PGN - DELEGACION Sus requisitos son que el acto de delegación siempre será escrito y deter

Dependencia: Procuraduría Primera Delegada Vigilancia Administrativa

Radicación No: 094-3584-2004

Disciplinado: Julio Alberto Sáenz Beltrán Cargo y entidad: Gerente hospital San Rafael de Tunja

Quejoso: Ricardo Pineda Chillán Fecha queja: Agosto 3 de 2004

Fecha hechos: Mayo 27 a junio 18 de 2004

Asunto: Desatar recurso de alzada

Bogotá DC, 13 de junio de 2006 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 734 de 2002, procede el Despacho a resolver el recurso de apelación (fls. 233 al 257) interpuesto por el Disciplinado, dentro del proceso en referencia, contra la providencia proferida el 22 de marzo de 2006 por la Procuraduría Regional de Boyacá, mediante la cual se le sancionó con suspensión del cargo de Gerente de la ESE Hospital San Rafael de Tunja para la época de los hechos, por el término de un (1) mes, al encontrarlo responsable de la conducta endilgada. ANTECEDENTES Originó las actuales diligencias, la solicitud de iniciar investigación disciplinaria elevada por RICARDO PINEDA CHILLÁN (fls. 2 y 3) ante la Procuraduría Regional de Boyacá, en contra de JULIO ALBERTO SÁENZ BELTRÁN, Gerente de la ESE Hospital San Rafael de Tunja, debido a la presunta omisión en dar respuesta al derecho de petición presentado por el quejoso ante esta entidad el 26 de mayo de 2004, dirigido a este Funcionario y mediante el cual solicitaba el pago de las prestaciones sociales que se le adeudaban.

Con la finalidad de verificar la ocurrencia de los hechos, determinar si eran constitutivos de falta disciplinaria, identificar e individualizar al servidor público presuntamente comprometido y establecer si se actuó al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad, la Procuraduría Regional de Boyacá apertura investigación disciplinaria mediante auto del 22 de febrero de 2005 (fls. 16 al 18). De los elementos de juicio recopilados en la etapa investigativa, el aquo formula el pliego de cargos correspondiente, a través de auto del 31 de enero de 2006, obrante a folios 46 al 51, en los siguientes términos: “En su condición de Gerente de la ESE Hospital San Rafael de Tunja, incurrió en conducta constitutiva de falta disciplinaria, al omitir dar respuesta oportuna, dentro de los quince (15) días que dispone la ley, al derecho de petición presentado ante su despacho, el 26 de mayo de 2004, por el Señor RICARDO PINEDA CHILLÁN, con lo cual desarrollo conducta expresamente prohibida por la Ley 734 de 2002, en su articulo 35 numeral 8.” Es de anotar, que la aludida norma preceptúa: “Prohibiciones. A todo servidor público le esta prohibido: (…)

8. Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas de los particulares o a solicitud de las autoridades, así como retenerlas o enviarlas a destinatario diferente de aquel a quien corresponda su conocimiento”.

Posteriormente, el Disciplinado mediante escrito visible a folios 56 al 59 solicita el

archivo de la investigación aduciendo, en síntesis, que le delegó la función de contestar el derecho de petición a CLEMENCIA TORRES DE WILCHES, por cuanto “ella tenia un conocimiento mas profundo de la temática del incumplimiento de los pagos”. Reitera su sorpresa frente a la respuesta extemporánea que la mencionada funcionaria le presentó para su firma. Analiza y precisa que no tuvo intención de retardar la respuesta al derecho de petición, y el confió en que la funcionaria en mención daría cumplimiento a la normatividad establecida, señala que la doctrina ha establecido que existe “culpa personal cuando se etiqueta la conducta del agente dentro de unos parámetros como la intención consistente en que el infractor persiga un fin malicioso, doloso o un bien personal, criterios ausentes en lo que aquí se investiga”. Señala que su actitud pretendió “ante todo cumplir la ley, pero por razones ajenas a su voluntad y basado en la confianza depositada en la jefe de personal, no fue posible dar cumplimiento oportuno. Bajo los parámetros de la apreciación legal de la prueba y el principio fundamental de la presunción de inocencia, invoca la terminación del proceso disciplinario. Ulteriormente, obra a folios 60 al 68 el escrito fechado el 14 de febrero de 2006, a través del cual la apoderada del investigado presentó los descargos respectivos, en resumen, de la siguiente forma: Manifiesta que dado que el 3 de agosto de 2004 su investigado tuvo conocimiento de proceso ejecutivo instaurado por el quejoso en contra del Hospital, con similares pretensiones a las del Derecho de petición, “él asumió que el derecho de petición en

