PGN - DEFENSOR Reconocimiento de personería jurídica

Dependencia : Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa Radicación : 080-3424-01

Investigados : Amparo del Socorro Ramírez de Palacio y Martha Inés

Aristizábal Hoyos

Cargo y Entidad : Cajera Principal y Oficial Comercial, respectivamente,

Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero Agencia Medellín la América Quejoso : De oficio Fecha de la queja :14 de julio de 1998

Fecha Hechos : 07 de julio de 1998

Fecha Prescripción : 06 de julio de 2003

Asunto : Declaratoria de Nulidad. Presunta irregularidad cometida por funcionarias de la Caja Agraria Agencia Medellín-La

América. AUTO Bogotá DC, agosto 26 de 2003 OBJETO Procede el Delegado a conocer del Recurso de Apelación interpuesto el 02 de mayo de 2003, por el abogado LEÓN ENRIQUE OCHOA CARVAJAL, en calidad de apoderado judicial de la Señora AMPARO DEL SOCORRO RAMÍREZ de PALACIO, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 32.540.028 de Medellín, contra la Resolución No. 004 de 01 de abril de 2003, expedida por la Procuraduría Regional de Antioquia, por medio de la cual se falló en primera instancia el proceso No. 0803424-01. ANTECEDENTES PROCESALES En informe de la Unidad Regional de la Contraloría Antioquia-Chocó de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero-de fecha 10 de julio de 1998 (fls. 4-7), se dio cuenta de que el día 07 de julio del mismo año se hizo un arqueo al cofre de

caudales de la Agencia Medellín la América, hallando un faltante de $ 5’000.000,oo, informe que fue remitido el día 14 de julio de 1998 a la Gerencia Regional de la Caja Agraria en Antioquia (fl. 3); en el mencionado informe se indicaba como presuntas responsables a las señoras MARTHA INÉS ARISTIZÁBAL, Oficial Comercial y AMPARO RAMÍREZ de PALACIO, Cajera Principal, ambas funcionarias de esa agencia. Mediante auto de 18 de agosto de 1998 la Unidad de Control Interno Disciplinario Antioquia-Chocó de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero dispuso la Apertura de Indagación Preliminar (fls. 63-65), profiriendo posteriormente el Auto de fecha 16 de febrero de 1999 por medio del cual ordenó la Apertura de Investigación Disciplinaria contra las señoras MARTHA INÉZ ARISTIZABAL HOYOS y AMPARO DEL SOCORRO RAMÍREZ de PALACIO en sus condiciones de Oficial Comercial y Cajera Principal, respectivamente, de la Agencia Medellín la América (fls. 186-191). Teniendo en consideración que mediante el Decreto 1065 de 26 de junio de 1999 el Gobierno Nacional dispuso la disolución y liquidación de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero SA, por intermedio de auto de 27 de junio de 1999 se dispuso el envío de las diligencias en el estado en que se hallaban a la Procuraduría General de la Nación, Despacho de la Procuraduría Metropolitana de Medellín (hoy Procuraduría Regional de Antioquia), para que continuase con el trámite del las

mismas. (fl. 232), las que fueron avocadas para su conocimiento mediante auto de 10 de septiembre de 1999 (fl. 236). Por medio del auto de 08 de julio de cargos contra las Investigadas en los siguientes términos: “1. La Señora MARTHA INÉS ARISTIZABAL HOYOS, en su condición de Oficial Comercial con funciones de Subdirectora, ) (sic) en la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, Agencia Medellín-La América, actuó en forma negligente en el ejercicio de sus funciones, al no observar el cuidado y la diligencia necesarias en el manejo, conservación y custodia del numerario (dinero en efectivo) proceder que conllevó a que se presentara un faltante por valor de cinco millones ($5.000.000,oo) que fue detectado el día 7 de julio de 1998, cuando se hizo el arqueo de efectivo por las funcionarias MARTHA INÉS ARISTÍZABAL HOYOS y FANNY MARÍA RUENDES ARROYO, ésta última Subdirectora de la Agencia que regresó de vacaciones en esa fecha y se disponía a recibirle a la funcionaria Aristizábal Hoyos, a quien se había encargado verbalmente la función de Subdirectora durante las vacaciones de la titular” (fl. 253). “1. La señora AMPARO DEL SOCORRO RAMÍREZ PALACIO, en su condición de Cajera Principal, que manejaba el dinero y las claves de los cofres de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, Agencia Medellín-La América, actuó en forma negligente en el ejercicio de sus funciones, al no observar el cuidado y la diligencia

