PGN - DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD Cumplimiento de requisitos sustanciales mínimos

Procurador General DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD RELIGIOSA Y A LA LIBERTAD DE CULTOS-Libertad de cultos en Colombia DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD-Cumplimiento de requisitos sustanciales mínimos/DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD-Alcances En este sentido, la demanda de constitucionalidad debe ser capaz de despertar al menos una duda mínima sobre la validez de la norma demandada, sobre la base de un contraste directo y objetivo entre ésta y la Constitución Política, por medio de una argumentación adecuada, que constituya un verdadero cargo constitucional. En este caso, esta Vista Fiscal concluye que la demanda sub examine no cumple con los requisitos aludidos, pues: (i) parte de una interpretación subjetiva de las normas constitucionales que no corresponde a lo que ellas textualmente dicen o teleológicamente disponen, sino que proviene de una confusa comprensión de algunas sentencias de la Corte Constitucional, en las que se alude a esas normas; (ii) partiendo de una interpretación inadecuada de las normas superiores, hace un contraste indirecto y subjetivo, además de artificioso, entre las normas demandadas y las normas constitucionales que se indica como vulneradas; (iii) señala la existencia de una discriminación injustificada, pero no demuestra en qué consiste la discriminación ni por qué es injustificada; (iv) indica un posible vicio en el proceso de formación de la ley, pero dirige la argumentación a intentar demostrar un vicio material para demostrar que es inexequible, no la Ley, sino sólo su título. LEY ESTATUTARIA-Por medio de la cual se regula la libertad religiosa y de

cultos Por su parte, en la Ley Estatutaria 133 de 1994, por medio de la cual se regula la libertad religiosa y de cultos, se señala de manera explícita e inequívoca, en su artículo 2°, que “el Estado no es ateo, agnóstico, o indiferente ante los sentimientos religiosos de los colombianos”. Es decir, al tenor de las definiciones del Diccionario de la Real Academia de la Lengua, que el Estado no “niega la existencia de Dios”, no “declara inaccesible al entendimiento humano todo conocimiento de lo divino que trascienda la experiencia” ni está desinteresado o falto de afecto por los sentimientos religiosos de los ciudadanos. Por esta razón, en sus artículos 3° y 4° se precisa que el hecho de que el Estado reconozca la diversidad de las creencias religiosas, significa que éstas “no constituirán motivo de desigualdad o discriminación ante la ley que anulen o restrinjan el reconocimiento o ejercicio de los derechos fundamentales” y que “el ejercicio de los derechos dimanantes de la libertad religiosa y de cultos, tiene como único límite la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguarda de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública, elementos constitutivos del orden público, protegido por la ley en una sociedad democrática” (subrayas fuera del texto). Por lo demás, esta Ley fue objeto de control previo e integral por parte de la Corte Constitucional en la Sentencia C-088 de 1994, en la cual se declararon exequibles los artículos en comento. Procurador General

Concepto 5174 DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD RELIGIOSA Y A LA LIBERTAD DE CULTOS-Deber de promover el pluralismo religioso/DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD RELIGIOSA Y A LA LIBERTAD DE CULTOS-Según la Corte Constitucional …Ni la Constitución ni la Ley disponen que el Estado sea laico y que sus autoridades tengan el deber de promover el pluralismo religioso, sin que esto signifique que no tengan el deber de reconocer la diversidad de creencias religiosas que las personas, en ejercicio de su libertad, decidan profesar. De ahí que afirmar lo contrario no constituya una base objetiva y, por tanto, idónea, para sostener que tanto al Gobierno Nacional como al Congreso de la República les está prohibido constitucional y legalmente asociarse a la celebración del aniversario de una Diócesis, como se hace en la Ley 1402 de 2010. … En síntesis, en la sentencia en comento la Corte señaló: (i) que en la Constitución de 1991 Colombia adoptó la fórmula del Estado de libertad religiosa; (ii) que el Estado no es neutro ante la libertad religiosa, sino que reconoce esta libertad, lo cual significa que el Legislador y las autoridades administrativas deben proteger a las religiones como derechos individuales y colectivos trascendentes; (iii) que no todas las Iglesias son iguales, pues el Estado no puede desconocer la realidad jurídica, histórica y cultural de la Iglesia Católica, por ejemplo; (iv) que en la medida en que el patrimonio cultural o artístico del que sean dueñas las Iglesias y confesiones forme parte del patrimonio cultural de la

