PGN - DEBIDO PROCESO Efectos de su violación

Dependencia: Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa

Radicación No: 093-08617-2000

Investigado: Eduardo Rafael Pérez Gómez Cargo y entidad: Jefe de Cómputo y Sistemas Universidad de Sucre Quejoso: Zaida Leonor Rodríguez Hernández Fecha queja: Noviembre 30 de 2000

Fecha hechos: Febrero 29 de 2000

Asunto: Auto de nulidad

Bogotá DC, 30 mayo 2003 EL PROCURADOR DELEGADO SEGUNDO PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA ( ), en uso de sus facultades legales, especialmente las E conferidas por el artículo 25 del Decreto 262 de 2000 y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- Procedentes de la Procuraduría Judicial II de Familia de Sincelejo, se encuentran las diligencias radicadas con el No 093-08617-2000, con el fin de que se resuelva el recurso de apelación presentado por EDUARDO RAFAEL PÉREZ contra el fallo del 28 de febrero de 2003, proferido por dicha dependencia del Ministerio Público, por medio del cual lo sancionó con multa de diez días de su salario. SEGUNDO.- Sería la oportunidad procesal para pronunciarse sobre dicho recurso, pero se advierte la existencia de causales de nulidad que afectan el trámite del mismo. La Ley 734 de 2002 que entro en vigencia el 5 de mayo de 2002, señaló en el artículo 163 los requisitos que deberá contener el pliego de cargos, cuya disposición no fue cumplida por la primera instancia. En efecto, el auto de cargos del 29 de noviembre de 2002, proferido por la

Procuraduría Judicial II 27 Asuntos de Familia de Sincelejo (Sucre), fue dividido en la sinopsis del origen y el hecho objeto de investigación; una síntesis de las pruebas recaudadas; la individualización del posible autor o partícipe de la falta disciplinaria; las normas que describen el deber y la prohibición que regula la conducta; la descripción de la conducta; los cargos, la naturaleza de la falta y el análisis de la conducta (fls. 55 a 59), pero desafortunadamente se omitieron tres (3) ítems esenciales en una endilgación y que taxativamente se encuentran contemplados en el artículo mencionado del Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002): - La descripción y determinación de la conducta investigada, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó (1). Como ya se discriminó, la endilgación se centró en la conducta omisiva del disciplinado EDUARDO RAFAEL PÉREZ GÓMEZ, al no evaluar el servicio en tiempo oportuno a la funcionaria de carrera administrativa, Señora ZAIDA LEONOR RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ; sin embargo únicamente fue mencionado ese hecho, sin confrontar con el material probatorio obrante, para de esta forma redactar la conducta presuntamente irregular; el tiempo de que disponía para realizar esa calificación y la fecha en que lo hizo; el cargo en el cual se encontraba la quejosa en el momento de los hechos; el lapso al cual correspondía la calificación, entre otros aspectos, debieron precisarse en el pliego de cargos. - Las normas presuntamente violadas (2). Aunque le fueron citadas disposiciones presuntamente transgredidas de la Ley 200

de 1995 (38, 40 num. 2 y 41 num. 33), vigente para la época de los hechos, esa pieza procesal adolece de las normas sustantivas que supuestamente transgredió PÉREZ GÓMEZ para que pueda configurarse una falta disciplinaria.

• La Ley 443 (artículo 32) que rige la Carrera Administrativa y el Acuerdo No 007 de 1994 artículos 45, 52 y 53, que es el estatuto de personal administrativo de la Universidad de Sucre, son ejemplos para aplicar en el presente caso. - El análisis de las pruebas que fundamentan cada uno de los cargos formulados (5).

No se realizó ninguna evaluación sobre las pruebas allegadas, pues únicamente se limitó la primera instancia a hacer una relación de las pruebas, lo cual va en contravía al espíritu de la Ley 734 de 2002. - El análisis de los argumentos expuestos por los sujetos procesales (8). Este requisito innovador en el actual código disciplinario tiene razón de ser, porque en esa instancia procesal (pliego de cargos) y cuando el disciplinado ya ha actuado, resulta forzoso evaluar las justificaciones presentadas, para una adecuada endilgación. - La presentación de los alegatos de conclusión antes del fallo de primera instancia. Esta exigencia igualmente novedosa contemplada por el artículo 92 numeral 8 de la Ley 734 de 2002 como uno de los derechos del investigado, pretende que el disciplinado después de recaudarse todas las pruebas, incluidas las de defensa, tenga la oportunidad de hacer una evaluación acorde con sus pretensiones para lograr la exoneración o justificación de determinada conducta, circunstancia que la

primera instancia tampoco lo hizo. Esas omisiones por parte del aquo, conllevan a que no se garantice adecuadamente al investigado el derecho a que conozca plenamente el motivo por el cual debe responder a la Procuraduría General de la Nación sobre una posible falta disciplinaria. En el presente caso, resulta ostensible que se afectó el derecho a la defensa y que estamos frente a la presencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso, contempladas como causales de nulidad por el artículo 143 de la Ley 734 de 2002 (numerales 2 y 3), razón por la cual y en obedecimiento a lo dispuesto por el artículo 144 ibídem, debe declararse la nulidad del procedimiento, a partir del pliego de cargos. En mérito a lo expuesto, EL PROCURADOR DELEGADO SEGUNDO PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA (e), en ejercicio de las facultades legales referidas, RESUELVE: PRIMERO: Declarar la nulidad de la actuación disciplinaria seguida en el expediente No 093-08617/2000 contra EDUARDO RAFAEL PÉREZ GÓMEZ, a partir del Pliego de Cargos del 29 de noviembre de 2.000, inclusive. Las pruebas recaudadas conservarán su validez.

SEGUNDO: Devolver el expediente a la oficina de origen, para que notifique al investigado, conforme lo dispone el artículo 103 de la Ley 703 de 2001, advirtiéndole que procede recurso de reposición conforme lo señala el artículo 113 ibídem.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CÉSAR AUGUSTO AMAYA MEDINA

Procurador Delegado Segundo Vigilancia administrativa (e) Expediente No 093-08671-2000

CMM-CAZC