PGN - DEBIDO PROCESO En el caso bajo estudio se respetaron las mínimas garantías consagrad

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Sanción disciplinaria de docente por presunto abandono del cargo ESTADO-Es el titular de la potestad disciplinaria/OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO-Les corresponde conocer de los asuntos disciplinarios de los servidores públicos de las entidades estatales/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL-Ejerce las funciones asignadas para la administración del personal docente, directivo docente y administrativo/ACTOS ADMINISTRAIVOS DEMANDADOS-En el presente caso fueron expedidos válidamente dentro de la actuación disciplinaria Sobre el particular, el Estado es el titular de la potestad disciplinaria; a su turno, el legislador expidió la Ley 734 de 2002, por medio de la cual se adoptó el Código Disciplinario Único, en el que se determinó que corresponde a las Oficinas de Control Disciplinario Interno y, en general, a las entidades estatales conocer de los asuntos disciplinarios contra sus servidores, sin perjuicio, por supuesto, del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación. … para el caso del Departamento del Chocó, la Secretaría de Educación Departamental ejerce las funciones asignadas para la administración del personal docente, directivo docente y administrativo, pagados con recursos del Sistema General de Participación, funciones que para el caso en concreto, dada la intervención del Gobierno Nacional a través del CONPES, fueron asumidas por conducto de la Administración Temporal para el Sector Educativo del Chocó. …, los actos administrativos demandados fueron expedidos válidamente dentro de una actuación disciplinaria legítimamente adelantada por la autoridad pertinente, suscritos por

los funcionarios competentes y basados en la ley vigente al momento de la ocurrencia de la conducta disciplinaria reprochable. DEBIDO PROCESO-En el caso bajo estudio se respetaron las mínimas garantías consagradas en el art. 29 de la Constitución En resumen, se respetó el debido proceso, las mínimas garantías, el derecho de defensa, la presunción de inocencia, la legalidad, consagrado en el transcrito artículo 29 de la Carta, las causales de nulidad establecidas en el Artículo 84 del Código Contencioso Administrativo que se reducen a las circunstancias específicas: (i) Cuando el acto sea emitido por funcionario incompetente. (ii) Cuando vulnere las normas en que debía fundarse (iii) Cuando se haya vulnerado el derecho de defensa. (iv) Cuando exista falsa motivación. (v) Cuando se de la denominada desviación de poder, no se vislumbran. No se encuentra entonces, violación al precepto constitucional, contenido en el artículo 29 de la Carta sobre debido proceso, ni a la Ley 734 de 2002, ni a ninguna otra disposición, teniendo en cuenta que el docente a la luz de las disposiciones no asumió sus funciones en el nuevo establecimiento educativo en forma justificada, al no atender oportunamente la orden de traslado impartida por la Administración Temporal para el Sector Educativo del Chocó, en razón a las necesidades del servicio, durante el término que se le otorgó, situación que impone al Ministerio Público solicitar mantener la legalidad de los actos acusados.

ACTOR : JORGE ENRIQUE MOSQUERA CABRERA

DEMANDADO : Departamento del Chocó– Secretaria de Educación del Chocó

Administración temporal para el sector Educativo. IUS - 544295 -2017 2

PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 068

IUS - 544295 -2017 Bogotá, D.C., abril 17 de 2017 Doctor

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Consejero Ponente

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Honorable Consejo de Estado

E. S. D.

REFERENCIA: Expediente No. 270012333000201400089 01

No. INTERNO: 3011– 2016

ACTOR: JORGE ENRIQUE MOSQUERA CABRERA DEMANDADO: Departamento del Chocó– Secretaria de Educación del Chocó- Administración temporal para el sector educativo.

MEDIO DE CONTROL: Nulidad y Restablecimiento del Derechosanción disciplinaria docente sector oficial - Ley 1437/11.

I. ANTECEDENTES 1.1. DEMANDA El señor Jorge Enrique Mosquera Cabrera, por conducto de apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, solicitó que se declare que el Departamento del Chocó – Secretaría de Educación Departamental – Administración Temporal para el Sector Educativo, durante el trámite del proceso disciplinario que se le adelantó violó el debido proceso, por lo que se debe

ACTOR : JORGE ENRIQUE MOSQUERA CABRERA DEMANDADO : Departamento del Chocó– Secretaria de Educación del Chocó Administración temporal para el sector Educativo.

