PGN - DECLARACION BAJO JURAMENTO Definición

Bogotá, D.C. Febrero 9 de 2006 Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

Ref: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 394 de la Ley 906 de 2004 “por la cual se expide el Código de

Procedimiento Penal”

Actor: JESUS NELSON PRIETO GUERRERO

Magistrado Sustanciador: Dr. HUMBERTO ANTONIO

Expediente No. D-6007 Concepto No. 4026 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242, numeral 2 y 278, numeral 5 de la Constitución y por designación realizada por el Procurador General de la Nación mediante Resolución No. 465 del 16 diciembre de 2005, al haberse aceptado su impedimento y el del Viceprocurador General de la Nación, procedo a rendir concepto en relación con la demanda instaurada ante esa Corporación por el ciudadano JESÚS NELSON PRIETO GUERRERO, quien ha solicitado a la Corte que declare la inconstitucionalidad de las expresiones contenidas “como testigo” y “comparecerán como testigos y bajo la gravedad de juramento”, del artículo 394 de la Ley 906 de 2004, que permiten al acusado o coacusado declarar en su propio juicio como testigo y bajo juramento.

1. Planteamientos de la demanda El ciudadano PRIETO GUERRERO considera que las expresiones “como testigo” y “comparecerán como testigos y bajo la gravedad de juramento”, del artículo 394 de la Ley 906 de 2004, violan los derechos a la igualdad, al debido proceso, y las garantías consagradas en los artículos 14.3 del Pacto Internacional de Derechos

Civiles y Políticos y 8.2 de la Convención Americana sobre derechos Humanos, incorporadas al ordenamiento interno conforme al artículo 93 constitucional, por las siguientes razones: 1.1. El legislador vulnera el principio de igualdad cuando reconoce al imputado que declara y al testigo, la misma posibilidad de servir de prueba válida contra un tercero, sin advertir que por su posición y atribuciones en la actuación penal, ellos son distintos. Veamos: 1.1.1. El derecho a no autoincriminarse tiene mayor trascendencia para el indagado, en cuanto le autoriza a ocultar o mentir sobre los hechos como estrategia defensiva legítima para exculparse de las imputaciones que se le hagan, sin que por este comportamiento le sobrevengan consecuencias jurídicas adversas. Así las cosas, el juramento prestado por el acusado o coacusado, que sólo tiene efectos en lo relacionado con la declaración contra terceros, no garantiza la veracidad de su declaración, pierde efectividad, máxime cuando el coimputado declarante puede guardar silencio al ser interrogado por el defensor del imputado acusado, bajo el amparo del artículo 33 constitucional. Por el contrario, el testigo que está obligado a declarar todo cuanto sepa sobre los hechos investigados, no puede faltar a la verdad ni callarla total o parcialmente, pues de hacerlo puede incurrir en delitos contra la administración de justicia como el falso testimonio. El juramento del testigo si le obliga legalmente a decir la verdad. 1.1.2. El imputado declarante aunque conforme a la Ley 906 de 2004 puede ser contra interrogado, conserva el derecho a guardar silencio o callar total o

parcialmente la verdad para no comprometer su responsabilidad. De esta forma, el coimputado acusado no tiene la posibilidad de contra interrogar al imputado declarante como lo puede hacer cualquier otro testigo. 1.2. La norma demandada viola el derecho consagrado en el artículo 8, numeral 2º literal f) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14 numeral 3, ordinal e) del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque la persona acusada por el coimputado no puede llamarlo a declarar para contra interrogarlo sobre la imputación a él efectuada, pues el artículo 394 de la 2 Ley 906 de 2004, indica que el testimonio del imputado se recibe cuando éste se ofrece a declarar no porque sea llamado por el coimputado acusado, vulnerando así el derecho a la defensa. Además, en el evento de comparecer, el imputado que acusó a otro tampoco está obligado a contestar en el contra interrogatorio todo cuanto sepa sobre los hechos, pues tiene derecho a guardar silencio. 1.3. Lo anterior conduce a una inversión inconstitucional de la carga de la prueba por cuanto ante la imposibilidad de efectuar el contra interrogatorio, el defensor del imputado acusado debe buscar la prueba que demuestre que el procesado testigo no dijo la verdad, y que su defendido es inocente, cuando constitucionalmente la carga de la prueba corresponde al Estado.

2. Problemas jurídicos Corresponde al Ministerio Público determinar lo siguiente: 2.1. Si el artículo 394 de la Ley 906 de 2004 otorga el mismo tratamiento jurídico y valor probatorio al testigo y al coimputado que declara, y de ser así, si ello vulnera

el principio de igualdad. 2.2. Si la norma acusada limita el ejercicio del derecho a la defensa del tercero acusado e invierte en su contra la carga de la prueba.

