 1994: ADMINISTRACIÓN, No. 245 DE FECHA 28 DE ASOSEVILLA, asume la administración, DICIEMBRE DE 2001: Es la cofinanciación para operación, conservación en el Distrito de la rehabilitación correspondiente al control de Adecuación de Tierras de Sevilla. (Folio 34 – 35) inundaciones en los diques del Río Sevilla, drenaje de Los Micos y/o drenaje particulares y obras complementarias en los canales de riego para el manejo ambiental, municipio Zona Bananera, regional No. 8 Magdalena del INAT y de conformidad con las obras programadas por la Asociación de Usuarios. (Folio 43-44) CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN, No. 247 ANEXO AL CONTRATO DE DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 1994: ADMINISTRACIÓN, No. 247 DE FECHA 28 DE ASOTURINCA, asume la administración, DICIEMBRE DE 2001: La cofinanciación para la operación, conservación de las obras existentes ejecución de obras para el control de en el Distrito de Adecuación de Tierras de inundaciones sobre la margen derecha del Río Tucurinca. (Folio 49-50) Tucurinca paralelo al canal Tucurinca Viejo, Regional No. 8 Magdalena del INAT y de conformidad con las obras programadas por la Asociación de Usuarios.(Folio 54)

CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN, No. 246 ANEXO AL CONTRATO DE

DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 1994: ADMINISTRACIÓN, No. 246 DE FECHA 28 DE USOARACATACA, asume la administración, DICIEMBRE DE 2001: La cofinanciación para la operación y conservación de las obras existentes ejecución de obras para el control de en el Distrito de Adecuación de Tierras de inundaciones sobre la margen derecha del Río Aracataca. (Folio 60-61) Aracataca paralelo al canal Tolima, Regional No. 8 Magdalena del INAT y de conformidad con las obras programadas por la Asociación de Usuarios.( Folio 69) CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN, No. 248 ANEXO AL CONTRATO DE DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 1994: ADMINISTRACIÓN, No. 248 DE FECHA 28 DE ASORIOFRIO, asume la administración, DICIEMBRE DE 2001: La cofinanciación para la operación y conservación de las obras existentes rehabilitación correspondiente al control de en el Distrito de Adecuación de Tierras de Río inundaciones en la margen derecha del Río Frío Frío.(Folio 74-75) en el sector Dique el Puyo, excavación, conformación de Bordas, afirmado de bordas construcción de un puente en el carreteable y doble canaleta en el cruce del canal Goenaga Norte, recava drenaje la Esperanza. Control de inundación en la construcción del drenaje interceptor al Goenaga Norte. Control de inundación quebrada la Varilla, que vierte sus aguas de la parte alta de la montaña al canal Goenaga Norte y ele drenaje interceptor al

Goenaga Norte en el corregimiento de Río Frío, municipio Zona Bananera, Regional No. 8 5 EXP. 165-76870 Marisabel Tuiran C Magdalena del INAT y de conformidad con las obras programadas por la Asociación de Usuarios. (Folio 77) Ahora bien, teniendo en cuenta la simple comparación anterior, es claro que la finalidad de los contratos son distintos, en tanto que los contratos inicialmente suscritos, son contratos de administración de las obras existentes en las distintas asociaciones y comportan igualmente la operación y conservación en el distrito de riego correspondiente, es decir que la labor de administrar objeto de estos contratos, no comporta la realización de obras, si no precisamente de vigilar, conservar, disponer, dirigir las existentes. Por otra parte tenemos que los contratos anexos, son realmente contratos de obra, ya que su objeto esta encaminado a la ejecución de obras para el control de inundaciones y drenaje de distintos ríos en los distritos de riego con los cuales se suscribieron los contrato, y conforme al Estatuto Contractual, el cual en el artículo 32 numeral 1 de la Ley 80 de 1993, que define el contrato de obra, indica que son aquellos que celebran las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago, es decir que esta definición se adapta perfectamente con el objeto de los contratos anexos. Se concluye que son distintos sus objetos, si fueran realmente unos contratos anexos, deberían tener el mismo objeto, o estar, el de los contratos anexos,

comprendido dentro del objeto del contrato de administración, ya que siendo anexo tendrían la misma finalidad del cual emana. De la documentación allegada sobre las obras realizadas en razón de los anexos suscritos, como lo es el recibo de obra visible a folio 137 a 140, del anexo al contrato No. 245, se desprende claramente que se trataba de una obra que no tiene relación alguna con la administración que tenia Asosevilla del Distrito de Adecuación de Tierras, ya que esta aunque, se realizaba en el mismo Distrito, los diseños de la obra se ejecutaban conforme la resolución No. 0575 de mayo 12 de 2000, expedida por CORPOMAG, y avaluadas por el Consejo Superior de Adecuaciones de Tierras “CONSUAT”, es decir que las obras no eran del área de su administración, si no que comportaban una serie de especificaciones, para lo cual se debía agotar el procedimiento para la selección del contratista. Por tanto los contratos anexos suscritos por el Disciplinado, debieron ser unos contratos independientes en los cuales se debió agotar el procedimiento de selección objetiva, con el fin de escoger al contratista, teniendo en cuenta los principios generales en los que se funda el Estatuto de Contratación Administrativa, con el objeto de garantizar el derecho a la igualdad de los oferentes y el cabal cumplimiento de los fines estatales.

