PGN - DECISIONES DISCIPLINARIAS Notificacion por comisión fuera de la sede

ESTE FALLO TIENE SEGUNDA INSTANCIA

COMISIÓN ESPECIAL DISCIPLINARIA

Radicación: 009-86914-03

Investigados: Ignacio Ramírez Cajigas, Genaro Perea Díaz, Miguel Orlando

Cárdenas, Pablo Linares Linares, Carlos Oviedo Chavarro, Oscar Meneses Rodríguez y Mauricio Jaramillo.

Cargos y entidad: Conductor, Técnico Operativo 4080-14, Técnico Operativo 408010, Técnico Administrativo 4065-11, Profesional Universitario Grado 13, Asistente Administrativo Grado 4140-15 y Asistente Administrativo Grado 4140-18 del Ministerio de Comunicaciones.

Quejoso: De Oficio Fecha Hechos: Años 2000 a 2001

Asunto: Proferir fallo de primera instancia

Bogotá, D.C., 28 de octubre de 2004

I. ASUNTO Procede la Comisión Especial Disciplinaria a proferir el fallo de primera instancia en el proceso disciplinario adelantado contra los funcionarios públicos IGNACIO

RAMÍREZ CAJIGAS, GENARO PEREA DÍAZ, MIGUEL ORLANDO CÁRDENAS,

PABLO LINARES LINARES, CARLOS OVIEDO CHAVARRO y OSCAR MENESES

RODRÍGUEZ, Conductor, Técnico Operativo 4080-14, Técnico Operativo 4080-10, Técnico Administrativo 4065-11, Profesional Universitario Grado 13 y Asistente Administrativo 4140-15, en su orden, del Ministerio de Comunicaciones.

II. ANTECEDENTES

El Doctor GABRIEL ADOLFO JURADO PARRA, Secretario General del Ministerio de Comunicaciones, con oficio 003725 del 9 de diciembre de 2002, relacionó algunas situaciones detectadas en el manejo de recursos de la entidad, ocurridas a través del Fondo de Comunicaciones, así como inconsistencias en los trámites internos, en los que al parecer se hallarían comprometidos diversos servidores del Ministerio.

III. ACTUACIÓN PROCESAL Las conductas disciplinariamente relevantes fueron atribuidas en decisión de apertura de investigación disciplinaria contra los funcionarios IGNACIO RAMÍREZ

CAJIGAS, GENARO PEREA DÍAZ, MIGUEL ORLANDO CÁRDENAS, PABLO LINARES LINARES, CARLOS OVIEDO Y OSCAR MENESES RODRÍGUEZ, mediante auto del 4 de agosto de 2003 (FL 9 a 25 C. 3), porque se detectó un posible cobro indebido de dinero para facilitar el trámite de asuntos administrativos ante el Ministerio de comunicaciones, obteniendo para sí y para otros incremento patrimonial, y por la probable defraudación a la Entidad, a través de la manipulación y alteración de registros contables y documentos públicos por el pago de uso de frecuencias y multas, con beneficio para terceros, y en perjuicio de los recaudos del Ministerio de Comunicaciones. De igual manera se investigó la supuesta alteración fraudulenta de los registros y soportes contables del Ministerio, para favorecer a través de la simulación de pagos, a empresas que adeudaban dineros al Ministerio. Los dineros que los interesados 1 entregaron a título de pago de obligaciones contraídas por la explotación de sus

negocios, fueron al parecer incorporados al patrimonio de los implicados, a lo cual se suma el dinero adicional que exigieron por la irregular gestión. Las irregularidades se presentaron con las empresas NOVACOM Ltda. correspondencia, Comunicaciones y Sistemas SYS Ltda., Buscapersonas, Emisora Violeta Stéreo, Concesión de emisora y SERVIFAST Ltda. Paralelamente, a GENARO PEREA DÍAZ se le abrió investigación disciplinaria por la presunta coacción que al parecer ejerció sobre las empresas vigiladas por el Ministerio, con el fin de obtener el pago de dineros para evitar el inicio de actuación administrativa (FL. 15 cuaderno 3) y contra DIEGO MAURICIO JARAMILLO MENDIGAÑA, porque teniendo conocimiento de las irregularidades en las que incurría el señor IGNACIO RAMÍREZ, presentó su concurso para encubrir las ausencias laborales del mismo, defraudando al parecer la entidad y poniendo en peligro la vida de servidores del Ministerio, por entregar al señor Ramírez información recibida en razón de su función, funcionario al que en el pliego de cargos se le archivó la actuación (FL. 15 cuaderno 3).

