PGN - DECLARACION DE NULIDAD Debe ser utilizada como una garantía que asegure el apego a l

Dependencia: PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA PARA LA

VIGILANCIA ADMINISTRATIVA

Radicación Nº:062-2935-07

:ZANDALIO DURAN ROJAS

Cargo y Entidad: ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHESSANTANDER

Quejoso: Anónimo Fecha de Queja: 27/04/2.007

Fecha hechos: Asunto: Fallo de Segunda instancia.

Bogotá, NOV 27/08

1. ANTECEDENTES Agotado el respectivo trámite procesal, la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja, mediante decisión de fecha 07/10/2.008, impuso al Sr.

ZANDALIO DURAN ROJAS, en su condición de Alcalde Municipal de Puerto Wilches, sanción de SUSPENSIÓN POR EL TÉRMINO DE DOS MESES E

INHABILIDAD ESPECIAL POR IGUAL TÉRMINO.

Mediante escrito visible a folios 149-159 del cuaderno original, el doctor ARMANDO ARDILA VASQUEZ, en su condición de apoderado del disciplinado, interpuso en estrados recurso de apelación, sustentándolo mediante escrito presentado el 09/10/2.008, es decir dentro del término de ley.

2. CARGOS Mediante decisión del 18/06/2.008, visible a folios 27-33, del cuaderno original No 1, la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja, luego de evaluar las diligencias preliminares, decide asumir el procedimiento verbal especial establecido en el artículo 175 de la ley 734/02 y de conformidad con ello cita a audiencia pública al investigado ZANDALIO DURAN ROJAS y en la misma le formula dos cargos, de los

cuáles sólo se transcribe el primero por ser este del único en que se fundamenta la sanción, así: “El entonces Alcalde Municipal de Puerto Wilches, Santander, señor, ZANDALIO DURAN ROJAS, mediante los decretos municipales No 10 y 13 del 02 de enero de 2.004, en su orden nombro (sic) al señor JORGE ISAAC GUERRERO MEJIA, Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. 1 Carrera 5ª No. 15-80 piso 8º PBX 5878750 Ext. 10821 FAX 5878750 Ext. 10821 identificado con la C.C. No 3.983.300 en el cargo de tesorero General Código 201 y Grado 02 de la entidad territorial y al señor JOGE ENRIQUE ALCOCER CUELLAR, identificado con C.C. No 13.887.190 en el cargo de Director General de la unidad de Servicios Públicos, código 050 grado 02 de la misma localidad, los cuales dicen los documentos facilitados, tomaron posesión legal en los citados cargos el mismo día 02 de enero de 2.004 y según acta de posesión, que el señor GUERRERO MEJIA presento (sic) la cédula de ciudadanía, el certificado de bienes y quedando pendiente de entregar, la póliza de manejo y certificado de antecedentes disciplinarios y del señor ALCOCER CUELLAR, que presentó su cédula de ciudadanía y por ende, procederes al parecer irregulares si se tiene en cuenta que, de una parte debió observar lo dispuesto en el manual de funciones y requisitos o

su equivalente, esto es, los aspectos académicos y de experiencia que cada uno de los cargos demandaba y en segundo lugar, hacer cumplir lo dispuesto en los artículos 1, 13, 14, y 15 de la ley 190 de 1.995, esto es, la presentación y entrega de los documentos descritos en el siguiente acápite.”

3. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA .

El operador disciplinario de primera instancia mediante audiencia celebrada el 07/10/2.008, acta vista a folios 136 a 146 del tomo original No 1, sancionó al Sr. ZANDALIO DURAN ROJAS, en su condición de Alcalde Municipal de Puerto Wilches, con SUSPENSIÓN DE DOS MESES E INHABILIDAD ESPECIAL POR IGUAL TÉRMINO, al considerar que el investigado no logró desvirtuar la existencia del hecho material objeto de reproche, ni la consideración según la cual el resultado típicamente antijurídico fue consecuencia del actuar doloso del investigado, quién nombró y dio posesión a los señores JORGE ISAAC GUERRERO MEJIA, identificado con la C.C. No 3.983.300, en el cargo de tesorero General Código 201 y Grado 02 de la entidad territorial y al señor JOGE ENRIQUE ALCOCER CUELLAR, identificado con C.C. No 13.887.190, en el cargo de Director General de la Unidad de Servicios Públicos, código 050 grado 02 de Puerto Wilches (Santander), sin el lleno de los requisitos de ley para acceder a cada cargo, ni la presentación de los documentos que la ley 190 de 1.995 determina como

necesarios para tomar posesión de un cargo público.

4. APELACION El abogado del disciplinado en escrito visto a folios 149 a 159 del cuaderno original, solicita la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de junio 18/2.008 por supuesta vulneración al debido proceso y derecho de defensa, (art. 143 num. 2 y 3 de la Ley 734/02).

Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. 2 Carrera 5ª No. 15-80 piso 8º PBX 5878750 Ext. 10821 FAX 5878750 Ext. 10821 Sustenta su anterior petición, en cuatro ítems, que él mismo titula “Fundamentos de hecho y de derecho”, los que en resumen expresan:

1. Que la violación al derecho de defensa se dio por establecer el procedimiento verbal para el caso en estudio, siendo que dicho procedimiento está establecido para dar celeridad al proceso, pero ya en la etapa de indagación preliminar, el operador disciplinario se había tomado 12 meses para decidir el trámite del mismo y, entre el último oficio de pruebas y el auto que declara la procedencia del procedimiento verbal, transcurrieron 8 meses, lo que resulta contradictorio a la celeridad del proceso verbal, y cita la sentencia C-1076/02 en cuanto a los eventos que fundamentan el procedimiento verbal.

2. Incumplimiento del artículo 177 L. 734/02, por omitir en el auto que fija fecha para la audiencia pública, la correspondiente citación al investigado para que dentro de dos días siguientes de manera verbal o escrita se pronunciara sobre los hechos objeto de la investigación.

3. Se debió ordenar la ruptura de la unidad procesal dentro del expediente, y en todo caso investigar la conducta omisiva de los señores JORGE ENRIQUE ALCOCER y JORGE ISAAC GUERRERO MEJÍA, como directos responsables de haber tomado posesión de un cargo público sin el lleno de los requisitos de ley, con lo cual siendo los mismos funcionarios investigados, no podrían tenerse sus afirmaciones como prueba testimonial en contra del burgomaestre sancionado.

4. Irregular procedencia del proceso verbal, por cuanto, al momento de valorar el acervo probatorio que obraba dentro de la indagación preliminar, no se había allegado el manual de Funciones y requisitos, por lo que mal podría sustentarse el cargo de violación al mismo manual, sin que obrara como prueba, agrega que el manual de funcione y requisitos para los cargos públicos del Municipio de Puerto Wilches, vigente para enero de 2.004, fue allegado al expediente dentro de las pruebas recaudadas en las audiencias verbales, es decir, con posterioridad al auto de junio 18/2.008 que declaró la procedencia de proceso verbal.

Agrega, que el operador disciplinario no realizó un análisis jurídico del cumplimiento de los requisitos del manual de funciones, en el cual se diera aplicación a las equivalencias entre estudios y experiencia, por lo que presume que la aplicación de dichas equivalencias, supliría los requisitos académicos de los funcionarios para los cargos de tesorero General Código 201 y Grado 02 de la entidad territorial y Director General de la Unidad de Servicios Públicos, código 050 grado 02 de Puerto Wilches. Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. 3

Carrera 5ª No. 15-80 piso 8º PBX 5878750 Ext. 10821 FAX 5878750 Ext. 10821 Finalmente; respecto a la responsabilidad endilgada al disciplinado por no hacer cumplir lo dispuesto en los artículos 1, 13, 14 y 15 de la ley 190/95, realiza una trascripción literal de la norma para concluir que los mismos eran obligaciones de los funcionarios que tomaron posesión de los cargos y no del representante legal, por lo que reprocha la aplicación de una responsabilidad objetiva para el investigado y, en cambio, favorecimiento para quienes, en su parecer, generaron la situación irregular que es objeto de la investigación. Solicita la prescripción de la acción disciplinaria.

5. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS Procede el despacho a decidir en segunda instancia las diligencias disciplinarias adelantadas contra ZANDALIO DURAN ROJAS, en su condición de Alcalde Municipal de Puerto Wilches - Santander, para lo cual se tendrá presente el parágrafo del artículo 171 de la ley 734 de 2002 que establece, que el recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquéllos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación. 5.1 De la competencia De conformidad con las facultades otorgadas en el parágrafo del artículo 7 del decreto 262 de 2000, y con el fin de darle cumplimiento a los principios consagrados en el artículo 209 superior, en concordancia con los parámetros

expuestos en la directiva 002 del 24/01/2.008, el Procurador General de la Nación, designó como funcionario especial a la procuradora Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, “con el fin de que conozca para todos los efectos de la segunda instancia dentro del proceso disciplinario que bajo el radicado número 062-02935/2.007, se viene adelantando en contra del Señor ZANDALIO DURAN ROJAS…” 5.2 De las solicitudes de nulidad del proceso disciplinario El apelante fundamenta la violación del debido proceso y el derecho de defensa del investigado en cuatro razones, a saber: a) por haber declarado la procedencia del procedimiento verbal para el caso en estudio, siendo que el operador disciplinario se había tomado 12 meses para la etapa de indagación preliminar y entre el último oficio de pruebas y el auto que declara la procedencia del procedimiento verbal, transcurrieron 8 meses, lo que resulta contradictorio a la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. 4 Carrera 5ª No. 15-80 piso 8º PBX 5878750 Ext. 10821 FAX 5878750 Ext. 10821 celeridad del proceso verbal; b) Por presunto incumplimiento del artículo 177 L. 734/02, por omitirse la correspondiente citación al investigado para dentro de los dos días siguientes; c) Por no haber vinculado a la investigación a los señores JORGE ENRIQUE ALCOCER y JORGE ISAAC GUERRERO MEJÍA, a quienes señala como directos responsables de la irregularidad investigada. d) Por supuesta irregularidad en la procedencia del proceso verbal, por cuanto, al momento de valorar el acervo probatorio que obraba dentro de la indagación preliminar, no

existía la prueba principal y/o manual de Funciones y requisitos, lo cual no permitía la certeza de una conducta irregular. Antes de iniciar el análisis, cabe precisar, que las nulidades no constituyen remedios aplicados a cada uno de los vicios que se presentan en la actuación procesal, sino como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia en diferentes sentencias, persiguen corregir las fallas protuberantes del proceso que no puedan ser enmendadas por ningún otro medio, es decir que la nulidad “debe ser utilizada como una garantía que asegure el apego a la ley, por lo tanto, no toda irregularidad debe significar necesariamente su declaratoria, porque para ello es indispensable verificar la existencia de los presupuestos (…)” convirtiéndose en un medio. Las causales de nulidad están taxativamente establecidas en el artículo 143 de la Ley 734 de 2002 y en ellas se contempla la violación en los numerales 2 y 3 “(…) La violación del derecho de defensa del investigado (…)” y “(…) La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso (…)”, causales citadas por el recurrente. La circunstancia de que se hubiere superado en más de seis meses la etapa de indagación preliminar, es asunto que por sí solo no patentiza ninguna de las causales legalmente previstas como constitutivas de nulidad procesal disciplinaria, pues si se interpretan exegéticamente el precepto legal que determina el lapso dentro del cual tendría que desarrollarse la citada etapa, se daría lugar a la impunidad y acrecentamiento de la corrupción, en cuanto que, atendido el hecho