IUS - 544295 -2017 3 declarar la nulidad: (i) del acta de audiencia verbal No. 027 del 06 de agosto de 2012, “en el que se declara responsable, y sanciona disciplinariamente e impone inhabilidad general”1, (ii) del fallo de segunda instancia No. 07 de agosto 24 de 2012, emanado del despacho del Administrador Temporal para el Sector Educativo del Departamento del Chocó, donde confirmó en todas sus partes el fallo de primera instancia No. 027 del 06 de agosto de 2012. Como consecuencia de las anteriores declaraciones solicitó que se ordene al Departamento del Chocó – Secretaría de Educación Departamental del Chocó – Administración Temporal para el Sector Educativo, el reintegro del actor al cargo que venía ejerciendo como docente, o a otro cargo de igual o superior categoría, de funciones y requisitos afines para su ejercicio, con retroactividad al 1º de abril de 2012, fecha en que inicio la suspensión provisional que se decretó en su contra. Igualmente, solicitó se disponga que para todos los efectos legales no hubo solución de continuidad en la prestación de los servicios desde cuando fue destituido hasta la fecha en que sea efectivamente reintegrado. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene a las entidades demandadas a reconocer y pagar al actor o a quien represente sus derechos, todas las sumas correspondientes a sueldos, primas, bonificaciones y demás emolumentos dejados de percibir, inherentes a su cargo, con efectividad a la fecha de la destitución hasta cuando sea reincorporado al servicio. Que una vez ejecutoriada la sentencia que “ponga fin a la presente acción, se

comunique a las autoridades administrativas que profieran los actos, para los efectos legales consiguientes” y que para el cumplimiento de la sentencia se ordene dar aplicación a los artículos 187, 188 y 192 del CPACA, además se le condene al pago de costas y agencias en derecho. 1.2. HECHOS 1 La sanción principal fue de destitución y la accesoria fue la inhabilidad de 10 años.

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IUS - 544295 -2017 4 El actor se desempeñó desde el año de 1994 como docente al servicio del Departamento del Chocó en diferentes municipios y para el año 2007 se encontraba ubicado en el Colegio Abraham Pino Moreno de San José de Purre del Municipio del Atrato, siendo su último salario $2.100.000.oo. Mediante Resolución No. 159 del 6 de enero de 2012 el docente fue trasladado a la I. E. Agropecuario Marco Fidel Suárez del Municipio El Carmen del AtratoChocó, decisión frente a la cual solicitó revocatoria el 10 de enero de 2012. Por Resolución 1523 de marzo 13 de 2012 la Secretaría de Educación Departamental del Chocó negó la reclamación y ratificó el acto administrativo ordenando su presentación en la nueva plaza en un término de 5 días. El docente reitero la solicitud de revocatoria del traslado el 21 de marzo de 2012, petición que fue resuelta en mayo 4 de 2012 mediante Resolución No. 02456,

donde no se revocó la Resolución 1523 del 13 de marzo de 2012, en la que señaló que el docente debía estar prestando sus servicios en la Institución Agropecuaria Marco Fidel Suárez, del Carmen del AtratoChocó. En mayo 3 de 2012, remiten una queja contra el docente presuntamente por no haberse presentado a laborar, desconociendo por completo que a él la solicitud de revocatoria realizada el 21 de marzo de 2012, solo le fue resuelta el 4 de mayo de 2012, o sea, que el funcionario ha debido presentarse a laborar el 14 de mayo de 2012, o sea, que él nunca abandonó el cargo, ya que los cinco días que le habían dado para presentarse a la nueva plaza vencían esa misma fecha. Agrega que la firmeza de los actos es indispensable para su ejecución contra la voluntad de los interesados, “que al no haberse terminado el trámite administrativo por parte de la Secretaría de Educación, en cuanto a la solicitud de revocatoria, podemos decir que esa decisión no había adquirido firmeza”, como lo han definido las Altas Cortes, según providencias que relaciona. La Secretaría de Educación Departamental del Chocó- Administración Temporal para el Sector Educativomediante Auto No. 682012, del 9 de mayo de 2012,