IV. DEL PLIEGO DE CARGOS Mediante determinación de 15 de diciembre de 2003 se profirió pliego de cargos contra los servidores públicos investigados, por las siguientes conductas, constitutivas al parecer de faltas disciplinarias gravísimas, a saber:

LOS CINCO CARGOS IMPUTADOS A IGNACIO RAMÍREZ CAJIGAS

(i) Los cuatro primeros cargos están referidos a la realización del

comportamiento típico disciplinario consagrado en el numeral 4 del artículo 25 de la Ley 200 de 1995, según el cual incurre en falta disciplinaria el servidor público que “(...) 4. ejerza funciones públicas, que de manera directa o por interpuesta persona obtenga para sí o para otro incremento patrimonial”. (ii) El quinto por “...actuar a sabiendas de estar incurso en causales de incompatibilidad establecidas en la Constitución y o en la Ley...” Las conductas cuestionadas se precisaron al implicado en los siguientes términos. Frente a la primera falta imputada: “...en su condición de Conductor Mecánico del Ministerio de Comunicaciones, se encargó de gestionar la venta de la empresa NOVACOM Ltda. Correspondencia, por petición que le hizo el señor Jesús Antonio Bernal exRepresentante Legal de tal empresa, encargándose de adelantar los trámites para cancelar las deudas que la Empresa tenía con el Ministerio de Comunicaciones por concepto de pago de concesiones y la consecución de los respectivos paz y salvos, al parecer cobró por la comisión con relación a la venta la suma de $15.000.000, los que se le pagaron en efectivo de la siguiente manera: $10.000.000 entre agosto y diciembre de 2000 y $5.000.000 en noviembre o diciembre del año 2001, según lo manifestó bajo la gravedad del juramento, ante la Dirección de Investigaciones especiales, el señor Jesús Antonio Bernal Becerra (fls. 89 a 92 cuaderno original 1). 2 Para el pago de las obligaciones pendientes de la empresa NOVACOM recibió

la suma en efectivo aproximada de $115.000.000, los que posiblemente le fueron cancelados así: $50.000.000 entre agosto y diciembre del año 2000 (FL. 90 cuaderno original 1), de manos del señor Antonio Bernal Becerra en la oficina ubicada en la carrera 9 No. 71-38 oficina 40; en noviembre de 2001, recibió $65.000.000. Como normas infringidas con el comportamiento descrito, se le citaron al implicado el artículo 38 de la Ley 200 de 1995, numeral 4 del artículo 25 de la citada Ley, así como los artículos 40, numerales 1,8,22 y 23, y 41 numeral 1 ibídem. La conducta se calificó provisionalmente como gravísima y el comportamiento se imputó a título de dolo.

La segunda: “...al parecer recibió la suma de treinta y cinco millones ($35.000.000) de pesos, en efectivo y se apropió de ellos, en los primeros días del año 2002 de manos del señor JORGE LUIS VACA, Representante Legal de la compañía COMUNICACIONES Y SISTEMAS SYS Ltda., según sus declaraciones rendidas ante el grupo de Control Interno del Ministerio de Comunicaciones

