PGN - DEFENSA TECNICA Es el derecho que tiene el procesado de estar asistido por un profes

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

Magistrado Ponente: Dr. Alfredo Gómez Quintero

E. S. D.

Ref: Recurso de casación interpuesto por los defensores de los procesados de Samuel Morales Flórez, así como de María Raquel Castro Pérez, Luz Ángela Camargo Moreno y Luis Alberto Páez Durán contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca que los condenó por el delito de rebelión.

Rad. No. 31.727 El Juzgado Único Penal del Circuito de Saravena dictó sentencia el 9 de noviembre de 2006 en la que condenó a Samuel Morales Flórez, María Raquel Castro Pérez, Nelson Soler Veillamizar, Luciano Pinto Durán, Luis Alberto Apez Durán, Luz Ángela Camargo Moreno, Ismael Pabón Durán y Ciro Alberto Camargo Moreno a las penas principales de sesenta y dos meses de prisión y cien salarios mínimos mensuales de multa, así como a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena principal, al encontrarlos responsables del delito de rebelión. Apelada la anterior providencia, conoció del recurso la Sala Única del Tribunal Superior de Arauca que desató el recurso mediante fallo de 8 de septiembre de 2009 en el que confirmó de manera integral el fallo recurrido. Contra la anterior decisión los defensores de los procesados interpusieron recurso de casación, las que fueron sustentadas con demandas que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, encontró ajustada a las

exigencias de ley. Conforme a lo establecido en el artículo 213 del Código de 1 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625 Bogotá D.C. Procedimiento Penal, corresponde a la Procuraduría Tercera Delegada en lo Penal emitir concepto sobre la viabilidad del recurso. HECHOS La situación fáctica fue resumida en la sentencia de segunda instancia, de la siguiente forma: “Dio origen a la presente causa el informe de Policía Judicial NCTI-DISIA-SUBV-C6-C9-No.103809, del 27 de enero de 2003, suscrito por el señor investigador del CTI SERGIO SÁNCHEZ VARGAS, donde se pone en conocimiento la comparecencia en forma voluntaria a las instalaciones de la fiscalía del señor EDGAR HERNANDO CORZO JAIMES, (24 de enero de 2003), quien hacía parte activa desde hacía aproximadamente seis años, del FRENTE DOMINGO LAIN SAENZCOMISIÓN CHE GUEVARA del autodenominado Ejército de Liberación Nacional –ELNy quien manifestara su intención de acogerse al Plan de Reinserción de la Presidencia de la república (sic), y por ende de reincorporarse a la vida civil, persona ésta que suministró información a cerca (sic) de las actividades como del modus operandi de dicha agrupación al margen de la ley, en la población de Saravena como en general en este Departamento de Arauca, sus actividades terroristas, así como la vinculación a la misma

de funciones y empleados públicos, dirigentes sindicalistas, comunales y sociales, comerciantes, testimonio que sirviera de fundamento para la judialización de estas personas por parte de la Fiscalía por la comisión del presunto punible de REBELIÓN.” ACTUACIÓN PROCESAL Iniciada la indagación preliminar y practicadas las primeras diligencias, se ordena apertura de instrucción el 19 de agosto de 2003, en la que se ordena la vinculación a través de indagadora de los señores Samuel Morales Flórez, María Raquel Castro Pérez, Luciano Pinto Durán, Nelson Soler Veillamizar, Luis Alberto Páez Durán, Luz Ángela Camargo Moreno, Ismael Pabón Mora y Ciro Alberto Camargo Moreno, como responsables de los delitos de rebelión, terrorismo y secuestro, siéndoles definida la situación jurídica con 2 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625 Bogotá D.C. medida de aseguramiento de detención preventiva por el delito de rebelión, el 12 de agosto de 2004 El cierre de la instrucción se produjo el 23 de noviembre de 2004, siendo calificado el mérito de la instrucción el 3 de enero de 2005, en la que se dictó acusación en contra de Samuel Morales Flórez, María Raquel Castro Pérez, Luciano Pinto Durán, Nelson Soler, Luis Alberto Páez Durán, Luz Ángela Camargo Moreno, Ismael Pabón Mora y Ciro Alberto Camargo Moreno en calidad de autores del delito de rebelión.

El Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Saravena avocó conocimiento el 5 de abril de 2005 y se llevó a cabo la audiencia preparatoria entre el día 16 de mayo de 2005 y culminó el 18 de mayo del mismo mes y año, luego de cual se fijó fecha para la diligencia de audiencia pública el 14 de junio de 2005 la que culminó el 5 de agosto del mismo año. Adelantada la etapa del juicio y luego de concluir la audiencia pública de juzgamiento, el Juzgado Penal del Circuito de Saravena con sede en Bogotá, dictó sentencia, con los resultados conocidos. SÍNTESIS DE LAS DEMANDAS DE CASACIÓN Demanda presentada en representación de Samuel Morales Flórez Primer cargo Con apoyo en la causal tercera de casación el demandante acusa la sentencia de haberse proferido en un juicio viciado de nulidad, por cuanto el vicio se produjo desde la apertura de instrucción por haberlo dirigido funcionarios incompetentes según lo dispuesto en el artículo 306-1 de la ley 600 de 2000. Para fundamentar el cargo sostiene que los artículo 249, 250 y 251 de la Constitución Política fueron reformados por el acto legislativo 03 de 2002, el que no resulta aplicable a los hechos y conductas ocurridas antes de su vigencia. Sostiene que los fiscales tiene competencia territorial en toda la nación, la competencia funcional está circunscrita a la que les ha sido delegada, de 3 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625

Bogotá D.C. acuerdo con la ley, por el Fiscal General. Alega que la investigación adelantada contra Samuel Morales Flórez fue adelantada por un fiscal especializado con competencia para conocer delitos de resorte de los jueces penales del circuito especializado, cuando le correspondía a los jueces penales del circuito de acuerdo a lo establecido en la Ley 600 de 2000 en su artículo 77-b y 120, por manera que los únicos competentes para adelantar estas investigaciones son los fiscales delegados seccionales ante los jueces del circuito. Comenta que los fiscales especializados de la EDA fueron asignados y delegados mediante resolución 02033 del 23 de noviembre de 2003 del Fiscal General a la investigaciones contra la estructura del oleoducto Caño Limón Coveñas, luego los especializados no eran competentes para instruir el delito de rebelión, así como tampoco porque los delegados en la estructura de apoyo de la fiscalía en Arauca con sede en la Brigada XVIII del Ejército habían sido asignados por una orden administrativa para conocer delitos de terrorismo cometidos contra la infraestructura petrolera. Insiste que no podían conocer a prevención estos delitos y que luego no enviaron el expediente a los funcionarios competentes y adelantaron todas las etapas del proceso de forma irregular. Precisa que la Dirección Nacional de Fiscalías asignó el sumario adelantado contra Morales Flórez mediante resolución 1296 de 8 de septiembre de 2003, no a un fiscal, sino a la Unidad Nacional de Fiscalías contra el Terrorismo. Asegura que debe evaluarse la legalidad de esa asignación en la Ley 600 y el decreto 261, ambos del año 2000 que otorgaban la facultad de delegar a los subordinados y a variar la

asignación, pero es facultad estaba referida a fiscales y no a unidades, en tanto los fiscales no actuaban como corporación. Sostiene que la designación de la unidad de fiscalía, no la hizo el Fiscal General, sino el Director Nacional de Fiscalía, invocando la delegación hecha por el titular a partir de una resolución dictada al amparo del decreto ley 261 de 2000, lo que resulta contrario a la Constitución Política según sentencia C-873 de 2003 que declaró inexequible la expresión los directores de fiscalías. Luego de transcribir el artículo 11 del decreto 261 de 2000 y extractar apartes de la sentencia de la Corte Constitucional explica que resulta inconstitucional que funcionarios distintos al titular de la acción penal y de la 4 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625 Bogotá D.C. acusación desplacen al instructor competente, a partir del 30 de septiembre del 2003 fecha de ejecutoria de la mencionada sentencia, lo que cobija toda la instrucción de Samuel Morales Flórez, capturado el 5 de agosto de 2004, indagado el 6 y definida su situación jurídica el 12 de agosto y dictado resolución de acusación el 3 de enero de 2005. Para demostrar la trascendencia del vicio argumenta que le fueron afectados los derechos fundamentales del debido proceso, de juez natural, por lo que pide retrotraer la actuación a su fase inicial, en tanto afecta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de

