PGN - DEBERES Y OBLIGACIONES No remitir informacion exigida por la ley

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D. C., trece (13) de mayo de dos mil diez (2010). Aprobado en Acta de Sala No.22 Radicación No 161-4580(086-12243/06) Disciplinados JUAN MANUEL ÁLVAREZ VILLEGAS Cargo y Entidad Jefe Oficina Asesora Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER. Quejoso INFORME DE SERVIDOR PÚBLICO Fecha queja 09 de julio de 2006 Fecha hechos 2005 – vigencia. Asunto Apelación fallo de Segunda instancia

P.D. PONENTE: Dr. RAFAEL EUGENIO QUINTERO MILANÉS.

Con fundamento en las atribuciones conferidas en el numeral 1 del artículo 22 del Decreto 262 de 2000 y por vía de alzada, la Sala Disciplinaria revisa la providencia del 23 de septiembre de 2009, en virtud de la cual la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa SANCIONÓ DISCIPLINARIAMENTE con suspensión en el ejercicio de funciones por el término de dos (2) meses convertibles en salarios, al señor JUAN MANUEL ÁLVAREZ VILLEGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.113.118, en su condición de Jefe Oficina Asesora Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, por haberlo encontrado responsable de las imputaciones efectuadas en los cargos (fl. 147 y ss). ANTECEDENTES PROCESALES El 7 de junio de 2006 y en comunicación dirigida a la Procuraduría Regional de

Risaralda, la Gerencia Departamental Risaralda de la Contraloría General de la República, puso en conocimiento los hallazgos disciplinarios detectados en la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER – con ocasión de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Abreviada efectuada para la vigencia de 2005, cuyos apartes se transcriben en forma textual: “H3 Revisada la contratación efectuada por la Corporación en el año 2005 y las obligaciones que se derivan del cumplimiento de la Ley 80 de 1993, se encuentra que la CARDER en la vigencia auditada, no cumplió con la obligación legal de remitir semestralmente a la Cámara de Comercio de Pereira la información concerniente a los contratos ejecutados, cuantía, cumplimiento de los mismos y las multas y sanciones que en relación con ellos se hubieren impuesto, procedimiento establecido en el artículo 22, numeral 22.1 de la Ley 80 de 1993, Artículo 12 del Decreto 856 de 1994 y la Circular Única expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio” (fl.11). El 13 de julio de 2006 y ante los hechos puestos en consideración, la Procuraduría Regional de Risaralda ordenó indagación preliminar en contra de ALBERTO ARIAS Radicación No. 161-4580(086-12243/06) DÁVILA, Gerente General de la CARDER y JUAN MANUEL ÁLVAREZ VILLEGAS, Jefe Oficina Asesora Jurídica de la misma entidad, al cabo de la cual y habiéndose

practicado las pruebas allí dispuestas, el 28 de septiembre de 2006 la misma dependencia dispuso la remisión de las diligencias a la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal por competencia – factor subjetivo (fls. 12 a 13 y 78 a 79). El 12 de marzo de 2007 y habiendo evaluado las diligencias arriba señaladas, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal a su vez dispuso por competencia la remisión de las diligencias a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa (Reparto), correspondiendo el asunto a la Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, que de igual forma luego de analizar la problemática, dispuso el archivo de la indagación a favor de ALBERTO ÁRIAS DÁVILA – Gerente de la CARDER y ordenó el envío del expediente a la Procuraduría Regional de Risaralda en lo que tiene que ver con el señor JUAN MANUEL ÁLVAREZ VILLEGAS, Jefe Oficina Asesora de la misma corporación (fls. 82 a 89 y 91 a 93). El 31 de agosto de 2007 la Procuraduría Regional de Risaralda ordenó la apertura de investigación disciplinaria en contra del servidor público Juan Manuel Álvarez Villegas en las condiciones ya señaladas, al cabo de lo cual y habiéndose practicado las pruebas allí dispuestas y en general cumplido con las exigencias de esta etapa procesal, el 29 de julio de 2008 le formuló cargos1, los cuales fueron notificados personalmente al encartado, quien directamente y con escrito del 3 de septiembre de