4. El abogado defensor del disciplinado en sus exculpaciones manifiesta que no le son aplicables normas infringidas, por cuanto no determinan una conducta concreta, desconociendo de esta forma el principio de legalidad y tipicidad que debe regir el

Derecho Disciplinario.

Al respecto, tenemos que ha sostenido la Corte Constitucional, de mucho tiempo atrás, en materia disciplinaria sobre el Principio de legalidad y tipicidad que: 6 EXP. 165-76870 Marisabel Tuiran C Dadas las especificidades propias del campo disciplinario, el principio de legalidad, y en particular el de tipicidad, tiene unas características propias que son similares, pero no idénticas, a las que adquiere en el ámbito penal; ha expresado la jurisprudencia constitucional que dicho principio de tipicidad no tiene en el derecho disciplinario la misma connotación que presenta en el derecho penal, en donde resulta ser más riguroso: “la razón de ser de esta diferencia, se encuentra en la naturaleza misma de las normas penales y las disciplinarias. En las primeras, la conducta reprimida usualmente es autónoma. En el derecho disciplinario, por el contrario, por regla general los tipos no son autónomos, sino que remiten a otras disposiciones en donde está consignada una orden o una prohibición”. En particular, la Corte ha indicado que existen diferencias importantes en cuanto a (i) la precisión con la cual han de estar definidas las conductas en las normas disciplinarias aplicables, y (ii) la amplitud del margen del fallador disciplinario en el proceso de adecuación típica de las conductas disciplinarias. En relación con la precisión de la definición previa de las conductas que serán sancionadas, la Corte ha aceptado de tiempo atrás que en este ámbito es admisible que las faltas disciplinarias se consagren en “tipos abiertos”, “ante la imposibilidad del legislador de contar con un listado detallado de comportamientos donde se subsuman

todas aquellas conductas que están prohibidas a las autoridades o de los actos antijurídicos de los servidores públicos”. El correlato necesario de la admisibilidad constitucional del sistema de tipos abiertos en materia disciplinaria, es la existencia de un mayor margen de apreciación para el fallador disciplinario al momento de efectuar la adecuación típica de una conducta a la definición normativa de la falla a sancionar. Ha dicho la Corte que “a diferencia de la materia penal, en donde la descripción de los hechos punibles es detallada, en la disciplinaria el fallador cuenta con un mayor margen de valoración e individualización de las faltas sancionables por la diversidad de comportamientos que pugnan contra los propósitos de la función pública y del régimen disciplinario”; y que “en la definición de las faltas disciplinarias, entran en juego, elementos propios de la función pública que interesan por sobre todo a contenidos político-institucionales, que sitúan al superior jerárquico en condiciones de evaluar con mayor flexibilidad, y de acuerdo con criterios que permiten un más amplio margen de apreciación, tal como lo ha entendido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, órgano competente para interpretar y aplicar el Convenio Europeo de Derechos Humanos”. (Sentencia T-1093/04)1 Por tanto se tiene que en materia disciplinaria, la tipicidad se establece por la lectura de la norma que establece la función, la orden o la prohibición y de otra que de manera genérica prescribe que el incumplimiento de tales funciones, órdenes o prohibiciones constituye una infracción disciplinaria, y en este caso se encuentra claro la vulneración del principio de transparencia consagrado en el artículo 24

numerales 1, 4, y 8 ley 80 de 1993, de responsabilidad consagrado en el articulo 26 numeral 4 de la ley 80 de 1993 y el deber de selección objetiva que indica en el artículo 29 de la misma ley, a la cual estaba en la obligación de cumplir. Indica igualmente el abogado defensor que no se puede hacer merecedor de una sanción disciplinaria cuando no haya acarreado la lesión del interés jurídico disciplinario a través del quebrantamiento de una norma que proteja el bien jurídico. Al respecto es pertinente resaltar que el derecho disciplinario está integrado por todas aquellas normas mediante las cuales se exige a los servidores públicos un determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones, independientemente 1 Corte Constitucional, cuatro (4) de noviembre de dos mil cuatro (2004). Magistrado Ponente: Dr. MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA 7 EXP. 165-76870 Marisabel Tuiran C de cual sea el órgano o la rama a la que pertenezcan, por tanto la ley disciplinaria tiene como finalidad específica la prevención y buena marcha de la gestión pública, así como la garantía del cumplimiento de los fines y funciones del Estado en relación con las conductas de los servidores públicos que los afecten o pongan en peligro. Con relación a ello la Corte ha precisado que “El derecho disciplinario pretende garantizar “la obediencia, la disciplina y el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos, con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a su cargo”; cometido éste que se vincula de manera

