PGN - DEBERES DEL CIUDADANO Materias sujetas a reserva de ley estatutaria

CAPACIDAD JURIDICA-Concepto de la aptitud de la capacidad legal CAPACIDAD JURIDICA-Presupuesto para el desarrollo de la dignidad humana CAPACIDAD JURIDICA-Derecho fundamental Superando la breve mención que se hace en la demanda sobre la relación entre la personalidad jurídica y la capacidad como uno de sus atributos, se debe destacar no solo la íntima relación que existe entre ellas, sino la importancia de la capacidad jurídica como presupuesto para el desarrollo de la dignidad humana y de la igualdad. Esta Procuraduría se ha referido al difícil proceso desplegado para definir la discapacidad, al modelo social seguido para su comprensión, y a las obligaciones surgidas del marco aplicable, que han exigido reformas normativas para la protección de los derechos humanos. En efecto, mediante la Ley 1346 de 2009 se aprobó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (de la que surgió la necesidad de adoptar un nuevo paradigma), y la Ley Estatutaria 1618 de 2013 estableció las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de estas personas, cuyas reglas fueron recogidas para la expedición de la Ley 1996 de 2019 DEBERES DEL CIUDADANO-Son materias sujetas a reserva de ley estatutaria DERECHOS FUNDAMENTALES-Son materias sujetas a reserva de ley estatutaria Dicho esto, se observa que, en efecto, los derechos y deberes fundamentales, y los procedimientos y recursos previstos para su protección, son materias sujetas a reserva de ley estatutaria (artículo 152 de la Carta Política) y, por tanto, a un procedimiento más

exigente que el ordinario (el del artículo 153 ídem). Sin embargo, la amplitud de temas que recoge dicha reserva, exige tener presente la necesidad de mantener un criterio restrictivo, a fin de no vaciar de competencia al Legislador ordinario 1 Bogotá, D.C., 02 de diciembre de 2020 Honorables

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

REF: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 8 a 39, 41 a 50 y 53 de la Ley 1996 de 2019 "[p]or medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad"

Actor: Edier Esteban Manco Pineda

Magistrada Ponente: GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Expediente: D-13917

Concepto De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 242 y el numeral 5 del artículo 278 de la Constitución Política, en mi calidad de Procurador General, rindo concepto en relación con la demanda instaurada por el ciudadano Edier Manco Pineda, en ejercicio de la acción pública prevista en el numeral 6 del artículo 40 y en el numeral 1 del artículo 242 de la Constitución, contra la Ley 1996 de 2019 (parcial)1. En razón a la extensión de la norma acusada se omite su transcripción, pero se identifica de la siguiente manera: “LEY 1996 DE 20192 (agosto 26) por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad. El Congreso de Colombia

DECRETA:

(…)

CAPÍTULO II.

MECANISMOS PARA EL EJERCICIO DE LA CAPACIDAD LEGAL

Y PARA LA REALIZACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS.

(artículos 8 a 14)

CAPÍTULO III.

ACUERDOS DE APOYO PARA LA CELEBRACIÓN DE ACTOS

JURÍDICOS.

(artículos 15 al 20)

CAPÍTULO IV.

DIRECTIVAS ANTICIPADAS.

(artículos 21 al 31)

CAPÍTULO V.

ADJUDICACIÓN JUDICIAL DE APOYOS.

(artículos 32 al 43)

CAPÍTULO VI.

PERSONAS DE APOYO.

(artículos 44 al 50) (…)

CAPÍTULO VIII.

RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. 1 Esta ley se integra por 63 artículos, distribuidos en nueve capítulos. La acción se dirige contra la totalidad de los artículos contenidos en los Capítulos II, III, IV, y VI, los del Capítulo V a excepción del artículo 40, y contra el artículo 53 del Capítulo VIII de la Ley 1996 de 2019. 2 Diario Oficial No. 51.057 del 26 de agosto 2019. 2 (artículos 52 al 56) (…)”

1. Planteamientos de la demanda El accionante solicita declarar inexequibles los artículos 8 a 39, 41 a 50 y 53 de la Ley 1996 de 2019, por considerar que desconocen los artículos 152 y 153 de la Carta Política, ya que regulan “de manera detallada y completa los procedimientos y recursos para la protección del derecho fundamental a la capacidad legal de las personas en situación de discapacidad”, y por este motivo se debieron tramitar

bajo las exigencias y requisitos propios de una ley estatutaria3. Luego de señalar lo que considera distingue a esta acción de una anteriormente presentada y que se encuentra en trámite en la Corte Constitucional4, identifica las normas sobre las cuales se predica el cargo y destaca que los procedimientos y recursos para la protección de los derechos y deberes fundamentales de las personas se deben regular mediante leyes estatutarias (artículo 152 Constitucional), siguiendo las reglas trazadas para ese fin (artículo 153 ídem). En tal sentido, plantea que la Ley 1996 de 2019, contiene “los medios judiciales y extrajudiciales de protección del derecho fundamental a la capacidad jurídica de las personas en situación de discapacidad”, por lo que se debió tramitar como una ley estatutaria. Remite a algunos conceptos de “procedimiento” y “recurso”, y señala que “[d]esde el primer artículo la ley 1996 de 2019 establece que la misma desarrollará los medios y/o maneras específicas para garantizar el derecho fundamental a la capacidad legal plena de las personas en situación de discapacidad (… que es seguido) del acceso de los apoyos, como un medio y/o forma, para el ejercicio de dicha capacidad no dejando duda que la misma desarrollará los modos con los que se pretende defender la capacidad plena de las personas en situación de discapacidad”. Agrega: “[s]i bien es cierto la comunicación es un medio o recurso para garantizar la presunción de capacidad legal de las personas en situación de discapacidad (…), estoy prácticamente seguro que los procedimientos y recursos para la protección de que trata el artículo 152 de la Carta Política hace alusión a mecanismos jurídicos fuertes y duros como los apoyos, ajustes razonables, la

valoración de apoyos, las salvaguardas (…), el defensor personal, las directivas anticipadas, prohibición de interdicción, acuerdos de apoyo, al igual que el procedimiento extra judicial ante notaria y el procedimiento judicial”. 3 Con auto del 5 de octubre de 2020 se admitió la demanda, una vez se precisó que “si bien la presentación personal constituye una formalidad que permite demostrar la ciudadanía, lo cierto es que no es la única”, y que “cuando se demanda una ley ordinaria por haber violado la reserva de ley estatutaria no se alega un vicio de forma sino de competencia y, por lo tanto, no caduca”. 4 Proceso D-13743, en relación con el cual afirma que pese a discutir “la regulación esencial de un derecho fundamental y los procedimientos y recursos para su protección”, “el auto admisorio sólo se refirió a la esencial del derecho fundamental”, lo que hace que se requiera el trámite actual “al no tener la posibilidad de recurrir el auto por cuanto fue admitido y no procede la reforma a la demanda por falta de consagración legal en el decreto 2067 de 1991”. En el auto de admisión del presente caso se aclaró que si bien “el accionante radicó una demanda anterior contra la Ley 1996 de 2019, con fundamento en un cargo similar al que ahora propone (…) explicó que la forma en la que fue circunscrito el cargo en el auto que admitió la primera demanda, lo lleva a ejercer nuevamente esta acción, con el fin de que la Corte Constitucional estudie si la regulación de mecanismos y procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho a la capacidad jurídica a través de una ley ordinaria, desconoce la reserva de ley estatutaria”, y que “en esta oportunidad no se

