PGN - DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD Contra un aparte del artículo 58 de la ley 1480 de 2

Procurador General DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Contra un aparte del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011 DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS-Estatuto del Consumidor De manera específica, en el Título VIII de la Ley 1480 de 2011 o Estatuto del Consumidor se regulan algunos aspectos procesales relativos a esta materia y en particular lo que atañe a las acciones jurisdiccionales de protección al consumidor, previstas en el artículo 56; a las facultades jurisdiccionales de entes administrativos como superintendencias, establecidas en el artículo 57; y a las reglas que rigen los procedimientos sobre violación de los derechos de los consumidores, dispuestas en el artículo 58 CARGA DE LA PRUEBA-Circunstancias En la presente demanda el actor enmarca su censura en la primera circunstancia, pues considera que la exigencia legal resulta excesiva y desproporcionada. Sin embargo, esta consideración, además de ignorar la razonabilidad de la exigencia de la Ley, pasa por alto tres circunstancias relevantes en este caso. La primera circunstancia es la regla general de la carga de la prueba, de conformidad con la cual corresponde a la persona que hace una afirmación en un proceso. En este sentido, es claro que la censura del acto no puede dirigirse contra la carga de la prueba en sí misma, sino únicamente contra la oportunidad para satisfacerla, que en el proceso judicial en cuestión es la reclamación directa. Sin embargo, esta censura tampoco es legítima pues la decisión sobre el momento procesal en que pueden presentarse o pedirse las pruebas es una decisión que, precisamente, está sometida a la voluntad autónoma del

Legislador de conformidad con su libertad de configuración normativa. La segunda circunstancia es que la carga de la prueba no corresponde sólo a una de las partes en la controversia o en el litigio, sino a ambas y, por lo tanto, que la regulación probatoria afecta de igual manera tanto a los consumidores como a los entes ante los cuales se presenta la reclamación directa. Así, el sólo fijar que las pruebas pueden pedirse o practicarse en uno u otro momento determinado del proceso en forma alguna puede afectar la igualdad o el equilibrio entre las partes. Por último, la tercera circunstancia es que la norma demandada no niega en forma alguna la oportunidad de practicar o solicitar pruebas, que existe y debe aprovecharse de manera oportuna, sino que simplemente impide subsanar en un momento ulterior la falta de diligencia y cuidado de la parte interesada que, pese a haber tenido la oportunidad de practicarla, omite hacerlo. En efecto, debe destacarse que ante la imposibilidad de practicar la prueba por motivos ajenos a la conducta omisiva de la parte interesada o por el hecho de que la misma se refiere a hechos posteriores a la reclamación directa, la Ley prevé que ésta sí puede solicitar su práctica Bogotá, D.C., julio 31 de 2012 Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

Procurador General Concepto 5414

Ref.: Demanda de inconstitucionalidad contra un aparte del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011, “Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras

disposiciones”.

Actor: David Martínez Carrillo.

Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva.

Expediente D-9144. Concepto 5414 Según lo dispuesto en los artículos 40, numeral 6º, 242, numerales 1º, 2º, y 278, numeral 5º, de la Constitución Política, rindo concepto sobre la demanda presentada por el ciudadano David Martínez Carrillo contra el literal e) del numeral 5° del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011, “Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones”, cuyo texto se reproduce a continuación con lo demandado en negritas.

LEY 1480 DE 2011

(octubre 12) Diario Oficial No. 48.220 de 12 de octubre de 2011 <Rige a partir del 12 de abril de 2012 (Art. 84)> CONGRESO DE LA REPÚBLICA Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones.

EL CONGRESO DE COLOMBIA,

DECRETA: […] ARTÍCULO 58. PROCEDIMIENTO. Los procesos que versen sobre violación a los derechos de los consumidores establecidos en normas generales o especiales en todos los sectores de la economía, a excepción de la responsabilidad por producto defectuoso y de las acciones de grupo o las populares, se tramitarán por el procedimiento verbal sumario, con

observancia de las siguientes reglas especiales: […]

5. A la demanda deberá acompañarse la reclamación directa hecha por el demandante al productor y/o proveedor, reclamación que podrá ser

presentada por escrito, telefónica o verbalmente, con observancia de las siguientes reglas: […] e) Las pretensiones, hechos y las pruebas del reclamo y la respuesta del productor o proveedor, delimitarán la actuación de la Superintendencia de Industria y Comercio, a excepción de los hechos que sucedan con posterioridad. Las partes solo podrán pedir práctica de pruebas que no les hubiera sido posible practicar en la reclamación directa o por hechos posteriores a esta.

