PGN - DELEGACION DE FUNCIONES No exime al delegante de la obligación de vigilar e informar

PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA MORALIDAD PÚBLICA Radicación # 162-99805-04

Disciplinados Luis Fernando Velásquez Botero y Jaime Bejarano Alzate Cargo y Entidad Gobernador de Quindío y Secretario de Educación Informe Contraloría General de la República Fecha Informe 13 de mayo de 2003 Fecha Hechos Noviembre de 2001 Asunto Fallo de primera instancia Bogotá D.C., 28 de septiembre de 2006

I. ASUNTO Habiéndose dado traslado a las partes para alegatos de conclusión, mediante auto del 25 de julio de 2006, el despacho procede a proferir fallo de primera instancia en el proceso adelantado contra los doctores LUIS FERNANDO VELÁSQUEZ BOTERO, Gobernador del Quindío, y JAIME BEJARANO ALZATE, Secretario de Educación Departamental, al tenor de lo establecido por el artículo 170 de la Ley 734 de 2002.

II. ANTECEDENTES Y HECHOS El 10 de octubre de 2003, el Procurador Regional del Quindío, ordenó iniciar indagación preliminar en contra de funcionarios en averiguación, por posibles irregularidades derivadas de la celebración de los contratos Nos. 001 y 002 de 2001, para la reparación y recuperación del mobiliario escolar, con el mismo objeto y solamente con veinte (20) días de diferencia, desconociendo los principios de la contratación estatal (Folios 1-26).

El Procurador Delegado para la Moralidad Pública abrió investigación disciplinaria

contra LUIS FERNANDO VELÁSQUEZ BOTERO y JAIME BEJARANO ALZATE, en

las calidades anotadas, mediante auto del 23 de marzo de 2004 (Folios 231-235). Mediante auto del 30 de marzo de 2005, el despacho formuló pliego de cargos contra los disciplinados, quienes presentaron sus descargos, solicitando la práctica de pruebas, petición que fue resuelta mediante auto del 25 de julio de 2005 (Folios 854-863; 1006-1008).

III. SÍNTESIS DE LOS CARGOS Cargos único formulado contra el doctor LUIS FERNANDO VELÁQUEZ BOTERO En su calidad de Gobernador del Quindío, se le reprochó el posible incumplimiento del deber de vigilancia y control sobre la gestión precontractual de los contratos Nos. 001 y 002 de 2001, delegada en su Secretario de Educación JAIME BEJARANO ALZATE, quien adelantó los respectivos procesos de contratación directa, toda vez que el doctor LUIS FERNANDO VELÁSQUEZ, suscribió los referidos contratos, eludiendo el proceso de licitación pública que corresponde, en razón de la cuantía.

1 Con su conducta, el disciplinado pudo transgredir lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993 y los deberes que como servidor público le competen, especialmente en lo que se refiere al cumplimiento de lo ordenado por la Ley 80 de 1993, respondiendo por los actos de su delegatario, en busca del interés común, contenidos en los numerales 1, 10 y 13 del artículo 40 de la Ley 200 de 1995, disposición aplicable para la época de los hechos. El despacho calificó provisionalmente la falta como GRAVE a título de CULPA.

Cargo formulado contra JAIME BEJARANO ALZATE En su condición de Secretario de Educación adelantó la etapa precontractual de los contratos Nos. 001 y 002 de 2001, para la recuperación y reparación del mobiliario escolar del departamento, por delegación efectuada mediante el decreto No. 000034 del 17 de enero de 2001, propiciando el desconocimiento del principio de la transparencia al eludir el procedimiento de licitación pública, rompiendo la unidad del objeto contractual sin justificación presupuestal, técnica o jurídica, de conformidad con las cuantías aprobadas para la vigencia de 2001. Con su conducta el disciplinado pudo desconocer los principios de planeación, transparencia y economía, contenidos en los artículos 24 y 25, numerales 3 y 4 de la ley 80 de 1993, así como su deber funcional de asumir las funciones que por acto administrativo le delegue el gobernador, las que sean de su competencia, que se orienten al cumplimiento de su misión y las que por la naturaleza del cargo se relacionen en virtud de un proceso administrativo definido, incumpliendo los deberes que como servidor público le competen, contenidos en los numerales 1, 2 y 7 del artículo 40 de la Ley 200 de 1995, aplicable para la época de los hechos anteriormente señalados. La falta se calificó provisionalmente como GRAVE, a título de DOLO.

