PGN - DELEGACION DE GOBERNADOR La división de funciones en el orden departamental no gener

PROCURADURIA PRIMERA DELEGADA PARA LA

INVESTIGACION Y EL JUZGAMIENTO PENAL

Bogotá, D. C., junio 7 de 2002 Concepto N° 09 1IJP Doctor

LUIS CAMILO OSORIO ISAZA

Fiscal General de la Nación

E. S. D.

Rad: Sumario número 4861

Leslye Maffya Bent Archbold Celebración indebida de contratos Respetado Doctor: FABIO VICENTE GARCIA GALINDO, en mi condición de Procurador Primero Delegado para la Investigación y el Juzgamiento Penal (e), por medio del presente, actuando dentro del término legal, procedo a hacer conocer la opinión del Ministerio Público, sobre la forma de calificación del mérito del sumario.

H E C H O S

2 Muestra el expediente que a partir del año 1994, en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se ha venido implementando un Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, con importante colaboración económica de la entidad FINDETER. Se habla así de la realización de un total de cincuenta y tres (53) contratos (26 de obras, 13 de suministro y 14 de consultoría), con una inversión total del orden de los $22.790.134.833.39. En desarrollo de esas actividades, surgieron diferentes quejas e informes acerca de irregularidades en materia de contratación estatal, que dieron lugar a averiguación de carácter disciplinario por parte de la Procuraduría General de la Nación. En este trámite, uno de los funcionarios sujetos pasivos de dicha investigación fue el ex Gobernador del Archipiélago, ciudadano LESLIE

MAFFYA BENT ARCHBOLD, dándose luego traslado a la Fiscalía General de la Nación de aquellas conductas suyas que podían estimarse contrarias al derecho penal. En concreto, se imputa a este ex servidor público desconocimiento de las reglas sustanciales que rigen la contratación estatal, por razón de los siguientes negocios jurídicos:

1. Contrato número 145 de 1998: celebrado con la “Unión Temporal ALMATEC LTDA., HIDROELECTRIC DE COLOMBIA y BUZOS DEL CARIBE LTDA.”, para la construcción de un emisario submarino para el alcantarillado sanitario de San Andrés Isla, por valor de $817.155.151,con plazo de 150 días calendario, suscrito el 21 de diciembre de 1998.

2. Contrato número 146 de 1998: llevado a cabo con la “Unión Temporal

ARTURO LIZARAZO Y CIA. LTDA. y ORIENTAL DE CONSTRUCCIONES

3 LTDA.”, para la construcción de las obras de optimización del campo de pozos del acuífero del Valle de Cove, por suma de $936.972.527, con plazo para su ejecución de 180 días calendario, y fechado igualmente el 21 de diciembre de 1998.

3. Por último, el contrato número 147 de 1998: fue suscrito con la “Unión Temporal TEKASU LTDA., ARY CONSTRUCCIONES Y CIA. LTDA., y ZR INGENIERIA LTDA.”, para el diseño, suministro, construcción y puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), así como sus obras complementarias, en la Isla de Providencia, por un valor de

$525.248.723.75, con plazo de 10 meses, perfeccionado en la misma fecha que los dos anteriores.

RESEÑA PROCESAL

1. Sintetizando, se pueden resaltar los siguientes medios de prueba recogidos durante la fase de indagación preliminar: 1.1. Providencia de la entonces Procuraduría Departamental de San Andrés Islas, de enero 27 de 2000, que abrió investigación disciplinaria, entre otros, respecto del ex Gobernador LESLIE MAFFYA BENT ARCHBOLD, y que dispuso las copias que dieron origen al presente proceso penal (fl. 12 ss., c. o.). 1.2. Providencia de la Procuraduría Regional de San Andrés Islas, de marzo 29 de ese mismo año, que al evaluar el mérito de la anotada investigación disciplinaria, formuló cargos en contra del aquí implicado, entre otros (cdo.