2008 presentó las respectivas explicaciones, al tiempo que requirió la práctica de algunas pruebas (fls. 94 a 97 y 120 a 125). El 28 de mayo de 2009 y habiéndose practicado las pruebas requeridas con los descargos, amen de haberse surtido el trámite para alegar de conclusión, la Procuraduría Regional de Risaralda dispuso la remisión de las diligencias a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa – Reparto, al cabo de lo cual, el 23 de septiembre de 2009, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa profirió fallo de primera instancia y con él, SANCIONÓ DISCIPLINARIAMENTE con suspensión en el ejercicio de funciones por el término de dos (2) meses convertibles en salarios, al señor JUAN MANUEL ÁLVAREZ VILLEGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.113.118, en su condición de Jefe Oficina Asesora Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, por haberlo encontrado responsable de las imputaciones efectuadas en los cargos (fls. 141 a 143 y 147 a 168). El 23 de octubre de 2009 y habiendo sido enterado de la decisión tomada en su contra, el señor JUAN MANUEL ÁLVAREZ VILLEGAS directamente presentó recurso de apelación, el cual fue concedido el 17 de noviembre de 2009 (fls. 171 a 181 y 215 respectivamente). PROVIDENCIA RECURRIDA 1 CARGO ÚNICO. Porque en su condición de Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica, al parecer, omitió

dar cumplimiento a la obligación legal, durante el año 2005, de remitir a la Cámara de Comercio de Pereira, la información concerniente a los contratos ejecutados, cuantía y cumplimiento de los mismos… 2 Radicación No. 161-4580(086-12243/06) Como quedó establecido con anterioridad, el 23 de septiembre de 2009 la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa sancionó disciplinariamente con suspensión en el ejercicio de funciones por el término de dos (2) meses convertibles en salarios, al señor JUAN MANUEL ÁLVAREZ VILLEGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.113.118, en su condición de Jefe Oficina Asesora Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, por haberlo encontrado responsable de las imputaciones efectuadas en los cargos. Consideró la Delegada para la emisión del fallo referido, previa referencia a los antecedentes de la actuación hasta ahora surtida, a la competencia que le es propia para dirimir el asunto, a los cargos formulados al disciplinado y asimismo a sus explicaciones, amen de los alegatos de conclusión presentados, que conforme a las pruebas aportadas al expediente era evidente el incumplimiento del artículo 22 numeral 22.1 de la Ley 80 de 1993 por parte del disciplinado; así y para responder a los argumentos del encartado, explicó, que la exigencia contemplada en la norma citada es muy diferente a lo consagrado en el Decreto 2170 de 2002 referente al principio de la transparencia, esto es, en cuanto a la publicación en la página Web de

la entidad, los proyectos de pliego de condiciones o de términos de referencia en los casos de licitación o concurso público. La obligación legal contemplada en el artículo 22 numeral 22.1 de la Ley 80 de 1993, cuya información se debía remitir directamente a la Cámara de Comercio no se realizó, ni siquiera por mensaje de datos como trata de hacerlo ver el inculpado, explicó, la información se limitó a publicar en la página Web, sumado a que tampoco se cumplió con los términos, esto es, por semestres (15 de julio y el 15 de enero); de esta forma concluyó que contrario a las interpretaciones de carácter subjetivo del encartado, en cuanto a si debía o no presentar la información como lo demanda la norma y/o por el contrario, bastaba con otro medio, dijo que objetivamente la irregularidad estaba plenamente demostrada, pero además, que por expreso mandato legal se trataba de una falta de naturaleza gravísima, conforme al numeral 49 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, que establece que son faltas de tal naturaleza “Las demás conductas que en la Constitución o en la ley hayan sido previstas con sanción de remoción o destitución, o como causales de mala conducta”, aspecto que resulta consecuente con la descripción legal del prenombrado artículo 22 numeral 22. 1 del Estatuto Contractual. Finalmente y en relación con el elemento subjetivo del comportamiento censurado, dijo que por las circunstancias en que fue materializado, se trató de un acto eminentemente culposo, anclado precisamente en la inobservancia al deber objetivo

