PGN - DEBIDO PROCESO Violación a las garantías y principios sustanciales de las partes

RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA-Incumplimiento de deberes de servidor público CONDUCTA OMISIVA-Trámite de los defensores de familia Como puede advertirse de la lectura del cargo único imputado, se refiere a una conducta omisiva cuyo marco de valoración son fundamentalmente las normas de la Ley 1098 de 2006 relacionadas con el trámite que los defensores de familia deben surtir en el desarrollo de los procesos administrativos de protección de derechos, considerando además los deberes que esa normatividad le asigna a dichos servidores públicos en su artículo 81, omisión que se habría configurado en la violación del derecho al debido proceso, en cabeza de la quejosa, al tomar la decisión de entrega del cuidado de un menor el 13 de julio de 2009. DEBIDO PROCESO-Violación a las garantías y principios sustanciales de las partes El Código de la Infancia y la Adolescencia le asigna a los defensores de familia la competencia para adelantar procesos administrativos para la protección de los derechos de los menores. Tales actuaciones aunque carecen de naturaleza jurisdiccional, deben ser atendidas de acuerdo con las reglas que el ordenamiento establece, lo que incluye los principios sustanciales del debido proceso, que garanticen que las distintas partes involucradas tengan la oportunidad de ser escuchadas y sus argumentos valorados como soporte de la decisión final.

PROCESO ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN DE MENOR-Exigencias

legales/PROCESO ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN DE MENOR-Auto de

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apertura debe ser comunicado y notificado a la madre/PROCESO ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN DE MENOR-Alcance de la acción disciplinaria Es este el contexto fáctico de la presente actuación, el cual no es discutido por parte del disciplinado ni existe prueba alguna que lo desvirtúe, lo que permite tener por cierto que el día 13 de julio de 2009 el defensor de familia dispuso la entrega del cuidado personal del menor a su abuela paterna y dio inicio al proceso administrativo de protección sin que se comunicara o notificara formalmente ninguna de esas decisiones a la madre del niño, actos procesales que sólo vinieron a surtirse en la segunda quincena del mes de agosto de 2009, ante las solicitudes y la acción de tutela interpuesta por la afectada, mientras que la diligencia de conciliación se realizó el 11 de septiembre de 2009. Tenemos entonces que se pretermitieron las exigencias de ley para el adelantamiento del procedimiento, las cuales solo se cumplieron en virtud de la intervención de otras autoridades judiciales y administrativas. Es claro también que el incumplimiento de tales deberes es imputable al disciplinado, que fue el servidor público encargado del procedimiento, por lo que el único aspecto que queda por determinar es si, como lo ha manifestado la defensa en sus repetidas intervenciones procesales, la inobservancia de los presupuestos legales estuvo justificada en este caso, lo que haría inviable la sanción impuesta por el a quo. No hay una sola prueba en el expediente o un solo argumento de la defensa que lleve a demostrar que si el auto de apertura del proceso administrativo se hubiera expedido en debida forma, comunicando y notificando oportunamente a la madre y dándole la

oportunidad de controvertir los asertos de la familia paterna, ello hubiera supuesto una imposibilidad de aplicar las medidas provisionales del protección que el mismo código contempla. No es la aplicación de la norma lo que se reprocha sino su aplicación en desmedro de los derechos de una de las partes, sin que sea posible afirmar que los procedimientos del Código de la Infancia y la Adolescencia nieguen las garantías del debido proceso a favor de una absolutización de los derechos de los menores, menos cuando la materialización de esos derechos es materia de discusión. Como se ha reiterado ampliamente en este proveído, el alcance de la acción disciplinaria no incluye la valoración de fondo del proceso administrativo de protección que no hace parte de nuestra competencia y que, además, tiene control jurisdiccional, sin embargo no sobra anotar que la Resolución 014 de 2011 en la que se concedió la custodia del menor a su abuela paterna, solo demuestra, una vez más, que dando cumplimiento pleno a las garantías procesales previstas en la Ley 1098 de 2006 era posible llegar al mismo resultado que el disciplinado reclamaba como el único justo. Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa www.procuraduria.gov.co - Carrera 5 N° 15-80 Piso 8° PBX 5878750 Ext. 10821 – Fax 10896 Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa

Radicación: IUS 2009-259306 / IUC D-2009-37-169739

Implicado: JOSÉ PRIMITIVO GÓMEZ TOBA.

Cargo y Entidad: Defensor de Familia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

(ICBF), Regional Boyacá.