IV. SÍNTESIS DE LOS DESCARGOS De Luis Fernando Velásquez Botero La apoderada del disciplinado solicitó el archivo de la investigación adelantada en contra de su representado, por considerar su actuación conforme a derecho y libre

de culpa, procediendo a analizar el cargo formulado en su contra, por auto del 30 de marzo de 2005. (Folios 878-900)

1. Para desvirtuar el cargo formulado, la apoderada señaló que la falta endilgada a su representado se calificó provisionalmente como grave a título de culpa expresando que fue negligente al suscribir los contratos Nos. 001 y 002 de 2001, sin asidero frente a la situación fáctica que soporta el cargo, pues en otros apartes del pliego, el despacho señala que los trámites correspondientes a la etapa precontractual se surtieron conforme a los lineamientos de la ley 80 de 1993 y que la adjudicación del contrato No. 002, se realizó a la empresa METÁLICAS MARTIN, que presentó la propuesta más favorable, según el análisis comparativo efectuado por el Comité Financiero y de Compras de la Secretaría de Salud, advirtiendo el despacho que vistos aisladamente los dos procesos de contratación directa adelantados, se observaron las normas establecidas y se cumplieron los requisitos exigidos en el manual de contratación adoptado para la entidad.

2 El cargo trae una contradicción intrínseca, toda vez que una cosa es actuar culposamente cuando el agente viola el deber objetivo de cuidado o es imprudente y otra, cuando desarrolla actuaciones con la convicción inequívoca de estar ajustadas a derecho. Así mismo, el despacho se contradice cuando de una parte afirma que omitió su deber de verificar y revisar el trámite surtido, confiando en los funcionarios en que delegó dicha labor y de otra, expresa que el disciplinado exigió el control de

legalidad de los actos por parte de la Secretaría Jurídica y de Contratación del departamento, teniendo en cuenta su profesión de ingeniero. La apoderada pretendió desvirtuar el cargo, aduciendo que al no ser abogado, el disciplinado fue cuidadoso y diligente al solicitar el control de legalidad respectivo, para garantizar que las actuaciones se ajustaban a la ley, creándose en él un convencimiento invencible de que los procedimientos cumplían lo dispuesto en las normas respectivas, excluyéndolo de cualquier viso de culpabilidad.

2. Respecto de la delegación, la apoderada del disciplinado señaló que por virtud del artículo 12 de la ley 80 de 1993, se faculta a los jefes y representantes legales para delegar total o parcialmente la actividad contractual y en observancia de lo dispuesto por el decreto No. 000034 del 17 de enero de 2001, era claro que la responsabilidad inherente a los procedimientos previos, estaba en cabeza del doctor JAIME BEJARANO ALZATE, quien ejercía el cargo de Secretario de Educación

Departamental. Para soportar lo dicho, trajo a colación la Sentencia de la Corte Constitucional, C372-2002, que se refiere a la naturaleza administrativa de la actividad contractual, los principios de división técnica del trabajo, especialidad y jerarquía, que explica a lo largo del escrito, argumentos de los que se ocupará el despacho más adelante. Concibe entonces la delegación como un mecanismo jurídico que permite a las autoridades públicas diseñar estrategias para el cumplimiento de las funciones propias de su empleo, en aras del cumplimiento de la función administrativa y

consecución de los fines esenciales del Estado, para evitar la concentración de poder en una autoridad y que se desatienda, la gestión a cargo de las autoridades públicas.