necesarias en el manejo, conservación y custodia del numerario (dinero en efectivo) proceder que conllevó a que se presentara un faltante por valor de cinco millones ($5.000.000,oo) que fue detectado el día 7 de julio de 1998, cuando se hizo el arqueo de efectivo por las funcionarias MARTHA INÉS ARISTÍZABAL HOYOS y FANNY MARÍA RUENDES ARROYO, ésta última Subdirectora de la Agencia que regresó de vacaciones en esa fecha y se disponía a recibirle a la funcionaria ARISTÍZABAL HOYOS, a quien se había encargado verbalmente la función de Subdirectora durante las vacaciones de la titular” (fl. 254). Por medio de Auto de 18 de febrero de 2003, se dio traslado a las partes por el término de diez días para que presentaran alegatos de conclusión (fls. 295-296). El proceso fue definido en primera instancia por medio de la Resolución No.004 de 01 de abril de 2003, según la cual el Procurador Regional sancionó a las Investigadas con sendas multas de cuatrocientos cuarenta y tresmil doscientos noventa pesos ($ 443.290,oo), suma equivalente a 30 días del salario devengado para la época de los hechos (fls. 297-311); decisión contra la que, en debido término legal, el abogado defensor de la Señora AMPARO DEL SOCORRO RAMÍREZ DE PALACIO interpuso recurso de apelación el 02 de mayo del mismo año (fls. 317321), el que fue concedido por el Regional mediante auto de 26 de mayo hogaño, correspondiendo en reparto a esta Delegada y recibido el 17 de junio de 2003,

siendo repartido al abogado instructor el 01 de julio corriente. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA La conducta atribuida a las encartadas, consiste fundamentalmente en un hecho concreto y la defensa que impetra una de las funcionarias sancionadas, en desarrollo del principio procesal elevado a rango constitucional del derecho a la defensa, consagrado en el artículo 31 de la Carta Política, aclarando que la ritualidad y forma del presente disciplinario debe acogerse a lo reglado en la Ley 734 de 2002, nuevo Código Disciplinario Único en la medida de que con fundamento en el artículo 223 de la Ley 734 de 2002, los procesos que al entrar en vigencia esta ley se encuentren con auto de cargos continuarán su trámite definitivo con fundamento en 2 el procedimiento de la Ley 200 de 1995, teniendo en cuenta que el mencionado auto fue proveído luego de la vigencia del nuevo Código Disciplinario. Sería el momento procesal para emitir pronunciamiento tendiente a desatar la segunda instancia, pero observa esta Delegada que no puede pronunciarse de fondo sobre el evento que nos congrega, toda vez que ha apreciado dos irregularidades, con fundamento en los numerales 2 y 3 del artículo 143 de la Ley 734 de 2002 que atentan contra el Derecho a la Defensa y el Principio del Debido Proceso respectivamente, en detrimento de las Investigadas, los cuales encuentran amparo en el artículo 29 de la Norma Normarum, “El debido Proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas…Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa …” desarrollado entre otros por los artículos 5 y 73 de la Ley

200 de 1995, y 6 y 17 de la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario vigente. De manera que una vez examinado el expediente, se ha observado que previo al dictamen de la resolución de fondo se:

1. Omitió reconocer personería jurídica al abogado LEÓN ENRIQUE OCHOA CARVAJAL, apoderado constituido por la Investigada AMPARO DEL SOCORRO

RAMÍREZ PALACIO.

