PGN - DELEGACION Responsabilidad del delegante

VICEPROCURADOR GENERAL DE LA NACION

Bogotá D.C., Enero veintitrés (23) de dos mil tres (2003).

RADICACION: 154-78729-2002

INVESTIGADOS: HUGO ALBERTO GNECCO ARREGOCES, JAIME

BERMÚDEZ NÚÑEZ y FERNANDO BORNACELLI LOBO.

CARGOS: Alcalde, Secretario General y Secretario de Obras

Públicas

ENTIDAD: Alcaldía del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa

Marta

QUEJOSO: De oficio

FECHA HECHOS: Vigencia 2002

ASUNTO: APERTURA DE INVESTIGACIÓN De conformidad con lo dispuesto en el auto de enero 16 de 2003 proferido por el señor Procurador General de la Nación se avoca el conocimiento del presente asunto.

Igualmente según los artículos 152 y siguientes de la Ley 734 de 2001, se decide sobre la procedencia de disponer apertura de investigación disciplinaria con fundamento en las pruebas allegadas dentro de la presente actuación, respecto de las presuntas irregularidades en la celebración de contratos en la Alcaldía de Santa Marta, durante la vigencia del 2002. ANTECEDENTES En cumplimiento del auto del 3 de diciembre de 2002, proferido por el Procurador General de la Nación, se dió inicio a la presente actuación a fin de investigar las presuntas irregularidades en la celebración de contratos de prestación de servicios y obras públicas durante el año 2002, en la Alcaldía del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. En el mismo proveído se ordenó el desplazamiento a la ciudad de Santa Marta entre el 9 y

el 13 de diciembre de 2002, de la Comisión designada término 1 durante el cual dicha Comisión practicó visitas especiales a diferentes dependencias de la Alcaldía con el fin de obtener la información referente a la contratación aludida y allegar la documentación pertinente. HECHOS INVESTIGADOS Y POSIBLES AUTORES DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS De la revisión de la documentación incorporada al expediente como resultado de las visitas practicadas se observó lo siguiente:

1. El Secretario General del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, doctor JAIME ALFONSO BERMÚDEZ NÚÑEZ, suscribió, durante la vigencia del año 2002, los contratos de prestación de servicios que a continuación se relacionan, algunos de ellos con diversos objetos tales como: prestar asesoría al Alcalde, realizar estudios en diferentes materias, capacitación, consultorías, etc., y otros con objetos indeterminados no indican de manera concreta y precisa en qué asuntos deberá prestar sus servicios el asesor contratado. Los citados contratos de prestación de servicios al parecer eran innecesarios pues no contaban con la debida justificación, además de pactarse por valores excesivos, con lo cual posiblemente se configuró una “nómina paralela” en la administración distrital de Santa

Marta. Dichos contratos de prestación de servicios obran en los Anexos 1 y 2 del expediente y, entre otros, son: - No. 020 del 7 de mayo de 2002, contratista ABRAHAM KATIME KATIME, valor $39.600.000. No se encontró en la carpeta: justificación de la contratación,

certificación de la inexistencia de personal en la planta para desarrollar la labor que se pretende contratar, ni ofertas (folios 1 a 31, Anexo 1). - No. 021 del 7 de mayo de 2002, contratista FELIX VEGA PÉREZ, valor $39.600.000. No se encontró en la carpeta: justificación de la contratación, certificación de la inexistencia de personal en la planta para 2 desarrollar la labor que se pretende contratar, ni ofertas (folios 32 a 58, Anexo 1). - No. 023 del 7 de mayo de 2002, contratista MARIO JACOBO ARIZA BARROS, valor $24.750.000. No se encontró en la carpeta: justificación de la contratación, certificación de la inexistencia de personal en la planta para desarrollar la labor que se pretende contratar, ni ofertas (folios 59 a 71, Anexo 1). - No. 022 del 7 de mayo de 2002, contratista GUSTAVO ANTONIO HERNÁNDEZ POMARES, valor $29.700.000. No se encontró en la carpeta: hoja de vida del contratista, póliza, aprobación de la misma, certificado de antecedentes disciplinarios, justificación de la contratación, certificación de la inexistencia de personal en la planta para desarrollar la labor que se pretende contratar, ni ofertas (folios 72 a 77, Anexo 1). - No. 024 del 7 de mayo de 2002, contratista ORLANDO VÁSQUEZ LLANES, valor $39.600.000. No se encontró en la carpeta: justificación de la contratación,