3. Frente al tema de la ruptura del objeto contractual, la apoderada del disciplinado manifiesta que los contratos Nos. 001 y 002 de 2001, tienen una identidad jurídica diferente, tratándose de dos actos de la administración totalmente distintos. El contrato No. 001 surge a partir del diagnóstico de necesidades efectuado por cada establecimiento educativo del departamento del Quindío, especialmente en el municipio de Pijao, en que era urgente la intervención inmediata de la administración departamental, por el grave deterioro del mobiliario escolar, debiendo atender de manera prioritaria la necesidad de ese municipio, por razón de su ubicación geográfica y de orden público. Señaló que la necesidad de mobiliario en los municipios restantes (contrato No. 002) era menor, pues las instituciones educativas contaban con mobiliario suficiente para atender el año lectivo que se aproximaba.

Para terminar, concluye que la contratación se realizó en cumplimiento del artículo 44 de la Constitución Política, que contempla la obligación inminente de la administración de brindar la protección real y efectiva a los menores que asisten a los centros educativos, evitando cualquier tipo de situación que amenace su bienestar. Para soportar sus argumentos trajo a colación las sentencias C-170 de 2004 y C3 325-00 y la Convención de los derechos del Niño de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1989.

4. A continuación, la apoderada se ocupó del daño patrimonial que pudo ocasionar la

celebración de los contratos Nos. 001 y 002 de 2001, pero el despacho no se detendrá en dicho análisis, por cuanto en el pliego de cargos no se reprochó dicha falta.

5. Por último, se refirió a la ausencia de elemento subjetivo, al obrar con la convicción errada e invencible que su conducta no constituía falta disciplinaria y que cumplía con las funciones que por la naturaleza del cargo le exigían, toda vez que el error en la interpretación de una ley no es fuente de responsabilidad disciplinaria.

Dicha responsabilidad se aplica cuando la persona actúa conociendo la ilegalidad de su acción, por cuanto por sus condiciones particulares y las circunstancias en las cuales se encontraba ha debido conocerla, por el contrario, cuando son agotados los medios a su disposición se equivoca, el error elimina su culpabilidad, ya que la voluntad estuvo dirigida a un fin que se consideró lícito. Descargos de Jaime Bejarano Alzate El disciplinado en el escrito de descargos se refirió a la declaración de la región como “área educativa especial”, luego del movimiento sísmico de 1999, que generó una crisis especialmente en el sector educativo y en sus instituciones que sirvieron de refugio temporal a los damnificados, generando una lenta recuperación del sector, que debió reiniciar las actividades escolares bajo precarias condiciones de dotación, por lo cual, el Ministerio de Educación, viene exigiendo a las instituciones educativas, unir todos los esfuerzos para restablecer el servicio educativo con un alto nivel de calidad. (Folios 912-926) A continuación hizo referencia a lo dispuesto por la ley 115 de 1994, en lo

concerniente a la calidad y cubrimiento del servicio de educación. Igualmente mencionó la ley 715 de 2001, en lo que respecta a la competencia de los departamentos de prestar asistencia técnica educativa a los municipios y a los programas diseñados para el cumplimiento de las políticas del Ministerio de Educación Nacional, programas del nuevo sistema escolar, de educación rural y programas de educación y conflicto, buscando atender en coordinación con las entidades territoriales, oportuna y eficazmente las emergencias originadas por disturbios sociales, ambientales y económicos, proponiendo la ejecución de acciones para articular los proyectos. En el mismo escrito, señaló que al recibir la Secretaría Departamental en el año 2001, realizó visitas a las instituciones educativas del departamento, verificando falta de dotación del mobiliario básico esencial, por lo que se ordenó realizar los estudios previos que permitieran determinar las necesidades de mobiliario, previo registro en el banco de programas y proyectos de inversión social del departamento denominado “Recuperación y adquisición de mobiliario para establecimientos educativos del departamento.” Para terminar, señaló las circunstancias que motivaron su actuación frente a cada uno de los contratos, con los siguientes argumentos: 4 El objeto del contrato No. 001 de 2001, fue la reparación y recuperación del mobiliario escolar del municipio de Pijao, que se encuentra en zona de conflicto o zona roja y donde se necesitaba con mayor urgencia, presentándose dificultades para realizar los estudios previos y amenazas de los grupos alzados en armas que exigían la reparación inmediata del mobiliario. Igualmente, se corría el riesgo que