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IUS - 544295 -2017 5 apoyado en la queja remitida y desconociendo la firmeza de los actos

administrativos, cita a audiencia verbal y mediante Auto No. 0199 del 11 de mayo de 2012, decide suspenderlo provisionalmente del cargo. Posteriormente en acta de audiencia verbal No. 27 del 6 de agosto de 2012 se declaró responsable, se sancionó disciplinariamente con destitución en el ejercicio del cargo y se impuso una inhabilidad general por el término de 10 años, decisión que fue impugnada, desatándose el recurso mediante fallo de segunda instancia No. 07 de agosto 24 de 2012, emanado del despacho del Administrador Temporal para el Sector Educativo del Departamento del Chocó, donde confirmó en todas sus partes el fallo de primera instancia No. 027 del 6 de agosto de 2012. 1.3. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN El libelista expuso vulneración del artículo 29 de la Constitución Política. Del Código Disciplinario Único señaló los artículos 137, 172 y 176. El derecho fundamental al debido proceso es una garantía que deben respetar las autoridades administrativas y judiciales, y que propende por establecer unos procedimientos y relaciones sustantivas con el fin de lograr una protección del derecho de defensa y contradicción que les asiste a los administrados, el debido proceso se aplica a las actuaciones preliminares y al trámite administrativo como tal, se basa en la legalidad y en principios como la publicidad como presupuesto para ejercer los derechos de defensa y de contradicción. Afirma que la Secretaría de Educación Departamental – Administración Temporal para el Sector Educativo, “le violentó el debido proceso ya que si el 4 de mayo de

2012, resuelve la petición de revocación realizada el 21 de marzo de 2012, es inaudito que con anterioridad a esa fecha se decrete el abandono del cargo del docente y se le adelante un proceso disciplinario si todavía no se ha vencido el plazo para presentarse a su nuevo sitio de trabajo”. Otra violación al debido proceso, a su juicio, fue la no realización del acto administrativo que se debe crear para la ejecución del fallo por parte del demandado, tal como lo ordena el parágrafo del artículo 172 del Código único

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IUS - 544295 -2017 6 Disciplinario. El acto de ejecución trae implícito en su parte resolutiva, la orden de hacer efectiva la sanción por parte del jefe de la entidad a que pertenece el sancionado o quien haga sus veces. Igualmente acusa la violación al artículo 176 ibídem que exige a las Oficinas de Control Interno informar de manera inmediata a la Procuraduría General de la Nación o a las Personerías Distritales o Municipales sobre la realización de un procedimiento verbal, lo que nunca aconteció a pesar de haberlo mencionado en el Auto de mayo 9 de 2012. 1.4 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA El Departamento del Chocó precisó los hechos, advirtió que el ente territorial no es el llamado a responder por las obligaciones puesto que ellas corresponden a la administración temporal. En razón de lo anterior presenta la excepción que denomina “falta de legitimación

material en la causa por pasiva” toda vez que la Secretaria de Educación Departamental fue intervenida a través del CONPES No. 124 de 2009 y por Resolución 1794 del 6 de julio de 2009, se adoptó la medida cautelar de asunción temporal de la competencia del sector educativo en el Departamento, por lo cual fueron limitadas las funciones asignadas para la administración del personal docente, directivo docente o administrativo pagados con recursos del Sistema General de Participación, la administración temporal esta revestida de la autonomía administrativa y financiera para cumplimiento de sus cometidos El Departamento no fue quién originó los hechos, que además aparecen insuficientes para obtener una consecuencia jurídica reclamada, es decir, sus elementos constitutivos no se encuentran cumplidos, pues las pretensiones carecen de los requisitos legales de estructuración y los hechos alegados no corresponden a la realidad, así las cosas, la norma sustancial no asigna legitimación al demandante para invocarlas, lo que conlleva a hacer nugatorio el derecho invocado.

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1.5. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

El Tribunal Administrativo del Chocó, mediante sentencia adiada el 8 de octubre de 2015, se pronunció en primer lugar sobre el derecho disciplinario y la potestad disciplinaria recogiendo pronunciamientos de la H. Corte Constitucional2 y del H. Consejo de Estado3, recuerda que con el propósito de asegurar la obediencia, la

