PGN - DELEGACION DE FUNCIONES Operatividad
Detalles
- Título
- PGN - DELEGACION DE FUNCIONES Operatividad
- Autor
- Procuraduría General de la Nación
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Disciplinario
- Año
- —
PROCURADURIA SEGUNDA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA
ADMINISTRATIVA
Bogotá DC, 23 OCT. 2001 Procede el Despacho, en ejercido de la competencia otorgada por el Decreto 262 de febrero 22 del 2000 art. 25 y en cumplimiento de lo dispuesto en el art.149 de la Ley 200 de 1995, a evaluar el mérito de las diligencias radicadas con el No. 14-38271, al no observarse causal de nulidad alguna que invalide la actuación.
HECHOS: El Doctor WILSON GUARNIZO CARRANZA funcionario de la Caja Agraria en Liquidación, mediante escrito del 2 de julio de 2000, puso en conocimiento de la Procuraduría, presuntas irregularidades de funcionarios de la citada entidad, en la aprobación de varios créditos, presuntamente sin cumplir requisitos.
RESULTANDOS y CONSIDERANDOS PRIMERO: La Procuraduría Segunda Distrital de Bogotá, mediante auto del 9 de marzo de 2000, remitió a esta Delegada copia de la queja suscrita por el Dr. WILSON GUARNIZO CARRANZA, a efecto de investigar las conductas atribuidas a los Vicepresidentes Comercial y de Crédito y Cartera, funcionarios de competencia de esta Delegada (fI. 40).
SEGUNDO: Este Despacho por auto del 4 de abril de 2001, dispuso la separación de las quejas y remitió copias para el reparto de las Delegadas (fI. 108).
TERCERO: Mediante auto del 17 de mayo de 2001, este Despacho dispuso la práctica de pruebas en indagación preliminar, a efecto de establecer los presuntos
responsables y las faltas cometidas por funcionarios de la extinta Caja Agraria, en la aprobación de los siguientes créditos: -FEPCO SA por la suma de $150 millones de pesos, aprobado en julio de 1997 por el Vicepresidente Comercial de la Caja Agraria-PABLO JOSÉ RAMÍREZ HERNÁNDEZ. -CARLOS HORACIO MARTÍNEZ por $60 millones de pesos, aprobado en enero 24 de 1997 por el Vicepresidente Comercial PABLO JOSÉ RAMÍREZ HERNÁNDEZ. -CONSULFIN Ltda., por la suma de $250 millones de pesos, aprobado en diciembre 20 de 1996 por el Vicepresidente de Crédito y Cartera CARLOS ALBERTO PÉREZ PÉREZ.
CUARTO: En desarrollo de la indagación preliminar, se aportaron y practicaron las siguientes pruebas: 4,1.- Copia del informe de auditoria realizado por la Contraloría General a la Oficina de la Caja Agraria de la Avenida 19 (fI. 24)
4.2.- Copia del auto de cierre de la investigación fiscal No.4-99 realizada por la Contraloría en noviembre 16 de 1999 (fI. 42). 4.3.- Acta de visita practicada en el Banco Agrario a la carpeta contentiva del crédito a FEPCO; se allegaron documentos (fI. 131). 4.4.- Acta de visita practicada en la Contraloría General al expediente contentivo de la Investigación Fiscal No.42-99, adelantado contra funcionarios de la Caja de Crédito Agrario-Avenida 19, por la aprobación de créditos (fI. 148). Se allegaron
documentos relacionados con los créditos a favor de Consulfin y CARLOS HORACIO MARTÍNEZ RUIZ (fls. 149 a 197). 4.5.- Versión rendida por el Señor CARLOS ALBERTO PÉREZ PÉREZ, quien se desempeñó como Vicepresidente de Crédito y Cartera de la extinta Caja Agraria (fI. 124). 4.6. Versión libre rendida por el Señor PABLO JOSÉ RAMÍREZ HERNÁNDEZ, quien se desempeñó como Vicepresidente Comercial de la extinta Caja Agraria (fI. 150).
CUARTO: De la información y documentación allegada al disciplinario se constató lo siguiente: 1.- Que efectivamente la empresa Fepco SA, solicitó un crédito por la suma de US $ 300.000 a la extinta Caja Agraria.