cierto de la existencia abundante de quejas e informes de entidades oficiales que a diario llegan a este órgano de control, los que a su vez generan la iniciación de los respectivos procesos, al investigador y fallador disciplinario le resulta del todo imposible finiquitar tan mentada etapa dentro de aquel término, mucho más, cuando se está frente a casos que resultan verdaderamente complejos por la cantidad de situaciones y de actos irregulares inmiscuidos. Sobre el mismo aspecto el Consejo Estado, ha expresado: “…El incumplimiento de los términos ante la necesidad de buscar la verdad no es causal de nulidad de los actos con los cuales culmina el proceso disciplinario como en repetidas Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. 5 Carrera 5ª No. 15-80 piso 8º PBX 5878750 Ext. 10821 FAX 5878750 Ext. 10821 oportunidades lo ha sostenido esta sección..." (Sent.1243 de 1991, Exp.3958, Ponencia de la Dra. Forero de Castro). Por su lado, la Honorable Corte Constitucional ha precisado, que "la labor del juez no puede jamás circunscribirse únicamente a la observancia de los términos procesales, dejando de lado el deber esencial de administrar justicia en forma independiente, autónoma e Imparcial.” Similar planteamiento merecen las solicitudes de nulidad que se fundamentan en la omisión de vincular a la investigación a los funcionarios JORGE ISAAC GUERRERO MEJIA y JORGE ENRIQUE ALCOCER CUELLAR, y /o el hecho de que el manual de requisitos y funciones de la planta de cargos del municipio de

Puerto Wilches, haya sido allegado con posterioridad a la declaratoria del procedimiento verbal, por cuanto en tratándose de la declaratoria de nulidades el carácter sustancial del vicio se encuentra íntimamente ligado con su trascendencia, la cual constituye principio orientador de la declaratoria de la nulidad (art. 310-2 Ley 600 de 2000), por lo que no basta acreditar la configuración de irregularidades, sino que es necesario demostrar que ellas afectan derechos de los sujetos procesales o las bases fundamentales de la instrucción y el juzgamiento. El recurrente debe demostrar un perjuicio cierto para que prospere la solicitud de anulación, lo cual se hecha de menos en el presente caso. Por su parte, este despacho ordenará a la instancia correspondiente que investigue la posible actuación irregular de los señores JORGE ISAAC GUERRERO MEJIA y JORGE ENRIQUE ALCOCER CUELLAR, por la presunta falta disciplinaria de tomar posesión de un cargo y desempeñarse en el mismo, sin la presentación de los documentos necesarios para tomar posesión de un cargo público, ni el lleno de los requisitos de ley para acceder a cada cargo, pero lo anterior no exime de responsabilidad al investigado, toda vez que la responsabilidad disciplinaria es personal e intransferible y, como se explicó en el fallo de primera instancia, el burgomaestre actuó contrariando sus deberes funcionales. El hecho de que el llamado “manual de funciones y requisitos” (folios 50-100) se hubiese allegado al proceso dentro de la realización de las audiencias públicas, no cambia la procedencia del proceso verbal por dos razones: la primera, por cuanto el denominado “manual de funciones y requisitos” no es en sí la prueba de la

conducta irregular sino la reglamentación vulnerada y, la segunda, porque el cargo endilgado, se construyó con dos omisiones: una, la falta de los requisitos y, la otra, la omisión en la presentación de los documentos necesarios para tomar posesión de un cargo público,( artículos 1, 13, 14 y 15 de la ley 190/95) circunstancia esta última, que se encontraba determinada, de tal manera, que permitía la formulación de cargos y, en todo caso, la declaratoria de procedencia del proceso verbal, de conformidad con lo señalado en el artículo 175 L. 734/02 inciso 3º. Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. 6 Carrera 5ª No. 15-80 piso 8º PBX 5878750 Ext. 10821 FAX 5878750 Ext. 10821 En cuanto al presunto incumplimiento del artículo 177 L. 734/02, por omitir en el auto que señalo la fecha para la audiencia pública, la correspondiente citación al investigado para que dentro de los dos días siguientes presentara los descargos, se observa, que en el auto de fecha 18/06/2.008, se dispuso escuchar al disciplinado el día 10/07/2.008, lo cual no constituye ninguna irregularidad procesal y se encuentra de acuerdo con los principios de celeridad que caracterizan el proceso verbal de que trata el título XI del código único disciplinario. 5.3 Sobre la ilicitud sustancial de la conducta investigada. La Procuraduría Provincial de Barrancabermeja advirtió, en la decisión recurrida, que la conducta desplegada por el señor ZANDALIO DURAN ROJAS, constituye