(fls. 18 a 21 cuaderno original 1), y la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría (fls. 148 a 151 cuaderno original 1 y 63 a 68 cuaderno original 4), por gestionar ante el Ministerio de Comunicaciones los pagos por concesiones que la empresa adeudaba, mismas que no realizó toda vez que

las consignaciones No. 3010132 del 3 de septiembre de 1999 por $28.865.848 según el sistema del Banco fue realizada en “consignación por Credibanco” y no en efectivo como aparece en la copia al carbón remitida por el Fondo de Comunicaciones y la consignación No. 1831522 del 17 de marzo de 2000 por $7.972.950. según el sistema del banco del Estado, fue realizada “consignación por Credibanco” y no en efectivo como aparece en la copia al carbón remitida al Fondo de Comunicaciones (fls. 4 y 5 cuaderno anexo 3); la consignación 3009322 del 10-08-99 por $34.497.682 no fue realizada por la entidad Comunicaciones y Sistemas, sino por EMTELSA S.A., el mismo día y por el mismo valor, con cheque de gerencia, lo que indica que la copia al carbón remitida al Fondo de Comunicaciones es falsa y la consignación 3011172 del 15-10-97 por $16.975.994 se comprobó que no fue realizada por la entidad Comunicaciones y Sistemas, sino por JET BOX S.A. el mismo día y por el mismo valor, consignado en cheque de gerencia, lo que indica que la copia al carbón remitida al Fondo de Comunicaciones es falsa”. Como normas infringidas con el comportamiento descrito, se le citaron al implicado el artículo 38 de la Ley 200 de 1995, numeral 4 del artículo 25 de la citada Ley, así como los artículos 40, numerales 1,8,22 y 23, y 41 numeral 1 ibídem. La conducta se calificó provisionalmente como gravísima y el comportamiento se imputó a título de

dolo.

El tercer cargo: “...prevaliéndose de su condición de servidor público –conductor mecánico Grado 09se comprometió a “arreglar” el proceso iniciado por la mora en el pago de los derechos anuales de concesión que tenía la EMISORA 89.7

VIOLETA ESTEREO y para tal gestión al parecer solicitó y recibió la suma de 3 $5.000.000 de parte del señor Jairo Castillo Camargo (fls. 221 a 230 cuaderno original 3) quien confiado de la condición del señor RAMÍREZ, los consignó los días 13 y 15 de noviembre de 1999, cada uno por la suma de $2.500.000, según el extracto bancario del mes de noviembre de 1999 (FL. 164 cuaderno original 1) cuenta No. 00830045496-7 de Davivienda perteneciente a señora PATRICIA GABÓN ALFONSO, su compañera sentimental, dinero que no utilizó para hacer los pagos a favor de la Emisora, sino que presuntamente se apropió de ellos, toda vez que la consignación del Banco del Estado del 14 de abril de 1999, por el valor de $2.364.600, presentada por la EMISORA VIOLETA STEREO, fue efectuada por el operador Motorola de Colombia Ltda., en cheque...”. Como normas infringidas con el comportamiento descrito, se le citaron al implicado el artículo 38 de la Ley 200 de 1995, numeral 4 del artículo 25 de la citada Ley, así como los artículos 40, numerales 1,8,22 y 23, y 41 numeral 1 ibídem. La conducta se calificó provisionalmente como gravísima y el comportamiento se imputó a título de

dolo.

El cuarto cargo: “...al parecer se ofreció a solucionar el problema relacionado con el aporte del 4% sobre la facturación que existe como deber de pagar como compensación al Ministerio de Comunicaciones, por parte de las empresas de Mensajería especializada, en este caso, SERVIFAST Ltda., tomando unas partidas consignadas al Ministerio y que no habían sido conciliadas, realizadas a través del Banco del Estado e igualmente les informó de las Visitas de Auditoría para verificar la liquidación del 4%, sobre lo que insistió, pactando dicha gestión en la suma de $9.000.000, dineros que le fueron entregados merced a su condición de funcionario del Ministerio de Comunicaciones, de los cuales recibió $1.700.000 con cheque HA 852785 del Banco de Colombia sucursal

carrera 8ª cuenta corriente No. 30-067191-81 perteneciente a SERVIFAST de Colombia, girado al portador el 8 de febrero de 2002, y cobrado en la misma fecha de acuerdo con el endoso que obra en el reverso del mismo documento, por firma ilegible que se identifica con la C.C. 79.461.051 de Bogotá, documento que corresponde a Gilberto Ramírez Cajigas – hermano del disciplinado –...y $600.000 con el cheque No. HA 852791 del Banco de Colombia sucursal carrera 8ª cuenta corriente No. 30-067191-81 perteneciente a SERVIFAST de Colombia, girado al portador el 15 de febrero de 2002, en cuyo endoso aparece una firma con la cédula No. 19.460.343 de Bogotá, documento que pertenece al señor IGNACIO RAMÍREZ CAJIGAS, cheque