configura la cosa juzgada, pues la demanda radicada con el número D13743 fue admitida y no ha sido decidida”. 3 En concreto, afirma que el Capítulo II de la Ley 1996 de 2019 demuestra el “incumplimiento del trámite legislativo especial de ley estatutaria” al consagrar “los mecanismos para el ejercicio de la capacidad legal y para la realización de actos jurídicos”5 y el apoyo como “uno de los principales recursos de que se vale la ley atacada para garantizar la capacidad plena de las personas en situación de discapacidad”; esto mismo sucede en los Capítulos III (acuerdos de apoyo6), IV (directivas anticipadas como herramienta para la protección de la capacidad legal7), V (adjudicación judicial de apoyos como procedimiento judicial de protección de la capacidad legal8), VI (personas de apoyo como recurso para garantizar la capacidad legal plena9), y VIII (medios de protección de no hacer para proteger la capacidad plena, al prohibir la interdicción e inhabilidad). Así, concluye que la ley consagra “formas, procedimientos, recursos y/o medios (judiciales y extrajudiciales10) que buscan garantizar el derecho fundamental a la capacidad jurídica de las personas en situación de discapacidad”, menciona la estrecha relación que existe entre la personalidad jurídica y el ejercicio de la capacidad como atributo11, y señala que los recursos y procedimientos de defensa para la garantía de los derechos fundamentales (literal a. del artículo 152 de la Carta Política) involucran aquellos judiciales y extrajudiciales, para indicar que en el caso no se debió seguir el trámite de una ley ordinaria12 sino de una estatutaria

5 “Es, si se le puede denominar así, la confesión constitucional misma de la ley al declarar que la misma regula los procedimientos y recurso para proteger el derecho fundamental a la capacidad plena y que ella lo hizo por un procedimiento constitucionalmente como sería el trámite legislativo ordinario. (…) Los ajustes razonables (art.8), mecanismos para establecer apoyos para la realización de actos jurídicos (art.9), determinación de apoyos (art.10), valoración de apoyos (art.11), lineamientos y protocolos para la realización y valoración de apoyos (art.12), reglamentación de la prestación del servicio de valoración de apoyos (art.13) y el defensor personal (art.14) son recursos jurídicos cuyo fin es la protección del derecho que le asiste a las personas en situación de discapacidad.”. 6 Regula “(…) los recursos de acuerdos de apoyo, tal como el acuerdo de apoyo (art.15), acuerdos de apoyo por escritura pública ante notario (art.16), acuerdos de apoyo ante conciliadores extrajudiciales en derecho (art.17), duración de los acuerdos de apoyo (art.18), acuerdos de apoyo como requisitos de validez para la realización de actos jurídicos (art.19) terminación y modificación del acuerdo de apoyos (art.20)”. 7 “Igualmente desarrolla la directiva anticipada el artículo 22 con la suscripción de la directiva anticipada, artículo 23 con el contenido de las directivas anticipadas, artículo 24 y los ajustes razonables relacionados con las directivas anticipadas, o la mezcla de los apoyos y directivas anticipadas en el artículo 25, la

obligatoriedad de las decisiones expresadas por medio de una directiva anticipada (art.26) prevalencia posterior de la persona titular del acto (art. 27), la cláusula de voluntad perenne (art.28) publicidad de las directivas anticipadas (art.29), incorporación de la directiva anticipada en la historia clínica (art.30) modificación, sustitución y revocación (art.31) por lo que se desprende que la institución de las directivas anticipadas son formas o maneras que utiliza el legislador para llegado un momento adverso de discapacidad se puede obrar conforme a la directiva emitida antes de la discapacidad o aun teniéndola”. 8 “La adjudicación judicial de apoyos para la realización de actos jurídicos (art.32), valoración de apoyos (art.33) criterios generales para la actuación judicial (art. 34) competencia de los jueces de familia en primera instancia para la adjudicación judicial de apoyos (art. 35) adjudicación de apoyos sujeto a trámite de jurisdicción voluntaria (art.36), adjudicación de apoyos en la toma de decisiones promovido por la persona titular del acto jurídico (art.37), adjudicación judicial de apoyos para la toma de decisiones promovida por persona distinta al titular del acto jurídico (art.38), validez de los actos establecidos en la sentencia de adjudicación de apoyos (art.39) evaluación de desempeño de los apoyos adjudicados judicialmente (art.41), modificación y terminación de los procesos de adjudicación judicial de apoyos (art.42) y unidad de