3. Aclaración previa: Existencia de cosa juzgada constitucional relativa Si bien es cierto las expresiones objeto de demanda fueron analizadas por esa Corporación en sentencia C-782 de 2005, en la que se declaró la exequibilidad condicionada, también lo es que en esta oportunidad los cargos por los que se vuelven a demandar las mencionadas expresiones difieren de los que fueron analizados por la Corte Constitucional en el fallo reseñado. No obstante lo anterior, las consideraciones expuestas por la Corte Constitucional constituyen un 3 parámetro ineludible para resolver los problemas que plantea en esta oportunidad el actor.

4. Interpretación constitucional de la norma 4.1. El artículo 394 de la Ley 906 de 2004 permite al acusado o coacusado ser testigo en su propio juicio, en tal evento deberá prestar juramento y será interrogado conforme a las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Penal. 4.2. Al abordar el examen constitucional de la disposición acusada, la Corte Constitucional en sentencia C-782 de 2005 señaló que esta disposición es exequible “en el entendido que el juramento prestado por el acusado o coacusado declarante no tendrá efectos penales adversos respecto de la declaración sobre su propia conducta; y que, en todo caso, de ello se le informará previamente por el juez, así como del derecho que le asiste a guardar silencio y a no autoincriminarse. Ni del silencio, ni de la negativa a responder, pueden derivarse

consecuencias penales adversas al declarante.” 4.3. En la sentencia referida se dejó en claro que la interpretación constitucional de la norma acusada debe hacerse bajo la perspectiva de que el juramento prestado por el acusado o coacusado genera consecuencias distintas, dependiendo del contenido de su declaración, así: 4.3.1. Cuando la declaración verse sobre su propia conducta, el juramento es una formalidad previa a la declaración, un llamamiento solemne a decir la verdad del cual no pueden derivarse consecuencias jurídico-penales adversas al acusado o coacusado declarante, pues sólo así desaparece la coacción que priva de libertad y espontaneidad a su dicho y queda libre del temor a incurrir en otro delito a propósito de haber prestado el juramento y rendido su propia versión sobre los hechos que se le imputan, aunque calle total o parcialmente en pro de su defensa material, pues el acusado tiene libertad para declarar como lo desee, en cuanto se relacione con su propia conducta y “es legítima su negativa a responder total o parcialmente, ya sea a las preguntas que se le formulen por el juez o a las 4 que se le hagan por la Fiscalía y la defensa en el interrogatorio cruzado propio de un proceso adversarial y de partes, como el que establece el sistema penal acusatorio.”. 4.3.2. Pero " si en el curso de un proceso el acusado o el coacusado deciden declarar sobre hechos criminosos atribuidos a un tercero, tal declaración será recibida como un testimonio, sujeta a las formalidades y excepciones propias del mismo, conforme a la Constitución y a la ley, y con las consecuencias jurídicopenales que correspondan en caso de faltar a la verdad o de callarla total o parcialmente.” (resaltado fuera del texto)

5. El legislador no violó el principio constitucional de igualdad, pues cuando el acusado o coacusado declara en su propio juicio sobre hechos punibles imputados a un tercero no puede excusarse en el artículo 33 constitucional para faltar a la verdad o callarla total o parcialmente. 5.1. Partiendo de la interpretación anterior, el primer cargo no está llamado a prosperar puesto que el juramento y las consecuencias jurídico penales derivadas de faltar a la verdad, callarla total o parcialmente son las mismas para el testigo o para el acusado o coacusado que imputa conductas delictivas a terceros, de tal manera que ambos tienen la obligación de declarar todo cuanto sepan sobre los hechos atribuidos a terceros, y no pueden faltar a la verdad ni callarla total o parcialmente. 5.2. El juramento en estos casos atiende a la necesidad de revestir de credibilidad esos señalamientos que el enjuiciado realice contra otra persona, y de proteger, a través de la responsabilidad que se asume al prestarlo, los derechos constitucionales a la honra y el buen nombre de aquel otro al que ha sido atribuido un comportamiento ilícito.