certificación de la inexistencia de personal en la planta para desarrollar la labor que se pretende contratar, ni ofertas (folios 78 a 102, Anexo 1). - No. 025 del 7 de mayo de 2002, contratista OMAIRA MANJARRÉS PALACIO, valor $24.750.000. No se encontró en la carpeta: justificación de la contratación, certificación de la inexistencia de personal en la planta para desarrollar la labor que se pretende contratar, ni ofertas (folios 103 a 130, Anexo 1). - No. 026 del 7 de mayo de 2002, contratista LUIS ALEJANDRO MELO QUIJANO, valor $34.650.000. No se encontró en la carpeta: hoja de vida del contratista, póliza, aprobación de la misma, certificado de antecedentes disciplinarios, justificación de la contratación, certificación de la inexistencia de personal en la planta para desarrollar la labor que se pretende contratar, informes de la labor adelantada, ni ofertas (folios 131 a 134, Anexo 1). 3 - No. 027 del 7 de mayo de 2002, contratista SIMON

ALEJANDRO GNECCO LÓPEZ, valor $24.750.000.

No se encontró en la carpeta: hoja de vida del contratista, certificado de antecedentes disciplinarios, justificación de la contratación, certificación de la inexistencia de personal en la planta para desarrollar la labor que se pretende contratar, ni ofertas (folios 135 a 147, Anexo 1). - No. 028 del 7 de mayo de 2002, contratista JOSE LUIS COTES PÉREZ, valor $24.750.000. No se encontró en

la carpeta: hoja de vida del contratista, certificado de antecedentes disciplinarios, justificación de la contratación, certificación de la inexistencia de personal en la planta para desarrollar la labor que se pretende contratar, informes de la labor adelantada, ni ofertas (folios 148 a 157, Anexo 1). - No. 029 del 7 de mayo de 2002, contratista ROSA ELENA OTERO VILLARREAL, valor $34.650.000. No se encontró en la carpeta: hoja de vida del contratista, certificado de antecedentes disciplinarios, póliza, aprobación de la misma, justificación de la contratación, certificación de la inexistencia de personal en la planta para desarrollar la labor que se pretende contratar, informes de la labor adelantada, ni ofertas (folios 158 a 161, Anexo 1). - No. 030 del 7 de mayo de 2002, contratista VIVIANA LÓPEZ RAMOS, valor $29.700.000. No se encontró en la carpeta: justificación de la contratación, certificación de la inexistencia de personal en la planta para desarrollar la labor que se pretende contratar, ni ofertas (folios 162 a 245, Anexo 1). - No. 031 del 7 de mayo de 2002, contratista CÉSAR GONZÁLEZ SUÁREZ, valor 22.000.000. No se encontró en la carpeta: justificación de la contratación, certificación de la inexistencia de personal en la planta para desarrollar la labor que se pretende contratar, ni ofertas (folios 246 a 282, Anexo 1). 4 - No. 032 del 7 de mayo de 2002, contratista ROBERTO

JOSÉ GARCÍA, valor $24.750.000. No se encontró en la carpeta: hoja de vida del contratista, certificado de antecedentes disciplinarios, póliza, aprobación de la misma, justificación de la contratación, certificación de la inexistencia de personal en la planta para desarrollar la labor que se pretende contratar, informes de los servicios adelantados, ni ofertas (folios 283 a 290, Anexo 1). - No. 037 del 20 de junio de 2002, contratista DORA ESTHER ORTEGA RODRÍGUEZ, representante legal de SUPERSERVICIOS, valor $115.760.284. No se encontró en la carpeta: justificación de la contratación, ni certificación de la inexistencia de personal en la planta para desarrollar la labor que se pretende contratar (folios 291 a 319, Anexo 1). - No. 039 del 15 de julio de 2002, contratista MARLENE ESCALANTE, de la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO Y LA EDUCACIÓN POPULAR, valor $59.985.500. No se encontró en la carpeta: justificación de la contratación, ni certificación de la inexistencia de personal en la planta para desarrollar la labor que se pretende contratar (folios 347 a 399, Anexo 1). - No. 042 del 1 de agosto de 2002, contratista NOHORA PACHECO, representante legal de la FUNDACIÓN RANCHERÍA, valor $80.000.000. No se encontró en la carpeta: justificación de la contratación, ni certificación de la inexistencia de personal en la planta para