mención ya había sido respondido oportunamente. Señala que estos hechos se presentaron cuando la entidad se encontraba en proceso de reestructuración, “con lo cual muy probablemente con la congestión por este tipo de requerimientos, y otros relacionados con el proceso, no se contestó oportunamente”. Alega que el manual de funciones no le asigna función de contestar personalmente los derechos de petición, y que dicha función si es asignada por el manual en comento al profesional especializado código 335 grado 54. Respecto al cargo imputado sostiene que no es posible endilgar responsabilidad a su representado por un acto que delegó en servidor público conocedor del tema, siendo este quien incumplió sus funciones. Indica que el hecho de haberle dado traslado de la petición al jefe de recursos humanos, demuestra que el investigado “no es sujeto activo de la acción…”. Sostiene que no obran pruebas de la responsabilidad de su defendido y que en la actividad disciplinaria está proscrita la responsabilidad objetiva, invoca los principios del debido proceso, la sana crítica y la buena fe, señalando que estos son ajenos a la presente investigación y solicita se les de aplicación. En relación con la imputación del cargo a titulo de culpa manifiesta su desacuerdo” ya que los fallos disciplinarios deben proferirse cuando haya certeza de la existencia de la falta disciplinaria y de la responsabilidad del investigado conforme a las pruebas aportadas legalmente y allegadas al expediente”. Manifiesta que la sola inobservancia de preceptos legales no constituye culpa “sino que es necesario que tal violación conduzca a la comisión de hechos previstos en la ley como falta disciplinaria”. Concluye que “Al no existir dolo y por lo tanto ninguno de los grados de

la culpabilidad, mal puede en consecuencia endilgársele responsabilidad disciplinaria…”, igualmente, en su análisis manifiesta que hay ausencia de responsabilidad en el actuar de su representado “por cuanto no es suficiente la consolidación de la falta y su prueba, desde el punto de vista objetivo, sino que se 2 requiere que se haya actuado con culpabilidad, lo cual no se produjo en este caso, …” ya que de conformidad con el manual de funciones, la tarea de responder el derecho de petición se delegó en la jefe de talento humano, a quien le correspondía tal función(...)”. En alegaciones (fls. 210 al 217) el apoderado del disciplinado sostiene que la actuación del investigado estuvo ajustada a las normas legales y a su deber funcional, “(…) pues dentro de la naturaleza de las funciones de su cargo no se halla la resolución de esta clase de solicitudes, que deben ser desatadas por la dependencia pertinente(…)”, y que su conducta correspondió a la que cualquier persona en similar situación hubiese realizado, y por tanto no se puede decir que inobservó el cuidado necesario en el ejercicio de alguna función pública. Sostiene que en virtud de la desconcentración de funciones, figura consagrada legalmente, su defendido al recibir el derecho de petición, le dio traslado a la dependencia de talento humano para que resolviera la solicitud del Dr. PINEDA CHILLÁN, ya que el asunto solicitado “era del resorte de esta área (…)”. Añade el apoderado, que el quejoso obtuvo los documentos solicitados en su petición “con mucha antelación a la presentación de la presente queja (…)”. Concluye que su representado no incurrió en falta disciplinaria, dado que su actuar