disciplina en el cumplimiento de las obligaciones y del adecuado comportamiento de los servidores públicos en el ejercicio de sus cargos, el legislador expidió el Código Disciplinario ÚnicoLey 734 de 2000el cual determina qué conductas se consideran faltas disciplinarias, las sanciones y el procedimiento que debe seguirse para establecer la responsabilidad disciplinaria. De igual forma se refiere a la naturaleza de los actos disciplinarios y su sujeción plena a control jurisdiccional, así como la naturaleza administrativa de las funciones y los actos disciplinarios, tanto de la Administración Pública como de la Procuraduría General de la Nación. Describe el control judicial y su alcance frente a los procesos disciplinarios para examinar la conducta del actor en el caso concreto, precisa que básicamente se imputa a los actos acusados el cargo de violación del debido proceso ya que, en criterio del actor, sin haber quedado en firme la decisión que ordenaba el traslado, en forma arbitraria, la entidad demandada de manera unilateral decide iniciarle un proceso disciplinario, sin antes darle a conocer la decisión plasmada en la Resolución 2456 del 4 de mayo de 2012. Advierte, que si bien al momento de presentación de la demanda ya había entrado en vigencia la Ley 1437 de 2011, para determinar la firmeza del acto administrativo que trasladó al actor se deben analizar las normas del Decreto 01 de 1984, por cuanto el mismo fue expedido en vigencia de dicho código, y de conformidad con el artículo 62 los actos administrativos quedaban en firme cuando, entre otras, “contra ellos no procedía ningún recurso”.

Observa que mediante Resolución No. 159 del 6 de enero de 2012, la Administración Temporal del Servicio Educativo en el Chocó decidió trasladar por necesidades del servicio al docente Mosquera Cabrera, a la IE Agropecuaria Marco Fidel Suárez en el Municipio del Carmen de Atrato, informándole que dentro 2 Sentencias C – 242 de 2010 y C – 819 de 2006. 3 Sección Segunda Subsección “A” sentencia del 26 de marzo de 2014. MP Gustavo Eduardo Gómez A.

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IUS - 544295 -2017 8 de los 5 días siguientes a la comunicación de la misma, debía asumir sus funciones en el establecimiento educativo al que había sido trasladado: y además se le indicó que contra dicho acto administrativo no procedía recurso alguno. Concluyó el Tribunal de conocimiento que en el proceso es evidente la circunstancia descrita en el numeral primero del artículo 62 del C.C.A., por lo que para la fecha en que inició el proceso disciplinario contra el hoy actor, es decir, 9 de mayo de 2012, el acto administrativo que lo trasladó ya se encontraba en firme y ello no afectó la radicación de la solicitud de revocatoria, la que fue presentada por el actor ante el Administrador Temporal mediante el escrito radicado el 21 de marzo de 2012, de conformidad con el artículo 71 del C.C.A. (normatividad vigente para la fecha de ocurrencia de los hechos).

Advirtió que la revocación directa podía cumplirse en cualquier tiempo, inclusive en relación con actos en firme, o aun cuando se haya acudido a los tribunales administrativos, siempre y cuando no se hubiere dictado el auto admisorio de la demanda. Igualmente, en cuanto al cumplimiento de lo ordenado por el artículo 176 de la Ley 734 de 2002, dicha omisión no se presentó, por cuanto de la lectura que se hace del auto de citación No. 68-2012 del 9 de mayo de 2012, se observa que en el numeral octavo de la parte resolutiva del mismo, se ordenó informar a la Procuraduría General de la Nación de las decisiones que se adoptaban, por tanto se niegan las súplicas de la demanda y condena en costas al demandante.

1.6. RECURSO DE APELACIÓN.

El actor recurre en alzada insistiendo en que se ha violado el debido proceso al disciplinado, ya que sin haber quedado en firme la decisión que ordena su traslado, en forma arbitraria, resolvió de manera unilateral iniciar, antes de darle a conocer la decisión plasmada en la Resolución 2456 del 4 de mayo de 2012, un proceso disciplinario en contra del hoy demandado, el cual culminó sancionándolo, presuntamente por abandono de cargo, ya que no se presentó a laborar en el Municipio del Carmen de Atrato.

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IUS - 544295 -2017 9 Por ello, asegura que abusó de su poder el Secretario de Educación del Chocó,

ya que mediante oficio AT –GTH-0927 -2012 del 3 de mayo de 2012, remiten la queja por no haber atendido el acto administrativo de traslado y no presentación efectiva del servicio; posteriormente se le continua violando el debido proceso al docente, cuando sin haberse vencido los cinco días dados para él presentarse a su lugar de traslado, procedan el día 9 de mayo de 2012 a citarlo a audiencia, lo que, a su juicio, es inaudito toda vez que la decisión definitiva del traslado se dio el 4 de mayo y los 5 días vencían el 11 de mayo, situación que aumenta las violaciones a los derechos constitucionales y legales del docente, máxime que el día 9 de mayo solo habían pasado 3 días desde la decisión definitiva de no revocar la orden de traslado dada, lo que genera la falsa motivación del proceso disciplinario. Además en ninguna de las decisiones que se tomaron para sancionar al disciplinado, se mencionó la existencia de la resolución No. 2456 del 4 de mayo de 2012.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Esta agencia del Ministerio Público considera que el problema jurídico se circunscribe en determinar si los actos administrativos demandados, que dieron lugar a adelantar proceso disciplinario contra el actor por presunto abandono del cargo, se expidieron desconociendo y vulnerando el debido proceso.