desarrollar la labor que se pretende contratar (folios 400 a 605, Anexo 1). - No. 035 del 5 de junio de 2002, contratista ELFA LUZ MEJÍA MERCADO, valor $48.000.000. No se encontró en la carpeta: certificado de antecedentes disciplinarios, justificación de la contratación, certificación de la inexistencia de personal en la planta para desarrollar la labor que se pretende contratar (folios 1 a 30, Anexo 2). 5 - No. 036 del 5 de junio de 2002, contratista JULIO

CÉSAR TORRES CASTELLAR, valor $102.000.000.

No se encontró en la carpeta: justificación de la contratación, certificación de la inexistencia de personal en la planta para desarrollar la labor que se pretende contratar, ni propuestas reales y concretas sobre el trabajo a desarrollar, ya que solo se encontró una hoja de cada uno de los tres interesados, indicando el valor de su oferta (folios 31 a 84, Anexo 2). - No. 038 del 2 de julio de 2002, contratista GABRIEL EDUARDO AYAZO AGUILAR, valor $24.000.000. No se encontró en la carpeta: justificación de la contratación, certificación de la inexistencia de personal en la planta para desarrollar la labor que se pretende contratar, ni ofertas (folios 85 a 118, Anexo 2). - No. 040 del 23 de julio de 2002, contratista RUBEN DARÍO LÓPEZ SEPÚLVEDA, valor $28.000.000. No se encontró en la carpeta: justificación de la

contratación, certificación de la inexistencia de personal en la planta para desarrollar la labor que se pretende contratar, ni ofertas (folios 119 a 145, Anexo 2). - No. 045 del 8 de agosto de 2002, contratista

FERNANDO BEJARANO LASSO, valor $25.000.000.

No se encontró en la carpeta: justificación de la contratación, ni certificación de la inexistencia de personal en la planta para desarrollar la labor que se pretende contratar (folios 135 a 147, Anexo 2). - No. 054 del 18 de septiembre de 2002, contratista WILLIAN GARCÍA GONZÁLEZ, representante legal de

ERA NOVA 2000 EDICIONES LIMITADA, valor $120.000.000. No se encontró en la carpeta: justificación de la contratación, certificación de la inexistencia de personal en la planta para desarrollar la labor que se pretende contratar (folios 360 a 392, Anexo 2). 6 - No. 055 del 18 de septiembre de 2002, contratista CARLOS GUEVARA MELO, valor $12.000.000. No se encontró en la carpeta: certificado de antecedentes disciplinarios, póliza y aprobación de la misma justificación de la contratación, certificación de la inexistencia de personal en la planta para desarrollar la labor que se pretende contratar, informes de los servicios adelantados, ni ofertas (folios 393 a 404, Anexo 2). - No. 056 del 18 de septiembre de 2002, contratista PEDRO PABLO MOLINARES ARIZA, valor $14.000.000. No se encontró en la carpeta: hoja de

vida del contratista, certificado de antecedentes disciplinarios, justificación de la contratación, certificación de la inexistencia de personal en la planta para desarrollar la labor que se pretende contratar, informes de los servicios adelantados, ni ofertas (folios 405 a 410, Anexo 2). - No. 057 del 18 de septiembre, contratista PEDRO LUIS ORTIZ CARRILLO, valor $10.000.000. No se encontró en la carpeta: hoja de vida del contratista, certificado de antecedentes disciplinarios, póliza y aprobación de la misma, justificación de la contratación, certificación de la inexistencia de personal en la planta para desarrollar la labor que se pretende contratar, informes de los servicios adelantados, ni ofertas (folios 411 a 417, Anexo 2). - No. 046 del 8 de agosto de 2002, contratista HUBERT TELLER FONSECA, valor $17.500.000. No se encontró en la carpeta: justificación de la contratación, certificación de la inexistencia de personal en la planta para desarrollar la labor que se pretende contratar, informes de los servicios adelantados, ni ofertas (folios 418 a 438, Anexo 2). - No. 048 del 23 de agosto de 2002, contratista ABED SOLEIMAN MELAIS, valor $24.000.000. No se encontró en la carpeta: justificación de la contratación, certificación de la inexistencia de personal en la planta para desarrollar la labor que se pretende contratar, 7 informes de los servicios adelantados, ni ofertas (folios 439 a 495, Anexo 2). - No. 052 del 13 de septiembre de 2002, contratista