Nación, el Estado tiene el deber constitucional de protegerlo; (v) que el Estado no tiene ninguna religión específica, pero debe respetar las creencias de todas las personas y puede tener relaciones de cooperación con todas las iglesias y confesiones religiosas por razón de su trascendencia; y que (vi) la igualdad de todas las religiones y cultos no implica una uniformidad absoluta, sino simplemente que, por motivos religiosos, de creencia o de cultos, no pueden producirse discriminaciones. En esta Sentencia, por lo tanto, esta Vista Fiscal no encuentra que la Corte Constitucional sostenga que Colombia es un Estado laico, ni que las autoridades colombianas tengan que promover el pluralismo religioso y dar un trato idéntico o uniforme a todas las religiones e iglesias. Por el contrario, se reitera, allí se reconoce la realidad histórica, jurídica y cultural de cada religión y se señala que el Estado colombiano no es neutro ante la libertad religiosa. DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD RELIGIOSA Y A LA LIBERTAD DE CULTOS-El Estado no puede promover ninguna clase de religión. Así, de manera resumida, en esta sentencia la Corte Constitucional concluyó: (i) que el Estado no puede ponerse al servicio de una determinada fe religiosa; (ii) que el Estado no puede discriminar a ninguna confesión religiosa; (iii) que la Constitución extiende la igualdad religiosa a una dimensión colectiva; (iv) que en aras del pluralismo religioso, el Estado no puede otorgar tratos discriminatorios que privilegien a una determinada religión o culto sobre otro; (v) que se admite el tratamiento jurídico favorable a una iglesia o

confesión religiosa mientras se ofrezcan iguales condiciones para acceder a ese beneficio a todas las demás confesiones o iglesias que cumplan las respectivas condiciones legales; (vi) que el principio de separación entre las Iglesias y el Estado supone la neutralidad del Estado laico en materia religiosa; (vii) que esta “neutralidad” también implica la prohibición de cualquier acción propia de un estado confesional; (viii) que el criterio utilizado para determinar cuándo una acción del Estado en materia 2 Procurador General Concepto 5174 religiosa está permitida constitucionalmente y cuándo no, es el de evaluar el propósito o finalidad buscado por las autoridades públicas, con el fin de determinar si éste viola o no los principios de separación entre la Iglesia y el Estado, el pluralismo religioso y la igualdad de todas las religiones ante la Ley; (ix) que estos principios también implican el deber, para el “Estado laico”, de ser neutral frente a las diversas manifestaciones religiosas; (x) que no se vulneran estos principios cuando coinciden una decisión con una finalidad laica y un evento de carácter religioso, siempre y cuando se respete el derecho de todas las personas a practicar sus cultos y profesar la fe de su elección; (xi) que en la Constitución de 1991 no se adoptó ningún modelo específico respecto de la relación del Estado y las Iglesias; (xii) que está constitucionalmente prohibido establecer una religión o iglesia oficial, que el Estado se identifique formal o explícitamente con alguna y que se realicen actos oficiales de adhesión, incluso simbólicas, con alguna de ellas; (xiii) que no