de cuidado, en concreto del manejo y conocimiento informático, pues en su sentir, bastó con publicar la información en la página Web para el cumplimiento de la norma. Así las cosas, dio alcance a los criterios establecidos en el artículo 45, 46 y 47 del Código Único Disciplinario para concluir que la sanción a imponer era la suspensión en el ejercicio del cargo por el término de dos (2) meses.

RECURSO DE APELACIÓN

3 Radicación No. 161-4580(086-12243/06) Enterado el disciplinado JUAN MANUEL ÁLVAREZ VILLEGAS de la decisión tomada en su contra, directamente y conforme a las exigencias legales interpuso recurso de apelación, el cual sustentó en los siguientes términos:

1. Conforme al manual de funciones de la entidad, en calidad de Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, no era su deber dar cumplimiento a las exigencias del artículo 22.1 de la Ley 80 de 1993; a más que dicha función tampoco le fue delegada.

2. La Cámara de Comercio de Pereira tuvo acceso y conocimiento a la información contractual para los efectos de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, artículo 22 numeral 22.1 y el Decreto 2170 de 2002, como así lo certifica la Secretaría General de la referida institución en octubre de 2009.

Trajo a colación lo dicho por la Corte Constitucional en la sentencia C-831/01, para explicar que con la aceptación de la información suministrada a través de mensaje de datos y similares – electrónicos - la norma pretende involucrar todos y cada uno de

los adelantos tecnológicos, donde lo importante es que el interesado tenga conocimiento de su existencia. Lo que analizó, resulta consecuente con posteriores disposiciones relacionadas, como la Ley 1150 de 2007, artículo 6.2 y Decreto Reglamentario 4881, artículo 14, de cuyo texto se desprende que las entidades Estatales deberán remitir por medios electrónicos a las Cámaras de Comercio que tengan jurisdicción en el lugar del domicilio del inscrito, a más tardar el quince de cada mes lo correspondiente al registro de los contratos que hayan sido adjudicados, en ejecución y ejecutados, multas y sanciones en firme. De esta forma y con el apoyo de varios pronunciamientos jurisprudenciales en materia de favorabilidad, entre otras la sentencia C-597 de 1996, solicitó se examine que la Ley 80 de 1993, artículo 22 numeral 22.1 consagra una obligación de la entidades públicas que en vigencia de las leyes 527 de 1999 y 1150 de 2007 se materializa con un simple mensaje de datos, como así lo hizo la CARDER al publicar la contratación realizada en al página Web, todo lo cual de conocimiento de la Cámara de Comercio de Pereira, agregó.

3. Se trata de un asunto de interpretación, donde ante las circunstancias, esto es la vigencia de la Ley 80 de 1993, artículo 22 numeral 22.1 y las leyes 527 de 1999 y 1150 de 2007, impone la aplicación del indubio pro disciplinario a favor del procesado.

4. El comportamiento no conllevó ilicitud sustancial, toda vez que muy a pesar de no

haberse observado en estricto orden lo consignado en el artículo 22. 1 de la Ley 80 de 1993, la Cámara de Comercio de Pereira estuvo esterada de los pormenores de la contratación que realizó la CARDER con cargo al año 2005.

5. No es factible establecer en el comportamiento censurado la presencia de ninguna de las modalidades de culpabilidad, exigidas en materia disciplinaria para derivar responsabilidad.

CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA

4 Radicación No. 161-4580(086-12243/06) Lo primero es reiterar que con fundamento en las atribuciones conferidas por el numeral 1 del artículo 22 del Decreto 262 de 2000 y por vía de alzada, la Sala Disciplinaria es competente para revisar la providencia del 23 de septiembre de 2009, en virtud de la cual la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa SANCIONÓ DISCIPLINARIAMENTE con suspensión en el ejercicio de funciones por el término de dos (2) meses convertibles en salarios, al señor JUAN MANUEL ÁLVAREZ VILLEGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.113.118, en su condición de Jefe Oficina Asesora Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, por haberlo encontrado responsable de las imputaciones efectuadas en los cargos. El artículo 142 de la Ley 734 de 2002 del actual Código Disciplinario Único, establece que el fallo sancionatorio sólo procederá cuando obre prueba que conduzca a la certeza de la falta y de la responsabilidad del disciplinado. Entendida la certeza,

como el valor epistemológico o conocimiento particular que excluye la duda razonable, a lo que se llega mediante el proceso racional de valoración del material probatorio, teniendo en cuenta las reglas de la sana crítica, la lógica material y las pautas de la experiencia. Apropósito del tema materia de examen, la Sala Disciplinaria considera necesario también registrar en forma previa, que el legislador al consolidar y/o establecer mecanismos de eficiencia y trasparencia en la contratación estatal, estatuyó el registro único de proponentes, que no es otro que aquel instrumento de creación legal en el cual se inscriben las personas naturales o jurídicas que aspiran a celebrar contratos con entidades estatales, según el caso, cuya finalidad es la de suministrar la información necesaria de un contratista inscrito con relación a su experiencia contractual, técnica, organizacional y financiera, entre otros, con miras a ser ponderado mediante formulas de selección en el momento requerido. El artículo 22 de la Ley 80 de 1993, establecía que todas las personas naturales o jurídicas que aspiren a celebrar con las entidades estatales, contratos de obra, consultoría, suministro y compraventa de bienes muebles, debían inscribirse en la Cámara de Comercio de su jurisdicción y debían estar clasificadas y calificadas de conformidad con lo previsto en este artículo. La disposición legal referida, fue subrogada por el artículo 6º de la Ley 1150 de 2007 y para tal efecto consagró que todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar

contratos con las entidades estatales, se inscribirán en el registro único de proponentes del Registro Empresarial de la Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio principal. Concordante con lo anterior, el artículo 22, numeral 22.1 de la Ley 80 de 1993, establecía que las “entidades estatales enviarán, semestralmente a la Cámara de Comercio que tenga jurisdicción en el lugar del domicilio del inscrito, la información concerniente a los contratos ejecutados, cuantía, cumplimiento de los mismos y las multas y sanciones que en relación con ellos se hubiere impuesto. El servidor público que incumpla esta obligación incurrirá en causal de mala conducta”. La referida disposición legal fue subrogada por el artículo 6 numeral 2 de la Ley 1150 de 2007 bajo el siguiente tenor: “Las entidades estatales enviarán mensualmente a la 5 Radicación No. 161-4580(086-12243/06) Cámara de Comercio de su domicilio, la información concerniente a los contratos, su cuantía, cumplimiento y sanciones relacionadas con los contratos que hayan sido adjudicados, los que se encuentren en ejecución y los ejecutados…” Significa lo anterior que en uno u otro caso, esto es, en los eventos contemplados por las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, en orden a las exigencias de eficiencia y transparencia que demanda la actividad contractual del Estado, el registro único de proponentes, a cargo de las respectivas Cámaras de Comercio, tuvo y sigue teniendo como objetivo preponderante, la inscripción de todos y cada uno de las