actuaciones y expedientes de apoyo (art.43)”. 9 “Requisitos para ser apoyo (art.44), inhabilidades para ser apoyo (art. 45), obligaciones de las personas de apoyo (art.46), acciones de las personas de apoyo (art.47), representación de la persona titular del acto (art.48) formas de apoyo que no implican representación (art.49), responsabilidad de las personas de apoyo (art.50)”. 10 Adjudicación judicial de apoyos, de un lado, y apoyos y acuerdos de apoyo, ajustes razonables, directivas anticipadas, y personas de apoyo, del otro. 11 En cita, sentencia T-240 de 2017. 12 Afirma que “conforme a la página del congreso de la República (el) proyecto de ley tuvo su origen en la Cámara de Presentantes y se presentó el 25 de julio de 2017, se aprobó en primer debate el día 15 de noviembre de 2017 y en segundo debate el 4 de diciembre de 2018, mientras en el Senado de la República se envió a comisión el 7 de marzo de 2019, se aprobó en primer debate el 22 de mayo de 2019, se aprobó en segundo debate el 12 de junio de 2019, se concilió el 18 de junio de 2019, extralimitando abiertamente el tiempo de una legislatura aginado para los proyectos de ley que contengan derechos y deberes fundamentales, así como los mecanismos para su protección”. 4 (que según el artículo 153 ídem exige ser “aprobada en una sola legislatura, conforme a la mayoría absoluta del congreso” y contar con la revisión automática

de la Corte Constitucional).

2. Concepto del Ministerio Público 2.1 . Problema jurídico De conformidad con los planteamientos de la demanda, el Ministerio Público considera que en este caso corresponde a la Corte Constitucional resolver el siguiente problema jurídico: - ¿Los artículos 8 a 39, 41 a 50 y 53 de la Ley 1996 de 2019, "Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad", desconocen los artículos 152 y 153 de la Constitución Política, por cuanto se tramitaron y aprobaron por medio de una ley ordinaria y no de una ley estatutaria? 2.2 . Cargo por la infracción de reserva estatutaria (artículos 152 y 153 superiores) Antes de abordar el asunto, es oportuno destacar que, como se indicó, la Corte Constitucional asumió el conocimiento de una acción presentada por el mismo demandante (proceso D-13743) en la que plantea un idéntico cargo contra la totalidad de la Ley 1996 de 2019. Al respecto, aunque en la etapa de admisión se señalaron con claridad las razones por las cuales se resolvió efectuar el análisis del presente caso, la Procuraduría estima pertinente hacer explícitas algunas diferencias que se evidencian en los argumentos expuestos.

La acción inicial cuestiona, con algunas imprecisiones13, el desconocimiento de la reserva de ley estatutaria al sostener que la Ley 1996 de 2019 regula el “derecho fundamental a la capacidad jurídica” de las personas con discapacidad y el derecho del que trata el artículo 14 superior (al reconocimiento de la personalidad

jurídica); es esta oportunidad, aunque se encuentra una mención al mismo artículo, no se desarrolla una postura clara sobre el cimiento constitucional del que se deriva la esencial connotación de la capacidad materia de regulación, esto es, si la alusión a la capacidad como derecho fundamental se plantea o no desde una vulneración directa del artículo 14 superior. De otro lado, en el proceso D-1374314 la demanda se basa en un cargo genérico de inconstitucionalidad que no aborda el contenido material de las normas acusadas, en tanto que aquí se detallan las previsiones que se discuten, en esta lógica, más allá de la posibilidad de incluir en el estudio de la primera acción un análisis sobre la posible vulneración de la reserva por regular no solo un derecho fundamental sino además los procedimientos y recursos para su protección (lo que entiende el demandante no se incluyó en la admisión), y de si la pretensión de la nueva demanda es subsanar 13 Alude al “derecho fundamental a la autonomía personal, personalidad jurídica y/o a la capacidad plena”. 14 En el cual el Ministerio Público solicitó a la Corte Constitucional que se inhiba para emitir un pronunciamiento de fondo sobre el cargo formulado contra la Ley 1996 de 2019, por ineptitud sustantiva de la demanda y que, en caso de proferir una sentencia de fondo, la declare exequible por el mismo cargo. 5 la inicial, existen motivos para avanzar en el estudio y resolver el problema planteado. Dicho esto15, se observa que, en efecto, los derechos y deberes fundamentales, y los procedimientos y recursos previstos para su protección, son materias sujetas a