La Corte Constitucional en la sentencia C616 de 1997, ya había señalado que la finalidad perseguida con el juramento es “ exhortar de manera especial al juramentado, para que su buena fe en la declaración de la verdad sea especialmente observada … es un arbitrio que propende a aumentar la garantía de veracidad en las declaraciones de las partes vinculadas a las causas

5 judiciales, o, en general, de aquellas declaraciones de los individuos que los vinculan jurídicamente frente a terceros”, de tal manera que, como lo puntualizó en la sentencia C-782 se 2005, el juramento “constituye como acto previo una promesa solemne de sujetarse a la verdad y declararla completa, so pena de la sanción penal que el quebranto de ese juramento traiga consigo” El juramento se consolida, entonces, como el mecanismo utilizado por el legislador para garantizar que los enjuiciados, ya sea con el ánimo de exculparse, o movidos por sentimientos de odio o por una contraprestación económica, no acusarán indiscriminada e irresponsablemente a terceros, arrasando impunemente con su honra y el buen nombre, derechos igualmente protegidos por la Constitución Política (artículo 21). 5.3. En este orden, la expresión “comparecerán como testigos y bajo la gravedad de juramento” del artículo 394 de la Ley 906 de 2004, como lo precisó la sentencia C-782 de 2005, no tiene alcance distinto a incorporar el juramento y las consecuencias nocivas que devienen de callar o faltar a la verdad, única y exclusivamente cuando el acusado o coacusado al declarar en su propio juicio atribuye conductas delictivas a otro (coacusado o tercero). 5.4. No es por la aplicación de la disposición cuestionada que el procesado puede formular imputaciones contra terceros en su propio juicio, ya sea que se encuentren o no vinculados a la misma o a otra actuación penal, pues tiene esa potestad independientemente de que se le imponga el apremio del juramento y

puede acudir a ella como medio idóneo y perfectamente admisible de defensa, además, porque no existe una disposición que le prohíba en forma expresa al acusado declarante hacer esta clase de señalamientos en el juicio. por el contrario, tanto en el ordenamiento interno como en el internacional sobre garantías procesales pregonan el derecho del vinculado a expresarse libremente, a ser oído, en ejercicio del derecho a la defensa. Lo que en realidad consagra la norma examinada, como lo advirtió la Corte Constitucional, es que si el acusado o coacusado atribuyen una conducta punible a otro, el juramento es prenda de garantía y faltar a él, ya sea mintiendo o callando 6 total o parcialmente respecto de ese específico señalamiento, le trae consecuencias jurídicas adversas. 5.5. Así las cosas, el primer aspecto que argumenta el actor, referido a la protección que le brinda al procesado el derecho a no autoincriminarse, con base en el cual afirma que no puede darse el mismo tratamiento de testigo al acusado que declara en su propio juicio, está completamente desvirtuado y en este sentido, la supuesta violación del principio de igualdad. Además porque tampoco puede desconocerse que testigo e imputado asumen con el juramento el mismo compromiso de decir la verdad, y la misma salvedad, por disposición constitucional, exonera tanto al testigo como al indagado de decir todo aquello que comprometa su propia responsabilidad y la de los parientes señalados en el artículo 33 constitucional, dado que el derecho a no autoincriminarse es de todo ciudadano y no ampara exclusivamente a quien ya se

encuentre vinculado a un proceso penal.

6. La norma no restringe el derecho de contradicción y el ejercicio del derecho a la defensa 6.1. Afirma el ciudadano PRIETO GUERRERO que el tercero o el coacusado contra el cual declara el procesado carece de la posibilidad real de contrainterrogarlo, como quiera que éste puede excusarse en el artículo 33 constitucional para faltar a la verdad o callarla total o parcialmente.

Para desvirtuar este cargo, bastaría con señalar que, como lo precisó la Corte Constitucional en la sentencia CC-782 de 2005, el acusado o coacusado que declara contra otro, no tiene derecho a faltar a la verdad o callarla en relación con el hecho atribuido, ya que, al igual que el testigo, de hacerlo debe asumir las consecuencias jurídico penales de ello, es decir, podría incurrir en un delito. Sin embargo, en punto al derecho de contradicción, es relevante señalar que la norma tiene un escenario de aplicación concreto: el juicio oral, y en desarrollo de éste, como lo dispone el artículo 393 de la Ley 906 de 2004, aplicable por disposición expresa del mismo artículo 394 ídem, la parte afectada, es decir, el coacusado 7 contra el cual se declaró, tiene la posibilidad de contrainterrogar al coacusado declarante y de solicitarle la aclaración o adición de su testimonio, y éste debe responder la verdad. Por tanto, este cargo de la demanda no tiene fundamento. 6.2. Cabe advertir que cuando el acusado en su declaración decide formular una acusación contra otra persona, lo debe hacer bajo juramento y al ser interrogado

