PGN - DEBIDO PROCESO Comprende las notificaciones de las decisionesasumidas en las distint

ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra acto sancionatorio disciplinario RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO-Obligación de acatar el ordenamiento jurídico Debe igualmente, tenerse en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico constitucional prevé un sistema de responsabilidad personal e individual de los servidores públicos, conforme al cual, quienes se encuentren al servicio del Estado están obligados a observar la Constitución, las leyes, los reglamentos y atender las funciones y servicios públicos bajo parámetros de moralidad, eficiencia, eficacia y con respeto por los derechos y las garantías de los asociados, debiendo responder tales servidores por esas acciones u omisiones o extralimitaciones en que puedan incurrir en el ejercicio de las funciones públicas que tienen encomendadas. RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA-Procede a título de dolo o culpa Cabe anotar que en materia de responsabilidad objetiva, las normas no hacen distinción en cuanto al carácter del nombramiento que ostente el servidor público, la duración del mismo o el nivel jerárquico, solo basta que el operador jurídico observe el incumplimiento de deberes, el abuso o extralimitación de derechos y funciones o la incursión en prohibiciones, impedimentos, inhabilidades y conflictos de intereses, para que proceda de conformidad con el ordenamiento disciplinario; no obstante, dichos referentes sirven para precisar el grado de participación en la comisión de la falta. VALORACIÓN PROBATORIA-Aplicación de las reglas de la sana crítica ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMINETO DEL DERECHO-No es medio para allegar nuevas pruebas ni controvertir aspectos nuevos

Cabe señalar igualmente, que no es el proceso contencioso administrativo un medio, para allegar nuevas pruebas, ni para controvertir aspectos nuevos o diferentes a los planteados por el imputado a lo largo del proceso disciplinario, pues la función del control jurisdiccional está limitada a lo que obre en dichas actuaciones y lo alegado por las partes en su debida oportunidad, pues de lo contrario sería trasladar la discusión a otra instancia inexistente. RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA-El yerro en la identificación del cargo ocupado no altera la parte sustancial de la decisión Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°335-2013 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0214-2012 José Laureano Monsalve Abril vs. Nación-Procuraduría y Mindefensa-Policía Nacional

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DEBIDO PROCESO-Se relaciona con el cumplimiento debido de las etapas y términos fijados para la actuación administrativa Examinado el expediente que contiene el proceso disciplinario adelantado en contra del accionante, estima esta Agencia del Ministerio Público, tomando en cuenta lo consignado en la decisión de única instancia proferida por el despacho del señor Procurador General de la Nación, el trámite disciplinario cumplió con las exigencias legales: es así como se determinó la identidad del investigado y su condición laboral administrativa; se indicaron los hechos y omisiones presuntamente irregulares, cometidos en ejercicio o con ocasión del desempeño del empleo público; se le citaron las normas sustantivas disciplinarias que se

consideran desconocidas e infringidas; se hizo la relación probatoria que sirvió de respaldo a la acusación; se determinó el grado de culpabilidad (gravísima a título de dolo); las obligaciones que tenía como servidor público y su deber funcional; se le concedió el derecho a presentar descargos, a controvertirlos y a solicitar y presentar pruebas; y, en fin, se le brindó el derecho a tener una defensa técnica, con lo cual puede decirse que por ese aspecto ninguna ilegalidad se advierte. DEBIDO PROCESO-Comprende las notificaciones de las decisiones asumidas en las distintas etapas del proceso Se evidencia además, como prueba del respeto al debido proceso, que las decisiones fueron debidamente notificadas agotando las etapas procesales de la investigación disciplinaria, en sus dos instancias y bajo la normatividad aplicable. DEBIDO PROCESO-Está relacionado con el deber de la administración de motivar las decisiones Cabe anotar que cuando la Administración cumple con el deber de motivar el acto, está observando también el debido proceso, pues garantiza a quien sufre la sanción, una oportunidad más para contradecir con claridad las imputaciones que se le hacen, en la vía administrativa. RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA-Con concurso de faltas gravísimas y graves RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA-Es independiente de la responsabilidad fiscal Sobre la exoneración de responsabilidad frente a otros implicados en el mismo caso, considera esta Agencia Fiscal que el cargo formulado por el demandante, disiente del hecho que se haya absuelto judicialmente a uno de los subordinados y pretende que se aplique el mismo rasero funcional, lo cual para este despacho no

tiene fuerza para invalidar la actuación disciplinaria, porque la responsabilidad es de tipo individual y el caso traído, no es homologable, porque no contiene los mismos elementos fácticos y jurídicos, respecto a las actuaciones irregulares endilgadas al aquí demandante. Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°335-2013 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0214-2012 José Laureano Monsalve Abril vs. Nación-Procuraduría y Mindefensa-Policía Nacional