De hecho dentro del expediente a los folios 207 y 317 reposan sendos poderes de fechas 22 de febrero de 1999 y 02 de mayo de 2003 respectivamente, otorgados por la Investigada RAMÍREZ PALACIO al abogado LEÓN ENRIQUE OCHOA CARVAJAL con Tarjeta Profesional 13.768 del Consejo Superior de la Judicatura, para que la represente dentro del proceso y sustente el recurso de apelación interpuesto contra la providencia Sancionatoria, sin que haya acto administrativo formal y expreso que reconozca dicha personería jurídica, lo que constituye una abierta violación al derecho de defensa y al principio del debido proceso consagrados en las normas arriba mencionadas y los Numerales 1 y 2 del artículo 92 de la Ley 734 de 2002, que consagra entre otros, como derechos del investigado acceder a la investigación y designar defensor. No obstante lo anterior, dentro del proceso se aprecian actuaciones procesales del nombrado profesional como se observan a los folios 259, 288, 290-291 y 318-321, actuaciones que fueron atendidas, empero sin que dentro del expediente repose acto administrativo alguno que reconozca de manera expresa la personería del

apoderado judicial del Investigado, lo que a nuestro sentir configura violación al derecho de defensa y al debido proceso del disciplinado, en la medida que su apoderado queda desamparado formalmente dentro del proceso para intervenir e interponer los recursos y acciones que estime pertinentes para la defensa de los intereses de su prohijado, y se podrían considerar por ende actuaciones apócrifas y sin ninguna validez, las que bien se podrían tener por inexistentes en detrimento de los intereses de su prohijada.

2. Violó el término de traslado a la investigada MARTHA INÉS ARISTIZABAL HOYOS para que interpusiera recurso de apelación contra la providencia sancionatoria, en ejercicio del derecho de defensa.

Efectivamente el artículo 111 de la Ley 734 de 2003 consagra que el recurso de apelación se podrá interponer desde la fecha de expedición de la respectiva decisión hasta el vencimiento de los tres días siguientes a la última notificación, para el efecto se observa que la Investigada ARISTIZÁBAL HOYOS fue notificada de la resolución sancionatoria el día 06 de mayo de 2003 (fl. 322), lo que implica que los tres días siguientes se vencerían el día 09 de mayo de 2003, no obstante al folio 323 obra constancia secretarial que indica que “Medellín, 09 de mayo de 2003. Transcurridos el término de los tres (3) días hábiles, para la Señora MARTHA INÉS ARISTIZÁBAL 3 HOYOS, para presentar el recurso de apelación contra el auto No.004 de 01 de abril del 2003, correspondiente al radicado bajo el No. 3424. Del cual no hizo uso de ello.

LUCELLY MONTOYA HERRERA, Sustanciadora,(fdo)”, lo que permite suponer que dicha constancia fue expedida el último día de vencimiento del término procesal para el ejercicio del derecho de defensa, pero por cierto, dicha constancia carece de hora de elaboración, lo que perfectamente podría suponer que fue expedida durante cualquier hora de ese último día, y no a la finalización del mismo, lo que iría en detrimento del derecho a la defensa de la Investigada ARISTIZÁBAL HOYOS, así como también del debido proceso, sin que entre otras cosas, se interpusiera alegato alguno de apelación, por lo tanto se debe considerar que dicha actuación se podría prestar para malentendidos en relación con la defensa de la servidora pública investigada.

3. Violó el término dispuesto para presentar descargos del artículo 166 de la Ley 734 de 2002, en relación con la investigada AMPARO DEL SOCORRO RAMÍREZ

PALACIO.

Teniendo en cuenta que el Auto de Cargos se profirió el 08 de julio de 2002 (fls. 247256), y fue notificado al apoderado judicial de la Señora RAMÍREZ DE PALACIO el 15 de julio de 2002 y a la investigada ARISTÍZABAL HOYOS el 19 de julio del mismo año (fls.259-260), los diez días de que habla el artículo 111 de la Ley 734 de 2002, para que los sujetos procesales presentaran descargos se vencían el 29 de julio y el 02 de agosto del mismo año respectivamente, siendo presentados por la última mencionada dentro de dicho término (fls. 261-265).