sobre este punto, al igual que el testigo, no puede callar total o parcialmente aquello que le conste sobre la imputación efectuada a ese otro, salvo en cuanto comprometa su propia responsabilidad, la de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, por expresa disposición constitucional (artículo 33). 6.3. De lo brevemente expuesto se concluye que el derecho a la defensa del acusado contra el cual rindió declaración el coacusado, en manera alguna se ve cercenado o menguado, pues el ordenamiento procesal le brinda la posibilidad de llamarlo a declarar para contrainterrogarlo y de ejercer el derecho de contradicción. 6.4. Es inadmisible desde el punto de vista constitucional imponer al indagado la obligación de renunciar al derecho fundamental a no autoincriminarse, reconocido en el artículo 33 superior y los artículos 14.3 ordinal g) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8.2. ordinal g) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para garantizar el derecho a la defensa de la persona contra la cual declara, como parece sugerirlo el ciudadano PRIETO GUERRERO, así como tampoco es de recibo restringirle al acusado el derecho reconocido en los artículos 14.1. y 8.1. de los citados instrumentos internacionales, a ser oído dentro de la acción penal que se sigue en su contra, de modo que pueda, en ejercicio de su defensa, hacer declaraciones contra otra persona, sólo para privilegiar la protección malentendida del derecho a la defensa de ese otro acusado, el cual conserva todos los derechos, garantías y mecanismos para desvirtuar las

imputaciones formuladas por el procesado declarante. 8 Por las razones anteriores, debe desestimarse la demanda presentada por el ciudadano PRIERO GUERRERO contra el artículo 394 ídem por violación de las garantías procesales que integran el debido proceso. 6.5. Al margen de lo expresado, cabe advertir que aún en el evento en que las imputaciones fueran realizadas contra un tercero que no acuda al juicio y no sea parte del proceso, dentro del esquema procesal elaborado a partir del Acto Legislativo 03 de 2002, la Ley 906 de 2004 le garantiza el derecho a la defensa, dentro de la acción penal que se derive de esas sindicaciones, toda vez que esa declaración debe ser reiterada en el juicio oral celebrado dentro de este nuevo proceso, pues a diferencia del trámite previsto en la Ley 600 de 2000, no impera en el nuevo esquema el principio de permanencia de la prueba, por el contrario, el principio de inmediación impone su producción o reproducción frente al juez de conocimiento en la audiencia de juicio.

7. No hay inversión de la carga de la prueba 7.1. A pesar de la falta de coherencia y pertinencia del cargo en relación con la inversión de la carga de la prueba, podría solicitarse a la Corte Constitucional que se inhiba de examinarlo. Sin embargo, para no defraudar el interés ciudadano y la expectativa con la admisión de la demanda, sucintamente se expondrán las razones por las cuales este cargo debe desestimarse. 7.2. No entiende el Ministerio Público porque el demandante sostiene que la comparecencia del acusado como testigo y su declaración bajo juramento genera

una inversión de la carga de la prueba, cuando la sindicación efectuada por el acusado en el juicio oral, así como la realizada por cualquier otra persona, tiene como efecto accionar el aparato investigador del Estado en orden a demostrar si lo afirmado por esa persona bajo juramento, ya sea procesado, denunciante, o el testigo cuando formula una nueva acusación contra otro, es cierto o no, de tal forma que se establezca más allá de toda duda razonable tanto la existencia de la 9 conducta punible atribuida, como la responsabilidad de quien ha sido señalado como autor o participe de la misma. 7.3. No puede considerarse que la declaración del enjuiciado contra otro es suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia que ampara a éste y que en consecuencia la carga probatoria se traslada al coacusado o al tercero contra el cual se hizo el señalamiento, por cuanto la expresión demandada en ningún momento ni expresa ni tácitamente consagra una presunción de culpabilidad o releva al Estado de esa función investigadora, como erradamente lo plantea el actor. Al margen de lo antes expuesto, considera el Ministerio Público que la valoración de la declaración del imputado contra otro, corresponde, frente al caso concreto, a cada juzgador, no siendo la exclusión total de este medio de conocimiento, el mecanismo para prevenir una posible mala o inadecuada apreciación probatoria. Además, riñe con la razón que para proteger los derechos de las personas que pueden ser acusadas por el enjuiciado, el demandante solicite excluir del ordenamiento la norma que precisamente busca garantizar los derechos fundamentales de aquellas, con lo cual quedarían totalmente desprotegidos frente

a las acusaciones temerarias que pudiera hacer el acusado o coacusado en el juicio oral.

8. Conclusión Por lo expuesto, se solicitará a la Corte Constitucional declarar EXEQUIBLES las expresiones “como testigo” y “comparecerán como testigos y bajo la gravedad del juramento”, contenidas en el artículo 394 de la Ley 906 de 2004.

Señores Magistrados, 10

SONIA PATRICIA TELLÉZ BELTRÁN

Procuradora Delegada Alie 11