Derechos Humanos, el Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra, y debe declararse conforme a lo estipulado en el numeral 1 del artículo 306 de la Ley 599 de 2000 por carecer de competencia. Segundo cargo – subsidiario – Con apoyo en la causal tercera de casación pide que se decrete la nulidad a partir de la sentencia de primera instancia por violación del derecho a la defensa y el debido proceso. Derecho de defensa Lo considera violado porque en la etapa de la causa no se incorporó un medio de prueba fundamental para la defensa que demostrara que la denuncia fue una retaliación por actividades sociales y defensa de los derechos humanos en Arauca, por lo que fueron prefabricadas pruebas en su contra. La primera prueba pedida fue la del traslado en copia auténtica de la ampliación de la declaración de los testigos Temístocres Rojas Hernández y Jorge Rojas Torres, prueba que fueron decretadas y con las que se pretendía acreditar múltiples irregularidades en su producción, como que los Fiscales de la EDA y militares de la Brigada XVIII habían falseado la fecha de presentación, situándola en el segundo semestre de 2003 cuando había ocurrido en enero de ese mismo año; que durante el primer semestre los Fiscales y testigos estuvieron conviviendo, uno con orden de captura en las instalaciones del campo militar, preparar a los deponentes, que llevaban listado de personas contra las que declararían, falsedades ideológicas en que incurrieron los fiscales al recibir esas atestaciones, que las versiones se 5 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625

Bogotá D.C. elaboraban de manera fraccionada y por ratos, para luego de varios días imprimirlas y hacerlas aparecer como si trataran de una sola diligencia y mostrar que había deslealtad en su producción. Sostiene que estas copias no aparecían agregada al expediente por lo que se pidió ala juez agregarlos según solicitud de 18 de enero de 2007, (fl.191 cdno. 26), pedimento negado por considerar que el proceso se encontraba con fallo condenatorio, por manera que incurrió en falso juicio de existencia al desestimar los cuestionamientos de los recurrentes y a la credibilidad dada a los declarantes, hecho que el tribunal calificó como un método para no incurrir en errores al momento de su declaración. Pide casar la sentencia y declarar la nulidad de la actuación a partir de la sentencia de primer grado por violación al derecho de defensa y se incorpore la ampliación de la s declaraciones de Temistocres Rojas y Jorge Rojas. Tercer cargo Considera que fue violado el derecho de defensa al considerar que el alegato con el que fue sustentado el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia no fue valorado en su integridad, ni siquiera en sus aspectos más relevantes. Tal como lo señala el artículo 170 de la Ley 600 de

2000. Destaca que el sentenciador de segunda instancia hizo una síntesis del memorial limitado a recoger algunos cuestionamientos a la valoración individual de los deponentes referentes a Temístocres Rojas y Jorge Rojas y una corta mención a los testigos Edgar Hernando Corzo y Adriana Lozano