reserva de ley estatutaria (artículo 152 de la Carta Política)16 y, por tanto, a un procedimiento más exigente que el ordinario (el del artículo 153 ídem). Sin embargo, la amplitud de temas que recoge dicha reserva, exige tener presente la necesidad de mantener un criterio restrictivo, a fin de no vaciar de competencia al Legislador ordinario17. Sobre el asunto, esa Corporación sostuvo: “(…) la jurisprudencia constitucional ha mantenido un criterio restrictivo sobre la exigibilidad de la cláusula de reserva de ley estatutaria frente a los procedimientos y recursos previstos para la protección de los derechos fundamentales (CP art. 152.a), los cuales pueden ser tanto de naturaleza judicial como administrativa. Así se ha reclamado dicho trámite: (i) cuando se pretende establecer la estructura básica de uno de tales mecanismos de protección; o (ii) cuando se regula de manera integral un procedimiento o recurso dirigido al amparo de los derechos fundamentales, siempre que se trate de un medio necesario e indispensable para asegurar su conservación; o (iii) cuando se produce un desarrollo legal que directa e inmediatamente tenga por objeto diseñar o impactar en un mecanismo de defensa de un derecho iusfundamental; o (iv) cuando la materia objeto de regulación se refiere a aspectos trascendentales de la estructura y funcionamiento de los medios previstos para salvaguardar uno de los citados derechos, incluyendo la definición del régimen de competencias.”18. Debido a que toda regulación, directa o indirectamente, se refiere o afecta un derecho fundamental, es determinante armonizar los artículos 150 y 152

superiores, de modo que se preserve el margen de configuración del legislador, pero se evite restringir los mínimos de protección de los derechos fundamentales sin el consenso y debate requeridos. Así, “la normatividad que regula los procedimientos, por regla general, no tiene reserva de ley estatutaria, pese a que estén relacionados con el ejercicio de derechos fundamentales. Sin embargo, la jurisprudencia ha identificado algunas situaciones en que la reglamentación de un procedimiento debe ser objeto de los trámites cualificados de las leyes estatutarias, a saber: i) la normatividad abarca el ejercicio de un derecho fundamental de forma integral, sistemática y completa; o ii) los enunciados legales tienen la función de restringir, limitar o proteger derechos fundamentales.”19. Para el caso, el accionante plantea que las normas identificadas y contenidas en los Capítulos II, III, IV, V, VI y VIII de la Ley 1996 de 2019 regulan de manera 15 A continuación se retoman elementos planteados en el concepto rendido dentro del proceso D-13743. 16 Sentencia C-127 de 2020. M.P.: Cristina Pardo Sch.: “La justificación de la reserva de ley estatutaria para las anteriores materias ha sido sintetizada por la jurisprudencia con fundamento en que ‘i) la naturaleza superior de este tipo de normas requiere superior grado de permanencia en el ordenamiento y seguridad jurídica para su aplicación; ii) por la importancia que para el Estado tienen los temas regulados mediante leyes estatutarias, es necesario garantizar mayor consenso ideológico con la intervención de minorías, de tal manera que las reformas legales más importantes sean ajenas a las mayorías ocasionales y, iii) es necesario