MILENA URBINA ROMERO, valor $12.000.000. No se encontró en la carpeta: hoja de vida del contratista, justificación de la contratación, certificación de la inexistencia de personal en la planta para desarrollar la labor que se pretende contratar, ni ofertas (folios 496 a 532, Anexo 2). - No. 053 del 13 de septiembre de 2002, contratista NESTOR ANTONIO BRUGES PACHECO, valor $10.500.000. No se encontró en la carpeta: justificación de la contratación, certificación de la inexistencia de personal en la planta para desarrollar la labor que se pretende contratar, ni ofertas (folios 533 a 555, Anexo 2).

VALOR TOTAL: $1.095995.784

Las anteriores conductas pueden ser constitutivas de falta disciplinaria por infracción a las normas establecidas en el numeral 3, artículo 32 de la Ley 80 de 1993, puesto que no se presentó la justificación material de la necesidad de la contratación como tampoco la certificación sobre la inexistencia de personal de planta para desarrollar las actividades que se pretendía contratar, con lo cual obviamente quebrantó el deber de selección objetiva en tanto a dedo se escogió quien debía realizar la abstracta labor (artículo 29 ídem), incurriendo así en FALTA GRAVÍSIMA de conformidad con lo dispuesto en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 del 2002, todo lo cual atenta contra el patrimonio público y desconoce los principios de la contratación estatal y de la función administrativa como son moralidad, economía, imparcialidad, eficiencia e igualdad

(artículo 209 de la Carta Política). Así mismo, se constató que en muchos contratos, la gran mayoría, no se obtuvo las dos ofertas que como mínimo garantizan el proceso de transparencia e imparcialidad de conformidad con el artículo 3 del decreto 855 de 1994. 8 Lo anterior implica la realización de un concurso material homogéneo, determinando que por cada contrato irregularmente celebrado se cometió una falta. Pero además, de contera, esto es, en concurso ideal con las anteriores faltas, creó una nómina paralela por valor de $1.095.995.784, incurriendo así en la descripción típica del artículo 48 numeral 29 del CDU, en tanto celebró contratos de prestación de servicios cuyo objeto era el cumplimiento de funciones públicas o administrativas propias del rol de la administración y por tanto requiriendo ser de tiempo completo e implicando subordinación. Falta calificada de gravísima. La prueba fehaciente de ello es la falta de certificación que demanda el parágrafo del numeral 3º del artículo 32 de la ley de la contratación estatal. Se han desconocido los derroteros nacionales sobre normas de austeridad del gasto público, especialmente lo dispuesto en los artículos 3 a 5 del decreto 1737 del 21 de agosto de

1998. Si bien se trata de una investigación sobre un ente territorial, por lo cual en principio no debería aplicársele tales exigencias, no es menos cierto que tal decreto obliga en su artículo 2 a que aquéllas deben dictar normas equivalentes.

De todos modos, ya el CDU ha recogido como falta gravísima tal comportamiento, según se vio.

El monto comprometido, la cantidad de contratos celebrados bajo la égida de una irregularidad común y sobre todo el conocimiento de que el presupuesto nacional no puede feriarse de tal manera, cometiendo fraude a la ley, indican un proceder sistemático que sólo puede ser calificado a título de dolo.

2. Así mismo el citado Secretario General del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, JAIME ALFONSO BERMÚDEZ NÚÑEZ, omitió el procedimiento de Licitación ordenado por la Ley 80 de 1993, al suscribir los Convenios Interadministrativos con Cooperativas que se señalan a continuación (folios 49 a 88, Anexo 3). 9 - No. 022 del 7 de junio de 2002, suscrito con JUAN CARLOS ENCISO ACERO, representante legal de la Organización Cooperativa de Entidades Estatales de Colombia COOPCOLOMBIA, por valor de $354.000.000. Objeto: Efectuar el servicio de capacitación y preparación para la presentación de las pruebas ICFES, a los alumnos de 11 grado del Distrito de Santa Marta. - No. 023 del 20 de junio de 2002, suscrito con JUAN CARLOS ENCISO ACERO, representante legal de la Organización Cooperativa de Entidades Estatales de Colombia COOPCOLOMBIA, por valor de $384.953.040. Objeto: Dotación de 3348 pupitres unipersonales, escritorio y silla para colegios de bachillerato del Distrito de Santa Marta. - No. 031 del 14 de noviembre de 2002, suscrito con JUAN CARLOS ENCISO ACERO, representante legal