Anexo 1). 4 1.3. Informes rendidos por miembros del CTI de la Fiscalía General de la Nación, de 14 de junio y 3 de octubre de 2000, en los cuales se pone de presente: 1) El contrato 145 de1998, no se había iniciado para esa época por falta del permiso de la entidad DIMAR, aparte de que obtenida licencia ambiental de CORALINA, la misma resultaba condicionada, conforme se tenía de la Resolución número 5878 de 20 de noviembre de 1997. 2) El contrato número 146 de 1998, igualmente se encontraba sin iniciación, pues apenas con Resolución número 413 de agosto 1° de 2000, se había obtenido de CORALINA la respectiva licencia ambiental, motivo por el cual el contratista

estaba elaborando los cuadros de actualización de precios del contrato. Y, 3) el contrato número 147 de 1998, no se había terminado, encontrándose suspendido conforme acta suscrita el 3 de agosto de 2000 (fls. 52, 67, c.o.). 1.4. Fue allegada diferente documentación de los contratos en examen, así: en los anexos 4 y 7, reposa lo referido al número 145 de 1998; en los anexos 5 y 8, aparece documentación relacionada con el 146 de 1998; en los anexos 5 y 6, obran algunos documentos del distinguido con el número 147 de 1998.

2. Abierta la investigación penal, fue vinculado al sumario el ciudadano LESLIE MAFFYA BENT ARCHBOLD, mediante diligencia de indagatoria. En el curso de la misma, sostuvo el acusado, que en su condición de Gobernador siempre actuó bajo los parámetros legales y respetando, por tanto los pasos que impone en la materia la Ley 80 de 1993.

En relación con el contrato 145 de 1998, comenzó por indicar que el pliego de condiciones fue elaborado por los funcionarios competentes en la Gobernación; y si finalmente se optó por contratar en forma directa con la respectiva unión temporal, esto debió tener como razón de ser que sus asesores igualmente 5 recomendaron este proceder, conforme los mandatos de la Ley 80 de 1993, resaltando que cuando fue declarada desierta la licitación, los intervinientes no interpusieron en contra de esa decisión recurso alguno. Asevera que en este contrato, para construcción del emisario submarino, sí se contó con licencia

ambiental expedida por CORALINA, entidad que incluso les exigía actuar en forma pronta para evitar una catástrofe en el archipiélago. Que si luego se efectuó entrega de dineros al contratista, esto no es responsabilidad suya, sino del interventor, a quien corresponde ocuparse de estas tareas, aparte de que existen pólizas de cumplimiento para garantizar la seriedad de la contratación. También informa que ignoraba la posible existencia de adicionales permisos de parte de DIMAR, pero que esto igualmente correspondía a quienes en su administración tenían la competencia de ocuparse de los trámites de ley. En relación con el contrato número 146 de 1998, indica que al declararse desierta la respectiva licitación, no se presentó inconformidad por parte de quien había obtenido el primer puesto, de manera que no entiende cómo puede endilgársele alguna responsabilidad por la forma en que se adelantó el respectivo trámite. Que si se plantea la existencia de actuaciones ilegales, no comprende la razón para que esto fuera permitido por aquellos funcionarios que hacen parte del comité de licitación. Agrega que si se trataba de optimizar unos pozos, el subsuelo es propiedad del Estado y se infiere que desde antes se venían explotando, de manera que no había necesidad de consultar con los propietarios para proceder de conformidad Por lo que hace relación con el último de los contratos materia de investigación, número 147 de 1998, pone de presente que pese a no haber podido revisar su contenido, tiene la seguridad de que dentro de la documentación respectiva podrá acreditarse que todo se cumplió dentro de los parámetros legales. Nuevamente advierte que él en su condición de Gobernador no se ocupaba de

pagos de anticipo, pues esta función estaba atribuida al interventor de la obra, 6 de manera que es a este nivel que debe establecerse el buen uso que se dio del mismo, así como de las garantías. Finalmente, advierte que habiendo sido suspendido de su cargo desde el 8 de mayo de 1999, aparte de que, en la práctica, se encontraba por fuera de la Gobernación desde marzo de ese año, no puede responsabilizársele de posibles fallas en la etapa de ejecución de las contrataciones por las cuales se le preguntara.

3. En la fase sumarial fue aportada toda la documentación que reposaba en las oficinas de la Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, relacionadas con el contrato número 147 de 1998 (cdos. Anexos 11 al 17).

CONCEPTO DE LA DELEGADA

1. Considera pertinente esta Agencia del Ministerio Público, comenzar por señalar que no se advierte irregularidad sustancial en el trámite sumarial, en la medida que si bien no se amplió la diligencia de indagatoria del incriminado LESLIE MAFFYA BENT ARCHBOLD, una vez fueron aportados los diferentes documentos que conforman los últimos cuadernos anexos de esta actuación, y referidos en concreto al contrato número 147 de 1998, no se observa que esto implique desconocimiento sustancial al principio constitucional del debido proceso, así como del derecho a la defensa.