Mediante Oficio 006 de enero 7 de 1997, el Vicepresidente Comercial PABLO JOSÉ RAMÍREZ HERNÁNDEZ, informa al Gerente Regional de Bogotá RAFAEL SAAVEDRA RAMÍREZ, que una vez analizada la información financiera del cliente, la capacidad de pago de endeudamiento y la adecuada cobertura de la garantía ofrecida y teniendo en cuenta el concepto favorable del Gerente Regional y con base en las atribuciones establecidas en el Informativo No. 17 de abril 11-96, aprueba la citada solicitud de crédito, bajo las condiciones allí registradas. Se le hizo saber al Gerente Regional, que para el desembolso del crédito, este estaría condicionado a las relaciones de solvencia, a los cupos individuales, a las restricciones de crédito, a
la disponibilidad de recursos de tesorería y al cumplimiento de las normas establecidas para el perfeccionamiento de la operación (fI. 133). Con Oficio No. 230 del 22 de enero de 1997, se aprobó la suma de $140 millones de pesos, como parte de la aprobación del anterior crédito, el cual para ser desembolsado, el Director de la Oficina de la Avenida 19 JAIME ISAZA DÍAZ, debía cumplir con las condiciones allí expuestas. Por tal razón en el mismo escrito de aprobación se le dijo que era responsabilidad del citado director, verificar y exigir que previamente al desembolso del crédito se cumplieran todos los requisitos legales exigidos por le entidad (fIs. 136, 138). No obstante que mediante oficio de mayo 26 de 1999, la Gerencia Regional Bogotá a través del Comité Regional de Cartera, concedió a Fepco una prórroga de la obligación a su cargo (fI. 145) y que a enero 8 de 2000, Fepco adeudaba aproximadamente la suma de $58 millones de pesos (fI. 146); el 27 de junio del mismo año, ya se encontraba a paz y salvo con el Banco Agrario, entidad a la que pasó la mencionada obligación y donde fue cancelada en su totalidad (fI. 147). Las anteriores circunstancias, hacen ver con claridad meridiana que no obstante el crédito otorgado a Fepco fue aprobado por el Vicepresidente Comercial PABLO JOSÉ RAMÍREZ HERNÁNDEZ, pero por delegación de funciones a quien correspondía efectuar el desembolso. del mismo, previo el cumplimiento de las
condiciones impuestas por el Vicepresidente Comercial, era sin lugar a dudas el Gerente Regional Bogotá y a los directores de las oficinas en este caso de la Avenida 19 y de Fontibón, donde finalmente desembolsaron y entregaron el dinero al solicitante del crédito, previa la firma de los respectivos pagarés; por lo que se colige que en ningún momento se tomó la decisión aprobar los créditos estando mal calificado el cliente y mucho menos con obligaciones vencidas. Además el cliente no contaba con mala calificación crediticia al momento de presentar dicha solicitud De conformidad con las anteriores circunstancias, encuentra el Despacho que no es del caso abrir investigación disciplinaria por este hecho al Vicepresidente Comercial para la época de los hechos PABLO JOSÉ RAMÍREZ HERNÁNDEZ. En consecuencia procederá a archivar las diligencias en relación con este aspecto. 2.- En cuanto al crédito otorgado a CARLOS HORACIO MARTÍNEZ RUIZ, se observa que mediante Oficio 2451 de enero 24 de 1997, el Vicepresidente Comercial PABLO JOSÉ RAMÍREZ, aprueba el crédito por la suma de $60 millones de pesos, teniendo en cuenta el concepto favorable de la Gerencia Regional y del director de la oficina. En el mismo oficio, establece que sería responsabilidad del director de la oficina, en este caso de la Avenida 19, verificar y exigir que previamente al desembolso del crédito se cumplieran todos los requisitos exigidos por la entidad y las condiciones especiales allí expuestas, entre otras a la relación de solvencia del cliente, a los cupos individuales, a las restricciones de crédito, al cumplimiento de las normas establecidas para el perfeccionamiento de la operación, etc. (fI. 154).
No obstante lo anterior, el Director de la Caja Agraria Avenida 19 JAIME ISAZA DÍAZ, procedió a desembolsar el citado crédito y no dio cumplimiento a las exigencias y condiciones indicadas por el Vicepresidente Comercial y de Crédito en el escrito de enero 24-97, relacionado anteriormente. Por esta razón el Gerente Regional Bogotá, mediante escrito del 17 de julio de 1998, pidió explicaciones al citado funcionario, entre otras porque "...no tomó ni ha tomado las medidas de garantía y protección de los dineros desembolsados por esa oficina...". Este crédito, a diciembre 15 de 1998, era irrecuperable (fIs.156, 157, 158,159). Así las cosas y de conformidad con lo anteriormente expuesto, es evidente para el Despacho, que la responsabilidad disciplinaria, en este caso se traslada al Señor JAIME ISAZA DÍAZ, quien en su condición de Director de la Oficina de la Caja Agraria de la Avenida 19, desembolsó el crédito al Señor CARLOS HORACIO MARTÍNEZ RUIZ, sin el cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas para ello, toda vez que es clara la previsión del art. 6-15 del Decreto 2360 de 1993 para el desembolso del crédito: "El Director de la Oficina ordenará efectuar el desembolso del crédito aprobado, siempre que se hayan constituido adecuadamente las garantías y se efectúe el registro de éstas en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos...". El desembolso se efectuará siempre que se cumpla lo siguiente: a) El solicitante no presente alguna restricción para tramitar el crédito.