no transgredió de ninguna manera su deber funcional, y “al no presentarse el quebrantamiento de la función pública que está llamado a cumplir, por sustracción de materia tampoco puede estar presente la ilicitud sustancial de la conducta que se le endilga (…)”. Finaliza con la solicitud de que se abstenga de imponer sanción, y en consecuencia se archiven las diligencias. DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA En la parte pertinente, señala el fallador de instancia que está probado lo siguiente: El oficio a través del cual el quejoso RICARDO PINEDA CHILLÁN, le solicitaba al Doctor JULIO ALBERTO SÁENZ BELTRÁN el pago de sus acreencias por concepto de Prestaciones Sociales y la expedición de certificación sobre las mismas, fue recibido el día 26 de mayo de 2004, en la ESE Hospital San Rafael de Tunja, situación que se desprende de las mismas fotocopias del derecho de petición, obrantes a folios 4 y 39 del expediente, en las que claramente se observa sello de recibido en tal fecha, lo cual se corrobora a través de las manifestaciones del investigado en diligencia de versión libre, y con el testimonio rendido por la servidora pública NAHIR ESMERALDA VELANDIA DUARTE. Igualmente, se ha probado que el oficio antes mencionado no fue tramitado o respondido en su oportunidad, tal como se observa en la fecha del oficio de respuesta (folio 11) proferido el 23 de agosto de 2004 y suscrito por el investigado, situación confirmada a través de las manifestaciones libres del investigado, quién dijo haber asumido que el derecho de petición se había contestado, y “Para mi

sorpresa, el 23 de agosto del año 2004 fue llevado a mi despacho un proyecto de respuesta del citado derecho de petición por parte de la dependencia de Talento humano, preparado por la Dra. CLEMENCIA TORRES y revisado por el Dr. MAURICIO ORTIZ ASESOR Jurídico de la empresa, como consta en el original que se pone a la vista y copia que se anexa a esta diligencia; con lo cual procedí a firmarlo y pedir que de inmediato se entregará personalmente por parte de una de las secretarias de la Gerencia.” En igual sentido, obra declaración de la Señora 3 CLEMENCIA EUGENIA TORRES DE WILCHES quien refirió que la Oficina de Talento Humano proyectaba las respuestas, para que una vez avaladas por la Oficina Jurídica fueran firmadas por el Señor Gerente, y refiriéndose al caso en concreto señaló que “…en el mes de agosto ubicando los archivos para organización de la dependencia se encontró la solicitud presentada por el Dr. PINEDA CHILLÁN en el archivo de la correspondencia contestada por el abogado externo, pero sin ningún trámite; por lo tanto procedí a darle respuesta en forma personal consciente de que ya se habían vencido los términos que la ley da para el efecto”. De igual manera la Señora NAHIR ESMERALDA VELANDIA DUARTE, quién indicó que el derecho de petición presentado por el Dr. Pineda Chillán fue respondido cuando “pasó un poco el exceso de trabajo”, cuando “nos dedicamos ya al archivo de toda la correspondencia a arreglar el archivo y distribuir a las hojas de vida los documentos correspondientes, en la selección de esos documentos se encontró el derecho de

petición presentado en el mes de mayo por el Dr. PINEDA verificándose que no se le había dado respuesta dentro del término que establece la ley (…)”. Se comprobó la calidad de servidor público del investigado, para el momento de los hechos, a través de certificación, expedida por la Profesional especializada de la oficina de Talento Humano, copias de las actas de posesión y del decreto de nombramiento que obran a folios 21 a 25 del expediente, conforme a los cuales se desempeñaba como Gerente de la entidad para la época de los hechos, teniendo asignada, entre otras, la función de planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades de la entidad, como lo estipula la Resolución No. 0212 de 2004, mediante la cual se estableció el manual de funciones aplicable a la entidad (folios 26 a 29 del expediente). No obra prueba que señale la existencia de un manual de procedimiento o de acto administrativo al interior de la ESE Hospital San Rafael, para la época de los hechos motivo de cuestionamiento, que indique el establecimiento de unas competencias y funciones determinadas a los cargos, en relación con el manejo que se debía dar a los derechos de petición radicados ante la entidad. Por el contrario es prueba de que no existía acto en tal sentido, para la época de los hechos, la manifestación del investigado en su versión libre, realizada el 25 de octubre de 2005, cuando a la pregunta de si existía manual de procedimientos o Acto administrativo que determinase el trámite interno de los derechos de petición, contesto “Si existe un manual que está en revisión, (…), el cual fue adoptado a finales del año 2004, sin que tenga precisión en este momento sobre la fecha. No estaba ni formalizado ni

implementado para la época de los hechos (…)”.