que los temas claves para la democracia tengan mayor debate y consciencia de su aprobación, por lo que deben corresponder a una mayor participación política.’”. Se omiten citas al pie del original. 17 Cfr., entre otros, Sentencia C-370 de 2019. M.P.: Gloria S. Ortiz D. 18 Sentencia C-870 de 2014. M.P.: Luis G. Guerrero P. Subrayas propias. Se omiten citas del original. 19 Sentencia C-015 de 2020. M.P.: Alberto Rojas R. Subrayas propias. Se omiten citas del original. 6 detallada y completa los procedimientos y recursos para la protección del derecho fundamental a la capacidad legal de las personas con discapacidad, que aluden a los “mecanismos jurídicos fuertes y duros como los apoyos, ajustes razonables, la valoración de apoyos, las salvaguardas (…), el defensor personal, las directivas anticipadas, prohibición de interdicción, acuerdos de apoyo, al igual que el procedimiento extra judicial ante notaría y el procedimiento judicial”, y constituyen formas, procedimientos, recursos y/o medios judiciales y extrajudiciales para garantizar el derecho fundamental. Conforme a lo expuesto, se precisa que, aunque es posible analizar de forma independiente las materias de regulación referidas en el artículo 152 Constitucional (derechos y deberes fundamentales, y procedimientos y recursos para su protección20), es imperativo seguir el criterio restrictivo tal como se indicó, de modo que la separabilidad no implica obviar las reglas fijadas por la jurisprudencia para determinar si opera o no la reserva estatutaria. Al respecto, se encuentra que las normas bajo examen no abarcan el ejercicio de

un derecho fundamental en los términos exigidos pues, aún si se asume la capacidad legal como un derecho fundamental21, es claro que la Ley 1996 de 2019 restringe expresamente su ámbito de aplicación a “las personas con discapacidad” y que son “mayores de edad”. En otro sentido, entender la capacidad jurídica como capacidad de ser titular de derechos y de actuar en derecho, no lleva a concluir que la normativa pretenda regular de manera integral, completa y sistemática un derecho que encuentra sus bases en distintos instrumentos que hacen parte del bloque de constitucionalidad, en la Constitución, y en leyes de diferentes órdenes. Superando la breve mención que se hace en la demanda sobre la relación entre la personalidad jurídica y la capacidad como uno de sus atributos, se debe destacar no solo la íntima relación que existe entre ellas22, sino la importancia de la capacidad jurídica como presupuesto para el desarrollo de la dignidad humana23 y de la igualdad. Esta Procuraduría se ha referido al difícil proceso desplegado para definir la discapacidad, al modelo social seguido para su comprensión, y a las obligaciones surgidas del marco aplicable, que han exigido reformas normativas 20 Sentencia C-748 de 2011. M.P.: Jorge I. Pretelt Ch.: “Por último, respecto de los procedimientos y recursos para la protección de los derechos fundamentales, es necesario hacer las siguientes precisiones: En primer término, tales procedimientos y recursos, si bien son mencionados en el literal a) del artículo 152 superior junto a los derechos y deberes fundamentales, constituyen una materia separada, pues no son elementos de la estructura de los derechos sino una herramienta para hacerlos efectivos; por tanto, pueden o no ser desarrollados en una misma ley estatutaria”. Se omiten referencias al pie del original.

21 Puesto que “será fundamental todo derecho constitucional que funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad humana y sea traducible en un derecho subjetivo” y que estos “responden a la idea de unos derechos que se radican en cabeza de toda persona, exclusivamente en razón de su condición como tal y como presupuesto para el desarrollo de la dignidad humana” (Sentencias T-227 de 2003 y C-910 de 2004). 22 Cfr. Sentencias T-522 de 2014 y T-447 de 2019. 23 Cfr. Sentencia C-910 de 2004, sobre los derechos y deberes fundamentales. En los términos de la Observación general Nº 1 (2014) del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad “La capacidad jurídica es un derecho inherente reconocido a todas las personas, incluidas las personas con discapacidad”. La relevancia de la capacidad en su relación con la dignidad se aborda en el concepto de la Procuraduría emitido dentro del proceso D-13575 (acumulado D-13585), en el que, entre otros argumentos, se subrayó lo dicho por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (informe A/HRC/37/56), así: “En expresa alusión a la Observación general Nº 1 (2014), el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, destacó que ‘[l]a capacidad jurídica implica ser titular de derechos y obligaciones (capacidad legal) y ejercer esos derechos y obligaciones (legitimación para actuar)’, ‘que ahora se entiende que la capacidad jurídica es un atributo universal inherente a todas las personas en razón de su condición humana’, y que ‘[l]a negación y la restricción de la capacidad jurídica de