falta disciplinaria de carácter grave (art.43 L. 734/02), al nombrar y posesionar a JORGE ISAAC GUERRERO MEJIA y JORGE ENRIQUE ALCOCER CUELLAR, sin que reunieran los requisitos mínimos especificados en el manual de Funciones y Requisitos del Municipio, ni allegaran los documentos que por ley son necesarios para tomar posesión de un cargo público, tales como el certificado de antecedentes disciplinarios y, en general, los señalados en los artículos 1, 13, 14 y 15 de la ley 190/95, conducta que además considera dolosa. Del análisis probatorio, concluye este despacho, que, en efecto, existe una falta disciplinaria cometida por el Sr. ZANDALIO DURAN ROJAS, en su calidad de Alcalde de Puerto Wilches, cometida al hacer los nombramientos de Tesorero General código 201 y Director General código 050 y darles posesión, sin el mínimo de los requisitos legales exigidos para cargo. Al respecto, dado que el denominado “manual de Funciones y requisitos” allegado al expediente (folios 50100), no pasa de ser un proyecto de acto administrativo, que carece de número de identificación y fecha de suscripción, pero, sobretodo no tiene suscripción de autoridad administrativa alguna, requisito éste último fundamental para determinar la existencia del acto administrativo como tal, este despacho se atiene a los requisitos mínimos del decreto 785 del 2.005 ”Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004” decreto que fue incluido dentro de las normas posiblemente infringidas del

auto de cargos que obra a folios 27-33. Según el artículo 16 del decreto 785/2.005, el cargo de Director General código 050, es considerado como parte del nivel directivo y, a su vez, el artículo 13 ídem, establece, para los cargos del nivel directivo, dependiendo si el municipio se ubica dentro de las categorías especial, primera, segunda y tercera: tener título Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. 7 Carrera 5ª No. 15-80 piso 8º PBX 5878750 Ext. 10821 FAX 5878750 Ext. 10821 profesional y, si el municipio es categorías cuarta, quinta y sexta, tener título de tecnólogo o de profesional, en el caso de estudio, el señor JORGE ALCOCER CUELLAR al momento de su posesión como Director General De La Unidad De Servicios Públicos, no acreditó sino hasta octavo grado de bachillerato, es decir, que ni siquiera había obtenido el título de Bachiller, por lo que a este respecto se configura la falta enrostrada en el cargo. Así mismo, el mencionado decreto 785/2.005, en su artículo 16, dispone, que el cargo de Tesorero General código 201, hace parte de los cargos del nivel profesional, para los cuales el artículo 18 dispone que es requisito, en todos los casos, el título profesional. En el caso del Sr. JORGE ISAAC GUERRERO MEJÍA, al momento de la posesión acreditó tener estudios de Bachiller y ningún título profesional, por lo que también, en este caso, se configura la falta calificada como Grave cometida a título de dolo, toda vez que el mandatario realizó los irregulares