que fuera cobrado y pagado el 26 de febrero de 2002... El resto de dinero fue entregado en efectivo, según lo manifestó en declaración el señor Gerardo Marín Esteban; al parecer se apoderó IGNACIO RAMÍREZ CAJIGAS de los dineros, toda vez que las consignaciones presentadas por SERVIFAST Ltda., del Banco del Estado, de junio 9 de 2000 por $2.601.000, diciembre 28 de 1999 por $2.364.000, junio 19 de 2000 por $1.218.000, julio 30 de 1999 por $2.384.652, nov 4 de 1999 por $28.543.930, mayo 12 de 2000 por $4.021.000 y noviembre 29 de 1999 por $2.364.600, según el informe del Dr. Gabriel Adolfo Jurado Parra, Secretario General del Ministerio de Comunicaciones (FL. 6 cuaderno original 1), no fueron realizadas por dicha empresa...” 4 Como normas infringidas con el comportamiento descrito, se le citaron al implicado el artículo 38 de la Ley 200 de 1995, numeral 4 del artículo 25 de la citada Ley, así como los artículos 40, numerales 1,8,22 y 23, y 41 numera 1 ibídem. La conducta se calificó provisionalmente como gravísima y el comportamiento se imputó a título de dolo.

El quinto cargo: “...en la condición de servidor público conocida en autos, al parecer celebró por interpuesta persona, en este caso el señor EDDIER ÁVILA ALANDETE Representante Legal de J. Comunicaciones y Cía. Ltda., el contrato de

consultoría No. 00-07-2000 el 28 de septiembre del año mencionado, cuyo objeto era la elaboración de los estudios técnicos para presentar al Ministerio de Comunicaciones, para efectos de conseguir el permiso para la emisora del municipio..., toda vez que estuvo siempre interesado en el cobro del valor del contrato y de lo adeudado por el Municipio de Cajicá, para lo cual llamaba por teléfono e iba personalmente a la Alcaldía, sin que este interés lo demostrara el señor EDDIER ÁVILA. Tan cierto es ello que la Asesora Jurídica de la Alcaldía Dra. MARLA PATRICIA BARBOSA, pensaba que era empleado de J. Comunicaciones e ignoraba que era funcionario del Ministerio de Comunicaciones...”. Como normas infringidas con el comportamiento descrito, se le citaron al implicado el artículo 127 de la Constitución Política, numeral 10 del artículo 25 de la Ley 200 de 1995, así como el artículos 42 y 40, numerales 1 y 22 ibídem. La conducta se calificó provisionalmente como gravísima y el comportamiento se imputó a título de dolo.

CARGO ÚNICO IMPUTADO A MIGUEL ORLANDO CARDENAS

(i) Referido a la realización del comportamiento típico disciplinario consagrado en el numeral 4 del artículo 25 de la Ley 200 de 1995, que señala como falta disciplinaria, en este caso, el servidor público que “(...) 4. ejerza funciones públicas, que de manera directa o por interpuesta persona obtenga para sí o para otro incremento patrimonial”. La conducta cuestionada se precisó al implicado así: “...realizó visitas a la emisora Violeta Estéreo entre el 3 de marzo de 1999 y el

10 de noviembre de 2001, interesándose en la mora evidenciada en los pagos que debía efectuar la emisora al Ministerio, para lo cual le sugirió al señor JAIRO CASTILLO CAMARGO Gerente de la Emisora Violeta Estéreo, que el señor IGNACIO RAMÍREZ funcionario del Ministerio de Comunicaciones le solucionaría el problema y a sabiendas de que la situación sería solucionada de manera fraudulenta, los contactó”. Como normas infringidas con el comportamiento descrito, se le citaron al implicado el artículo 38 de la Ley 200 de 1995, numeral 4 del artículo 25 de la citada Ley, así como el artículo 40, numerales 1, 8,22 y 23 ibídem. La conducta se calificó provisionalmente como gravísima y el comportamiento se imputó a título de dolo.