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COMPETENCIA DISCIPLINARIA-De la Procuraduría General de la Nación por conexidad En el caso sub-júdice, en la investigación disciplinaria No. 001-72528-02 estaba involucrado un General de la República, razón por la cual, la competencia radicaba en el señor Procurador General de la Nación, quien por razón de la conexidad, absorbió la competencia de los demás funcionarios, en otras palabras, de la investigación en contra del accionante. Además, la constitución política y la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional han reconocido la supremacía y jefatura del Ministerio Público en cabeza del Procurador General de la Nación, y en lo concerniente a los procesos de única instancia sentó el criterio de que no es violatorio del debido proceso el hecho de que los procesos ante este funcionario sean de única instancia, toda vez que siempre podrán ser impugnados en principio en reposición y posterior a ello, ante la jurisdicción contencioso administrativa. Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°335-2013 Ministerio Público

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PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 335-2013

IUS: 2013-326078

Bogotá D. C., octubre 3 de 2013

Señores Magistrados:

H. CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA.- SUBSECCIÓN “A”

CONSEJERO PONENTE: Dr. LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO

E.S.D.

REFERENCIA : No. 110010325000201200047 00 (0214-2012) ACTOR : JOSE LAUREANO MONSALVE ABRIL IDENTIFICACION : C.C. 88.168.012 de Bogotá

DEMANDADO : NACION-PROCURADURIA y MINDEFENSA-POLICIA NACIONAL

ACCIÓN : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO ASUNTO : SANCION DISCIPLINARIADESTITUCIÓN Procede esta Agencia del Ministerio Público, dentro de la oportunidad legal, a emitir el concepto de rigor en el proceso de la referencia, del cual conoce el Honorable Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, en única instancia.

1. Problema Jurídico La presente controversia se centra en establecer la legalidad de la sanción de destitución e inhabilidad general para ejercer funciones públicas por el término de cinco (5) años impuesta al accionante como miembro de la Policía Nacional, en su condición de Auxiliar Financiero del Área de Servicio y Apoyo

de la Dirección Antinarcóticos.

2. Lo que se demanda El demandante mediante el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, solicita la nulidad del fallo de única instancia dentro del proceso No.001-72528 del 15 de abril de 2005 expedido por el Procurador General de la Nación, por el cual se le impuso la sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general por el término de cinco (50) años; la decisión del 17 de mayo de 2006, por la cual resuelve el recurso de reposición, donde se confirmó la decisión; y la resolución No.04453 del 25 de agosto de 2006 por la cual el Director General de la Policía Nacional ejecutó la sanción.

Como restablecimiento del derecho, pide que se reintegre al demandante al servicio al grado de ascenso que le corresponda, sin solución de continuidad, y con el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°335-2013 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0214-2012 José Laureano Monsalve Abril vs. Nación-Procuraduría y Mindefensa-Policía Nacional Página: 5 dejados de percibir desde cuando se produjo su retiro, más perjuicios morales; sumas debidamente actualizadas y con intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia; en aplicación a los artículos 176 y 177 del C.C.A. y C-188-99 Como relación fáctica indicó que era miembro de la Policía Nacional

desempeñándose en la Dirección Antinarcóticos Comandos Jungla, como auxiliar de bodega desde el 1 de agosto de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2001 y Auxiliar Financiero de Arsea (Área de servicio y apoyo financiero) desde el 26 de enero de 2001 hasta el 18 de junio de 2002; que mediantes autos del 9 y 10 de mayo de 2002 la Procuraduría General de la Nación dispuso adelantar indagación preliminar por presunta malversación de fondos de la NAS, por parte de la Dirección Antinarcóticos; el 11 de junio de 2002 asumió la competencia el señor Procurador General de la Nación, porque dentro de los disciplinados figuraba un General de la República en servicio activo; el 26 de septiembre de 2002 se formuló pliego de cargos a un simple auxiliar cuya asistencia “significaba hacer mandados, cuidar su seguridad, colaborar en el archivo de la oficina y llenar formatos, o escritos que él le dictaba y disponía, sin poder tener ningún acceso a decisiones u órdenes, dado su grado de simple patrullero”; aduce que incurrió en error investigativo al tratársele como Intendente cargo que solo podía asumir dentro de 15 años, porque era un “simple” Patrullero además sin ninguna preparación o conocimiento de contabilidad o sistemas contrario a lo que señaló la Procuraduría al formularle el pliego de cargos. Desconociendo el principio de la doble instancia, el 15 de abril de 2005, se profirió fallo de única instancia, donde se le sancionó con destitución al