le está vedado al Estado entablar relaciones con las iglesias y confesiones religiosas, sino únicamente hacerlo con alguna o algunas y no con todas las que lo pretendan; (xiv) que son inconstitucionales las medidas que explícita o implícitamente promuevan alguna religión o Iglesia perjudicando otras; (xv) que Colombia es un Estado con orientación predominantemente laica y que esto quiere decir que se basa en el pluralismo religioso y ofrece respeto a todas las minorías religiosas; y (xvi) que Colombia no es un Estado anticlerical. DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD RELIGIOSA Y A LA LIBERTAD DE CULTOS-Línea Jurisprudencias A partir de la exposición anterior sobre la jurisprudencia que ha proferido la Corte Constitucional en torno de la libertad religiosa y de cultos, y de otros conceptos afines, esta Vista Fiscal advierte que no se requiere mayor perspicacia para advertir que no existe una línea jurisprudencial uniforme o decantada al respecto ni un precedente claro sobre la materia. Por el contrario, se observa que la Corte Constitucional ha sostenido en diferentes momentos: (i) Que Colombia adoptó la fórmula del Estado de libertad religiosa; que el Estado no es neutro ante la libertad religiosa; que el Legislador y las autoridades administrativas deben proteger las religiones como derechos individuales y colectivos trascendentes, que no todas las Iglesias son iguales; y que el Estado no puede desconocer la realidad jurídica, histórica y cultural de cada una de ellas (Sentencia C-088 de 1994); (ii) Que en la Constitución se confirió igual valor jurídico a todas las confesiones

religiosas, en una especie de igualdad por nivelación o equiparación; que Colombia es un Estado laico y que por ello debe mantener neutralidad en materia religiosa; que lo que hacía que Colombia fuera un Estado laico era la obligación que tiene el Estado de dar un trato idéntico a todas las confesiones religiosas; y que la definición de la laicidad del Estado no puede ser modificada por los poderes constituidos; (Sentencia C-350 de 1994); (iii) Que si bien no existe una religión, ideología o creencia oficial del Estado, éste no puede asumir una postura atea, agnóstica o indiferente ante los sentimientos religiosos de su población pues, por razón del reconocimiento de la libertad religiosa, tiene el deber de salvaguardar la protección de las distintas inclinaciones espirituales o eclesiásticas, dentro del marco pluralista y participativo de un moderno Estado democrático (Sentencia T-823 de 2002); 3 Procurador General Concepto 5174 (iv) Que en la Constitución de 1991 no se adoptó ningún modelo específico respecto de la relación del Estado y las Iglesias; que en aras del pluralismo religioso el Estado no puede otorgar tratos discriminatorios que privilegien una determinada religión o culto sobre el otro; que se admite el tratamiento jurídico favorable a una iglesia o confesión religiosa mientras se ofrezcan iguales condiciones para acceder a dicho beneficio a todas las demás confesiones o iglesias que cumplan las respectivas condiciones legales; que no le está vedado al Estado entablar relaciones con las iglesias y confesiones religiosas, sino únicamente hacerlo con alguna o algunas y no con todas las que lo pretendan; y que son

inconstitucionales las medidas que explícita o implícitamente promuevan alguna religión o Iglesia perjudicando a otras; y que Colombia no es un Estado anticlerical (Sentencia C152 de 2003); (v) Que de conformidad con lo establecido en la Constitución y en la Ley 133 de 1994 el Estado es laico y sus valores principales son la tolerancia y la pluralidad, por lo que no puede brindarle a las confesiones religiosas la oportunidad participativa de imponer su visión y el valor de su doctrina; y que la proclamación del Estado laico es la única garantía real y efectiva para respetar los principios que soportan el Estado Social de Derecho y el trato igualitario del Estado hacia todas las confesiones religiosas (Sentencia C-1175 de 2004); y (vi) Que el Estado puede promocionar, promover, respaldar o tener acciones de apoyo expreso o protección jurídica hacia manifestaciones de contenido religioso, siempre y cuando éstas también tengan el carácter de una manifestación cultural para un grupo o comunidad de personas; y que, de manera general, el Estado tiene el deber de no promocionar, patrocinar o incentivar determinada religión (Sentencia C-766 de 2010). Así entonces, la revisión de que hasta ahora ha dicho la Corte Constitucional tampoco brinda elementos de juicio suficientes para afirmar, como lo hace la accionante, que Colombia sea un Estado laico en el cual sea inconstitucional que el Gobierno Nacional o el Congreso de la República, o ambos, tomen decisiones como la que tiene por objeto la Ley 1402 de 2010, esto es, asociarse con la celebración del aniversario número cincuenta (50) de una diócesis. Celebración que, por lo demás, es una conmemoración