Quejoso: ÉRIKA PAOLA PULIDO BAYONA.

Fecha de Queja: 2009-08-12

Fecha Hechos: 2009-07-13

Asunto: Fallo de segunda instancia.

Bogotá, D. C., 24 de noviembre de 2011. ANTECEDENTES La Procuraduría Regional de Boyacá emitió fallo sancionatorio de primera instancia contra el doctor JOSÉ PRIMITIVO GÓMEZ TOBA, defensor de familia de la dependencia regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en auto del 23 de junio de 2011 (f. 401 a 430 c. o. 1) imponiéndole suspensión en el ejercicio del cargo, por el término de dos (2) meses, e inhabilidad especial por treinta (30) días hábiles. Inconforme con la decisión el disciplinado, a través de su apoderado doctor MARTÍN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, interpuso y sustentó recurso de apelación, mediante escrito radicado ante la procuraduría regional el 13 de julio de 2011 (f. 435 a 449 c. o. 1). Con auto del 14 de julio de 2011, la procuraduría regional concedió el recurso interpuesto y remitió el proceso a esta instancia (f. 458 y 459 c. o. 1); en la evaluación inicial del recurso esta oficina advirtió que la apelación incluía una solicitud de nulidad por lo que, en auto del 21 de septiembre de 2011, se procedió a resolverla negando su declaratoria (f. 461 a 466 c. o. 2), sin que se interpusiera recurso alguno al respecto, por lo que corresponde ahora desatar el recurso de

apelación interpuesto contra el fallo sancionatorio.

APELACIÓN CONTRA EL FALLO SANCIONATORIO DE PRIMERA INSTANCIA

1. DE LOS CARGOS La Procuraduría Regional de Boyacá elevó pliego de cargos contra el doctor GÓMEZ TOBA en auto del 28 de mayo de 2010 (f. 163 a 188 c. o. 1) en los siguientes

términos: Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa www.procuraduria.gov.co - Carrera 5 N° 15-80 Piso 8° PBX 5878750 Ext. 10821 – Fax 10896 «[A]l parecer incurrió en conducta constitutiva de falta disciplinaria por violación al debido proceso, por cuanto sin aplicar el procedimiento legal establecido en el Capítulo IV, Artículos 99 y 100 del Código de la Infancia y la Adolescencia – Ley 1098 de 2006 – para el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, concedió a la abuela paterna en julio 13 de 2009 el cuidado personal del adolescente Tito Alejandro González Pulido, hijo de Érika Paola Pulido Bayona, quien tenía la custodia y cuidado personal […]». Los referentes normativos de la imputación fueron los artículos 6 y 29 de la Constitución Política; 34.1 de la Ley 734 de 2002; y los artículos 81, 99, 100 y 102 de la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia. La falta endilgada fue calificada como grave a título de dolo.

2. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA A fin de motivar su decisión sancionatoria el a quo, luego de hacer una relación de

los argumentos expuestos por la defensa en sus descargos y alegatos finales, presentó sus consideraciones, junto con las pruebas que le sirven de soporte, las cuales pueden ser resumidas en los siguientes puntos: a. La prueba recaudada en el curso del proceso es demostrativa de la ausencia de una situación de riesgo inminente para el menor que pudiera conducir a la entrega de su cuidado personal a la abuela paterna, pretermitiendo los requisitos exigidos por la norma para la garantía del debido proceso de la madre. b. Tanto las decisiones judiciales que resolvieron la acción de tutela a la que debió acudir la señora ÉRIKA PAOLA PULIDO BAYONA, como la forma en que debió rehacerse el procedimiento administrativo en el ICBF, en atención a las órdenes judiciales pertinentes, son consistentes en cuanto a la vulneración de las garantías procesales de las que era titular la quejosa. c. La defensa no logró demostrar una imposibilidad para proceder a la notificación, a la madre del menor, del inicio del proceso administrativo de protección, con lo que hubiera tenido la posibilidad de oponerse a la entrega del cuidado personal a la abuela paterna, puesto que está debidamente soportado que sí fue posible entregarle copia del acta suscrita el 13 de julio de 2009, a través de miembros de la Policía Nacional, por lo que no es dable Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa www.procuraduria.gov.co - Carrera 5 N° 15-80 Piso 8° PBX 5878750 Ext. 10821 – Fax 10896

argumentar que no se contaba con datos suficientes para proceder a los trámites de notificación y citación. d. Fracasó también la defensa al intentar estructurar una causal de exclusión de responsabilidad, a favor del doctor GÓMEZ TOBA, por error insuperable dado que no logró demostrar sus elementos integradores, ni el modo en que se habría presentado en el presente caso.

3. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN El defensor de familia sancionado, señor JOSÉ PRIMITIVO GÓMEZ TOBA, interpuso y sustentó, en término, el recurso de apelación contra el fallo del 23 de junio de 2011, a través de su apoderado, doctor MARTÍN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ; su impugnación se soporta en las siguientes alegaciones, excluyendo aquellas a las que se dio respuesta en el trámite de la nulidad referida en apartado anterior: a) Se hizo una valoración parcial de los hechos debatidos, en la medida en que no se consideró la versión del disciplinado, ni se hizo un análisis desde el punto de vista de los derechos superiores del menor, al ignorar condiciones previas como la entrega de la custodia que hizo la señora PULIDO BAYONA en el año 2002 o el hecho de que omitiera hacerse parte en el proceso administrativo, a pesar de haber sido enterada de la medida de protección el mismo día 13 de julio de 2009. b) Tampoco se tomó en consideración la situación administrativa del centro zonal del ICBF en Tunja para la época de los hechos o los soportes que sirvieron de justificación a la jurisdicción penal, para desestimar la actuación iniciada

contra el aquí disciplinado. De otro lado, la defensa cuestiona la trascendencia que se le concedió, en el fallo, a la declaración de la procuradora judicial de familia, doctora VICTORIA EUGENIA SEGURA, a pesar de que el conocimiento que la funcionaria tuvo del caso estuvo enteramente mediado por la quejosa. c) El proceso adelantado no aporta ninguna justificación para mantener la imputación a título doloso que impuso el a quo, en la medida en que desconoce todas las declaraciones que mencionan las altas calidades profesionales del defensor de familia, además de ignorar que, dentro del contexto del caso, la decisión tomada por el doctor GÓMEZ TOBA era la más apropiada y consistente con la protección del menor afectado. d) Señala la defensa que la corrección de la decisión inicial del disciplinado, al conceder el cuidado personal del menor a su abuela paterna, se ve Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa www.procuraduria.gov.co - Carrera 5 N° 15-80 Piso 8° PBX 5878750 Ext. 10821 – Fax 10896 confirmada con la Resolución 014 del 30 de junio de 2011 en la que el ICBF concedió la tutela a la abuela, con derecho a visitas por parte de la madre, con base en las valoraciones adelantadas por el equipo interdisciplinario que participó en el proceso.

4. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS Una vez expuestos los argumentos de la apelación, los que deben ser contrastados con la motivación expuesta por la primera instancia, con base en el material

probatorio recaudado en el proceso en el que se analiza la responsabilidad disciplinaria que le cabe al doctor JOSÉ PRIMITIVO GÓMEZ TOBA, por los hechos investigados, procede el despacho a presentar las consideraciones que sustentan la decisión final. Como puede advertirse de la lectura del cargo único imputado, se refiere a una conducta omisiva cuyo marco de valoración son fundamentalmente las normas de la Ley 1098 de 2006 relacionadas con el trámite que los defensores de familia deben surtir en el desarrollo de los procesos administrativos de protección de derechos, considerando además los deberes que esa normatividad le asigna a dichos servidores públicos en su artículo 81, omisión que se habría configurado en la violación del derecho al debido proceso, en cabeza de la quejosa, al tomar la decisión de entrega del cuidado de un menor el 13 de julio de 2009. La defensa, frente a la imputación formulada, se ha opuesto a la valoración del a quo con fundamento en una presunta valoración inadecuada del material probatorio y de las explicaciones del doctor JOSÉ PRIMITIVO GÓMEZ TOBA, de la que se excluyó el análisis de los intereses del menor, supuestamente en conflicto con los derechos procesales de la madre, lo que habría dado al traste con la atribución de responsabilidad disciplinaria en este asunto. El Código de la Infancia y la Adolescencia le asigna a los defensores de familia la competencia para adelantar procesos administrativos para la protección de los derechos de los menores. Tales actuaciones aunque carecen de naturaleza jurisdiccional, deben ser atendidas de acuerdo con las reglas que el ordenamiento