1. Planteamiento de la demanda.

2 Procurador General Concepto 5414 El actor considera que la expresión demandada, al prever que sólo se puede solicitar a la Superintendencia de Industria y Comercio la practica las pruebas que no fue posible practicar en la reclamación directa o que se refieran a hechos posteriores a esta, vulnera los derechos a la igualdad, al debido proceso, a acceder a la administración de justicia, el preámbulo de la Carta y los fines constitucionales de convivencia, justicia, paz y un orden social justo. Así, aduce que esta expresión supone “una carga excesiva y desproporciona, que resulta lesionando los derechos al acceso a la administración de justicia, el debido proceso y la igualdad de las partes”. Y, para fortalecer este argumento, trae a cuento las Sentencias C-598 de 2011, C-1270 de 2000 y C-165 de 1993, por cuanto considera que “el literal e) del [numeral 5°] del artículo 58 de la ley 1480 de 2011, conlleva una restricción al derecho constitucional de acceso a la justicia, entendido [é]ste como la posibilidad de

concurrir ante los jueces a fin de lograr que se imparta justicia conforme al ordenamiento jurídico y en condiciones de igualdad, pues se cercena a las partes que en la etapa procesal puedan adicionar, mejorar o ratificar las pruebas presentadas en la etapa de reclamación directa y las que posteriormente consideren pertinentes que hagan parte del proceso”. En el mismo sentido, arguye que el aparte demandado “vulnera [e]l debido proceso, pues conlleva a que las partes pierden la oportunidad de solicitar y practicar otra clase de pruebas que hubiesen podido practicar en la etapa de reclamación directa, pero que por diversos motivos […] no practicaron. Además se limita a que las partes puedan ejercer derecho a practicar pruebas, ejercer su propia defensa y se pueda configurar un proceso limpio donde exista la contradicción y la contra respuesta”. Y agrega que “[l]a disposición acusada no es más que la afectación a los derechos de defensa y contradicción de quienes acuden a la jurisdicción por procesos que versen sobre violación a los derechos de los consumidores, lo que realmente se está 3 Procurador General Concepto 5414 imponiendo es que las partes en el proceso se vean impedidas al acceso real y efectivo a la jurisdicción, porque al quedar negada la imposibilidad (sic.) de aportar las pruebas a las que se refiere la norma acusada, es muy factible que el proceso correspondiente esté llamado al fracaso, y por tanto, […] que muchas de las causas no fueran llevadas a las instancias judiciales ante la prohibición esenciales para desenvolver la litis”.

Por último, el actor alude a los artículos 1.1., 8.2 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, para reiterar que la expresión demandada vulnera el derecho a la igualdad, pues de aplicarse “es claro que la parte que no practicó la prueba en la reclamación directa entraría en desventaja al proceso respectivo”.

2. Problema jurídico.

Corresponde establecer si el literal e) del numeral 5° del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011, al establecer que en los procesos que sobre violación a los derechos de los consumidores, sólo se puede practicar las pruebas que no se haya podido practicar en la reclamación directa o que se refieran a hechos posteriores a la misma, vulnera los derechos a la igualdad, al debido proceso, a acceder a la administración de justicia, el preámbulo de la Carta y los fines constitucionales de convivencia, justicia, paz y un orden social justo.

3. Análisis jurídico.

El artículo 150 Superior dispone que “[c]orresponde al Congreso hacer las leyes […y que por] medio de ella ejerce las siguientes funciones: 1. Interpretar, reformar y derogar las leyes. 2. Expedir códigos en todos los 4 Procurador General Concepto 5414 ramos de la legislación y reformar sus disposiciones”, entre otras. En desarrollo de esta competencia, el legislador expidió el Estatuto del Consumidor y dictó otras disposiciones, cuyo objeto, previsto en su artículo 2°, es el de regular “los derechos y las obligaciones surgidas entre los productores, proveedores y consumidores y la responsabilidad de los productores y proveedores tanto sustancial como procesalmente”.

De manera específica, en el Título VIII de la Ley 1480 de 2011 o Estatuto del Consumidor se regulan algunos aspectos procesales relativos a esta materia y en particular lo que atañe a las acciones jurisdiccionales de protección al consumidor, previstas en el artículo 56; a las facultades jurisdiccionales de entes administrativos como superintendencias, establecidas en el artículo 57; y a las reglas que rigen los procedimientos sobre violación de los derechos de los consumidores, dispuestas en el artículo 58. Por su parte, entre otras en las Sentencias C-089 de 2011, C-980 de 2010 y C-1335 de 2000, la Corte Constitucional ha precisado que el legislador goza de un amplio margen de configuración para “regular los diversos procesos judiciales y administrativos, y establecer las etapas, oportunidades y formalidades aplicables a cada uno de ellos, así como los términos para interponer las distintas acciones y recursos ante las autoridades judiciales y administrativas”. Sin embargo, también ha advertido que esta libertad “se encuentra al mismo tiempo limitada por los principios, derechos fundamentales y valores esenciales del Estado constitucional de Derecho, y que el desarrollo de cualquier procedimiento judicial o administrativo se debe ajustar a las exigencias del debido proceso contenido en el artículo 29 Superior”. En el mismo sentido, en una reciente decisión, la Sentencia C-314 de 2012, esta Corporación concluyó que “la potestad de configuración del legislador es una competencia constitucional que debe ejercerse dentro de los límites 5 Procurador General Concepto 5414 impuestos por la Carta Política, la cual debe estar justificada en un principio