histórica y no religiosa, en tanto que hace referencia a la fundación de una diócesis que ocupa más de veinte (20) municipios y corregimientos del departamento del Tolima, con cerca de 425.000 habitantes, con el fin de “resaltar su labor”, como aparece en la respectiva exposición de motivos del proyecto de ley, pues se trata de una “institución de carácter permanente, [que] no sólo aport[a] desde el punto de vista espiritual, sino también a la formación de valores positivos para los fieles que integran su jurisdicción eclesiástica, sumado a los altruistas servicios prestados a la población más vulnerable”. 4 Procurador General Concepto 5174 Bogotá, D.C., 20 de junio de 2011 Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

Ref.: Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1402 de

2010.

Actora: Tatiana Arias Cadavid.

Magistrado Ponente: LUIS ERNESTO VARGAS SILVA.

Expediente D-8490 de 2011. Concepto 5174 Según lo dispuesto en los artículos 40, numeral 6º, 242, numerales 1º, 2º, y 278, numeral 5º, de la Constitución Política, rindo concepto con respecto a la demanda presentada por la ciudadana Tatiana Arias Cadavid contra la Ley 1402 de 2010, cuyo texto se reproduce a continuación: LEY 1402 DE 2010 (julio 15) Diario Oficial No. 47.771 de 15 de julio de 2010 CONGRESO DE LA REPÚBLICA Por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración de los 50 años de

la Diócesis de El Espinal y se declara monumento nacional a la catedral de El Espinal, en el departamento del Tolima.

EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA: ARTÍCULO 1o. El Gobierno Nacional y el Congreso de la República se asocian a la celebración de los cincuenta (50) años de la creación de la Diócesis de El Espinal, departamento del Tolima y rinden público homenaje en su conmemoración.

ARTÍCULO 2o. El Gobierno Nacional y el Congreso de la República rendirán honores a la Diócesis de El Espinal, mediante placa conmemorativa que será impuesta en acto solemne en la Catedral de esta ciudad. ARTÍCULO 3o. El Congreso de Colombia, se vincula a la celebración de los cincuenta (50) años de la creación de la Diócesis de El Espinal, emitiendo en nota estilo un pergamino que contenga el texto de la presente ley. ARTÍCULO 4o. Autorícese al Gobierno Nacional para incluir dentro del Presupuesto General de la Nación, senda partida presupuestal que permita la ejecución de las obras necesarias para la remodelación, reparación y conservación de la Catedral de El Espinal, ubicada en el municipio de El 5 Procurador General Concepto 5174 Espinal, departamento del Tolima en la vigencia de las leyes del Presupuesto Nacional posteriores a la promulgación de la presente ley. ARTÍCULO 5o. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación.

1. Planteamientos de la demanda La accionante considera que la norma demandada vulnera lo dispuesto en

los artículos 2°, 13, 19 y 169 de la Constitución Política. Su discurso se basa en el supuesto de que “Colombia es un Estado laico desde la Constitución de 1991, carta que rompe con lo históricamente dominante que era la adscripción del estado a la religión católica” y, dado que “[a]l tenor del artículo 2 de la Constitución Política son las autoridades públicas […] las llamadas a velar por la vida, bienes, honra y creencias de los residentes, resulta […] inconstitucional que en la norma demandada sea una de ellas (el legislador) quien en beneficio de una religión específica (católica) desconozca su deber constitucional, en detrimento del pluralismo religioso” (subrayas en el texto). Para fundar este aserto, hace uso de la argumentación de la Corte en las Sentencias C-479 de 1999 y C-350 de 1994. En relación con el derecho-principio a la igualdad, reconocido en el artículo 13 constitucional, la accionante aduce que la Ley 1402 de 2010 “genera sin justificación razonable y objetiva por motivos de orden religioso un trato discriminatorio a quienes no profesan como su fe la religión católica, situación que vulnera la garantía constitucional que se acaba de mencionar”. Por ello, arguye que en la norma demandada “no subsiste a la aplicación del test de razonabilidad[,] ya que hace alusión a una categoría sospechosa[,…] desarrollado por esta corporación en la sentencia C 022 de 1996”; pues: (i) la norma pretende “hacer un reconocimiento a un aniversario de carácter religioso, sin embargo dicho objetivo no es válido a