establece, lo que incluye los principios sustanciales del debido proceso, que garanticen que las distintas partes involucradas tengan la oportunidad de ser escuchadas y sus argumentos valorados como soporte de la decisión final. De manera concreta, en lo que atañe a este proceso, una vez enterado de la presunta situación de vulneración de derechos que afecte al menor, el defensor de Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa www.procuraduria.gov.co - Carrera 5 N° 15-80 Piso 8° PBX 5878750 Ext. 10821 – Fax 10896 familia debe dictar un auto de apertura de investigación, a través del cual se debe dar a las partes la opción de manifestar sus puntos de vista sobre la cuestión, decretar pruebas que sirvan como elementos de juicio para la decisión y tomar medidas provisionales de protección (artículo 99 de la Ley 1098 de 2006), decisión que debe ser notificada personalmente (artículo 102, ibídem). El trámite también incluye la previsión de citar a una audiencia de conciliación, dentro de los diez (10) días siguientes al conocimiento del hecho denunciado por parte de la autoridad, a la que deben ser citados los interesados por el medio más expedito posible y en cuyo curso pueden ser estudiados diversos temas, incluyendo alimentos, visitas y custodia (artículo 100, ibídem). En todo caso, cualquier medida de protección que se tome es de carácter provisional y está sometida a recursos, por parte del afectado, además del control jurisdiccional, por lo que debe ser debidamente notificada, El caso que ocupa el interés de este despacho se desarrolló dentro del marco

normativo antes delineado y se circunscribe, específicamente, a la manera en que el doctor JOSÉ PRIMITIVO GÓMEZ TOBA, en el ejercicio de su cargo como defensor de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, inició el proceso administrativo de protección de derechos del menor TITO ALEJANDRO GONZÁLEZ PULIDO, atendiendo el requerimiento de su abuela paterna, el día 13 de julio de 2009. En ese orden de ideas, debe señalarse que esta instancia disciplinaria no tiene competencia para pronunciarse sobre la decisión que se ha debido tomar en ese procedimiento, o en cualquier otro anterior o posterior, puesto que no estamos sustituyendo a la autoridad correspondiente. El interés de este despacho se centra en el cumplimiento de los deberes a cargo del servidor público involucrado, teniendo como punto de partida sus obligaciones legales y los hechos en los que se generó la decisión que se cuestiona, por lo que desde ya debe anunciarse que esta delegada no puede hacer un estudio de las pruebas obrantes, dirigido a calificar la conducta materna de la señora ÉRIKA PAOLA PULIDO BAYONA, la calidad de la relación del núcleo familiar del menor u otras de similar naturaleza que escapan del juicio disciplinario. Siguiendo el razonamiento propuesto, tenemos que el 13 de julio de 2009 la señora MARÍA LILIA PULIDO VIASUS, abuela paterna del menor antes citado, se presentó ante el defensor de familia GÓMEZ TOBA manifestando que su nieto se había presentado esa mañana en su casa porque no deseaba seguir viviendo con su madre y el compañero de ésta, por lo que requirió que se le otorgara su custodia y cuidado

personal, Según acta de esa misma fecha, con hora de referencia ocho treinta de la mañana (08:30), teniendo como prueba la declaración de la solicitante, el dicho del Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa www.procuraduria.gov.co - Carrera 5 N° 15-80 Piso 8° PBX 5878750 Ext. 10821 – Fax 10896 menor y una valoración, aparentemente realizada en ese mismo momento, se concedió la medida de cuidado personal (f. 36 y 37 c. o. 1). El mismo día 13 de julio de 2009, con registro de las once y treinta de la mañana (11:30), el defensor de familia dictó auto de apertura de investigación y restablecimiento de derechos, auto que por ley debía ser notificado a la madre del menor, aunque no quedó explícitamente ordenado en su contenido, además de disponer la comunicación de la decisión a la procuradora judicial correspondiente (f. 43 y 44 c. o. 1). Aunque aparece prueba documental de que se notificó la decisión de la apertura del proceso a la abuela paterna, no obra ningún comprobante de que se hubiera enviado comunicación oportuna a la madre o de que se le hubiera notificado personalmente la medida con anterioridad a la interposición de acción de tutela de su parte. Así las cosas, sólo el 19 de agosto de 2009 y como respuesta a un escrito presentado por la señora PULIDO BAYONA, aparece un oficio en el que se le anuncia la apertura del proceso de restablecimiento de derechos, citándola a efecto de proceder a la notificación personal del auto (f. 55 c. o. 1). Como se mencionó, la