íntima al artículo 209 de la Carta Política porque sin un sistema punitivo dirigido a sancionar la conducta de los servidores públicos, resultaría imposible al Estado garantizar que la Administración Pública cumpliese los principios de “igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad” a que hace referencia la norma constitucional”. “Dicho derecho está integrado por todas aquellas normas mediante las cuales se exige a los servidores públicos un determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones. En este sentido y dado que las normas disciplinarias tienen como finalidad encauzar la conducta de quienes cumplen funciones públicas mediante la imposición de deberes con el objeto de lograr el cumplimiento de los cometidos fines y funciones estatales, el objeto de protección del derecho disciplinario es sin lugar a dudas el deber funcional de quien tiene a su cargo una función pública”.2 (Sentencia C-948/02) Por tanto, con lo anterior tenemos que el bien jurídico protegido en materia disciplinaria es el deber funcional, es decir el cumplimiento de los deberes y funciones que como servidor publico se le impone, por ello, al desconocer los principio que rigen la contratación estatal, esta vulnerando el ordenamiento jurídico que es objeto de protección para el derecho disciplinario y que acarrea una sanción por parte del infractor.

5. En este caso es clara la vulneración de los fines de contratación estatal, consagrados en el artículo 3 del Estatuto de Contratación, ya que como servidor publico estaba obligado a preservar los mismos, y en este caso en especial la protección de las oportunidades a que las personas interesadas en contratar con la

administración pública pudieran hacerlo, y para la administración tener la ocasión de hacer la escogencia de la mejor oferta en precios y calidad, para la ejecución del contrato. Se ve vulnerado así mismo claramente los principios contractuales como lo son el principio de transparencia, responsabilidad y el deber de selección objetiva, como se explica seguidamente: En cuanto al Principio de Transparencia, consagrado en el artículo 24, en especial el numeral 1, este se vio infringido en la medida en que tenia la obligación legal de realizar la escogencia del contratista a través de licitación o concurso público, ya que con estos mecanismos la entidad prevé una imparcialidad y la escogencia objetiva de contratistas, para cuyo efecto establece dichos procedimientos de selección con actuaciones motivadas, públicas y controvertibles por los interesados, sin embargo lo 2 Corte Constitucional, seis (6) de noviembre del año dos mil dos (2002). Magistrado Ponente:Dr. ALVARO TAFUR GALVIS 8 EXP. 165-76870 Marisabel Tuiran C realizado por el disciplinado fue la elaboración de anexos a unos contratos de administración, cuando era su deber realizar la escogencia por estos procedimientos, ya que el objeto de los anexos, y su especialidad de la obra como ya menciono ameritaban otro tratamiento para la escogencia del contratista, y así mismo, vulnero el numeral 4 y 8 , por cuanto eludió los procedimientos de selección objetiva y los demás requisitos previstos en el presente estatuto, para la suscripción de los contratos anexos. Ahora bien, en desarrollo de este principio se reguló el deber de selección objetiva

del contratista en el artículo 29, vulnerado por el acusado, cuya finalidad es regular la escogencia del mejor oferente mediante una selección en la que prime la transparencia y la igualdad de oportunidades, ajena a consideraciones subjetivas, sin embargo, en este caso no se dio cumplimiento a ello, ya que a pesar de que las obras que se iban a realizar se debió escoger al contratista a través de los procedimientos que en materia de contratación se encuentran establecido, esta no se realizo, apartando a la administración de escoger un ofrecimiento mas favorable a la entidad y a sus fines. Infringió igualmente el Principio de Responsabilidad, consagrado en el artículo 26 numeral 4, ya que como servidor público sus actuaciones deben estar presididas por las reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia, por cuanto desconoció los principios y mandatos que deben acatarse, como son los fines de la contratación y los principios preponderante de los procesos de selección. Así las cosas es claro para el Despacho que ZUÑIGA HINOJOSA, en la condición ya anotada, incurrió en falta disciplinaria, al suscribir los cuestionados anexos, sin realizar ningún tramite de selección de contratistas, omitiendo la aplicación de los Principios de Transparencia, Responsabilidad, Planeación, para contratar establecidos en la Ley 80 de 1993, por cuanto lo realizado fue la suscripción de los anexos evadiendo dichas normas.

6. En cuanto al segundo cargo endilgado al disciplinado AUGUSTO ELIAS ZUÑIGA HINOJOSA, sobre el favorecimiento a un tercero, en éste caso a los Distritos de

Riego Asosevilla, Usoaracataca, Asotucurinca y Asorifrio, con el correlativo incremento patrimonial de éstos, al respecto, obra en el expediente el acta de recibo de la obra final contratada a través del anexo del Contrato de Administración No. 245/94, suscrito por el INAT, con ASOSEVILLA, en el folio 19 y 20 del cuaderno 2, donde se esp