En efecto, la Procuraduría sugirió llevar a cabo la anotada diligencia, conforme se tiene del escrito de junio 27 de 2001 (fl. 163-164, c. o.); sin embargo, la

entidad instructora no consideró que ello resultara trascendental en este estadio 7 del proceso, procediendo en su oportunidad a declarar cerrada la investigación por considerarla perfeccionada. Y esto, no se observa que afecte de modo injustificado los intereses de la parte acusada. Lo anterior, en la medida que una revisión de la injurada (fl. 149-158, c. o.), acredita que aún sin contarse para ese momento con todos los medios de prueba que dieran razón de los pormenores del referido contrato 147 de 1998, no es lo menos que el acusado BENT ARCHBOLD ofreció explicaciones precisas acerca de esa contratación, de manera que se entiende satisfecha la exigencia constitucional y legal de ser enterado adecuadamente de los cargos existentes en su contra. Ahora, si la actuación prosiguiere, con el adelantamiento de la fase de juzgamiento, perfectamente en el período probatorio del mismo, puede subsanarse cualquier omisión en la materia, sin que se presente vulneración a garantías fundamentales del implicado.

2. Efectuadas las anteriores precisiones, procede ahora sí la Delegada a ocuparse del valor de convicción de aquellos elementos de prueba recogidos en la etapa instructiva.

En primer lugar, tomando en cuenta la época de ocurrencia de los acontecimientos que interesan al presente sumario, que lo fue en el año 1998, natural aparece que en orden a determinar si existe o no actuar típico de parte del ex Gobernador LESLIE MAFFYA BENT ARCHBOLD, el paso inicial a seguir es determinar si en este caso debe darse aplicación al ordenamiento penal sustantivo en ese momento vigente - Decreto 100 de 1980 -, o si resulta

pertinente aplicarle la nueva normatividad punitiva - Ley 599 de 2000 -. Llevada a cabo esa labor de confrontación legislativa, evidente resulta que es más benéfica la disposición derogada (art. 146, D. 100), que la actualmente 8 vigente (art. 410, L. 599), puesto que en la primera era inferior la sanción de multa y no existía como otra de las penas principales la de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Es así, entonces, que el artículo 146 del Código Penal de 1980, establecía: "ART. 146. Modificado D. 141/80, art. 1°; L.80/93, art. 57; L.190/95, arts. 18 y 32. Contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones y con el propósito de obtener un provecho ilícito para sí, para el contratista o para un tercero, tramite contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años y en multa de veinte (20) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales. Examinados los diferentes elementos que integran el precitado tipo penal, claro aparece que en el presente sumario se está en presencia de servidor público, como que tal calidad ostentó el ciudadano LESLIE MAFFYA BENT ARCHBOLD, cuando se desempeñó como Gobernador del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Así mismo, incuestionable aparece que en su condición de ordenador del gasto

departamental, y representante legal de esa entidad territorial, le correspondió en el ejercicio ordinario de sus funciones, suscribir los contratos números 145, 146 y 147 de 1998, todos ellos fechados el 21 de diciembre de 1998. Ahora, en cuanto hace con el elemento de carácter normativo referido a la falta de requisitos legales esenciales del contrato estatal, es oportuno recordar que éstos, en principio, tienen que ver con los desarrollados a partir de las normas del Código Civil en sus arts. 1501 y 1502, esto es, la capacidad, el 9 consentimiento, el objeto lícito y la causa lícita. Sin embargo, en forma paulatina, la jurisprudencia y la doctrina han ido ampliando tan concretas hipótesis, cuando se trata de los contratos estatales. Es así como hoy en día es suficientemente aceptado, que tienen esa calidad de esenciales aquellos aspectos de la contratación pública regulados en la Ley 80 de 1993 y complementarias, no sólo los determinados en la legislación civil, sino aspectos tales como la competencia del servidor que contrata a nombre de la administración; la necesidad de contar con autorizaciones que para el caso en concreto hayan de satisfacerse; la sujeción en materia de contratación a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales; la elaboración de los pliegos de condiciones o los términos de referencia; la obligación de llevar a cabo licitación pública cuando la ley lo exija, entre otros. Veamos entonces si en los tres contratos que interesan a esta investigación penal, se ha presentado desconocimiento de esos requisitos legales sustanciales. 1) En lo referido con el contrato número 145 de 1998, a través del cual se