quejosa presentó acción de tutela el 14 de agosto de 2009, fallada el 26 de agosto del mismo año, a favor de la accionante por violación al debido proceso, generada en la ausencia de notificación de las decisiones administrativas del 13 de julio de 2009 además de la omisión en la realización de la diligencia de conciliación prevista en la ley (f. 94 a 114 c. o. 1). Es este el contexto fáctico de la presente actuación, el cual no es discutido por parte del disciplinado ni existe prueba alguna que lo desvirtúe, lo que permite tener por cierto que el día 13 de julio de 2009 el defensor de familia JOSÉ PRIMITIVO GÓMEZ TOBA dispuso la entrega del cuidado personal del menor TITO ALEJANDRO GONZÁLEZ PULIDO a su abuela paterna y dio inicio al proceso administrativo de protección sin que se comunicara o notificara formalmente ninguna de esas decisiones a la madre del niño, actos procesales que sólo vinieron a surtirse en la segunda quincena del mes de agosto de 2009, ante las solicitudes y la acción de tutela interpuesta por la afectada, mientras que la diligencia de conciliación se realizó el 11 de septiembre de 2009 (f. 115 c. o. 1). Tenemos entonces que se pretermitieron las exigencias de ley para el adelantamiento del procedimiento, las cuales solo se cumplieron en virtud de la intervención de otras autoridades judiciales y administrativas. Es claro también que el incumplimiento de tales deberes es imputable al disciplinado, que fue el servidor público encargado del procedimiento, por lo que el único aspecto que queda por

determinar es si, como lo ha manifestado la defensa en sus repetidas intervenciones Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa www.procuraduria.gov.co - Carrera 5 N° 15-80 Piso 8° PBX 5878750 Ext. 10821 – Fax 10896 procesales, la inobservancia de los presupuestos legales estuvo justificada en este caso, lo que haría inviable la sanción impuesta por el a quo. La recurrente alegación de la defensa se ha soportado en que el doctor GÓMEZ TOBA se vio enfrentado a un conflicto según el cual la situación del menor GONZÁLEZ PULIDO era tal que de no haber adelantado el procedimiento arriba descrito tal como se hizo, se hubieran vulnerado sus derechos prevalentes, poniéndolo en situación de riesgo que es justamente lo que el proceso administrativo de protección trata de impedir. Para este despacho, ese supuesto enfrentamiento de deberes no tiene cabida en el presente asunto, desde ninguna perspectiva en que sea considerado. En efecto, la decisión sancionatoria no ha entrado a debatir si la medida de protección decretada por el defensor de familia, esto es la de conceder el cuidado personal del niño a su abuela paterna, era o no apropiada en las circunstancias de hecho que aquel enfrentaba, cuestionamiento que hizo el juez de tutela de segunda instancia que confirmó la decisión de amparo a favor de la señora PULIDO BAYONA (f. 132 a 145 c. o. 1), pero no esta instancia. Lo que se critica es que la medida hubiese sido tomada sin la aplicación de las exigencias impuestas por la ley para la garantía

de los derechos de la madre quien, para ese momento, era titular de la custodia. No hay una sola prueba en el expediente o un solo argumento de la defensa que lleve a demostrar que si el auto de apertura del proceso administrativo se hubiera expedido en debida forma, comunicando y notificando oportunamente a la madre y dándole la oportunidad de controvertir los asertos de la familia paterna, ello hubiera supuesto una imposibilidad de aplicar las medidas provisionales del protección que el mismo código contempla. No es la aplicación de la norma lo que se reprocha sino su aplicación en desmedro de los derechos de una de las partes, sin que sea posible afirmar que los procedimientos del Código de la Infancia y la Adolescencia nieguen las garantías del debido proceso a favor de una absolutización de los derechos de los menores, menos cuando la materialización de esos derechos es materia de discusión. La información suministrada por la procuradora judicial para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia, doctora VICTORIA EUGENIA SEGURA RODRÍGUEZ (f. 296 a 2998 c. o. 1), lejos de mostrar una postura parcializada a favor de la madre, tal como lo presenta la defensa del servidor sancionado, se limitó a describir cómo se generaron una serie de impropiedades en el trámite de apertura del proceso de protección, donde se tomó la medida provisional antes de dar inicio al proceso, no se dispuso su notificación ni se permitió oposición por parte de la señora PULIDO BAYONA, se emitió auto de iniciación del trámite, con posterioridad, el cual no le fue comunicado ni notificado a la quejosa sino a partir de