Argote. Dice que no se respondió sobre la construcción de plurales indicios graves

de responsabilidad, la supuesta existencia de prueba de cargo producida a partir de labores de policía judicial; la credibilidad cedida a los testigos de cargos como Edgar Corzo, Lucila Meneses, orlando Jiménez, Reinaldo Alarcón, Elkin Palomino, Aldemar Rodríguez, Carlos Arturo Hernández, cuestionamientos no contestados sobre la certeza que encontró la juez de primera instancia y confirmó de manera integral. Comenta que las únicas pruebas de cargo a las que le otorgó credibilidad serían los testimonios de Temistrocres Rojas, Jorge Rojas, Adriana Lozano y Edgar Corzo con lo que se habría acogido los cuestionamientos a los otros medios de prueba y entonces no se ocupó de pronunciarse sobre los cada 6 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625 Bogotá D.C. una de las críticas en particular, sin tener en cuenta que el proceso descansaba en pruebas fabricadas deslealmente por el ejército y la fiscalía, con el fin de falsear documentos públicos, en relación con los testigos Rojas Hernández y Rojas Torres, presentados como desmovilizados, cuando en verdad residían desde el mes de Nero en las instalaciones de la brigada, señalando simplemente que no había montaje sin entrar a dilucidad la falta de trascendencia. Considera que los numerales 3 y 4 del artículo 170 de la Ley 600 de 2000 el legislador estableció las reglas que debe cumplir el operador judicial al redactar las sentencias y la obligación de resumir los alegatos presentados

por las partes y el análisis de los mismos, porque de no darse se haría nugatorio el recurso de impugnación y el derecho a la doble instancia, motivo por el que pide la nulidad de lo actuado desde la sentencia de segundo grado por afectación al derecho de defensa y el debido proceso. Cuarto cargo Con apoyo en la causal primera de casación cuerpo segundo el demandante acusa la sentencia de haber incurrido en falso juicio de existencia en relación con medios de prueba legal y regularmente incorporados al proceso, en tanto no tuvo en cuenta que los militares y fiscales de EDA falsearon y adulteraron los actos administrativos y proveídos judiciales la fecha de presentación voluntaria de los testigos Jorge Rojas Torres y Temistocres Rojas Hernández, cuando llevaban más de un semestre hospedándose en las instalaciones militares. Opina que el fallo de segunda instancia al momento de abrir la indagación preliminar no ponderó los documentos que alertaban al gobierno sobre la intención de los militares y fiscales de la EDA de procesar de manera desleal a Samuel Morales Flórez visibles a folio 190 a 216 del cuaderno 23. Indica que sobre la entrega aparentemente voluntaria de estos miembros de la subversión y todas sus manifestaciones tendenciosas. Señala como medios de pruebas omitidos el oficio de 4 de julio de 2003 suscrito por el jefe de la sección de inteligencia de la Brigada 18 del Ejército, mediante el cual simula poner a disposición de la EDA a Rojas Hernández, así como el acta de entrega voluntaria , copia de la resolución de situación jurídica de Rojas Hernández,, copia del documento en el que los militares 7 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal

Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625 Bogotá D.C. entregan a este sujeto, constancia de buen trato, copia de la indagatoria, medida de aseguramiento, para simular la entrega de los testigos estrella, y la declaración de Temistocres Rojas quien sostiene ante el juez 41 Penal del Circuito de Bogotá que su entrega y la de su hijo se produjo el primero de enero de 2003 en la fiscalía de Cúcuta. Critica que hay declarado antes de la presunta desmovilización, pues la declaración de Jorge Rojas Torres tuvo inicio el 26 de junio de 2003 y continuó los días 28 y 30 de junio, por lo que no hubo transparencia y esas pruebas permitían demostrar que los instructores faltaron a la obligación de actuar de buena fe y demeritar la credibilidad de los testimonio de los declarantes Rojas. Enseña que la actividad del procesado era legal en tanto participó en el Comité Intersectorial de seguimiento a las investigaciones de violaciones de Derechos Humanos en el departamento de Arauca, creado por el decreto 2391 del 24 de noviembre de 1998 y prorrogado por el decreto 1427 de 2000, integrado por agencias del gobierno central, delegados de la Procuraduría, Defensoría, la Fiscalía y organizaciones civiles. Que también fueron omitidos los decretos presidenciales que crearon la comisión de seguimiento a las investigaciones de derechos Humanos y DIH en Arauca, la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos de Arauca, del acuerdo por el derecho a la vida, la soberanía y la permanencia en el