Sobre el particular, el Estado es el titular de la potestad disciplinaria; a su turno, el legislador expidió la Ley 734 de 2002, por medio de la cual se adoptó el Código

Disciplinario Único, en el que se determinó que corresponde a las Oficinas de Control Disciplinario Interno y, en general, a las entidades estatales conocer de los asuntos disciplinarios contra sus servidores, sin perjuicio, por supuesto, del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación. Así las cosas para el caso del Departamento del Chocó, la Secretaría de Educación Departamental ejerce las funciones asignadas para la administración del personal docente, directivo docente y administrativo, pagados con recursos del Sistema General de Participación, funciones que para el caso en concreto, dada la intervención del Gobierno Nacional a través del CONPES, fueron asumidas por conducto de la Administración Temporal para el Sector Educativo del Chocó.

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IUS - 544295 -2017 10 Por lo tanto, los actos administrativos demandados fueron expedidos válidamente dentro de una actuación disciplinaria legítimamente adelantada por la autoridad pertinente, suscritos por los funcionarios competentes y basados en la ley vigente al momento de la ocurrencia de la conducta disciplinaria reprochable. El actor expuso que el Departamento del Chocó – Secretaría de Educación Departamental del Chocó – Administración Temporal para el Sector Educativo, durante el trámite del proceso disciplinario que se le adelantó violó el debido proceso, por lo que solicitó la nulidad de los actos administrativos contenidos en el acta de audiencia verbal No. 27 del 06 de agosto de 2012, donde se le declaró

responsable disciplinariamente con destitución e inhabilidad general por 10 años, y del fallo de segunda instancia No. 07 de agosto 24 de 2012, emanado del despacho del Administrador Temporal para el Sector Educativo del Departamento del Chocó, que confirmó en todas sus partes el acto primigenio. Dado que la controversia se concentra en la violación de un derecho fundamental, debe precisarse que el artículo 29 de la Constitución Política establece entre otras garantías procesales, las del debido proceso y el derecho de defensa, en los siguientes términos: ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. (…) Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso. (Negrillas fuera de texto) Tiene origen el asunto en la Resolución No. 159 del 6 de enero de 2012 (folio 37), por medio de la cual el actor fue trasladado a la I. E. Agropecuario Marco Fidel Suárez del Municipio El Carmen - Chocó, advirtiendo en su artículo 2 que debería

asumir sus funciones en el nuevo establecimiento educativo en un plazo de 5 días

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IUS - 544295 -2017 11 contados a partir de la notificación, mientras que en su artículo 6º dispuso que no procedían recursos por la vía gubernativa. Contra la decisión anterior, el actor solicitó revocatoria el 10 de enero de 2012 (folios 38 y 39), que fue negada por Resolución 1523 de marzo 13 de 2012 expedida por la Secretaría de Educación Departamental del Chocó (folio 41), que además ordenó su presentación en la nueva plaza en un término perentorio de 5 días, a partir de la notificación del acto administrativo realizada el 22 de marzo de 2012 (folio 42). Observa esta Delegada que los actos administrativos cuya nulidad se pretende y los que dieron origen a la controversia en sede administrativa, se producen bajo la vigencia del antiguo Código Contencioso Administrativo, puesto que la Ley 1437 de 2011 señaló en su artículo 308 que rige a partir del 2 de julio de 2012, aplicándose a los procedimientos y a las actuaciones administrativas que se inicien con posterioridad a la entrada en vigencia. Entre tanto, el artículo 62 del citado C.C.A. prevé la firmeza de los actos administrativos así: “Firmeza de los actos administrativos. Los actos administrativos quedarán en firme:

1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso.

2. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido.