accionante, en una irregular y precipitada investigación, sin “respeto por las pruebas peticionadas y la falta seria y objetiva de análisis de la calidad de los sancionados y las pruebas”. Señala que la Procuraduría lo consideró como un Auxiliar Financiero y Contable, sin indagar sobre los requisitos intelectuales que se exigen para desempeñar este tipo de cargos, y profirió una decisión “ejemplarizante” para no desagradar a los americanos y perder la ayuda económica de quienes pagan en este tipo de puestos, por lo que considera se incurrió en falsa motivación. Mediante decisión del 17 de mayo de 2006 se resolvió el recurso de reposición, confirmado el fallo de única instancia. Afirma que con la expedición de los actos acusados se violaron el preámbulo y los artículos 2 y 3 de la Constitución Política, al considerar que no se ejerció la soberanía al permitir la imposición de autoridad extranjera sobre las autoridades administrativas y de control del Estado. Aduce que existió falsa motivación por errónea interpretación del alcance del artículo 13 de la ley 80 de 1993 y el artículo 21 del C.D.U., respecto a la naturaleza de los dineros donados por la embajada americana, edificando un fallo sobre presunciones; se vulneró el artículo 131-2 del C.D.U. frente al error grave respecto al cargo y grado del accionante, imputando cargos en forma general, al ser considerado como Intendente y ser en realidad un Patrullero sin ningún tipo de poder, disposición o facultad, pues solo atendía órdenes Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°335-2013 Ministerio Público

Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0214-2012 José Laureano Monsalve Abril vs. Nación-Procuraduría y Mindefensa-Policía Nacional Página: 6 de su superior funcional a quien le informaba “sobre las cuentas de cobro que presentaban los familiares de los sacrificados en la lucha antinarcóticos por la elaboración de coronas para personal fallecido, estas coronas afirma, el señor Procurador, no constituyen gastos propiamente operaciones, aspecto en el que centra el reproche central de la conducta, por ello se sanciona por que, se estaba desviando dinero de antinarcóticos que el solo era para aspecto operaciones y por este aspecto según el fallo se contravienen los acuerdos y tratados de manejo y cooperación, circunstancia que da lugar a imponer la sanción al INTENDENTE (sic)” Alega el accionante que: “La vaguedad del cargo, se da en la imprecisión del mismo, el sancionado no es un Intendente, es un Patrullero, quien atendiendo una orden superior, peticiona que le sean pagadas por NAS, unas coronas al personal sacrificado en una lucha que es de los americanos. La petición se hace sobre facturas que traen los familiares del occiso, quien peticiona no tiene la facultad de saber de donde vienen los dineros ni de ordenar ni dispones sino de cumplir órdenes de sus superiores. El fallo en su falsa motivación presume que este Patrullero tiene la facultad de ordenar disponer y pagar, grave error de apreciación por cuanto, si bien cumpliendo órdenes superiores el actor avisó a su superior financiera que habían llegado los recibos

debidamente firmados por los parientes de los occisos, indicando que habían recibido a satisfacción unas coronas, simplemente era para que se autorizara su pago. Este era un trámite ante su superior, quien debía darle trámite ante las autoridades NAS para que pagaran, ello lo hizo en cumplimiento de una orden legal y recordando que el actor no tenía porque saber pues la institución no lo preparó para ello, que se podía pagar con ello y que no, y si ello vulneraba o no tratado o convenio alguno. Es igualmente vago en impreciso el segundo cargo imputado, lo que hace anulable el fallo disciplinante, pues la sanción indica que la moto asignada a él por la institución para hacer los mandados de sus jefes, a la cual se le han suministrado unos repuestos y mantenimiento del convenio NAS, el actor, un simple patrullero que hacía las veces de mandadero, simplemente tenía que cumplir la orden de sus superiores de llevar la moto al lugar que ellos dispusieran, por intermedio de la oficina de vehículos que esta a cargo de un oficial superior, quien era quien debía y tenía que saber a que taller podía llevarlos y a que taller no, y como de donde podía o tenía que pagar y si este pago era lícito o no. … Se incurrió igualmente en falsa motivación, pues nunca se le formularon en el pliego de cargos imputación alguna por recibos, o falsedad o alteración de recibos, ello se comprueba si se analiza el pliego de cargos, sin embargo en los fallos de destitución se trae este nuevo cargo de presunta alteración de recibos, aspecto que jamás se probó que nunca se dio a la controversia, pues este cargo nació después de