Territorio, y del acuerdo Cuna de la libertad, con el fin de ayudar a fortalecer un estado de derecho democrático y no de elevar denuncias falsas o inventadas contra lo militares por violación a los derechos humanos y conseguir ventajas militares para suspender operativos. Que también desconoció existencia de la declaración de un miembro de la CUT, y Amanda del Socorro Rincón quienes lo señalan como un conocido en la actividad sindical; también la declaración de Carlos Arturo Rodríguez Díaz – sindicalistay un dirigente Uwa, Evaritso Tegria quien narró la forma como el procesado forjó la movilización al municipio de Cubará y que según el Tribunal fue un paro armado de la guerrilla, desconociendo que había sido una decisión autónoma de la comunidad indígena, para demostrar que la actividad del procesado era social y no a fortalecer un grupo subversivo. Pide casar la sentencia y dictar sentencia absolutoria a favor de Samuel Morales Flórez. 8 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625 Bogotá D.C. Quinto cargo Considera que se incurrió en un falso raciocinio en tanto no aplicó el in dubio pro reo, establecido en el inciso segundo del artículo 7 de la ley 600 de 2000, porque se basó una valoración de los medios de convicción contraria a las máximas de la experiencia y la lógica a la libre pero racional apreciación de los medios de convicción. Luego de transcribir el aparte de un fallo de la Sala Penal, manifiesta que las

declaraciones fueron claras que no contenían contradicciones y sin embargo más adelante sostiene lo contrario aunque precisa que no son graves o inexplicables; critica la manifestación de que los declarantes no tenían ningún interés cuando recibirían compensación jurídica y económica por su aporte. Dice que el tribunal generalizó la aplicación a los medios probatorios y a todas las calificó como creíbles y a las de descargo como imprecisas, cuando podían declarar en forma falsa. Expone que si se hubieren aplicado las máximas de la experiencia se habría concluido que las pruebas de cargo no tenían capacidad para afectar la presunción de inocencia, pues no eran creíbles dado su pasado criminal. Critica que se le hubiere creído a Adriana Lozano Argote que el procesado trajo armas del Perú en un camión que traía plátano y yuca, cuando Arauca produce esos vegetales y con semejante viaje llegarían podridos esos insumos pues se gastan más de 10 días. Que se demostró que el acusado no era miembro del Comité Regional de Derechos Humanos “Joel Sierra” y pese a esta situación, no se le reconoció aminorante alguna y menos cuando los testigos no conocían a Ariana Lozano como miembro del ELN. Alega que la descripción hecha por esta testigo sobre las reuniones de los subversivos no concuerdan con la de los señores Rojas. Que ella hizo imputaciones contra Pastrana y Horacio Serpa de pertenecer a las Farc y al ELN. Que los acrónomos de CMM y CDM son invención de los señores Rojas reproducida por la testigo. Comenta que el señor Ademar Rodríguez viejo informante de la Brigada 18,

no hace referencia a la CMM, ni a la CDMA, ni afirma que haga trabajo social o político a través que el ELN hiciera trabajo social a través de la estructura descrita por Jorge Rojas. 9 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625 Bogotá D.C. Atinente al testigo Carlos Arturo Hernández, afirma que las organizaciones sociales araucanas pertenecen al ELN nunca funcionaron como lo sostuvo el testigo estrella, que el día en que fue capturado Morales Flórez fueron ejecutados tres dirigentes araucanos, que no sabía de la CMM y CDM. Que eso mismo afirmó el señor Orlando Jiménez quien tenía cerca de 20 años de militancia y Lucila Meneses, desmovilizada también de la organización subversiva. Que no tuvo en cuenta que Daniel Caballero Rozo, en los trámites de desmovilización hace alusión al Comité Municipal de Masas de Saravena, pero preciso que lo integraban solo los presidentes de los gremios, mientras que Jorge Rojas sostuvo que lo conformaban tres delegados de cada gremio para un total de 50 personas, versión que no fue analizada. Indica que de acuerdo al sistema de apreciación y valoración probatoria, al ponderar la credibilidad hay que examinar la constancia y la coherencia que guarden los dichos de los testigos, tanto internamente, como con los otros medios de prueba y reparar la fuente de conocimiento. Reitera que de lo único que se halló responsable el procesado es en una supuesta relación estructural de dependencia entre las organizaciones sociales y la guerrilla, pero sin prueba alguna aparte de la declaración de Jorge Rojas quien dijo