la luz de la constitución ya que al estado colombiano no le está permitido otorgar ninguna clase de privilegio ni atención a una religión específica 6 Procurador General Concepto 5174 como lo confirma la sentencia C 350 de 1994”; y (ii) “la relación de proporcionalidad entre el fin perseguido (reconocimiento) y el medio utilizado (trato desigual al hacer distinción a una iglesia en especial) encontramos que no es proporcional, ya que hay otros mecanismos menos dañosos que permiten que se rinda homenaje sin tener que hacerlo por medio de la promulgación de una ley que mencione que todo el conglomerado nacional se une a dicha celebración […] Como apoyo a lo anterior cit[a] aparte[s] de la sentencia C 478 de 1999”. En lo que tiene que ver con el artículo 19 Superior, reitera el argumento de que “resulta lógico decir que los artículos 1, 2 y 3 de la ley demandada son inconstitucionales ya que su contenido expresa una desigualdad entre la religión católica y las demás al ser la primera la titular de una distinción estatal que no tiene ningún sustento constitucional”, y agrega: “es de suponer […] que el estado no debe propender la exaltación de celebraciones propias de una de ellas […] ya que el pluralismo hace parte de este artículo pero también se configura como uno de los pilares fundamentales del estado”. Para ilustrar su afirmación, en la demanda se aduce la Sentencia C-088 de 1994. Por último, la demandante indica que hay “un vicio de formación en la ley 1402 de 2010”, pues considera que “el título dado por el legislador [a la misma] no corresponde al contenido normativo de ella[…, ya que] declara

monumento nacional a la catedral de El Espinal, Tolima, pero en su articulado no desarrolla tal tema, n[i] existe ningún artículo que de forma a dicha declaratoria, [y] sin embargo[,] la misma la ley s[í] destina parte del presupuesto nacional a un monumento que por falta de técnica jurídica ni siquiera ha sido declarado”. Para ilustrar esta afirmación, en la demanda se hace mención de la Sentencia C-821 de 2006. 7 Procurador General Concepto 5174

2. Problema Jurídico Corresponde determinar si la Ley 1402 de 2010, por medio de la cual el Gobierno Nacional y el Congreso de la República se asocian a la celebración de los cincuenta (50) años de la creación de la Diócesis de El Espinal, rinden homenaje público a su conmemoración, y se autoriza al Gobierno Nacional para incluir dentro del Presupuesto General de la Nación una partida presupuestal que permita la ejecución de las obras necesarias para la remodelación, reparación y conservación de la Catedral de El Espinal, desconoce los fines del Estado, discrimina de manera injustificada a personas que no profesan la religión católica, quebranta la libertad de cultos y la igualdad religiosa y de iglesias ante la Ley, e incurre en un vicio en su proceso de formación al no haber conexidad entre su título y su contenido.

3. Análisis jurídico Como lo ha señalado en reiteradas ocasiones la Corte, toda demanda de constitucionalidad debe cumplir una serie de requisitos sustanciales mínimos, cuyo propósito es, según se precisa en la Sentencia C-1052 de