la interposición de la acción de tutela. Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa www.procuraduria.gov.co - Carrera 5 N° 15-80 Piso 8° PBX 5878750 Ext. 10821 – Fax 10896 Llama la atención también la procuradora judicial sobre el hecho de que a ese despacho del Ministerio Público tampoco se le comunicó la decisión, a pesar de estar ello previsto en el auto que se llegó a conocer, con el agravante de que sólo se hizo en el mes de septiembre de 2009, cuando pudo verificarse la existencia del multicitado auto del 13 de julio de 2009, con la particularidad de que el proceso terminó con dos autos de apertura, puesto que, al cambiar el defensor de familia encargado del proceso, la nueva servidora responsable dictó un nuevo acto administrativo en tal sentido, sin que la defensa hubiera podido explicar satisfactoriamente ninguna de esas circunstancias. Puesto que toda la defensa se ha articulado, como ya se ha dicho, en la existencia de un ficticio conflicto de deberes, es natural que el alegato referente al error insuperable por parte del disciplinado no puede ser de recibo, puesto que dicha estructura argumentativa supone, justamente, que el imputado no conozca el deber que le es exigido y lo que el defensor de familia ha sostenido es que si lo conocía, pero optó por darle cumplimiento a otro, en su sentir, opuesto y prevalente, estrategia defensiva que, como ya se señaló está llamada a fracasar. Finalmente, tampoco es de recibo el alegato según el cual, de haber valorado la

prueba apropiadamente, el a quo habría tenido que considerar las dificultades logísticas que suponía, para la notificación de la quejosa, el traslado de las oficinas del centro zonal del ICBF, y ello es así porque, sin importar cuál fue el alcance de la situación administrativa que se viviera, la notificación de la señora PULIDO BAYONA ni siquiera fue ordenada en el acta que concedió el cuidado personal del menor, documento según el cual nunca se preguntó al niño o a su abuela por los datos de contacto de la madre, con los que evidentemente contaban, pero si se pudo hacer llegar, el mismo 13 de julio de 2009 al domicilio de la quejosa y a través de agentes de la policía, la información de que el niño había quedado a cargo de su abuela paterna. Como se ha reiterado ampliamente en este proveído, el alcance de la acción disciplinaria no incluye la valoración de fondo del proceso administrativo de protección que no hace parte de nuestra competencia y que, además, tiene control jurisdiccional, sin embargo no sobra anotar que la Resolución 014 de 2011 en la que se concedió la custodia de TITO ALEJANDRO GONZÁLEZ PULIDO a su abuela paterna, solo demuestra, una vez más, que dando cumplimiento pleno a las garantías procesales previstas en la Ley 1098 de 2006 era posible llegar al mismo resultado que el disciplinado reclamaba como el único justo. Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa www.procuraduria.gov.co - Carrera 5 N° 15-80 Piso 8° PBX 5878750 Ext. 10821 – Fax 10896

En mérito de lo expuesto, el Procurador Segundo Delegado para la Vigilancia Administrativa, no encuentra asidero argumentativo o probatorio para la variación del fallo emitido y, en consecuencia, R E S U E L V E PRIMERO: CONFIRMAR en su integridad la decisión del 23 de junio de 2011 de la Procuraduría Regional de Boyacá, por lo cual se sanciona al doctor JOSÉ PRIMITIVO GÓMEZ TOBA (CC 6.770.419), defensor de familia de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), para la época de los hechos, fallo que le impuso suspensión en el ejercicio del cargo, por el término de dos (2) meses, e inhabilidad especial por treinta (30) días hábiles, por las razones ya expuestas.

SEGUNDO: Por la Secretaría de la Procuraduría Regional de Boyacá, notificar personalmente a los sujetos procesales las determinaciones tomadas en esta providencia, advirtiendo que contra las mismas no procede recurso alguno. Para tal efecto, líbrese la respectiva comunicación indicando la decisión tomada y la fecha de la providencia. En caso que no pudiere notificarse personalmente, se fijará edicto en los términos del artículo 107 del Código Único Disciplinario.

TERCERO: Devolver, por el medio más expedito posible, el expediente a la oficina de origen para lo de su competencia, incluyendo el registro de la sanción en el SIRI y las comunicaciones al nominador para su oportuna ejecución.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FERNANDO BRITO RUIZ

Procurador Segundo Delegado para la Vigilancia Administrativa

Proyectó: Yahayra Bernal González

Radicado IUS 2009-259306 / IUC D-2009-37-169739 Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa www.procuraduria.gov.co - Carrera 5 N° 15-80 Piso 8° PBX 5878750 Ext. 10821 – Fax 10896