contestado el pliego de cargos y surge un testimonio que no fue controvertido dado por Hermeregildo Guerra, donde afirma que supuestamente iba a viajar a otra ciudad y que le dieron cincuenta mil pesos, y que el vale lo firmó con letra y número por cincuenta mil pesos y que después el actor le agregó un cero, y quedó quinientos mil. Habiéndolo llenado con letras con cincuenta mil, pero las letras nunca fueron adulteradas. Como se observa frente al tópico enunciado se violó y es causal de nulidad la violación del debido proceso administrativo pues se sanciona por un cargo nuevo que no le es imputado en el acto de cargos y frente a el cual éste no pudo defenderse.” Aduce que se violan los artículos 345 y 346 de la ley 38/89; artículo 10 del decreto 111/96 y sentencia C-192/97, sobre el alcance de los recursos Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°335-2013 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0214-2012 José Laureano Monsalve Abril vs. Nación-Procuraduría y Mindefensa-Policía Nacional Página: 7 donados, sobre la aplicación o no de la ley colombiana sobre estos recursos, donde la Procuraduría insiste en que estos dineros son del presupuesto nacional y que estaban sujetos a los principios de contabilidad nacional, planes de cuentas, manuales y reglamentos que el Patrullero debía conocer. Alega que estos dineros no estaban incluidos en el presupuesto de rentas de NAS, ni sometidos al principio de anualidad fiscal del presupuesto, luego son

inexistentes tanto en el presupuesto de rentas, ley de presupuestos y ley de apropiaciones, por lo tanto no pueden ser dineros públicos presupuestales como lo afirma el Procurador. Invoca la violación al debido proceso y derecho de defensa, al desconocer el fallo los estatutos propios de la Policía Nacional que establecen el decreto 1798 de 2000, artículos 74, 75, 76, 77 y 78 que establece el principio de la doble instancia y el recurso de apelación, en vocación de los principios de defensa y contradicción de carácter fundamental y obligatorio. Invoca los artículos 31 de la C.N. y 151 del C.D.U., y aduce que se debió romper la unidad procesal, ante la existencia de varios funcionarios, y remitir el trámite al Procurador Delegado para la Policía Nacional en primera instancia y continuar el trámite en lo pertinente con el General Socha. Finalmente hace referencia a que los cuestionamientos principales consisten en que se permitió que terceros se beneficiaran de los recursos provenientes del NAS y que se utilizaran en gastos no relacionados con la lucha antinarcóticos, frente a lo que señala que el Procurador no se declaró impedido a pesar que en diversas ocasiones utilizó los aviones norteamericanos al servicio del control de antinarcóticos, la gasolina, el personal de pilotos y auxiliares y si reprocha utilizar esos dineros no en operaciones de combate sino logísticos como gasolina y repuestos para la moto asignada por el DNE al Patrullero demandante. Resalta que el combustible y mantenimiento de esos aviones era suministrado con recursos del NAS. Manifiesta que en el Manual de Procedimiento elaborado por NAS se

designaron claramente los responsables del manejo de los recursos del convenio, donde no figura el Patrullero accionante, ni tampoco acto administrativo alguno que le asigne funciones diferentes a las de ayudantía. Cita apartes de una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad del acto por el cual se desvinculo al ayudante del General Antinarcóticos Mayor Cubillos, porque se probó que el Director de la Policía actuó para obedecer la voluntad de la embajada americana, declarando la desviación de poder.

3. La nulidad declarada La demanda de acción de nulidad y restablecimiento del proceso fue presentada el 19 de enero de 2007 ante los Juzgados Administrativos de Bogotá, correspondiéndole por reparto al Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito de Bogotá, quien mediante providencias del 20 de febrero y 13 de marzo de 2013 ordenó remitir el expediente por competencia al Juzgado Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°335-2013 Ministerio Público

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Administrativo de Facatativá, quien a su vez, el 16 de diciembre de la misma anualidad admitió la demanda, pero en decisión del 26 de octubre de 2011 declaró la nulidad de todo lo actuado y dispuso la remisión por competencia a la Sección Segunda del Consejo de Estado (fls.584-589) La Alta Corporación en auto del 17 de mayo de 2012, admitió la demanda y

ordenó notificar al Procurador General de la Nación, al Director General de la Policía Nacional, y al Ministerio Público (fls.593-594.