las personas con discapacidad son graves y tienen repercusiones en todos los aspectos de la vida’”. 7 para la protección de los derechos humanos24. En efecto, mediante la Ley 1346 de 2009 se aprobó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (de la que surgió la necesidad de adoptar un nuevo paradigma), y la Ley Estatutaria 1618 de 2013 estableció las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de estas personas, cuyas reglas fueron recogidas para la expedición de la Ley 1996 de 2019, como consta en los documentos del trámite legislativo, así: “4. El derecho a la capacidad legal // La capacidad legal, también conocida como capacidad de ejercicio, se refiere a una de las dos aptitudes que comprende el derecho a la capacidad jurídica. (…) // (…) A raíz de esto, y reconociendo que la simple adjudicación de derechos sin permitir el ejercicio de los mismos es insuficiente para garantizar los Derechos Humanos, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), ratificada por Colombia en el 2010, estableció en su artículo 12 la obligación del reconocimiento de la capacidad legal plena para las personas con discapacidad y el establecimiento de los apoyos y salvaguardas necesarias para su ejercicio. (…) // (…) El Congreso, reconociendo el carácter imperativo del mandato internacional de reemplazar el actual régimen de sustitución de la voluntad por un régimen de toma de decisiones con apoyo que permita el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad a través del uso de apoyos en la toma de decisiones y con las salvaguardas

adecuadas para su ejercicio, expidió la Ley Estatutario 1618 de

2013. El artículo 21, numeral 2 de esta ley estableció la obligación en cabeza del Ministerio de Justicia y del Derecho, junto con el Ministerio Público y las comisarías de familia y el ICBF, de ‘proponer e implementar ajustes y reformas al sistema de Interdicción judicial de manera que se desarrolle un sistema que favorezca el ejercicio de la capacidad jurídica y la toma de decisiones con apoyo de las personas con discapacidad, conforme al artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas’. Esta cláusula evidencia una deuda histórica con la población con discapacidad del país, la cual busca ser solventada con el proyecto de ley que se presenta.”25

Ciertamente, el artículo 12 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad contempla un igual reconocimiento como persona ante la ley y la consecuente obligación de los Estados Partes de adoptar “las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica”, y el artículo 24 (numeral 6) de la Ley 1618 de 2013 señala que “[l]as personas con discapacidad tendrán derecho a actuar por sí mismas, teniendo en cuenta sus capacidades, respetando la facultad en toma de decisiones con o sin apoyo. En caso contrario se les garantizará la asistencia jurídica necesaria para ejercer su representación”. Esta norma tiene como objeto “garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción

afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad, en concordancia con la Ley 1346 de 2009” y, como la 24 Concepto del 10 de septiembre de 2020, expediente: D-13575 (acumulado D-13585). M.P.: Cristina Pardo. Se omiten referencias al pie del original. 25 Informe de Ponencia para Primer Debate al Proyecto de Ley número 027 de 2017 Cámara. Gaceta del Congreso 694 de 2017. Subrayas propias. 8 Corte aclaró al revisar la constitucionalidad del respectivo proyecto, la iniciativa se sometió al trámite de ley estatutaria por desarrollar derechos fundamentales26. Queda claro, entonces, que la Ley 1996 de 2019 establece un régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad, pero lo hace en desarrollo de los preceptos contemplados en los distintos marcos normativos elaborados a partir de una comprensión específica de la discapacidad. Aunque su objeto es trascendental, no define la forma en que se protegen los derechos fundamentales asociados (como si lo hace la Ley 1618 de 2013) ni tiene como función su restricción o limitación, sino que reconoce la capacidad legal de todas las personas con discapacidad mayores de edad (conforme al artículo 12 de la CDPD) y, en consecuencia, reemplaza las figuras de interdicción e inhabilitación por sistemas de toma de decisione