finalizara el año fiscal y el calendario académico, sin realizar la dotación de las instituciones educativas del municipio, al dejar la ejecución para el 2002, dando pie a los grupos alzados en armas para que cumplieran su advertencia. De otro lado, señaló que cumplió con la delegación conferida por el gobernador mediante el decreto No. 000034 del 17 de enero de 2001 y actuó de conformidad con lo indicado en la Circular No. 001 del 16 de enero del mismo año, proyectada por el Departamento Administrativo Jurídico y de Contratación que establecía los requisitos para los contratos dependiendo de su cuantía, observando los criterios de selección objetiva contenidos en el artículo 29 de la ley 80 de 1993, para que una vez cumplidos los requisitos, enviarlos al Departamento Jurídico para su visto bueno, concluyendo que de esta manera, la contratación del departamento quedaba sujeta a la revisión y el aval de esa dependencia, que nunca presentó ninguna observación al respecto y su responsabilidad delegada terminaba cuando se remitía el proceso precontractual con sus documentos y la minuta al Departamento Jurídico. Por su parte, el objeto del contrato No. 002, fue la reparación y recuperación del mobiliario escolar del departamento del Quindío, por valor de $96.873.224.00, que de conformidad con las cuantías de contratación podía surtirse bajo la modalidad de contratación directa, con el cumplimiento de una serie de requisitos que se acataron a cabalidad. Por último, concluyó que no existió violación al principio de transparencia, pues la celebración del contrato No. 001, obedeció a circunstancias de orden público que

conllevaron a un estado de necesidad de protección de las personas involucradas en el contrato y de dotar las instituciones educativas del municipio de Pijao del mobiliario requerido para la prestación del servicio y agregó que el único proponente, LUIS MARTÍN CELIS GALINDO, además de reunir los requisitos legales, ofreció las mejores condiciones a la administración y se arriesgó a ejecutar el objeto del contrato. En el mismo escrito, el disciplinado manifestó que la reparación rebajó ostensiblemente los costos y fue enfático al expresar que no existió fraccionamiento y mucho menos, que un contrato es continuación del otro y agregó que el Departamento Jurídico, nunca presentó inconformidad legal con el procedimiento adelantado por la Secretaría de Educación Departamental, ya que por la ubicación geográfica del departamento, la administración hubiera podido ejecutar el proyecto municipio por municipio “exponiendo la optimización del recurso económico a un detrimento del presupuesto, toda vez que el costo sería más oneroso para la administración.” No obstante el señalamiento anterior, terminó el escrito expresando que el contrato No. 002, pudo haberse ejecutado municipio por municipio sin infringir las normas, por lo que el Departamento Jurídico avaló la actuación, sin formular ningún tipo de inconformidad legal al proceso precontractual de los contratos Nos. 001 y 002 de 2001, proporcionando al disciplinado el convencimiento y seguridad de lo actuado, habida cuenta que no es abogado.

V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

5 De Luis Fernando Velásquez Botero En los alegatos de conclusión, el apoderado del disciplinado solicitó el archivo

definitivo de las diligencias iniciadas en contra de su representado, basado en los siguientes argumentos: De las pruebas aportadas al proceso se evidencia que correspondía al Secretario de Educación departamental la administración y ejecución del proyecto de recuperación del mobiliario de los establecimientos educativos, que fue entregado y recibido a satisfacción gradualmente y según las necesidades del municipio de Pijao, al igual que el mobiliario reparado en cumplimiento del contrato No. 002. Los contratos fueron celebrados bajo la modalidad de contratación directa, según su cuantía, de conformidad con lo establecido en el instructivo de contratación vigente para el departamento del Quindío durante el año 2001, comenzando por el municipio de Pijao, para continuar con los otros municipios del departamento. El proceso precontractual se remitió al Departamento Jurídico de la entidad, mediante oficio SE-1563 del 19 de octubre de 2001, señalando todos y cada uno de los documentos que constatan el procedimiento surtido para la celebración de los contratos en cuestión. De otro lado señaló que las declaraciones rendidas coincidieron en afirmar la urgencia de la contratación para la recuperación del mobiliario del municipio de Pijao, como resultado del terremoto de 1999, los centros docentes del municipio carecían de la infraestructura necesaria para prestar el derecho fundamental de la educación a los niños, situación que motivó las presiones de los frentes 21 y 50 de la guerrilla de las FARC, sopena de retaliaciones, a diferencia de los otros municipios. Igualmente, hizo referencia a las cotizaciones solicitadas por la Procuraduría General