CARGO ÚNICO IMPUTADO A PABLO LINARES LINARES

5 (i) Referido a la realización del comportamiento típico disciplinario consagrado en el numeral 4 del artículo 25 de la Ley 200 de 1995, que señala como falta disciplinaria, en este caso, el servidor público que “(...) 4. ejerza funciones públicas, que de manera directa o por interpuesta persona obtenga para sí o para otro incremento patrimonial”. La conducta cuestionada se precisó al implicado así: “...recibió a mediados de febrero de 2002, cuando realizó visita a la empresa SERVIFAST, para ampliar la información respecto al pliego de cargos elevados a la empresa --para lo que se había comprometido ayudar-- de manos del señor GERARDO MARÍN ESTEBAN, Subgerente de la

mencionada empresa, la suma de $1.000.000 en cheque del Banco Aliadas No. 6229575 que correspondía a lo pactado, título valor que para el 17 de enero de 2003 no había sido cobrado. Posteriormente en julio de 2002 se le entregó un cheque girado a nombre de GERARDO MARÍN por el valor de $360.000 del Banco de Bogotá, serial K4119207, el que recibió y fue cobrado por una persona con C.C. 79.720.869”. Como normas infringidas con el comportamiento descrito, se le citaron al implicado el artículo 38 de la Ley 200 de 1995, numeral 4 del artículo 25 de la citada Ley, así como los artículos 40, numerales 1,8,22 y 23, y 41 numeral 1 ibídem. La conducta se calificó provisionalmente como gravísima y el comportamiento se imputó a título de dolo.

CARGO IMPUTADO A GENARO PEREA DÍAZ

(i) Referido a la realización del comportamiento típico disciplinario consagrado en el numeral 4 del artículo 25 de la Ley 200 de 1995, que señala como falta disciplinaria, en este caso, el servidor público que “(...) 4. ejerza funciones públicas, que de manera directa o por interpuesta persona obtenga para sí o para otro incremento patrimonial”. La conducta cuestionada se precisó al implicado así: “...informó a la empresa SERVIFAST Ltda. de un pliego de cargos proferido en su contra, solicitándoles la suma de $500.000 para entregarles copia y además colaboró en elaborar los descargos, como puede observarse de los

apuntes a mano efectuados por el mismo... suma de dinero que recibió mediante cheque No. 6229206 de fecha 16 de noviembre de 2001, por la suma de $500.000 del Banco Aliadas S.A. pagado en la misma fecha, pues en el endoso aparece una firma con C.C No. 11.935.125 de Condoto (Chocó), correspondiendo este número a su cédula de ciudadanía...”. Como normas infringidas con el comportamiento descrito, se le citaron al implicado el artículo 38 de la Ley 200 de 1995, numeral 4 del artículo 25 de la citada Ley, así como el artículo 40, numerales 1, 8,22 y 23 ibídem. La conducta se calificó provisionalmente como gravísima y el comportamiento se imputó a título de dolo.

CARGO IMPUTADO A OSCAR MENESES RODRÍGUEZ

6 (i) Referido a la realización del comportamiento típico disciplinario consagrado en el numeral 4 del artículo 25 de la Ley 200 de 1995, que señala como falta disciplinaria, en este caso, el servidor público que “(...) 4. ejerza funciones públicas, que de manera directa o por interpuesta persona obtenga para sí o para otro incremento patrimonial”. La conducta cuestionada se precisó al implicado así: “...a mediados de marzo de 2002 por sugerencia del señor IGNACIO RAMÍREZ, el señor OSCAR MENESES se comprometió ayudar a la Empresa SERVIFAST Ltda., en la investigación adelantada en su contra por la cual le habían corrido cargos, solicitando al parecer un precio de $3.000.000, los que

serian cancelados a través del señor IGNACIO RAMÍREZ, de acuerdo con lo pactado entre ellos, según el testimonio del señor GERARDO MARÍN

ESTEBAN”.