5. Es de resaltar que en declaración rendida por la funcionaria CLEMENCIA EUGENIA TORRES DE WILCHES, ésta manifestó bajo juramento que la petición presentada por el doctor Pineda Chillán no debía ser resuelta por el área de Talento Humano sino por el área de Tesorería, a la cual se debió enviar.

Igualmente señaló que no se hizo seguimiento al documento debido al volumen de derechos de petición, tema este sobre el que igualmente hacen manifestaciones los declarantes GUILLERMO VILLAMIL IREGUI y EFRAÍN RODRÍGUEZ ALFONSO que para la época de los hechos se desempeñaban como Subgerente de servicios de Salud y Subgerente Administrativo y Financiero del Hospital, quienes concuerdan al afirmar que para esa época se presentó congestión de solicitudes, debido a la reestructuración de la entidad, igualmente señalaron que estas generalmente ingresaban por la Gerencia y se delegaba a la oficina de conocimiento para que 4 elaborara la respuesta, contando con el visto bueno de la Oficina Jurídica, y se firmaba por el jefe de la dependencia o el Gerente de la entidad. En igual sentido se manifestó la Señora NAHIR ESMERALDA VELANDIA DUARTE, quien dijo se había incrementado el numero de documentos recibidos durante la época de reestructuración en más del cincuenta por ciento, y quien allegó a su declaración fotocopias del libro radicador de correspondencia de Gerencia (folios 163 a 179). Frente a este análisis probatorio, existió claridad para el Despacho de instancia respecto a la conducta reprochada al disciplinado en su condición de servidor

público. Posteriormente, efectúa el aquo un razonamiento frente a los argumentos de defensa, aduciendo, textualmente lo siguiente: “El concepto de delegación, entendida tal como la transferencia de funciones de una autoridad administrativa a sus colaboradores, implica y presupone la existencia de un “acto de delegación” conforme a lo dispuesto en el art. 10 de la Ley 489 de 1998, esto es, a través de acto escrito en el que se determine la autoridad delegataria, y las funciones o asuntos específicos cuya atención y decisión se transfiera. Es de resaltar que para el caso materia de análisis no existe acto alguno en el que el investigado delegue la función de dar respuesta a los derechos de petición impetrados por particulares, a funcionario alguno, para la época de los hechos. “Al respecto, tampoco cabe la figura de la desconcentración, aludida por el apoderado en los alegatos, dado que el artículo 8 de la Ley 489 de 1998, claramente señala que la desconcentración administrativa es la radicación de competencias y funciones en dependencias ubicadas fuera de la sede principal del organismo o entidad administrativa, y no implica delegación. “De otra parte, conviene transcribir el sentido exacto de la función asignada por el manual de funciones al cargo de profesional especializado código 335 grado 54, numeral 9 la que textualmente dice “Resolver las consultas y las solicitudes que le sean formuladas por los servidores del Hospital, en asuntos de su competencia”, función que como se observa en su texto, es ajena al trámite de los derechos de petición impetrados por particulares, dado que para la época de los hechos, y según

lo expresado por el entonces Subgerente de Servicios de salud, Dr. GUILLERMO VILLAMIL IREGUI, el quejoso no era funcionario de la entidad, de conformidad con la definición que de servidores públicos consagra la Constitución Nacional en su artículo 123 . “Frente a la afirmación de que el investigado no transgredió su deber funcional, tiene en cuenta este Despacho que la naturaleza de las funciones del cargo de Gerente era la “Ejecución de labores de dirección, formulación y adopción de políticas, planes, programas y proyectos; asesoría, supervisión y control en la gestión en la ESE Hospital San Rafael de Tunja, y el manual de funciones le asignaba en su numeral 2 la función de “Planear, organizar, dirigir, controlar, y evaluar las actividades de la entidad y velar por la aplicación de las normas…” Así mismo la ley le imponía el deber de dar oportuna respuesta a la petición presentada por el quejoso. “Es de anotar que al servidor publico como garante de la efectivización de las funciones del Estado se le exige diligencia y sumo cuidado en el desarrollo de las 5 mismas, debiendo así, mostrar diligencia en el manejo y solución de los asuntos a su cargo. Es así que en el caso en comento se esperaba del investigado que diera trámite oportuno al requerimiento del quejoso, para así evitar la desatención de sus deberes y posibles perjuicios a la entidad. No sobra recordar que en un Estado social de derecho, no existe una labor más sagrada y delicada que el desempeño de la función pública. Los servidores públicos de acuerdo con la Constitución política están al servicio del Estado y de la comunidad y a través de ellos se garantiza el

ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado; quien accede a un cargo del Estado se sujeta automáticamente a las normas que rigen la función pública, con todas las consecuencias que de ellas se derivan, y como tal solo pudiendo hacer aquello que autoricen la Constitución y las leyes, siendo responsable no solo por su actuar, sino también por sus omisiones, es decir por dejar de actuar cuando debió hacerlo. “Los resultados de la investigación arrojan certeza sobre la existencia de los hechos y la conducta imputada al disciplinado; conducta que de conformidad con la ley disciplinaria es reprochable, tal como se ha tratado anteriormente en el análisis probatorio y seguidamente en el análisis de tipicidad, dado que se violentaron normas legalmente establecidas. Comportamiento al que de conformidad con los criterios orientadores de la ley disciplinaria, es deber imponer una sanción, a fin de prevenir y corregir futuros comportamientos similares. “Por las razones anteriormente anotadas, y conforme a lo expresado en el análisis de las pruebas, considera el despacho, que las pruebas aportadas tanto en la etapa de investigación, como las allegadas en la última fase probatoria, conducen a la certeza sobre la ocurrencia de los hechos y la responsabilidad del investigado, circunstancia que a nuestro juicio no se logra desvirtuar mediante los descargos, ni con las pruebas allegadas en juzgamiento, ni con los alegatos presentados.” Así mismo, analiza las tres características de la conducta disciplinaria aduciendo: Frente a la tipicidad, argumenta que con la omisión en dar respuesta oportuna,

dentro de los 15 días dispuestos por la ley, al derecho de petición originario de estas diligencias, incurrió en la conducta expresamente prohibida en el numeral 8 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, constituyéndose, entonces, la falta disciplinaria contemplada en el artículo 23 ibídem. Frente a la ilicitud sustancial, concluye que efectivamente, sí se afectó el bien jurídico tutelado (deber funcional), por cuanto está demostrado que el disciplinado señor JULIO ALBERTO SÁENZ BELTRÁN, quebrantó lo estipulado en el artículo 31 del Código Contencioso Administrativo e incurrió en la prohibición contemplada en el artículo 35 numeral 8 de la Ley 734 de 2002, lo que conllevó al desconocimiento de lo preceptuado en artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y los artículos 6 y 7 del CCA. Frente a la culpabilidad, aduce que la conducta asumida por el Dr. JULIO ALBERTO SÁENZ BELTRÁN, según lo establecido en el acervo probatorio, se realizó a título de culpa, ya que fue negligente para dar cumplimiento al deber que le asistía, y así, dar oportuna atención al peticionario; es decir no fue cuidadoso ni diligente y por ello retardó sin justificación alguna la respuesta al Dr. PINEDA CHILLÁN, la cual debió ser respondida dentro de un termino perentorio. 6 En la conducta del disciplinado, es indiscutible que faltó control en el manejo y dirección de los trámites que se daban al interior de la entidad. De lo expuesto, infiere el aquo, que la sanción a imponer es la suspensión en la