4. Contestación de la demanda Policía Nacional Por intermedio de apoderad especial designada por el Secretario General de la Policía Nacional1, contestó la demanda alegando ilegitimidad en la causa por pasiva, porque el Director de la Policía Nacional expidió la resolución No.04453 del 25 de agosto de 2006, para ejecutar la sanción impuesta por la Procuraduría General de la Nación, quien expidió los actos disciplinarios en ejercicio del poder preferente, luego la Policía en ningún modo creó, modificó o extinguió un derecho u obligación frente al accionante. Considera igualmente que los actos demandados gozan de presunción de legalidad porque las diligencias fueron adelantadas y falladas por autoridad competente, cumpliendo los términos procesales y dando paso al derecho de defensa y contradicción al actor. (fls. 621-624) Procuraduría General de la Nación El ente de control accionado, por intermedio de apoderado. Contestó uno a uno los hechos de la demanda y solicitó que se desestimaran en su totalidad las pretensiones al considerar que no hay ningún elemento de juicio para decretar la nulidad solicitad del fallo de única instancia proferido por el Procurador General de la Nación, porque para su expedición se respetaron los lineamientos legales, el debido proceso, el derecho de contradicción y se realizó un análisis probatorio con plenas garantías constitucionales y legales.

Adujo que si existe incongruencia respecto al cargo desempeñado por el

actor, están demostrados en el proceso las funciones asignadas y el nombre del empleo, dando paso a la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal conforme el artículo 288 de la C.P. Señaló que la investigación respecto al demando obedeció a las sustanciales irregularidades derivadas del ejercicio propio de sus funciones al tramitar órdenes de pago (1777, 1778 y 1785) relacionadas con solicitudes de coronas y otras cuentas, llegando al hecho de hacer firmar en blanco a varios miembros de la Dirección del Grupo Antinarcóticos – DIRANcon el pretexto que las personas firmante irían a ser enviadas a comisiones especiales a otras ciudades del país los cuales no se concretaron y no 1 Facultades legales conferidas mediante resolución No.3969 del 30/11/2006 y resolución No.03191 del 5 de octubre de 2010. Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°335-2013 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0214-2012 José Laureano Monsalve Abril vs. Nación-Procuraduría y Mindefensa-Policía Nacional Página: 9 obstante los recibos fueron diligenciados para soportar egresos de los Fondos NAS y para solicitar su reembolso, desbordando su eje funcional e incursionando posiblemente en el campo penal; y que la decisión disciplinaria se edificó en pruebas legalmente producidas y aportadas al proceso que sirvieron para demostrar la existencia de la conducta merecedora de reproche y responsabilidad del investigado, ajustado a la norma vigente para la época de los hechos, de tal forma que su valoración

no fue de ninguna forma caprichosa o arbitraria. Manifiesta que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 de la ley 200 de 1995 y artículo 81 de la ley 734 de 2002, el fallador de primera instancia, podía decidir el asunto bajo una misma cuerda, conforme su competencia. Propuso las excepciones de “legalidad de los actos administrativos”, “alcance del control jurisdiccional del proceso disciplinario”, “presupuestos probatorios para sancionar”, y “autonomía del régimen disciplinario”. (fls. 631-637)

5. Alegatos de Conclusión La Procuraduría General de la Nación a folios 658 a 664 mediante nuevo apoderado, presentó sus alegatos finales, en los que reitera que no se le vulneró su derecho al debido proceso al investigado y no existió ninguna ilegalidad en los actos administrativos proferidos, teniendo en cuenta que quedó demostrado en la investigación la infracción al deber funcional por parte del investigado, reiterando que la jurisdicción contenciosa no es una tercera instancia para debatir nuevamente la valoración probatoria, la que considera fue adecuada, ya que obran las pruebas documentales y testimoniales que conducen a la certeza de la falta disciplinaria, por la cual se le impuso la sanción.