Como normas infringidas con el comportamiento descrito, se le citaron al implicado el artículo 38 de la Ley 200 de 1995, numeral 4 del artículo 25 de la citada Ley, así como los artículos 40, numerales 1,8,22 y 23, y 41 numeral 1 ibídem. La conducta se calificó provisionalmente como gravísima y el comportamiento se imputó a título de dolo.

CARGO IMPUTADO A CARLOS ALBERTO OVIEDO

(i) El quinto por “...actuar a sabiendas de estar incurso en causales de incompatibilidad establecidas en la Constitución y o en la Ley...” La conducta cuestionada se precisó al implicado así: “...celebró por interpuesta persona, en este caso el señor EDDIER ÁVILA ALANDETE Representante Legal de J. Comunicaciones y Cía. Ltda., el contrato de consultoría No. 00-07-2000 el 28 de septiembre del año mencionado, cuyo objeto era la elaboración de los estudios técnicos para presentar al Ministerio de Comunicaciones, para efectos de conseguir el permiso para la emisora del municipio, toda vez que estuvo siempre interesado en el cobro del valor del contrato y de lo adeudado por el Municipio de Cajicá, para lo cual llamaba por teléfono e iba personalmente a la Alcaldía, sin que este interés lo demostrara el señor EDDIER ÁVILA”. Como normas infringidas con el comportamiento descrito, se le citaron al implicado el artículo 127 de la Constitución Política, numeral 10 del artículo 25 de la Ley 200 de

1995, así como los artículos 42 y 40, numerales 1 y 22 ibídem. La conducta se calificó provisionalmente como gravísima y el comportamiento se imputó a título de dolo.

V. DE LOS DESCARGOS Y LAS ALEGACIONES DE LAS PARTES CARLOS ALBERTO OVIEDO CHAVARRO, obrando motu propio presentó descargos y sin alegar de conclusión señaló que la responsabilidad derivada de su conducta es objetiva y se soslayó la presunción de inocencia, ya que se ha 7 desconocido la realidad fáctica, probatoria y jurídica, según los argumentos que se resumen así (cfr. Folios 54 a 64).  Las conversaciones que se le pusieron de presente y las pruebas recogidas en el proceso dan fe de que su conducta no constituye falta disciplinaria, porque no son suficientes para demostrar la infracción al Código Disciplinario.  En efecto, señala el disciplinado que el testimonio de cargo rendido por la señora MARÍA PATRICIA BARBOSA PALLARES es contradictorio, impregnado de inconsistencias y dudas, pues dice que no está segura de que el señor OVIEDO sea el representante legal de la compañía J.

COMUNICACIONES “...afirmando categóricamente que OVIEDO fue el que firmó el contrato”, cuando ello no es verdad; la declarante, finalmente, no sabe si EDIER ÁVILA o CARLOS ALBERTO OVIEDO o IGNACIO RAMÍREZ, es el verdadero representante legal de J. COMUNICACIONES; además afirma que suponía que RAMÍREZ y OVIEDO eran empleados de la citada compañía, suposición que ha sido erradamente vaciada por la testigo al hacer

afirmaciones contrarias a la realidad.  Su profesión es la de ingeniero eléctrico y no electrónico, de modo que le es imposible realizar “...esta clase de actividades...” como es la de efectuar un estudio técnico.  Ahora, explica que el verse involucrado en este proceso fue el resultado de una necesidad económica que iba a ser satisfecha mediante un préstamo que le haría su amigo EDIER, a quien contactó con una persona que laboraba en el municipio de Cajicá.  No se ha llamado a declarar a EDIER ÁVILA para confirmar su dicho.  No existe dolo en su actuar y su actuar no trasgrede normas disciplinarias; no sabía que contactar a su amigo EDIER con un empleado de la alcaldía, que luego se celebrara un contrato entre la empresa de su conocido y la alcaldía de Cajicá, fuera un acto constitutivo de falta disciplinaria; igualmente, que fuese falta sancionable solicitar un préstamo de dinero y averiguar por una deuda de su amigo, de saberlo no habría actuado así. Mediante escrito del 6 de enero de 2004, el disciplinado IGNACIO RAMÍREZ GAJIGAS, no presentó descargos y solicitó la designación de un apoderado “...que lo represente en el trámite procesal y así tener una defensa justa en este proceso” (cfr. folio 66 c.5), por lo cual el 13 de mayo de 2004, la defensora de oficio ALEJANDRA VALENCIA GÄRTNER tomó posesión del cargo y le fue notificada la decisión que resolvió las solicitudes de pruebas de descargos (cfr. folio 29 c.7), sin