dosificación mínima que permite que la Ley 734 de 2002, esto es por el término de un (1) mes. DEL RECURSO DE APELACIÓN Inconforme con la decisión del aquo, a través de apoderado, el Disciplinado interpone recurso de apelación (fls. 236 al 257), en síntesis, en los siguientes términos: Invoca lo contemplado en el artículo 13 de la Ley 734 de 2002, dilucidando que “cuando el comportamiento objetivamente no se puede imputar al sujeto activo porque no trasciende al mundo exterior conociéndolo y queriéndolo, ni puede ser producto de la omisión del deber objetivo de cuidado, se desvanece la falta disciplinaria por ausencia de culpabilidad dolosa o culposa.” Como apoyo de su argumentación, trae a colación la parte pertinente de la Sentencia C155 de 2002 y, renglón seguido, añade, que la carta de navegación por la cual debe transcurrir el análisis de la conducta de su defendido son los artículos 6, 29, 123, 124 y 209 de la Carta Magna, en armonía con los principios de legalidad e ilicitud sustancial contemplados en el artículo 5 de la Ley 734 de 2002, así como con los elementos estructurales de la conducta disciplinaria y los eximentes de responsabilidad contemplados en el artículo 28 ibídem. Ulteriormente insiste en iguales consideraciones de defensa a las aludidas en la etapa de descargos y alegatos de conclusión, cimentando la defensa en que su poderdante no omitió dar respuesta oportuna a la petición, toda vez que su voluntad

se dirigió en virtud del principio de confianza para que otro servidor público atendiera tal solicitud, concluyendo que por lo expuesto a su representado no se le puede imputar que actuó con culpa, pues su obrar fue diligente y cuidadoso, al llevar a cabo la remisión aludida de inmediato a la Doctora CLEMENCIA EUGENIA TORRES DE WILCHES, quien lo corrobora en su testimonio al igual que el de NAHIR

ESMERALDA VELANDIA, EFRAÍN RODRÍGUEZ ALFONSO y GUILLERMO

VILLAMIL IREGUI, funcionarios del Hospital. Así mismo, señala que el Procurador Regional de Boyacá, determina que a su representado le asistía el deber funcional de dar respuesta oportuna al derecho de petición, génesis de este asunto, sin embargo, colige, que se trata de apreciaciones subjetivas que no están debidamente probadas dentro del proceso y, afirma, que no existe norma concreta en el manual de funciones que le imponga al Disciplinado el deber de contestar el derecho de petición, como, en su opinión, lo pretende hacer ver el aquo, insistiendo categóricamente que el operador jurídico no indica con claridad cuál norma legal o reglamentaria establece dicho mandato legal en cabeza de su defendido, surgiendo así la ambigüedad del cargo. Por otra parte advierte que no existe prueba dentro del expediente que demuestre inequívocamente el quebrantamiento de las garantías constitucionales y legales establecidas en los preceptos del artículo 2 de la Carta Magna en armonía con el 23 ibídem, pues asegura que el Estado no ha acreditado que su prohijado omitió servir a

7 la comunidad, fue negligente en promover la prosperidad general, indiferente en garantizar los principios, derechos y deberes consagrados en las normas enunciadas, puesto que contrario a lo que afirma la Procuraduría Regional el Gerente obró con el convencimiento pleno de que su actuar estaba dirigido al cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales. Al analizar el tema de la culpabilidad, concluye, que está plenamente probado cómo el Disciplinado dirigió su voluntad con un objetivo claro, único y exclusivo de trasladar a la oficina de talento humano el derecho de petición para su pronta resolución por parte de su equipo de colaboradores en cabeza de la responsable de esa dependencia. Renglón seguido, determina la ausencia de negligencia o descuido en el ejercicio de la función pública por parte de su representado, afirmando que éste basó su comportamiento en el principio de confianza y señala lo normado en el artículo 142 del CUD. En cuanto al tema de proporcionalidad, luego de traer a colación el artículo 18 de la Ley 734 de 2002 y las Sentencias T015-94, C-818-95, asevera, que la ausencia de prueba demostrativa de actuar indolente de su defendido tal como para merecer reproche disciplinario, y menos aún, ser objeto de sanción de suspensión, pues contrariamente las pruebas conducen a demostrar diligencia y cuidado por parte de Director de la ESE Hospital San Rafael de Tunja en el cumplimiento de sus funciones, reiterando que no se ha presentado infracción alguna al deber funcional. Posteriormente, solicita que en caso de no acoger los planeamientos anteriormente