que pertenecía al mismo grupo. Alega que las afirmaciones de Rojas fueron negadas por otros medios de prueba que diferenciaban la estructura del CMM, la asamblea de ASOJER, y que era imposible que tuviera acceso a la reunión de Puentea Tabla en el 2001 para codearse con dirigentes clandestinos y otros aspectos referentes al ingreso a la militancia, el lanzamiento del batallón del frente de guerra oriental y menos cuando el testigo se contradice en sus manifestaciones sobre la ubicación del batallón, el color del carro del Incora denominado La Ahuyama, aspectos en los que mostró incongruencia con lo sostenido por Lucila Meneses, que en una primera manifestación señaló que la reunión para la evaluación del parto en Tame del 2002 se hizo en la sede del colegio de Bachillerato Agrario en la vereda Palmarito municipio de Fortul, mientras que otras dice que fue celebrada en el corregimiento La Paz de Arauquita donde el ELN envía bandoleros sancionados a cumplir trabajos forzados, con lo que no hubo congruencia entre Jorge Rojas y Lucila Meneses. Sobre todo esta material probatorios, sostiene que de haberse analizado correctamente, una valoración integral, juiciosa e imparcial se habría 10 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625 Bogotá D.C. mantenido la presunción de inocencia de Samuel Morales Flórez, con lo que se vulneró el artículo 7 de la Ley 600 de 2000 que establece que toda duda sobre la responsabilidad debe resolverse a favor del procesado. Pide casar

la sentencia y dictar fallo sustitutivo en el que se absuelva a Samuel Morales Flórez por el delito de rebelión. Demanda presentada por el defensor de María Raquel Castro Pérez, Luz Ángela Camargo Moreno y Luis Alberto Páez Durán. Con fundamento en la causal tercera de casación el demandante acusa la sentencia de haberse proferido en juicio viciado de nulidad por desconocimiento del derecho a la defensa, en tanto que en la sentencia de primera instancia fueron citados como testigos de cargo Adriana Lozano Argote, Edgar Hernando Corzo Jaime, Jorge Rojas Torres y Temistocres Rojas Hernández, sin que comparecieran a la audiencia pública para contrainterrogarlos, ya que nunca estuvo ningún abogado de la defensa o delegado del Ministerio Público presente en el interrogatorio. Al no presentarse los testigos se violó lo establecido en el artículo 401 de la Ley 600 de 2000 que establece la posibilidad a las partes de contrainterrogar o intervenir, por lo que el juez tiene la obligación de repetir las declaraciones. Agrega que además el expediente fue enviado a Bogotá sin tener en cuenta los que se encontraban en el despacho para sentencia y los que estaban en juzgamiento, dictando sentencia de primera instancia con violación al debido proceso. Plantea que el señor Orlando Jiménez al referirse a Raquel Castro dijo que tenía 1,75 de estatura, delgada, carifinita, pelo corto, lacio y negro, ojos negros de por ahí 30 años, y en la audiencia pública se demostró que tenía 150, tenía 46 años, y no coinciden sus rasgos físicos. Que lo mismo sucedió