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que aspiren a contratar con la administración, empero también, llevar su historial y por demás los pormenores de todo lo que ha constituido el ámbito contractual a su cargo, vr. Gratia, como es el cumplimiento y sanciones registradas con tal ocasión, entre otros. Señalaba el subrogado artículo 22 de la Ley 80 de 1993, que las certificaciones relacionadas con el registro único de proponentes, sirve de prueba de la existencia y representación del contratista, sus facultades, el cumplimiento de contratos anteriores, experiencia, capacidad técnica y administrativa, relación de equipo y su disponibilidad, multas y sanciones impuestas y el término de duración, entre otros. Haciendo abstracción entonces de la importancia del registro único de proponentes, con todos sus componentes, no en vano debe observar la Sala Disciplinaria que en caso de convocatoria pública, esto es, en procesos de licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos, para la verificación de los requisitos habilitantes de selección de un contratista, las entidades pueden exigir la presentación el certificado respectivo y/o el documento que haga sus veces – Registro Único de Proponentes – para efecto de determinar la clasificación y calificación de las propuestas, cuando corresponda, postulado legal que sigue recobrando vigencia tal y como se desprende del contenido del artículo 11 del Decreto 2474 de 2008, con el cual se reglamentó parcialmente la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 sobre las modalidades de selección, publicidad y selección objetiva con ocasión de la actividad contractual a

cargo del Estado. De los cargos formulados al disciplinado. “CARGO ÚNICO. Porque en su condición de Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica, al parecer, omitió dar cumplimiento a la obligación legal, durante el año 2005, de remitir a la Cámara de Comercio de Pereira, la información concerniente a los contratos ejecutados, cuantía y cumplimiento de los mismos…” El comportamiento fue tipificado en el artículo 34 numerales 1 y 2 de la Ley 734 de 2002, por el incumplimiento del artículo 22 numeral 22.1 de la Ley 80 de 19932, de otra parte calificado como FALTA GRAVÍSIMA conforme a lo preceptuado en el artículo 48 numeral 49 del Estatuto Disciplinario3 y analizado como haber sido ejecutado a título de CULPA GRAVÍSIMA como consecuencia de una desatención 2 Las estatales enviarán, semestralmente a la Cámara de Comercio que tenga jurisdicción en el lugar del domicilio del inscrito, la información concerniente a los contratos ejecutados, cuantía, cumplimiento de los mismos y las multas y sanciones que en relación con ellos se hubieran impuesto. El servidor público que incumpla esta obligación incurrirá en causal de mala conducta. 3 Son faltas gravísimas, las demás conductas que en la Constitución o en la ley hayan sido previstas como causales de mala conducta. 6 Radicación No. 161-4580(086-12243/06) elemental en el que hacer público del servidor implicado, no obstante su experiencia en el cargo ejercido y su condición de abogado.

La Sala debe registrar que para la emisión del fallo, hoy materia de impugnación, el A quo varió la modalidad de culpabilidad, esto es, por cuanto concluyó que de acuerdo a las circunstancias no se trató de una desatención elemental en el que hacer administrativo del funcionario comprometido, sino por el contrario, una inobservancia al deber objetivo de cuidado, en concreto del manejo y conocimiento informático, cuando en su sentir – disciplinado - y con el objeto de cumplir con la disposición legal que engendra la imputación efectuada en los cargos, le bastó con publicar la información requerida en la página Web de la entidad; de ahí que la conclusión final en este sentido, haya sido que se trató de un comportamiento ejecutado con CULPA GRAVE. De las pruebas que soportan la imputación efectuada en los cargos. Legalidad. Ilicitud sustancial. . Comunicación No. 80661-032-CDSMA-048 del 7 de junio de 2006, por medio de la cual la Contraloría General de la República – Gerencia Departamental Risaralda, refiere entre otros al siguiente hallazgo disciplinario: “H3 Revisada la contratación efectuada por la Corporación en el año 2005 y las obligaciones que se derivan del cumplimiento de la Ley 80 de 1993, se encuentra que la CARDER en la vigencia auditada, no cumplió con la obligación legal de remitir semestralmente a la Cámara de Comercio de Pereira la información concerniente a los contratos ejecutados, cuantía, cumplimiento de los mismos y las multas y sanciones que en relación con ellos se hubieren impuesto, procedimiento establecido en el artículo 22, numeral 22.1 de la Ley 80 de 1993, Artículo 12 del Decreto 856 de 1994 y la Circular Única

expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio” (fl.11). . Comunicación 048652 del 07 de marzo de 2006, por medio de la cual, la Dirección de Registros de la Cámara de Comercio de Pereira, dando alcance a requerimientos de fechas anteriores, informó a la Gerencia Departamental – Risaralda de la Contraloría General de la República, que en sus bases de datos – Registro Único de Proponentes – no se encontraron los nombres de “ALVARO SEPULVEDA BEDOYA…, JOSÉ FERNANDO OSPINA RIVAS…, BERTHA CAÑÓN SALINAS…, JUAN CARLOS PULECIO MORENO…, PRODUCCIONES AGROPECUARIAS”, pero además puntual en dejar consignado, que con relación a la información sobre “contratos ejecutados, cuantía, cumplimiento, multas y sanciones, nos permitimos comunicarle que haciendo una revisión de los documentos que se conservan en el archivo central de la entidad, se evidenció que no existe registro alguno sobre dicho reporte por parte de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER” (fl. 80). Subrayado por fuera de texto. . Comunicación No. 77659 del 1 de agosto de 2006, por medio de la cual el disciplinado, en su condición de Jefe Oficina Asesora Jurídica remitió a la Procuraduría General de la Nación el listado de los convenios, contratos y ordenes previas suscritas por la Corporación – CARDER durante la vigencia 2005, todo y según su información, publicado en la página Web de la entidad (fl 20 y ss). La Sala Disciplinaria debe observar en cuanto a lo referido en precedencia, que la

información hace mención a la fecha de suscripción del contrato, clase, objeto, fecha 7 Radicación No. 161-4580(086-12243/06) de iniciación, fecha de terminación, valor del contrato, valor de las adiciones, adiciones, contratista e interventor. No incluyó otros datos, pues como más adelante se analizará y según lo explicó el mismo disciplinado, no se registraron multas y/o sanciones con cargo a contratista alguno. . Certificación del 23 de octubre de 2009, por medio de la cual la Cámara de Comercio de Pereira, informa lo siguiente: “como aliado estratégico del Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción y ejerciendo la Secretaría Técnica del Pacto por la Transparencia, certifica que tuvo conocimiento y acceso la información publicada trimestralmente por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER relacionada con la contratación celebrada durante la vigencia del año 2005” (fl. 182). Para los efectos probatorios que correspondan, la Sala Disciplinaria debe registrar que el denominado pacto de transparencia fue suscrito el 10 de junio de 2004 en la ciudad de Bogotá D.C., entre otros por el Director de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER – el Ministro de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y la Directora del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la corrupción, cuyo propósito fue “el compromiso de promover la disposición de información completa y oportuna sobre la actividad de la Corporación, el control social y ciudadano, los mecanismos de rendición de cuentas,

la promoción de la cultura de la legalidad y una administración transparente y eficiente”, obligándose para tal efecto en materia de contratación por ejemplo a: “Publicar el pre pliego, pliego, fechas y lugares de realización de eventos de control social a la actividad de contratación en la página Web de la Corporación, al igual que en los boletines de las Cámaras de Comercio y ponerlos a disposición para que sean consultados en el portal único de contratación. Publicar una relación singularizada de los bienes adquiridos y servicios contratados, el objeto y el valor de los mismos, su destino y el nombre del adjudicatario en la página Web de la Corporación, en los términos del artículo 51 de la Ley 190 de 1995…” (fl. 202). En orden a los anteriores prepuestos probatorios y haciendo abstracción del contenido normativo del artículo 22 numeral 22.1 de la Ley 80 de 1993, para la Sala Disciplinaria es claro que ciertamente y como se señaló en los cargos, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER – no remitió a la Cámara de Comercio de Pereira la información concerniente a los contratos ejecutados en la vigencia 2005, su cuantía, cumplimiento, multas y sanciones que en relación con ellos se hubieren impuesto, según las condiciones de exigencia del artículo 22 numeral 22.1 de la Ley 80 de 1993; es evidente y por demás resulta claro que la sola publicación en la página Web a la cual refiere el denominado pacto de transparencia del 10 de junio de 2004, analizado en precedencia no es suficiente, pues a juzgar por su mismo contenido, se trata de una publicación general que no tiene un destinatario