dilucidados, se aplique lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 28 de la Ley 734 de 2002, como causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria. Por último plantea la posibilidad de aplicar lo estipulado en el artículo 9 de la Ley 734 de 2002, toda vez que posee algunos interrogantes, descritos a folios 255 al 256, con los cuales pretende se absuelva por duda a su poderdante. Por último, plantea la posibilidad de absolver por duda razonable, a la luz del artículo 9 de la Ley 734 de 2002, teniendo en cuenta los interrogantes que describe a folios 255 al 256. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA Estipula el CUD, en el parágrafo de su artículo 171, que “El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación”. Bajo esta premisa legal, es importante resaltar que la presente decisión se ceñirá, estrictamente, a la inconformidad expresada por el recurrente, descrito en el acápite precedente. Examinado el caso bajo estudio, vislumbra la Delegada la existencia de los siguientes presupuestos fácticos y jurídicos: Si bien está comprobado que al interior de la ESE Hospital San Rafael, en la época de los hechos génesis de este asunto, no existía, dentro del Manual Específico de Funciones, procedimiento alguno que indicara el manejo que debía darse a los 8 derechos de petición incoados por particulares es importante resaltar que la Ley 489 1, de 1998, marco general, entre otras entidades, de las empresa sociales del Estado,

en su artículo 92 estipuló: “Calidad y funciones del Gerente o Presidente. El Gerente o Presidente será el representante legal de la correspondiente entidad y cumplirá todas aquellas funciones que se relacionen con la organización y funcionamiento que no se hallen expresamente atribuidas a otra autoridad”. En este orden de ideas, la Resolución 0212 de 2004 “Por el cual se establece el manual específico de funciones y requisitos de la ESE. Hospital San Rafael de Tunja” (fl 26 y 27), en su artículo 2, al establecer la Naturaleza de las Funciones del Cargo, preceptuó: “Ejecución de labores de dirección, formulación y adopción de políticas, planes, programas y proyectos; asesoría, supervisión y control en la gestión en la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael”. En igual sentido, en el numeral 2 ibídem, se asignó al cargo de Gerente, la función de “Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades de la entidad y velar por la aplicación de las normas y reglamentos del Sistema General de Seguridad en Salud”. Las normas transcritas, conllevan inexorablemente a concluir que en el momento en que el Señor PINEDA CHILLÁN impetró el derecho de petición fechado el 26 de mayo de 2004, dirigido a JULIO ALBERTO SÁENZ BELTRÁN, radicaba en cabeza de este funcionario, en su condición de Gerente de la ESE Hospital San Rafael, la obligación de dar respuesta al mismo, sin perjuicio de que otros funcionarios coadyuvaran en su realización, por lo tanto, al emitirse la respuesta fuera del término legal de los 15 días siguientes a la fecha de su recibo (artículo 6 del CCA),

efectivamente el Disciplinado incurrió en vulneración al numeral 8 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, tal como lo determina el Procurador Regional de Boyacá en el auto de formulación de cargos (fls 46 al 49). Ahora bien, frente al tema de la posible ambigüedad en la formulación del pliego de cargos, la Delegada considera, luego de examinar el auto proferido el 31 de enero de 2006 (fl. 46), cómo dicha aseveración efectuada por el recurrente, no posee asidero jurídico alguno, toda vez que, el mismo, contempla los presupuestos del artículo 163 de la CUD. En efecto, el cargo único formulado y visible a folio a 46, describe de manera concreta la normatividad vulnerada, cuando en el acápite de normas presuntamente infringidas indica el aquo que los preceptos transgredidos corresponden a los artículos 6 y 123 de la Constitución Política; artículo 6, 7 y 31 del CA, numeral 8 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, razón por la cual, es indudable que el cargo de ninguna manera es genérico ni ambiguo. Por otra parte, tenemos, que el apoderado del disciplinado, fundamenta, además, su recurso de apelación, haciendo referencia a los conceptos de tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad, y al analizarlos desde su óptica, concluye, en cada uno, que no se dan los presupuestos pa