con las señales físicas de los otros defendidos Ángela Camargo Moreno y Luis Alberto Páez Durán, siendo reinsertados, con lo que se violó el debido proceso y el derecho a la defensa, pues ha debido elaborarse una valoración minuciosa y meticulosa, puesto que se hacen acreedores a beneficios a cambio de delaciones, hecho que la defensa no analizó a lo largo del proceso. Agrega que el señor Jiménez si hubo oportunidad de interrogar y controvertir en la audiencia pública, lo que así se hizo, sin que quedara constancia alguno, porque la juez de Bogotá, nunca puso a disposición de la 11 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625 Bogotá D.C. defensa lo que se había reseñado de la Audiencia Pública. Pide casar la sentencia por violación al debido proceso y al derecho de defensa. CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA EN LO PENAL Demanda presentada por la defensa de Samuel Morales Flórez Primer cargo No le asiste razón al demandante al sostener que fueron incompetentes los funcionarios que adelantaron la indagación preliminar, la apertura de instrucción y conocieron la investigación formal que culminó con la acusación del procesado. Desde la creación de la Fiscalía el legislador determinó que el Fiscal General y todos sus delegados tenían competencia nacional, mandato que fue ratificado en el Acto Legislativo No. 3 de 2002, por manera que sobre este punto no existe dubitación alguna y menos aún irregularidad que genere

invalidez de la actuación por violación al principio de juez natural, como lo indica el demandante. En las instancias este punto fue alegado y la juez Penal del Circuito de Saravena en la sentencia de 9 de noviembre de 2006, denegó esta petición por considerar que resultaba impertinente, en tanto existían abundantes pronunciamientos de la Sala Penal sobre este aspecto, en tanto se trata de efectuar racionalización de las labores que corresponden a una facultad administrativa interna del ente acusador, por manera que no existe vulneración al debido proceso o derecho de defensa cuando un fiscal especializado actúa ante un juez penal del circuito.

Sobre este tópico dijo la Corte: “Primero, porque no es cierto que la Corte Constitucional le hubiese concedido razón al demandante con relación a su propuesta de inexequibilidad que presentó contra disposiciones concretas del decreto 261 de 2000 y de la ley 600 del mismo año1. Y segundo, porque en esa misma decisión se reiteró la jurisprudencia de la Corte Suprema, que tanto critica el 1 Se trata de la demanda contra los artículos 1,2,3,5 y 6 del decreto legislativo 261 de 2000 y la ley 600 de 2000, que la Corte constitucional declaró exequibles mediante la sentencia C 873 de 2000.

12 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625 Bogotá D.C. recurrente, acerca de la facultad de asignar la competencia a un funcionario distinto al que conoce del proceso, sin que ello

implique desconocer el principio del juez natural.

En esa decisión se dijo: “Existe ya jurisprudencia previa, tanto de la Corte Suprema de Justicia como de esta Corporación, en el sentido de que el ejercicio de funciones de designación de fiscales especiales o reasignación de fiscales especiales o reasignación de fiscales no equivale a modificar las competencias establecidas en la ley, sino simplemente a modificar los funcionarios que habrán de cumplirlas. Tal y como lo explicó la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 5 de mayo de 1998, ‘cuando el ente acusador hace uso de esta opción, no se presenta, como equivocadamente lo plantea el censor, alteración de la competencia funcional; el desplazamiento en estos casos es del funcionario, no de sus funciones, y por ello, quien asume el conocimiento de la investigación debe hacerlo con respecto del marco de competencia del fiscal desplazado.’ ” (resaltado fuera de texto) La Corte considera muy atinada la opinión del Ministerio Público en torno al punto y por ello la comparte, a la cual sólo cabe agregar que la filigrana del recurrente que pretende hacer de las normas jurídicas sobre competencia y estructura de la fiscalía un bastión para defender una concepción formal desde la cual niega la garantía material de la segunda instancia como núcleo esencial del debido proceso, es insuficiente para que prospere el cargo.

Véase: La Constitución Política define el núcleo al debido proceso como el derecho a que el conflicto penal se decida por un juez creado previamente al acto que se imputa bajo las formas propias de cada juicio, para lo cual es esencial

garantizar la posibilidad de presentar pruebas y controvertir las 13 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625 Bogotá D.C. que se alleguen en su contra, impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho (artículo 29). O desde otro punto de vista, el derecho al debido proceso es un conjunto de garantías que limitan y racionalizan el ius puniendo estatal, que la Sala definió en los siguientes términos: “Este tipo de garantías