que demuestran que la reparación del mobiliario, obedecía a una política de austeridad, ya que los costos eran infinitamente inferiores que los que representaba comprar nuevos. Para terminar, solicitó el archivo definitivo de las diligencias, al haberse desvirtuado uno a uno los argumentos contenidos en el pliego de cargos del 30 de marzo de 2005, por cuanto el objeto de los contratos 001 y 002, tienen identidad jurídica totalmente diferente, y se trata de dos actos distintos de la administración, pues el contrato No. 001 buscaba atender las necesidades de la población estudiantil de municipio de Pijao, que luego del terremoto, recibía clases en el suelo, lo que motivó las amenazas originando un problema que requería solución inmediata, mientras que en el contrato No. 002, luego de desarrollar el modelo de recuperación en el municipio de Pijao y por el éxito obtenido, aplicó un esquema similar en varios municipios del departamento, sobre una gama más amplia de mobiliario. Finalizó el escrito trayendo los mismos conceptos y argumentos sobre la delegación y la exclusión de responsabilidad disciplinaria de su representado doctor LUIS FERNANDO VELÁSQUEZ BOTERO, contenidos en el escrito de descargos, siendo innecesario presentarlos nuevamente. De Jaime Bejarano Alzate 6 El doctor JAIME BEJARANO, presentó alegatos de conclusión, ratificando lo manifestado en el escrito de descargos, reiterando que su actuación obedeció a la obligación de proteger el derecho a la educación de los niños, que prevalecen sobre los demás, trayendo nuevamente a colación el terremoto de 1999 y la situación de

orden público por la que atravesaba el municipio de Pijao, para evitar que los niños ingresaran a las filas de la subversión, presentando los mismos argumentos contenidos en el escrito de descargos y por lo tanto, no serán señalados nuevamente. (Folios 1131-1140) Para terminar, solicitó al despacho que lo absuelva de responsabilidad, con fundamento en las pruebas allegadas al proceso.

VI. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA El despacho, procede a resolver la situación disciplinaria de los señores LUIS FERNANDO VELÁSQUEZ BOTERO y JAIME BEJARANO ALZATE, para lo cual abordará el examen de los cargos formulados mediante auto del 30 de marzo de 2005, los descargos, los alegatos de conclusión presentados por los disciplinados y las pruebas allegadas al plenario.

Consideraciones frente a los cargos formulados contra el doctor LUIS

FERNANDO VELÁSQUEZ BOTERO.

Tal como se advierte de los documentos allegados al plenario, las exculpaciones del disciplinado doctor LUIS FERNANDO VELÁSQUEZ BOTERO, se basaron fundamentalmente en la delegación de la gestión precontractual en su Secretario de Salud, doctor JAIME BEJARANO ALZATE, así lo hizo en la versión libre y espontánea rendida el 11 de diciembre de 2003, en la que indicó que delegó la gestión, mediante el decreto No. 000034 del 17 de enero de 2001, que deroga parcialmente el decreto No. 0035 de 1999 y en forma total el decreto 0261 del 2 de agosto de 2000, delegando competencias para la gestión de los procesos