de la Organización Cooperativa de Entidades Estatales de Colombia COOPCOLOMBIA, por valor de $246.282.248. Objeto: Llevar a cabo el programa de alimentación escolar del Distrito de Santa Marta. - Contrato de Consultoría No. 044 del 6 de agosto de 2002, suscrito con ALFREDY PULIDO MICAN, representante legal de la Cooperativa de Municipios COOPMUNICIPIOS, por valor de $337.860.351.

Objeto: Realizar estudios y diseños de la solución vial

intersecciones con la carrera 4 y 5 de la prolongación de la Avenida del río del Distrito de Santa Marta

VALOR TOTAL: $1.323095.645

En efecto, de conformidad con la certificación del 11 de diciembre de 2002, expedida por la doctora GLORIA MERYS PEÑA CRUZ, Directora Jurídica de la Alcaldía de Santa Marta, el monto de la contratación directa para la vigencia del 2002, era de CIENTO VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($123.600.000). En consecuencia, toda contratación que superara este valor, debía efectuarse atendiendo el procedimiento de licitación y 10 ello debería haber ocurrido con los objetos contratados a través de los Convenios Interadministrativos anteriormente citados, habida cuenta que excedían el tope de contratación directa. De lo anterior se colige que para evadir los procedimientos reglados establecidos en el Estatuto Contractual, se utilizó la figura del Convenio Interadministrativo a través de las

Cooperativas, con lo cual infringió el Principio de Transparencia estipulado en el numeral 1 del artículo 24, el procedimiento de Licitación previsto en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993. Incurrió así en FALTA GRAVÍSIMA según el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, desconociendo en la actividad contractual los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa. El monto utilizado, la persistente intención de burlar el principio de objetividad y transparencia, como también el que se haya dejado de lado en forma sistemática la utilización de los mecanismos que aseguran la moralidad, eficiencia, imparcialidad, objetividad y transparencia en la contratación y función pública (artículo 209 de la Carta Política), como es el proceso de licitación pública, dejan entrever con alta probabilidad la comisión de la conducta a título de dolo.

3. El Secretario de Obras Públicas del Distrito Turístico,

Cultural e Histórico de Santa Marta, doctor FERNANDO MANUEL BORNACELLI LOBO, suscribió los Convenios Interadministrativos con Cooperativas que se señalan a continuación, sin aplicar el procedimiento de Licitación estipulado en la ley 80 de 1993 (folios 1 a 48, Anexo 3). - No. 020 del 22 de mayo de 2002, suscrito con JUAN CARLOS ENCISO ACERO, representante legal de la Organización Cooperativa de Entidades Estatales de Colombia COOPCOLOMBIA, por valor de $136.059.283,45. Objeto: Ejecutar las obras referentes a la construcción pavimento en concreto rígido vías

secundarias en el sector Galicia Distrito de Santa Marta. - No. 024 del 25 de junio de 2002, suscrito con JUAN CARLOS ENCISO ACERO la Organización Cooperativa de Entidades Estatales de Colombia 11 COOPCOLOMBIA, por valor de $355.872.562. Objeto: Ejecutar obras referentes a la construcción del bloque B del colegio Rodrigo de Bastidas en el Distrito de Santa Marta. - No. 026 del 14 de agosto de 2002, suscrito con CLAUDIA JANETH ORJUELA, representante legal de la Administradora Pública Cooperativa “Cooperativa de Municipios para el Progreso de Colombia Limitada” COMUPROCOL, por valor de $465.993.039. Objeto: Ejecutar el Proyecto Construcción de la planta de tratamiento de agua residual para el corregimiento de Taganga en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta.