dispuso la construcción del emisario submarino para la Isla de San Andrés, evidente aparece que por el impacto sobre el medio ambiente que obra semejante podía generar en las aguas marinas, debía contarse con la respectiva licencia ambiental, que en esa entidad territorial compete emitirla a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina – CORALINA -. Es cierto, como se plantea por parte del ex Gobernador acusado, que esa licencia ambiental existía, pues en efecto reposa en el expediente la Resolución número 507 de 20 de noviembre de 1997, emanada de CORALINA (fl. 175 ss., c. o.). Sin embargo, cuando se examina con detenimiento ese acto administrativo, inequívoco resulta que la licencia fue otorgada de manera 10 condicionada, e imponiéndose numerosas obligaciones a la administración departamental, para cuando fueran a concretarse los trabajos de rigor. Se dispone en tal virtud, por parte de CORALINA, que la administración debe remitir documento técnico que incluya aspectos puntuales, tales como cuadro de costos y cronogramas, diseño del programa de la obra, tratamiento primario de aguas residuales, criterios de selecciones del diseño, métodos utilizados para calcular la dilución inicial del emisario submarino, el plan de manejo ambiental, planes concretos de contingencias, alternativas para que la construcción no implicare daños a las rocas coralinas, entre otros puntos. Sólo aportada toda esa documentación, procedería la aprobación definitiva por parte de la dependencia oficial encargada de la protección del medio ambiente del

archipiélago. Sin embargo, pese a la claridad de esas obligaciones, no existe prueba alguna en el expediente, en el sentido de que la Gobernación, a través de las dependencias competentes, hubiera cumplido con las mismas, de manera que CORALINA hubiera estado en condiciones de otorgar la aprobación de rigor. Por consiguiente, en criterio de la Delegada, cuando se adelanta la licitación pública respectiva, que fue declarada desierta en su oportunidad, para finalmente asignarse el contrato a la “Unión temporal ALMATEC LTDA., HIDROELECTRIC DE COLOMBIA LTDA. Y BUZOS DEL CARIBE LTDA.”, evidente resulta que hacía falta ese requisito legal esencial de la licencia ambiental, que impedía a la Gobernación contratar (cdo. Anexo 4). Lo anterior aparece tan claro, que apenas en un acta de “coordinación” cumplida el 21 de abril de 1999, comienzan a estudiarse con el contratista los mecanismos a través de los cuales podría darse cumplimiento a las exigencias 11 de CORALINA, cuando es patente que todo el trámite debía haberlo adelantado la administración departamental, previamente a abrir la licitación pública y, por lo mismo, a la respectiva celebración del contrato respectivo. Fuera de todo esto, recuérdese que el plenario igualmente indica que aparte de los permisos que correspondía obtener de CORALINA, era indispensable contar con otros adicionales a cargo de la entidad DIMAR. Y la verdad es que no existe prueba alguna indicativa de que los mismos fueron siquiera solicitados. Es más. Hasta el propio implicado da a entender que no conocía esa clase de exigencia legal, si bien plantea que de ser así, seguramente debía haber sido

adelantada la tramitación de rigor por parte de los funcionarios que conformaban el comité de licitación, exculpación de su parte que carece de respaldo probatorio. 2) Por lo que hace con el contrato número 146 de 1998, dirigido a la optimización de los pozos acuíferos del Valle de Cove, la situación se advierte aún más irregular. En efecto, muestra la actuación (fl. 77 ss., c. o.), que solamente a través de la Resolución número 413 de agosto 1° de 2000, CORALINA otorgó concesión para el aprovechamiento de las aguas subterráneas de la Isla de San Andrés, y esto, con la precisión de que habiéndose solicitado la autorización respectiva para todos los pozos acuíferos de la zona, la concesión lo es solamente respecto de algunos de ellos (pozos P2, P3, P4, P6, P7, P8, P10, P11A, P13,

P14, P15, P15A, P22, P23, P25, P27 y PG).