precontractuales de todos los contratos que celebre la administración departamental, sin sujeción a la cuantía, reservándose el gobernador la facultad de adjudicar y suscribir los contratos, al igual que sus adiciones y modificaciones. (Folios 27-28) Este argumento se presentó nuevamente en el escrito de descargos y en los alegatos de conclusión, reiterando que el procedimiento fue avalado por el Departamento Administrativo Jurídico y de Contratación del Quindío, para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes, teniendo en cuenta que su profesión es la ingeniería. (Folios 280-283) Así las cosas tenemos que el reproche se formuló por omitir su deber de vigilancia y control sobre la gestión contractual adelantada por el señor JAIME BEJARANO Secretario de Educación, falta que se concretó, con la suscripción de los contratos Nos. 001 y 002 de 2001, para la reparación y recuperación del mobiliario, eludiendo el procedimiento de licitación pública que por razón de su cuantía correspondía, rompiendo la unidad del objeto en dos contratos celebrados con veinte (20) días de diferencia. Si bien es cierto en el pliego de cargos se señala que no existe evidencia que el disciplinado hubiese ejercido vigilancia o control sobre las actuaciones de su 7 Secretario, ni se advierta que haya pretendido iniciar un proceso licitatorio para contratar la reparación y recuperación del mobiliario de los municipios del departamento, a pesar que el proyecto respectivo había sido presentado ante el Departamento Administrativo de Planeación Departamental, también lo es, que antes de suscribir los contratos en cuestión, el Departamento Jurídico de la entidad avaló la

actuación adelantada por el Secretario de Educación, sobre quien recaía la delegación para adelantar la etapa precontractual, por lo cual el gobernador aceptó sin reparos la gestión adelantada por la Secretaría de Educación, en lo que respecta a las necesidades y pormenores de la contratación, y jurídicamente en el Departamento Jurídico, dependencia asesora que entre sus funciones, se ocupa de verificar la legalidad de las actuaciones adelantadas por los funcionarios del departamento. Tal como se señaló en el pliego de cargos el doctor LUIS FERNANDO VELÁSQUEZ BOTERO, en su condición de ordenador del gasto y cabeza administrativa del departamento, suscribió los contratos, con el aval de su Secretario de Educación y del Departamento Jurídico y el mero hecho de haber delegado la etapa precontractual, no le abroga su facultad de dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento, ni lo exime de sus funciones, así pues, el disciplinado en su condición de gobernador del departamento del Quindío, era responsable de vigilar la actividad adelantada por su delegatario, más aún cuando conservó e hizo uso de la facultad de suscribir los respectivos contratos y al estampar su firma, debió cerciorarse que los funcionarios en quienes delegó la actuación cumplieran a cabalidad con sus funciones, debiendo informarse permanentemente del desarrollo de la delegación y dando las indicaciones pertinentes sobre las funciones que delegó, al tenor de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 489 de 1998. Los argumentos presentados por el disciplinado sobre la delegación, se contraponen a lo dispuesto por el artículo 211 inciso segundo de la Constitución Política, que

exime de responsabilidad al delegante, en lo que respecta a la propia responsabilidad individual del funcionario en quien delega, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponde por la omisión de vigilar y controlar la delegación conferida, teniendo en cuenta que conforme lo establecido en el artículo 6° de la Constitución Política, los servidores públicos son responsables por acción y omisión, en los deberes propios de cada cargo, el señor gobernador eludió el proceso de licitación pública para contratar la reparación y recuperación del mobiliario escolar, confiando en la legalidad de la actuación adelantada por su delegatario. La jurisprudencia ha expuesto que el delegatario está subordinado al delegante, estableciéndose entre ellos "un vínculo funcional, especial y permanente entre delegante y delegatario para el ejercicio de las funciones delegadas", que surge del acto de la delegación independiente de la relación jerárquica que exista entre ellos, conservándose para el delegante el deber de dirección, instrucción y orientación que corresponde al jefe de la entidad, por mandato del artículo 209 de la Constitución Política, aclarando que la delegación no implica desatender el cumplimiento de las funciones, ni constituye un mecanismo para desconocer los principios de la función administrativa, de manera que cada uno de ellos responde por sus propias decisiones y no por las de los demás.1 1 Corte Constitucional Sentencia C-372 del 15 de mayo de 2002. M P. Jaime Córdoba T.

Sentencia C-272 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero.