b) Se cumplan todas las condiciones establecidas en la operación de crédito. c) El crédito haya sido aprobado por quien tenga la facultad para ello. Las anteriores circunstancias, aunadas a la decisión y conclusión tomada en el auto de cierre de la investigación fiscal No. 42 de nov. 16-99, en la determinó como responsable de esta irregularidad al citado Director de la Oficina Avenida 19 (fl. 72); actuaciones estas suficientes para que el Despacho disponga compulsar copias de varias piezas procesales de la presente indagación con destino a las procuradurías distritales (reparto), para lo de su competencia. 3.- En similares circunstancias ocurrió con el crédito otorgado a Consulfin SA por la suma de $250 millones de pesos, para lo cual el Gerente Regional RAFAEL SAAVEDRA RAMÍREZ, mediante oficio 18325 del 17 de diciembre de 1996 (fIs. 12 a 6), dirigido al Vicepresidente de Crédito y Cartera-CARLOS ALBERTO PÉREZ PÉREZ-da su visto bueno y consideró viable la aprobación del citado crédito, agregando como observación que el certificado y el contrato de fiducia deberían contar con el visto bueno del Asesor Jurídico de la Regional, condición de la cual no se encontró constancia en la carpeta del cliente (fI. 67). A su vez, mediante Oficio 2798 de diciembre 16 de 1996, el Vicepresidente de Crédito y Cartera-CARLOS ALBERTO PÉREZ PÉREZ-aprueba la solicitud de crédito a favor de Consulfin y le informa al Gerente Regional Bogotá RAFAEL SAAVEDRA,
sobre las condiciones especiales para realizar el desembolso del dinero, acreditando como único responsable al Director de la Oficina Avenida 19, para la verificación y exigir que previamente al desembolso del crédito se cumplan todos los requisitos legales exigidos por la entidad (fIs. 14 a 6). Aún cuando este crédito se adjudicó con el lleno de los requisitos exigidos por la Caja Agraria, según lo determinó la Contra lo ría en la investigación fiscal; un año después-en diciembre de 1997-por falta de cumplimiento de las obligaciones contraídas en el pagaré, del pago de las cuotas de amortización, se presentó por la Caja Agraria Regional Bogotá, demanda ejecutiva de mayor cuantía ante el Juzgado 26 Civil del Circuito contra Consulfin (fls. 2 a 5). No obstante, se hace necesario verificar si el Gerente Regional Bogotá RAFAEL SAAVEDRA RAMÍREZ y el Director de la Oficina Avenida 19 JAIME ISAZA DÍAZ, efectivamente dieron cumplimiento a las condiciones especiales establecidas en el Oficio 2798 de diciembre 12 de 1996, para el desembolso del citado crédito. De conformidad con lo expuesto en los numerales 2 y 3, el Despacho dispondrá compulsar copias de los folios 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, y 149 a 158 B; Desglosar los anexos 3, 5 y 6 y de esta providencia, con destino a las procuradurías distritales (reparto), para lo de su competencia. En mérito de lo expuesto, LA PROCURADORA SEGUNDA DELEGADA PARA LA
VIGILANCIA ADMINISTRATIVA, en uso de sus facultades legales, DISPONE: PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo de las diligencias radicadas con el No. 1438271, adelantadas contra funcionarios en averiguación de la Caja Agraria en liquidación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de ésta providencia.
SEGUNDO: Por la Secretaría de esta Delegada se procederá a comunicar esta providencia a los interesados, en los términos señalados en el art. 90 y 151 del CDU y de la Sentencia No. 555 de la Corte Constitucional de mayo 31 de 2001.
TERCERO: Compulsar copias de los folio s 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 y 149 a 158 B; Desglosar los anexos 3, 5 y 6, y copia de esta providencia, con destino a las Procuradurías Distritales (reparto), para lo de su competencia
COMUNIQUESE y CUMPLASE
OLGA LUCÍA ZULUAGA VÁSQUEZ
Procuradora Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa Exp. No.14-38271 OLZV/ATT/lina m.