En tanto que nota con asombro esta Delegada que los descargos de la primera implicada fueron presentados por su apoderado judicial el 28 de octubre de 2002 (fls. 290-291), es decir de forma extemporánea, con presunto previo acuerdo de éste con la Señora ADIELA SERNA, Secretaria de la Procuraduría Regional de Antioquia (fl. 288), lo que es inadmisible por que uno de las características de la ley es su generalidad y obligatorio cumplimiento, y por lo tanto no puede ser modificada por el común acuerdo entre una funcionaria de la Procuraduría con un sujeto procesal. Lo que sin lugar a dudas va en desmedro del principio del debido proceso, porque de ser así, mientras se contemplan unos términos de defensa para uno de los sujetos procesales, a otro sí se le amplían en detrimento de la igualdad procesal que debe existir entre los mismos, independientemente del resultado final del fallo de primera instancia. Los hechos anteriores indudablemente acarrean la nulidad de lo actuado, en la medida en que se violaron los principios del derecho de defensa y el debido proceso, según lo consagrado en las normas precitadas. Así las cosas, y en atención a lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del artículo 143 de la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario aplicable en la parte procedimental al caso, se decretará la nulidad de lo actuado desde la constancia que reposa al folio 214 de expediente por medio de la cual se le hace entrega personal al abogado LEÓN ENRIQUE OCHOA CARVAJAL abogado defensor de AMPARO DEL SOCORRO

RAMÍREZ DE PALACIO las copias solicitadas mediante comunicación de 25 de febrero de 1999, sin que se le hubiese reconocido personería jurídica para actuar dentro del proceso por lo tanto se ordenará el reconocimiento del mencionado profesional del derecho como apoderado judicial de la Señora AMPARO DEL SOCORRO RAMÍREZ DE PALACIO; se ordenará correr traslado del fallo de primera instancia a la investigada MARTHA INÉS ARISTIZÁBAL HOYOS por el término legal para ejercer el derecho de defensa; y se tendrán por no presentados los descargos presentados por el apoderado judicial de la Señora AMPARO DEL SOCORRO RAMÍREZ DE PALACIO de manera extemporánea el 28 de octubre de 2002 (fls. 4 290-291); y se ordenará a la Procuraduría Regional de Antioquia subsanar la presente investigación. En mérito de lo expuesto, el PROCURADOR DELEGADO SEGUNDO PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA (e), en ejercicio de sus atribuciones legales, artículo 25 numeral 4 Decreto 262 de 2000, RESUELVE PRIMERO: Decretar oficiosamente la nulidad de lo actuado desde la constancia que reposa al folio 214 de expediente por medio de la cual se le hace entrega personal al abogado LEÓN ENRIQUE OCHOA CARVAJAL abogado defensor de AMPARO DEL SOCORRO RAMÍREZ de PALACIO las copias solicitadas mediante comunicación de 25 de febrero de 1999, sin que se le hubiese reconocido personería jurídica para actuar dentro del proceso, sin perjuicio de la validez y alcance de las pruebas debidamente aportadas al proceso.

SEGUNDO: Ordenar a la Procuradora Regional de Antioquia el reconocimiento como apoderado judicial, al abogado LEÓN ENRIQUE OCHOA CARVAJAL, de la

Señora AMPARO DEL SOCORRO RAMÍREZ de PALACIO.

TERCERO: ORDENAR correr traslado del fallo de primera instancia a la Investigada MARTHA INÉS ARISTIZÁBAL HOYOS por el término legal para ejercer el derecho de defensa CUARTO: Se tendrán por no presentados los descargos hechos por el abogado LEÓN ENRIQUE OCHOA CARVAJAL, en representación de la investigada AMPARO DEL SOCORRO RAMÍREZ De PALACIO (fls. 290-291), con fundamento en la parte motiva de este proveído.

QUINTO: Ordenar a la Procuradora Regional de Antioquia subsanar la presente investigación.

SEXTO: Notificar personalmente a los sujetos procesales la determinación tomada en esta providencia, advirtiéndoles que contra la misma procede el recurso de reposición, que se deberá interponer y sustentar por escrito dentro de los tres (3) días siguientes a la última notificación. Para tal efecto por conducto de la Secretaría de la Procuraduría Regional de Antioquia se librará la respectiva comunicación indicando la decisión tomada y la fecha de la providencia. En caso de que no se pudiese notificar personalmente, se fijará estado en los términos previstos por el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil.

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE

CÉSAR AUGUSTO AMAYA MEDINA

Procurador Delegado Segundo Vigilancia Administrativa (e)

CAAM/FS

Exp. No. 080-3424-01 5