12 En consecuencia, era un imposible jurídico que en diciembre de 1998 se fuera a celebrar el contrato número 146 para la optimización de tales pozos acuíferos, como que hacía falta ese elemento legal de carácter esencial. En tal virtud, totalmente inconsistente aparece la exculpación que en este punto presentara el ex Gobernador BENT ARCHBOLD, quien se limita a sostener que los pasos legales se cumplieron adecuadamente, y que si alguna ilegalidad se presentó, esta sería atribuible a mandos medios de la administración departamental. No cabe duda que ante la calidad de ordenador del gasto y de representante legal del Departamento, era el aquí acusado quien debía revisar,

en último término, el cumplimiento de los requisitos de carácter esencial de las contrataciones en que interviniera. Pero, además de todo lo anterior, es evidente para esta Agencia del Ministerio Público que el entonces Gobernador tenía pleno conocimiento de la falta de la autorización que debía producir CORALINA, en la medida que dentro de la ya reseñada resolución de agosto 1° de 2000, expresamente se hace referencia a que fue dictado el auto número 131 de marzo 3 de 1999 (esto es, con posterioridad a la firma del contrato 146 de 1998), con el cual apenas estaba dándose inicio al trámite pertinente, ante solicitud de la Gobernación, en ese momento representada por LESLIE MAFFYA BENT ARCHBOLD. 3) Por último, en relación con el contrato número 147 de 1998, para el tratamiento de aguas residuales en la Isla de Providencia, nuevamente, como en los dos contratos precedentemente analizados, emerge en forma patente la falta del otorgamiento de licencia ambiental, para realizar los trabajos de diseño, construcción, suministro y puesta en funcionamiento de la PTAR. 13 Tan evidente resulta que se omitió ese requisito legal esencial, que pese a elaborarse el acta de iniciación del contrato el 5 de febrero de 1999 (fl. 127, cdo anexo 17), la propia entidad interventora reconoce, en oficio del siguiente 18 de mayo, que la obra contratada carecía para ese momento de licencia ambiental; que el municipio de Providencia sólo contaba con licencia, merced a la Resolución de CORALINA número 128 del 14 de noviembre de 1995, complementada con auto de la misma entidad del 25 de julio de 1997, pero

para la “construcción de la planta de tratamiento en el sitio de La Granja en Old Town, transportando las aguas residuales en carrotanques desde Agua Dulce” (se resalta por la Delegada), motivo por el cual pone de presente el interventor la necesidad inaplazable de “gestionar una nueva licencia ambiental con los términos de referencia que CORALINA defina, lo cual conllevaría a aplazar de manera consecuente la iniciación de las obras” (fl. 135136, c. anexo 17; resalta la Delegada). Además de esta falencia, que deja al contrato 147 de 1998 sin uno de sus requisitos esenciales, la revisión de la actuación acredita que la administración departamental ni siquiera tuvo claros los términos en que debía adelantarse la licitación pública respectiva, que fuera declarada desierta, para finalmente contratarse en forma directa. Esto, en la medida que no tiene justificación jurídica valedera la gran cantidad de variaciones a las obras que dieron lugar al contrato modificatorio número 01 (fl. 85-87, cdo. Anexo 17), que bien permiten sostener a esta Delegada que la licitación pública número 07, en la práctica, no guardó relación sustancial con lo finalmente contratado por parte de la Gobernación. Conforme lo anterior, una vez más se advierten sin mayor valor de convicción las explicaciones del ex servidor público implicado, quien insiste en predicar que en las contrataciones a su cargo se cumplieron los pasos de ley, acotando que posibles irregularidades sustanciales sólo podrían ser atribuidas al personal subalterno de la administración departamental. Impensable, en efecto, que el

14 señor Gobernador no se hubiera percatado que tampoco en este caso existía licencia ambiental para validar la contratación. Continuando con el análisis de los elementos típicos del ilícito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, ha de señalarse que ante la forma indebida como se llevaron a cabo las licitaciones públicas, todas declaradas desiertas, por no contarse con las autorizaciones de ley ante el impacto ambiental de las obras a contratar, cuando finalmente se suscribieron los contratos números 145, 146 y 147 de 1998, se generó provecho económico para los contratistas que, ante la forma ilícita de creación de esos negocios jurídicos, se convierte así mismo en provecho ilícito. En efecto, al contratarse en forma tal que era legalmente imposible iniciar y concluir las obras en los plazos pactados en los contratos en cita, se permitió que cada uno de los contratistas estuviera en condiciones de recibir el anticipo de ley; fuera de esto, como luego se hizo necesario adelantar los trámites pertinentes ante CORALINA, claro aparece que la demora en la ejecución de las obras resulta atribuible a la administración departamental, con lo cual los contratistas nuevamente quedan facultados para reclamar de la entidad contratante capitales por concepto de esa mora, todo lo cual, incuestionablemente, va en detrimento del patrimonio público departamental. En conclusión, en criterio del Ministerio Público, se encuentran reunidos a satisfacción en este trámite sumarial, los elementos típicos del punible descrito en el artículo 146 del Decreto 100 de 1980, que se aplica en este asunto por