nombramientos y procedió a dar posesión a los nombrados, sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de ley, siendo que es conocido de cualquier funcionario público que todo cargo tiene unos requisitos mínimos, conocimiento elemental este, que indica que quería el resultado de su actuar. Ahora bien, con relación a la segunda parte del cargo enrostrado al burgomaestre, coincide este Despacho en que se cometió una falta disciplinaria de carácter grave, por dar posesión a los señores JORGE ALCOCER CUELLAR y JORGE GUERRERO, sin verificar que allegaran los documentos necesarios para tal acto, determinados en los artículos 1, 13, 14 y 15 de la ley 190/95. Por lo que dada la materialización de las conductas irregulares ya estudiadas, este despacho está de acuerdo con la dosificación de la pena impuesta, esto es, sancionar con SUSPENSIÓN DE DOS MESES E INHABILIDAD ESPECIAL POR IGUAL TÉRMINO, al disciplinado. Tampoco es procedente aplicar las equivalencias entre estudios y experiencia, que el apelante solicita, toda vez que, precisamente, con la falta se incumplieron los requisitos mínimos, sobre los que no operan equivalencias. 5.4 Sobre la petición de declaratoria de prescripción. Señalan los artículos 29.2 y 30 de la ley 734 de 2.002 en su orden lo siguiente: “Artículo 29. Causales de extinción de la acción disciplinaria: Son causales de extinción de la acción disciplinaria las siguientes: (...) 2. La prescripción de la acción disciplinaria. Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. 8

Carrera 5ª No. 15-80 piso 8º PBX 5878750 Ext. 10821 FAX 5878750 Ext. 10821 Artículo 30. Términos de prescripción de la acción disciplinaria. La acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto. En el término de 12 años, para las faltas señaladas en los numerales 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, del artículo 48. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo proceso, la prescripción de las acciones se cumple independiente para cada una de ellas.

Parágrafo: Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo establecido en los tratados internacionales que Colombia ratifique.” Analizada la actuación, se observa, que la presunta falta se cometió el día 02 de enero de 2.004 y se siguió cometiendo de manera consecutiva hasta la fecha de desvinculación de los funcionarios irregularmente nombrados y posesionados, por lo que hasta este momento no han transcurrido los 5 años de que trata la norma y no es procedente acceder a esta petición.

En el expediente existen pruebas suficientes que conducen a demostrar la existencia de la falta y la responsabilidad del disciplinado, con grado de certeza, el recaudo probatorio allegado al plenario no ha sido desvirtuado como lo anota la Defensa. Decisión De acuerdo a lo expresado en cada uno de los apartes analizados esta Delegada

considera que la decisión fue dada en derecho y, por tanto, confirma en su integridad la declaración de responsabilidad y la consecuente sanción impuesta al disciplinado. En mérito de lo expuesto la Procuradora Delegada Segunda para la Vigilancia Administrativa, en ejercicio de sus facultades legales, RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la decisión de 07/10/2.008, proferida por la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja, dentro del expediente No 062-293507, mediante la cual se impuso a ZANDALIO DURAN ROJAS, en su condición de Alcalde Municipal de Puerto Wilches, sanción de SUSPENSIÓN POR EL TÉRMINO DE DOS MESES E INHABILIDAD ESPECIAL POR IGUAL TÉRMINO, de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa de la decisión. Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. 9 Carrera 5ª No. 15-80 piso 8º PBX 5878750 Ext. 10821 FAX 5878750 Ext. 10821

SEGUNDO : Por la oficina de origen, notificar personalmente al implicado la determinación tomada en esta providencia, advirtiendo que contra la misma no procede recurso alguno. Para tal efecto, líbrese la respectiva comunicación indicando la decisión tomada y la fecha de la providencia.

En caso que no pudiere notificarse personalmente, se fijará edicto en los términos del artículo 107 del Código Único Disciplinario.

TERCERO : Devolver el expediente a la oficina de origen para que remita a la División de Registro y Control los formularios para el registro de la sanción

disciplinaria, envíe copia de los fallos de primera y segunda instancia, con su constancia de ejecutoria, al funcionario que deba ejecutar la sanción y archive las diligencias

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FLOR ALBA TORRES RODRÍGUEZ

Procuradora Delegada Segunda Vigilancia Administrativa algd. Exp. No. 062-2935-07 Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. 10 Carrera 5ª No. 15-80 piso 8º PBX 5878750 Ext. 10821 FAX 5878750 Ext. 10821