que se avizore ninguna actuación a favor del disciplinado. El apoderado del disciplinado PABLO EMILIO LINARES LINARES presentó descargos, guardando silencio durante el término de traslado para alegatos previos al fallo, y solicitó el archivo de la actuación porque en este caso no puede demostrarse la responsabilidad dolosa del investigado, en aplicación del principio in dubio pro reo, y expuso (cfr. Folios 68 a 74 c.5):  La prueba fue analizada a la luz de las conveniencias de acusación y no bajo la óptica de la sana crítica. La declaración de cargo de GERARDO MARÍN está valorada en forma equivocada, pues éste tenía el interés de que el disciplinado LINARES fuera inculpado, ya que descubrió las irregularidades que se cometían al interior de la empresa del declarante, razón suficiente para 8 desestimar el testimonio. Además el declarante no precisa con quién pactó la entrega del dinero, y menos aun señala a quién se lo entregó.  No existe nexo causal entre la actividad del investigado y el necesario enriquecimiento ilícito que tendría que devenir de acuerdo con los cargos, porque no estaba en sus manos, ni dentro de sus funciones tomar una decisión sobre la investigación en curso contra SERVIFAST DE COLOMBIA Ltda.  Sin que exista certeza sobre la responsabilidad del disciplinado, solicita la aplicación del in dubio pro reo en su favor. OSCAR ORLANDO MENESES RODRÍGUEZ, obrando en su propio nombre, en los descargos presentados solicitó se reconozca su inocencia, con fundamento en los

siguientes argumentos (cfr. Folios 80 a 82 c. 5):  Quien recibió los dineros fue IGNACIO RAMÍREZ.  Desconoce la razón para que el señor GERARDO MARÍN quiera enlodar su nombre.  Ni el extracto bancario ni el oficio del 9 de diciembre de 2002, que soportan el cargo, lo relacionan a él, tampoco tiene relaciones con la firma Servifast Ltda.  Lo único que pretendió hacer y que no hizo “...fue hacerle un favor a Ignacio Ramírez y más aún a Gerardo Marín, quien por su apariencia física lo único que me generó el día que lo conocí fue lástima y deseos de colaborarle a una persona que aparentemente tenía una gran necesidad. Por su parte el apoderado de GENARO PEREA DÍAZ presentó descargos mas alegatos previos al fallo, en los que solicitó desestimar el cargo atribuido a su prohijado y en consecuencia exonerarlo de responsabilidad, con fundamento en los siguientes argumentos (cfr. Folios 94 a 99 c.5):  No entiende la razón por la cual no le fue notificado el pliego de cargos, cuando para esa data (diciembre de 2003), ya había sido designado como apoderado de confianza.  El testimonio de cargo del señor GERARDO MARÍN debe ser desestimado porque es un testigo de oídas y no conoció a PEREA, como lo afirma en su dicho, aunque el socio de MARÍN – JESÚS PUNTES – sí lo conocía y fue con él con quien al parecer se hizo la negociación tendiente a sanear la situación de la empresa.