VALOR TOTAL: $957924.884,45

Al respecto se tiene que de conformidad con la certificación del 11 de diciembre de 2002, expedida por la doctora GLORIA MERYS PEÑA CRUZ, Directora Jurídica de la Alcaldía de Santa Marta (folio 58, Cuaderno 1), el monto de la contratación directa para la vigencia del 2002, era de CIENTO VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($123.600.000). En consecuencia, toda contratación que superara este valor, debía efectuarse atendiendo el procedimiento de licitación y ello debería haber ocurrido con los objetos contratados a través de los Convenios Interadministrativos anteriormente citados, porque excedían dicho tope.

El Secretario de Obras, acudió a la figura del Convenio Interadministrativo a través de las Cooperativas, con el fin de evadir los procedimientos reglados establecidos en el Estatuto Contractual, con lo cual contravino el Principio de Transparencia estipulado en el numeral 1 del artículo 24, el procedimiento de Licitación previsto en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993; falta calificada como GRAVÍSIMA al tenor de lo dispuesto en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, en la modalidad de desconocimiento de los principios de la contratación pública y la función administrativa. 12 El monto utilizado, la persistente intención de burlar el principio de objetividad y transparencia, como también el que se haya dejado de lado en forma sistemática la utilización de los mecanismos que aseguran la moralidad, eficiencia, imparcialidad, objetividad y transparencia en la contratación y función pública (artículo 209 de la Carta Política), como es el proceso de licitación pública, dejan entrever con alta probabilidad la comisión de la conducta a título de dolo.

4. El Alcalde del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, doctor HUGO ALBERTO GNECCO ARREGOCES, omitió el deber de velar por el debido cumplimiento de las funciones delegadas a los servidores públicos distritales, establecido en el numeral 4.2.4.7 correspondiente al cargo de Alcalde del Distrito de Santa Marta, según el Manual de Funciones de dicha entidad (folio 82, Cuaderno 1), toda vez

que el Secretario General, JAIME ALFONSO BERMÚDEZ

NUÑEZ y el Secretario de Obras, FERNANDO MANUEL BORNACELLI LOBO, suscribieron durante el año 2002 de manera reiterada e irregular, como se observa en los apartes respectivos, Contratos de prestación de servicios y Convenios Interadministrativos infringiendo disposiciones legales, sin que exista ninguna evidencia que el Alcalde hubiese ejercido vigilancia o control sobre las actuaciones de los funcionarios en quienes recae la delegación, y menos aún adoptado alguna medida tendiente a evitar o corregir las irregularidades que se estaban presentando. Al respecto cabe aclarar que, si bien es cierto, los funcionarios aludidos tenían delegación para suscribir esos contratos, no es menos cierto, que el Alcalde en su condición de delegante estaba obligado a “informarse en todo momento sobre el desarrollo de las delegaciones que hayan otorgado e impartir orientaciones generales sobre el ejercicio de las funciones delegadas” de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 489 de 1998. Además, “en cuanto a la delegación, si bien se afirma que exime de responsabilidad al delegante (inc 2º, art. 211 de la C.N.), ello resulta comprensible en lo que tiene que ver con la responsabilidad individual y propia del delegado, pues lo que se ha querido es prohibir una responsabilidad solidaria, pero no las que puedan derivarse de la principal, 13 accesoriedad y de la comisión por omisión atribuibles al delegante. Tan cierto es lo anterior que el delegante puede reasumir en cualquier momento, reformando y revocando los actos del delegado (Ibíd.), por lo que no cabe duda que le compete un control sobre su actividad”. Con su conducta omisiva además, el doctor GNECCO

ARREGOCÉS desconoció lo dispuesto, específicamente, en el numeral 4.2.4.7 de las funciones correspondientes al cargo de Alcalde del Distrito de Santa Marta, según el Manual de Funciones de dicha entidad, incurriendo en FALTAS GRAVISIMAS de conformidad con Las Precisas imputaciones efectuadas a sus colaboradores JAIME BERMÚDEZ y FERNANDO BORNACELLI LOBO. Esto es, por cada falta disciplinaria de sus servidores se le imputa otra falta, pues al tenor del inciso 2º del artículo 27 del CDU “Cuando se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo, equivale a producirlo”.