8 Habiéndose tratado ampliamente en el pliego de cargos, el tema de la delegación y

de la responsabilidad que conlleva para el delegante, el despacho procederá a establecer si la ilicitud en que incurrió el gobernador VELÁSQUEZ BOTERO, al suscribir los contratos Nos. 001 y 002 en noviembre de 2001, fraccionando el objeto y eludiendo el procedimiento de licitación pública, se derivó del incumplimiento de su deber de vigilar y controlar la actuación de su delegatario, doctor JAIME BEJARANO, o si, tal como argumenta en los alegatos de conclusión, incurrió en un error invencible, al estar convencido que su conducta era ajustada a la ley. Así pues, al haberse demostrado que el disciplinado exigió el control de legalidad de los actos adelantados por el Secretario de Educación, a través del Departamento Jurídico y de Contratación, teniendo en cuenta su profesión de ingeniero, si bien, pudo incurrir en un error al suscribir los contratos Nos. 001 y 002 de 2001, confiando en que el funcionario en quien delegó la etapa precontractual había observado los procedimientos aprobados por la entidad territorial para tal efecto, y que el Departamento Jurídico había avalado la actuación del Secretario de Salud, el error era vencible, pues como ordenador del gasto y los conocimientos sobre administración pública que posee quien ostenta el cargo de gobernador de departamento, al ser la cabeza administrativa del departamento, está en la obligación de tener claridad como mínimo, sobre las cuantías de contratación aprobadas para esa vigencia y al recibir para su firma el contrato No. 002 del 26 de noviembre de 2001, con el mismo objeto, el mismo contratista y por el valor de $96.873.224.00,

debió como mínimo requerir al Secretario de Educación o al Jefe del Departamento Jurídico, para que le explicara la situación y de esta manera, determinar si la contratación se ajustaba a las normas legales. No debe olvidarse que el proyecto para la recuperación del mobiliario escolar se había inscrito previamente en el Banco de proyectos, que existían los estudios de justificación y conveniencia, pero eludió el procedimiento de licitación previsto en la Ley 80 de 1993, ya que de acuerdo con Circular No. 001 del 16 de enero de 2001, que obviamente y por razón de su cargo debía conocer, el monto para contratar bajo la modalidad de licitación pública durante esa vigencia, correspondía a la suma de ciento catorce millones cuatrocientos cuarenta mil un pesos ($114.440.001.00) moneda corriente y el valor de los contratos celebrados para desarrollar el mismo objeto, con solo veinte (20) días de distancia, para la recuperación y reparación del mobiliario escolar en los diferentes municipios del departamento ascendió a ciento treinta y un millones doscientos setenta y un mil quinientos diecinueve pesos ($131.271.519.00) moneda corriente, excediendo el límite para la contratación directa en el departamento. Lo anterior, sin perjuicio de la legalidad de los procesos de contratación directa adelantados para la celebración de los contratos en cuestión, que para imprimirle un halo de legalidad, se surtieron ajustándose a las normas legales y al cumplimiento de los requisitos contenidos en el instructivo de contratación, escogiendo entre las ofertas presentadas la que consideró la más favorable.

De tal manera, el despacho considera que el yerro en que incurrió el doctor LUIS FERNANDO VELÁSQUEZ BOTERO, era vencible, pues tenía otros medios a su alcance que le permitían salir de su error, como revisar el contrato No. 001 firmado días antes, pedir información al delegatario sobre las actuaciones adelantadas y la razón por la cual se realizó la contratación de esta manera y pedir el concepto del Departamento Jurídico, para asegurarse que la contratación se ajustaba a la ley. 9 Es importante anotar que el disciplinado en sus exculpaciones señaló que i) no existió identidad del objeto contractual, toda vez que la celebración del contrato No. 001, tuvo origen en las dificultades por las que atravesaba el municipio de Pijao que era zona de alteración del orden público, ii) que era evidente la urgencia manifiesta de la referida contratación para el municipio, iii) que entre los dos contratos mediaban 20 días impidiéndole como gobernador saber que con posterioridad se presentaría otro contrato con un objeto parecido que se prestaría a malas interpretaciones, que iv) los contratos pasaron por todos los filtros que garantiz