2001, “fijar unos elementos que informen adecuadamente al juez para poder proferir un pronunciamiento de fondo, evitando un fallo inhibitorio que torna inocuo el ejercicio de este derecho político”, para lo cual es imprescindible “la exposición de razones conducentes para hacer posible el debate” constitucional. En este sentido, la demanda de constitucionalidad debe ser capaz de despertar al menos una duda mínima sobre la validez de la norma demandada, sobre la base de un contraste directo y objetivo entre ésta y la 8 Procurador General Concepto 5174 Constitución Política, por medio de una argumentación adecuada, que constituya un verdadero cargo constitucional. En este caso, esta Vista Fiscal concluye que la demanda sub examine no cumple con los requisitos aludidos, pues: (i) parte de una interpretación subjetiva de las normas constitucionales que no corresponde a lo que ellas textualmente dicen o teleológicamente disponen, sino que proviene de una confusa comprensión de algunas sentencias de la Corte Constitucional, en las que se alude a esas normas; (ii) partiendo de una interpretación inadecuada de las normas superiores, hace un contraste indirecto y subjetivo, además de artificioso, entre las normas demandadas y las normas constitucionales que se indica como vulneradas; (iii) señala la existencia de una discriminación injustificada, pero no demuestra en qué consiste la discriminación ni por qué es injustificada; (iv) indica un posible vicio en el proceso de formación de la ley, pero dirige la argumentación a intentar demostrar un vicio material para demostrar que es inexequible, no la Ley, sino sólo su título.

En primer lugar, en la demanda se señala que “Colombia es un Estado laico”. Partiendo de esta premisa, concluye que es “inconstitucional que en la norma demandada sea una de ellas (el legislador) quien en beneficio de una religión específica (católica) desconozca su deber constitucional, en detrimento del pluralismo religioso”. Sin embargo, al revisar el texto de las normas constitucionales invocadas, así como de otras normas constitucionales relacionadas con el asunto e, incluso, de la Ley Estatutaria que desarrolla el derecho a la libertad religiosa y de cultos (Ley 133 de 1994), esta Vista Fiscal no encuentra dicha declaración, ni obligación o prohibición específica alguna respecto del denominado “pluralismo religioso”. 9 Procurador General Concepto 5174 Por el contrario, el artículo 2° Superior hace apenas una referencia indirecta al objeto de la Ley demandada, al disponer, como bien lo recuerda la actora, que “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia [… entre otras, en sus] creencias”; el artículo 13 Superior se refiere al asunto en términos meramente negativos, al establecer que no habrá discriminaciones “por razones [… de] religión”; y el artículo 19, que sí se refiere al objeto de la Ley en comento de manera explícita, para garantizar la libertad de cultos dispone que “[t]odas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley” (subrayas fuera del texto). De otra parte, otras normas constitucionales relevantes, que no se mencionan en la demanda, como es el caso del Preámbulo y de los

artículos 8°, 70, 72 y 95, permiten apreciar que el Constituyente invoca de manera explícita “la protección de Dios”, e impuso al Estado las obligaciones de proteger las riquezas culturales y el patrimonio cultural de la Nación, de promover el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación, y de establecer como deber de todo ciudadano la protección los recursos culturales, entre los cuales se encuentra, sin duda, su tradición religiosa. Por su parte, en la Ley Estatutaria 133 de 1994, por medio de la cual se regula la libertad religiosa y de cultos, se señala de manera explícita e inequívoca, en su artículo 2°, que “el Estado no es ateo, agnóstico, o indiferente ante los sentimientos religiosos de los colombianos”. Es decir, al tenor de las definiciones del Diccionario de la Real Academia de la Lengua, que el Estado no “niega la existencia de Dios”, no “declara inaccesible al entendimiento humano todo conocimiento de lo divino que trascienda la experiencia” ni está desinteresado o falto de afecto por los sentimientos religiosos de los ciudadanos. Por esta razón, en sus artículos 3° y 4° se precisa que el hecho de que el Estado reconozca la diversidad de las 10 Procurador General Concepto 5174 creencias religiosas, significa que éstas “no constituirán motivo de desigualdad o discriminación ante la ley que anulen o restrinjan el reconocimiento o ejercicio de los derechos fundamentales” y que “el ejercicio de los derechos dimanantes de la libertad religiosa y de cultos, tiene como