aplicación del principio de favorabilidad, y que se consumó frente a cada uno de los contratos aquí examinados, distinguidos con los números 145, 146 y 147 de 1998; siendo autor material de los mismos el ex Gobernador aquí acusado,

señor LESLIE MAFFYA BENT ARCHBOLD.

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3. Determinado que el proceder investigado tiene carácter de típico, igualmente encuentra esta Delegada que el mismo deviene antijurídico.

Indudable aparece que si fueron celebrados tres contratos de obra sin cumplir con todos los requisitos legales esenciales que correspondía, que implicaba en los aquí estudiados contar con la respectiva licencia ambiental o la autorización de concesión por parte de la entidad CORALINA y, conforme indica el haz probatorio, en uno de ellos además era necesaria una adicional autorización de DIMAR, las contrataciones cumplidas implican una efectiva lesión al bien jurídico de la administración pública, que es el protegido con el ilícito que consagraba el art. 146 del Código Penal de 1980. Además, es de anotar que ninguna explicación satisfactoria ha ofrecido en la materia la parte acusada, puesto que pese a las genéricas afirmaciones del ex Gobernador en el sentido de que todos los pasos legales se cumplieron debidamente en los diferentes contratos por los cuales se le indago, acotando que contaba con un grupo de asesores en contratación estatal que igualmente tenían a su cargo velar por el cumplimiento de esos presupuestos legales, lo cierto es que el plenario acredita, en forma por demás convincente, la ausencia de las licencias ambientales y/o autorizaciones de rigor. Y mal puede entonces

escudarse el acusado BENT ARCHBOLD en la actividad desplegada por sus subalternos, ya que siendo él quien tiene la calidad de ordenador del gasto y de representante legal del Departamento, no podía dejar de revisar el lleno de los requisitos de carácter sustancial, en orden a asegurarse de su cabal cumplimiento. La circunstancia de que en la administración departamental exista división de funciones para facilitar el trabajo que corresponde en definitiva llevar a cabo el Gobernador, no genera irresponsabilidad en materia penal, porque no se 16 trataba aquí de errores o falencias de difícil descubrimiento, donde pudiera pensarse que en virtud del principio de confianza serían los subalternos los responsables de lo acontecido, sino que hicieron falta autorizaciones que por su importancia mal podían haber sido desatendidas por el mandatario seccional.

4. Finalmente, el comportamiento desplegado por el señor ex Gobernador LESLIE MAFFYA BENT ARCHBOLD, se aprecia culpable a título de dolo.

En efecto, si se aprecia que en forma consciente y voluntaria se adelantaron las licitaciones públicas en cada caso, que igualmente declaradas desiertas todas ellas, se designó por vía de la contratación directa al respectivo contratista, lo menos que puede concluirse es que hubo dolo en el comportamiento del implicado LESLIE MAFFYA BENT ARCHBOLD. No se trató en efecto de actos descuidados, sino de la voluntaria determinación de agotar unos trámites de contratación pública, pese a saberse con toda certeza que los mismos no podían ser adelantadas al no contarse con los actos administrativos que

previamente debían ser emitidos por CORALINA y, como ya se indicado en otros apartes, por DIMAR. PETICION DEL MINISTERIO PUBLICO Como corolario de los planteamientos que preceden, esta Representación de la Sociedad se permite IMPETRAR del señor Fiscal General de la Nación, que al ser calificado el mérito del sumario, SE PROFIERA RESOLUCION DE ACUSACION en contra del sumariado LESLIE MAFFYA BENT ARCHBOLD, como autor materialmente responsable del punible de CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES, conforme los lineamientos del anterior estatuto penal de 1980. 17 Del señor Fiscal General de la Nación, Atentamente, FABIO VICENTE GARCIA GALINDO Procurador Primero Delegado para la Investigación y el Juzgamiento Penal (e) Rad: Sumario número 4861 Leslie Maffya Bent Archbold Celebración indebida de contratos apm