 Frente a la formulación de cargos a Servifast, por parte del Ministerio de Comunicaciones, JESÚS PUENTES Y OSCAR ORJUELA le solicitan que les colabore y éste se niega, pero les sugiere unas posibles respuestas por escrito, las cuales a la postre no fueron tenidas en cuenta.  Sobre el título valor recibido, señala la defensa que los señores PUENTES y ORJUELA le solicitan entregárselo a PABLO EMILIO LINARES (otro disciplinado), pero él utiliza el dinero debido a las afugias económicas por las que atraviesa. Hoy por hoy, está pagando esa suma de dinero por cuotas. Finalmente, en representación de MIGUEL ORLANDO CÁRDENAS BEJARANO, su apoderado presenta descargos, omitiendo actuación en la etapa de alegatos de conclusión y solicita el archivo de las diligencias en aplicación del principio in dubio pro reo, así (cfr. Folios 100 a 107 c.5): 9  Por las relaciones “cordiales” entre el disciplinado CÁRDENAS y el dueño de la emisora 89.7 Violeta Stereo - JAIRO CASTILLO -, para solucionar un problema que tenía lo relacionó con IGNACIO RAMÍREZ, otro funcionario del Ministerio; esa fue su única actuación, circunscrita a las normas de educación y de buenas maneras, que no puede ser constitutiva de falta disciplinaria, hecho que tuvo ocurrencia en noviembre de 2001 y no en 1999.  La incriminación que se hace a CÁRDENAS, es el resultado de una retaliación por no haber accedido a las pretensiones del dueño de la emisora.

 El interés del disciplinado en la mora que presentaba la emisora, fue producto del cumplimiento de un deber legal y de las órdenes emitidas por su superior.  Quien recibió los dineros de parte de JAIRO CASTILLO fue IGNACIO RAMÍREZ, en consignación hecha a su esposa y de ello no se puede deducir responsabilidad de CÁRDENAS.

VI. CONSIDERACIONES

DE LA ESTRUCTURA DEL FALLO

1. Procede el Despacho a evaluar los medios probatorios allegados, así como las alegaciones presentadas por la defensa, a los efectos de determinar si la conducta de los implicados, en su calidad de funcionarios del Ministerio de Comunicaciones, es merecedora de reproche disciplinario.

Para ello se ocupará en primer término de (i) examinar la legalidad de la actuación disciplinaria, para establecer si el debido proceso o el derecho a la defensa ha sufrido algún esguince, para luego (ii) esbozar la trascendencia que en el Estado Constitucional de derecho, tiene la defensa del interés general; subsiguientemente se ocupará de (iii) analizar el comportamiento reprochado en el pliego de cargos, a fin de establecer si el mismo se estructura como falta disciplinaria y cuál la consecuencia jurídica de ello.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS INVESTIGADOS

2. En el presente proceso responden disciplinariamente los servidores públicos que a continuación se relacionan:  IGNACIO RAMÍREZ CAJIGAS, portador de la cédula de ciudadanía 19.460.343 de Bogotá, en condición de Conductor Mecánico Grado 09.

 GENARO PEREA DÍAZ, portador de la cédula de ciudadanía 11.935.125 de Condoto, como Técnico Operativo 4080-14;  MIGUEL ORLANDO CÁRDENAS, portador de la cédula de ciudadanía 79.401.220 de Bogotá, en calidad Técnico Operativo 4080-10;  PABLO LINARES LINARES, portador de la cédula de ciudadanía 19.424.342 de Bogotá, en su condición de Técnico Administrativo 4065-11;  CARLOS ALBERTO OVIEDO CHAVARRO, portador de la cédula de ciudadanía 79.650.148 de Bogotá, como Profesional Universitario Grado 13 y  OSCAR MENESES RODRÍGUEZ, portador de la cédula de ciudadanía 79.470.750 de Bogotá, en calidad de Asistente Administrativo Grado 4140-15. De la legalidad de la actuación disciplinaria, como garantía del debido proceso y del derecho a la defensa 10

3. Producido el auto de cargos disciplinarios el 15 de diciembre de 2003 (cfr. Folio 1 s.s. c. 5), el señor IGNACIO RAMÍREZ CAJIGAS se notificó en debida forma el día 16 siguiente (cfr. Folio 48 ib.), con lo que el 5 de enero de 2004 vencía el término para presentar sus descargos; el 6 de enero de 2004, el señor RAMÍREZ CAJIGAS solicitó la designación de un abogado “...para que me represente en el trámite procesal y así tener una defensa just