3. Cuando no se interpongan recursos o (…) .” De lo expuesto, se infiere que el actor debía haber asumido sus funciones en el establecimiento educativo al que fue trasladado por la Administración Temporal para el Sector Educativo del Departamento del Chocó, a más tardar dentro de los 5 días siguientes a la notificación personal de la resolución No. 1523 del 13 de marzo de 2012, realizada el 22 del mismo mes y año, aunque lo pertinente era que el actor acudiera a su nuevo lugar de trabajo dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la resolución No. 156 del 6 de enero de 2012, en la que se dispuso su traslado a la I.E. “Marco Fidel Suárez” (municipio El Carmen), comoquiera que este último acto administrativo había advertido, como en efecto correspondía, que

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IUS - 544295 -2017 12 no procedía recurso alguno en la vía gubernativa, lo que implicaba que, una vez notificado, generaba efectos vinculantes (fls. 37 y 41). Al no cumplirse lo anterior, dio lugar a la investigación disciplinaria con base en declaración de la Rectora del establecimiento educativo al que había sido trasladado el demandante, de ahí que en el auto de citación a audiencia verbal se le reprochó al actor el presunto abandono del cargo constitutivo como falta gravísima, al tenor de lo dispuesto en el artículo 48 numeral 55 de la Ley 734 de 2002.

El educador reiteró la solicitud de revocatoria del traslado el 21 de marzo de 2012, petición que fue resuelta en mayo 4 del mismo año mediante Resolución No. 02456 (folio 47 a 49), en la que no accedió a la revocatoria de la Resolución 1523 del 13 de marzo de 2012 y señaló que el docente debía estar prestando sus servicios en la Institución Agropecuaria Marco Fidel Suárez, del Carmen del AtratoChocó. Es evidente para esta Delegada que la petición de revocatoria no le habilitaba termino alguno para esperar o tomarse su tiempo para cumplir con la orden de traslado, por cuanto la revocatoria directa de los actos administrativos es un mecanismo autónomo y sujeto a causales específicas contempladas en el artículo 69 del C.C.A., cuyo trámite no afecta la firmeza y cumplimiento de las decisiones de la administración, de modo que no es admisible la tesis del actor en el sentido de que fue desconocida su solicitud de revocatoria (realizada el 21 de marzo de 2012), como excusa o justificación de incumplir con el traslado, lo que a la postre dio origen al abandono del cargo censurado en el proceso disciplinario, ya que, se reitera, el demandante debió acudir a prestar sus servicios a más tardar dentro de los 5 días siguientes a la notificación personal de la resolución No. 1523 del 13 de marzo de 2012, realizada el 22 del mismo mes y año, aunque lo pertinente era que el actor acudiera a su nuevo lugar de trabajo dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la resolución No. 156 del 6 de enero de 2012, en la que se dispuso

su traslado a la I.E. “Marco Fidel Suárez” (municipio El Carmen).

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IUS - 544295 -2017 13 Una cosa era el trámite administrativo impartido por la Secretaría de Educación en virtud de la solicitud de revocatoria, y otra muy diferente el agotamiento de la vía gubernativa si la hubiere, lo que tampoco sucedió en el caso bajo estudio, en tanto que no procedía recurso alguno contra el acto administrativo que dispuso el traslado del actor el 6 de enero de 2012, según se le advirtió. La Secretaría de Educación Departamental del Chocó- Administración Temporal para el Sector Educativomediante Auto No. 68 - 2012 del 9 de mayo de 2012, apoyado en la queja remitida y en las pruebas recopiladas, citó a audiencia verbal y mediante Auto No. 0199 del 11 de mayo de 2012, decidió suspenderlo provisionalmente del cargo. Posteriormente, en acta de audiencia verbal No. 27 del 6 de agosto de 2012, se declaró responsable, se sancionó disciplinariamente con destitución e inhabilidad general por 10 años, decisión que fue impugnada, desatándose el recurso mediante fallo de segunda instancia No. 07 de agosto 24 de 2012, emanado del despacho del Administrador Temporal para el Sector Educativo del Departamento del Chocó, donde confirmó en todas sus partes el fallo de primera instancia. El disciplinado, ahora demandante, tuvo oportunidad de concurrir a la

investigación con plenas garantía procesales, fue escuchado en versión libre, ejerció su derecho de defensa con abogado de su confianza, realizó contradicción de pruebas con lo que no se puede hablar de vulneración al debido proceso, ni de indebida aplicación de norma superior, tal como se puede apreciar en todos los documentos anexos al expediente. Fueron agotadas las dos instancias de la investigación disciplinaria, de suerte que no se advierte razón alguna que permita pedir la nulidad de los actos administrativos sancionatorios, incluso el actor recurrió en tutela al amparo de sus derechos fundamentales, la cual le fue negada por el Tribunal Administrativo del Chocó