COMISION POR OMISION

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA El Procurador General de la Nación, Dr. EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN, por auto de única instancia de abril 19 de 2002, radicación No. 001-50569-01, expresó: “… ciertamente el inciso 2º del artículo 211 de la Carta Política señala que la “delegación exime de responsabilidad al delegante”, empero, tal afirmación no puede ser tomada descontextualizada, toda vez que la misma se expresa dentro del sistema general de responsabilidad que asume la Carta, pues el artículo 6º ibídem –que por demás es un principio fundamental del Estadoprecisa que todo servidor público responde por las acciones y omisiones en el ejercicio de sus funciones, dando cuenta de un sistema de responsabilidad personal o individual. Esto es, lo expresado en el artículo 211 no es más que una fórmula mediante la cual se prevé la exclusión de lo que en otros

ámbitos del derecho sancionador administrativo se denomina como responsabilidad “solidaria”, con claros tintes objetivistas, en orden a afirmar la responsabilidad de tipo individual y subjetiva de que dan cuenta los 14 artículos 6º y 29 ibídem, donde cada quien responde por lo suyo. El delegado por sus actos y el delegante por su control. Ese control es expresión de los llamados controles de tutela y jerárquico que emanan del inciso 2º del artículo 208 de la Carta, puesto que tienen que ver con la “dirección de la actividad administrativa” a cargo de los Ministros del Despacho. La vinculación del control jerárquico es tan intensa que obliga inclusive cuando se trata de la desconcentración de funciones, fenómeno que impone una relación de mayor independencia que en la delegación, puesto que se ordena por ley, va de órgano superior a órgano medio o inferior, se ejerce exclusivamente por el órgano desconcentrado y el superior jerárquico responde por virtud de los poderes de supervisión propios de la relación jerárquica (Corte Constitucional Sent. T-024 de 1999). Por el contrario, en la delegación la relación es más estrecha, puesto que si se puede asumir en cualquier momento el conocimiento del asunto (artículo 211 de la Carta), resulta obvio entender que para ello tiene que estar permanente y constantemente pendiente del control del delegado, toda vez que éste actúa “bajo las orientaciones generales que le indique el titular de la función” (Corte Constitucional Sent. C-561 de 1999). También la doctrina, en cabeza de PEDRO ALFONSO

HERNÁNDEZ, sostiene tal posición. Finalmente, si se tiene que en la delegación opera el control jerárquico, también debe predicarse que “el control se extiende a todos los aspectos del acto” (Corte Constitucional Sent. C-497A de 1994)”. La Corte Constitucional ha reiterado la jurisprudencia expuesta en sentencia C-272 de 1998, M.P. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO, por medio de la cual ha dicho que “en general es propio de la delegación que la autoridad delegataria se encuentre en una cierta subordinación frente a quien delega”, agregando que al “delegar se establece un vínculo funcional especial y permanente entre delegante y delegatario para el ejercicio de las funciones delegadas. Es especial en cuanto surge a partir del acto de delegación, de 15 forma adicional a la relación jerárquica o funcional que exista entre ellos y es permanente en cuanto permanece activo mientras rija el acto de delegación”. Se conserva para el delegante el “deber de dirección, instrucción y orientación que corresponde al jefe de la entidad u organismo estatal” que emana del artículo 209 de la Carta Política, lo cual se fortalece con el “vínculo permanente y activo” que surge entre delegante y delegatario que impone al primero deberes de “revisión y el seguimiento de las decisiones” que tome el segundo, en fin “seguimiento y control de la actuación administrativa, en general, y del ejercicio de la delegación, en particular”. Aclara que la delegación no propicia el desatenderse del cumplimiento de las funciones y menos aún es mecanismo para desconocer los principios que rigen

la función administrativa, aun cuando precisa que no patrocina la responsabilidad objetiva, toda vez que delegante y delegatario responden “por sus decisiones y no por las decisiones que incumben a los demás” 1 . Allí tenemos representado el deber jurídico. La posibilidad de actuar está más que suficientemente demostrada, pues un Alcalde que ha delegado “todo” queda sin oficios importantes , debiendo entonces cumplir con el control que le compete en la delegación, pues como ha dicho la Corte Constitucional “la delegación no es un mecanismo para desprenderse de las funciones del cargo y menos aún para utilizarse con fines contrarios a los principios que rigen la función administrativa como la moralidad, la eficacia, l