La Policía Nacional, insiste en la excepción de ilegitimidad en la causa por pasiva, porque lo que hizo fue ejecutar la sanción de destitución impuesta por la Procuraduría genera de la Nación. (fls.679-684)

6. Del caso concreto El problema jurídico se centra en dilucidar si con la expedición de los actos administrativos censurados se incurrió en las causales de invalidez por

violación al debido proceso, y de defensa dentro del diligenciamiento disciplinario, además de falsa motivación por infracción a normas de rango legal. Debe resaltarse, que en el concepto de violación, las acusaciones se repiten y reiteran, por lo que en concreto la acusación del demandante redunda en los siguientes cargos: violación al debido proceso por habérsele investigado con la designación de un cargo diferente al que verdaderamente ostentaba; violación al debido proceso por aplicación de normas no aplicables y no vigentes para la época de los hechos; violación al debido proceso por Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°335-2013 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0214-2012 José Laureano Monsalve Abril vs. Nación-Procuraduría y Mindefensa-Policía Nacional Página: 10 inexistencia de la doble instancia; violación al derecho de defensa por habérsele endilgado funciones no acordes con su cargo; e infracción a la tipicidad de la falta al haber considerado que los dineros eran públicos. Visto lo anterior, respecto a la parte sustancial de las inconformidades que se plantean para la imposición de una sanción de carácter disciplinario, se ha sostenido que en el adelantamiento de dicho proceso, el funcionario encartado debe tener la oportunidad de desvirtuar los cargos que se le formulen, por lo que en este evento debe determinarse, si la decisión se tomó con fundamento en la ley, y si se garantizaron sus derechos de defensa y al debido proceso. Debe igualmente, tenerse en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico constitucional prevé un sistema de responsabilidad personal e individual de

los servidores públicos, conforme al cual, quienes se encuentren al servicio del Estado están obligados a observar la Constitución, las leyes, los reglamentos y atender las funciones y servicios públicos bajo parámetros de moralidad, eficiencia, eficacia y con respeto por los derechos y las garantías de los asociados, debiendo responder tales servidores por esas acciones u omisiones o extralimitaciones en que puedan incurrir en el ejercicio de las funciones públicas que tienen encomendadas. Cabe anotar que en materia de responsabilidad objetiva, las normas no hacen distinción en cuanto al carácter del nombramiento que ostente el servidor público, la duración del mismo o el nivel jerárquico, solo basta que el operador jurídico observe el incumplimiento de deberes, el abuso o extralimitación de derechos y funciones o la incursión en prohibiciones, impedimentos, inhabilidades y conflictos de intereses, para que proceda de conformidad con el ordenamiento disciplinario; no obstante, dichos referentes sirven para precisar el grado de participación en la comisión de la falta.2 Examinada la demanda, en la parte del concepto de violación se hace referencia a la violación de las normas de la Constitución Política y la ley 734 de 2002, por parte del operador disciplinario, frente a lo cual, se aclara que la presente acción no es una tercera instancia para controvertir nuevamente los alegatos del disciplinado, ni para cuestionar los elementos de convicción de la valoración que hizo la entidad demandada. Al respecto ha dicho la Alta corporación: “Lo que el actor cuestiona es la valoración que de los elementos de convicción hizo la

entidad demandada, en la medida en que estima que no estuvo ajustada a la sana crítica. Sin embargo, del contenido del acto complejo demandado, se desprende que dentro de la actuación administrativa se respetaron las garantías procesales del actor y en criterio de esta Sala, la valoración de las pruebas en los términos de dicho acto, resulta coherente, justa y razonada.3 2 Ver sentencia del 12 de marzo de 2009, Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “A”, Consejero Ponente Dr. Alfonso Vargas Rincón, N° de referencia 110010325000200300444-01 (6209-2003), Jairo Hernán Benjumea vs. Procuraduría General de la Nación Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°335-2013 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°0214-2012 José Laureano Monsalve Abril vs. Nación-Procuraduría y Mindefensa-Policía Nacional

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Cabe señalar igualmente, que no es el proceso contencioso administrativo un medio, para allegar nuevas pruebas, ni para controvertir aspectos nuevos o diferentes a los planteados por el imputado a lo largo del proceso disciplinario, pues la función del control jurisdiccional está limitada a lo que obre en dichas actuaciones y lo alegado por las partes en su debida oportunidad, pues de lo contrario sería trasladar la discusión a otra instancia inexistente. En el caso concreto, del diligenciamiento disciplinario4 se puede colegir, que el demandante, señor JOSE LAUREANO MONSALVE ABRIL, se

desempeñaba como Patrullero, adscrito al Grupo Financiero del ARSEA de la DIRAN, como ayudante o auxiliar contable, razón por la cual tenía la condición de servidor público, sometido al régimen disciplinario de los mismos. Cabe señalar, que si bien es cierto en la decisión