único límite la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguarda de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública, elementos constitutivos del orden público, protegido por la ley en una sociedad democrática” (subrayas fuera del texto). Por lo demás, esta Ley fue objeto de control previo e integral por parte de la Corte Constitucional en la Sentencia C088 de 1994, en la cual se declararon exequibles los artículos en comento. A partir de lo anterior puede concluirse, por lo tanto, que ni la Constitución ni la Ley disponen que el Estado sea laico y que sus autoridades tengan el deber de promover el pluralismo religioso, sin que esto signifique que no tengan el deber de reconocer la diversidad de creencias religiosas que las personas, en ejercicio de su libertad, decidan profesar. De ahí que afirmar lo contrario no constituya una base objetiva y, por tanto, idónea, para sostener que tanto al Gobierno Nacional como al Congreso de la República les está prohibido constitucional y legalmente asociarse a la celebración del aniversario de una Diócesis, como se hace en la Ley 1402 de 2010. Luego de revisar lo que establece la Constitución Política y la respectiva Ley Estatutaria sobre la materia sub examine, es menester revisar en detalle lo que ha expresado la Corte en varias de sus sentencias, al ocuparse del derecho fundamental a la libertad religiosa y a la libertad de cultos, como se hace enseguida. La primera sentencia relevante es la ya referida Sentencia C-088 de 1994, por medio de la cual la Corte Constitucional ejerció el control previo e 11 Procurador General

Concepto 5174 integral de constitucionalidad sobre el Proyecto de ley estatutaria No. 1° de la Cámara de Representantes y 209 del Senado, "Por la cual se desarrolla el Derecho de Libertad Religiosa y de Cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Nacional", que a la postre se convertiría en la Ley 133 de 1994. En esta Sentencia, se declaró la exequibilidad sin condiciones de los artículos 1°, 2°, 3°, 5°, 8°, 10°, 11°, 12°, 16°, 17°, 18° y 19°, y la exequibilidad condicionada de los artículos 4°, 6°, 7°, 9°, 13, 14,

15. De la argumentación de la Corte, es necesario destacar los siguientes

elementos: (i) Que “[l]a Carta de 1991 superó el anterior esquema normativo y valorativo de rango constitucional, prevalente durante buena parte de la historia del constitucionalismo colombiano, caracterizado por el reconocimiento de la "confesionalidad católica de la nación colombiana", y adoptó, como opción jurídico política el principio básico de organización y regulación de estas libertades públicas, como la formula del Estado de libertad religiosa, que se traduce en este tipo de declaraciones y afirmaciones de evidente consecuencia normativa”; (ii) Que “[l]a regulación jurídica de este derecho constitucional fundamental[, la libertad religiosa,] comporta la reafirmación del reconocimiento de los principios de la diversidad y de la igualdad, pero con contenidos específicos que aparecen en la misma Constitución; además, no se trata del

establecimiento de la neutralidad del Estado ante la libertad religiosa, sino de su reconocimiento, lo cual conduce a que el Constituyente, el legislador y las autoridades administrativas directamente, protejan a las religiones como derechos individuales y colectivos trascendentes de los regímenes ordinarios, y aseguren el efectivo respeto de las creencias de las personas. Además, el Estado debe proteger y hacer respetar las creencias de la persona como elemento del orden social, según se desprende de lo dispuesto por el artículo 19 y por los artículos 2, 14, 15, 16, 18, 19 y 20 de la Carta”; (iii) Que “[l]a Iglesia Católica es la única Iglesia que tiene un derecho público eclesiástico, potestad que deriva de su propia naturaleza jurídica de derecho público internacional, reconocimiento que se hace en el artículo 11 del proyecto. Las demás Iglesias o confesiones tienen derecho, por mandato de la Constitución Nacional, a que se reconozca su personería como cualquier asociación de fines lícitos, y a que el Estado esté sujeto en relación con ellas, a las reglas sobre la plena igualdad que prescribe la Carta. El reconocimiento de la personería jurídica de Derecho Público a la Iglesia Católica, es la aceptación de una realidad jurídica, histórica y cultural que el Estado no puede desconocer, y que, en relación con su naturaleza de persona jurídica de Derecho Público Eclesiástico, no incluye a las demás iglesias y confesiones”; (iv) [Que el] “derecho de ser propietarias del patrimonio artístico y cultural que hayan creado, o adquirido con sus recursos, o que esté bajo la posesión

12 Procurador General Concepto 5174 legitima de las iglesias y confesiones, resu