específico como lo requiere la norma en cita, empero la que además no contempló en el caso particular, varios aspectos específicos de importancia normativa para la actualización del registro único de proponentes, esto es, anotaciones sobre el cumplimiento de contratos, multas y en general sanciones suscitadas dentro de la actividad contractual. Consecuente con lo anterior, debe entonces dejarse claro y sobre todo frente a las interpretaciones del disciplinado, que la publicación a que hace mención el Decreto 2170 de 2002 que reglamenta la Ley 80 de 1993, que modifica el Decreto 855 de1994 y por el cual se dictan otras disposiciones en aplicación de la Ley 527 de 8 Radicación No. 161-4580(086-12243/06) 1999, en observancia del principio de transparencia en la actividad contractual, no obstante estar relacionado con el desarrollo contractual, no está directamente relacionado con el tema de registro único de proponentes y menos con su actualización, por lo que mal podría entrarse a predicar prima facie que con la sola publicidad ofrecida en este sentido a través de la pagina Web se suple y/o mejor cumple con la exigencia legal demandada como inobservada en los cargos. Menos aún, se insiste, cuando la publicación no contempló información básica para la actualización del registro único de proponentes como más adelante se analizará. Las pruebas arrimadas al expediente, dan razón que la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER – ciertamente publicó en su pagina Web el listado de los convenios, contratos y órdenes previas suscritas por la entidad en la vigencia del 2005, empero es evidente también que tal publicación es una información general que dista de las exigencias puntuales del artículo 22 numeral 22.1 de la Ley 80 de

1993, a juzgar por su contenido, pues en ella no se consignó en forma especifica los contratos debidamente ejecutados, su cumplimiento, sí hubo lugar a multas o sanciones en general. No se debe olvidar en ningún momento, que en aras a la eficiencia y la transparencia de la actividad contractual, la filosofía de la norma en cita es la de llevar a través de las Cámaras de Comercio, el registro de todos y cada uno de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que aspiren a contratar con la administración, empero también su historial y por demás los pormenores de todo lo que constituye y/o ha constituido su comportamiento de cara al cumplimiento de sus obligaciones contractuales con el Estado, debidamente actualizado. El disciplinado explicó en los descargos, que con ocasión de los convenios y contratos celebrados por la CARDER en vigencia del año 2005, no hubo multas o sanciones a contratista alguno y que fue el motivo para que en las publicaciones hechas en la Web, no se haya hecho mención a dichos aspectos; sin embargo y en orden a las expresas y concretas exigencias normativas – de forma y contenido - la Sala Disciplinaria debe observar que aún habiéndose hecho las anotaciones dejadas por fuera de la publicación, la información requerida en el artículo 22 numeral 22.1 de la Ley 80 de 1993 no puede ser suplida por una versión diferente a la exigida, sencillamente porque para ser efectivo el propósito legal, el legislador dispuso que la información debía cumplir ciertos derroteros y/o características y además remitida a un destinatario en concreto, para el caso las Cámaras de Comercio.

La Sala Disciplinaria no puede entrar a desconocer en ningún momento la dinámica normativa en cuanto tener que ponerse a tono con los avances tecnológicos en materia de contratación Estatal, concretamente, en cuanto a la forma como debe allegarse la información en comento a las Cámaras de Comercio, no obstante debe recalcar, que la misma debe llenar ciertos requisitos y estar dirigida de manera concreta a su destinatario en aras a cumplir en forma efectiva con el designio del legislador, como así se desprende del contenido del artículo 14 del Decreto 4881 de 2008, invocado por el inculpado, léase, “Las entidades estatales deberán remitir por medios electrónicos a las cámaras de Comercio que tengan jurisdicción en el lugar del domicilio del inscrito, a más tardar el quince de cada mes, la siguiente información correspondiente al inscrito sobre contratos que hayan sido adjudicados, en ejecuc