de razón suficiente, en donde si la decisión del legislador resulta arbitraria debe ser retirada del ordenamiento jurídico”. Y en este contexto, precisó que “[u]no de esos límites es precisamente no hacer nugatorios derechos fundamentales tales como el de acceso a la administración de justicia, debido proceso y defensa” y que, por tanto, “las decisiones legislativas que impidan el ejercicio de estos derechos fundamentales deben ser excluidas del ordenamiento constitucional”. De conformidad con lo anterior, al prever que “[l]as pretensiones, hechos y las pruebas del reclamo y la respuesta del productor o proveedor, delimitarán la actuación de la Superintendencia de Industria y Comercio, a excepción de los hechos que sucedan con posterioridad” y, específicamente, que “[l]as partes solo podrán pedir práctica de pruebas que no les hubiera sido posible practicar en la reclamación directa o por hechos posteriores a esta”, en concepto de esta Vista Fiscal la expresión demandada se enmarca dentro del marco de libertad configurativa que la Carta le reconoce al legislador, sin que sea posible afirmar, como lo hace el actor, que la misma vulnere los derechos a la igualdad, al debido proceso, a acceder a la administración de justicia, o contrarié los fines constitucionales del Estado de garantizar la convivencia, la justicia, la paz y un orden social justo. Lo anterior, por cuanto una lectura objetiva y contextualizada de la expresión demandada permite constatar que ésta se limita a precisar que sólo se puede proceder a la práctica de pruebas que no hubiera sido posible practicar en la reclamación directa, o relativas a hechos posteriores a ella, y

esta previsión legal no es extraña o exótica, sino que atañe a dos circunstancias razonables: (i) que las pruebas deben practicarse de manera pronta y eficaz, cuando ello sea posible y (ii) que las pruebas sólo pueden practicarse respecto de hechos acaecidos antes de su práctica. 6 Procurador General Concepto 5414 En la presente demanda el actor enmarca su censura en la primera circunstancia, pues considera que la exigencia legal resulta excesiva y desproporcionada. Sin embargo, esta consideración, además de ignorar la razonabilidad de la exigencia de la Ley, pasa por alto tres circunstancias relevantes en este caso. La primera circunstancia es la regla general de la carga de la prueba, de conformidad con la cual corresponde a la persona que hace una afirmación en un proceso. En este sentido, es claro que la censura del acto no puede dirigirse contra la carga de la prueba en sí misma, sino únicamente contra la oportunidad para satisfacerla, que en el proceso judicial en cuestión es la reclamación directa. Sin embargo, esta censura tampoco es legítima pues la decisión sobre el momento procesal en que pueden presentarse o pedirse las pruebas es una decisión que, precisamente, está sometida a la voluntad autónoma del Legislador de conformidad con su libertad de configuración normativa. La segunda circunstancia es que la carga de la prueba no corresponde sólo a una de las partes en la controversia o en el litigio, sino a ambas y, por lo tanto, que la regulación probatoria afecta de igual manera tanto a los consumidores como a los entes ante los cuales se presenta la reclamación directa. Así, el sólo fijar que las pruebas pueden pedirse o practicarse en

uno u otro momento determinado del proceso en forma alguna puede afectar la igualdad o el equilibrio entre las partes. Por último, la tercera circunstancia es que la norma demandada no niega en forma alguna la oportunidad de practicar o solicitar pruebas, que existe y debe aprovecharse de manera oportuna, sino que simplemente impide subsanar en un momento ulterior la falta de diligencia y cuidado de la parte interesada que, pese a haber tenido la oportunidad de practicarla, omite hacerlo. En efecto, debe destacarse que ante la imposibilidad de practicar la prueba por motivos ajenos a la conducta omisiva de la parte 7 Procurador General Concepto 5414 interesada o por el hecho de que la misma se refiere a hechos posteriores a la reclamación directa, la Ley prevé que ésta sí puede solicitar su práctica. De otra parte, asumir que únicamente el proceso que se surte ante la Superintendencia de Industria y Comercio es el escenario adecuado para “adicionar, mejorar o ratificar las pruebas presentadas en la etapa de reclamación directa y las que posteriormente consideren pertinentes que hagan parte del proceso”, como lo hace el actor, implica considerar la reclamación directa como un ejercicio anodino, experimental o fútil, en el cual es legítimo actuar de manera negligente en materia probatoria pues, al fin y al cabo, la única actuación importante es la del proceso judicial posterior. En este mismo sentido, se reitera que al establecer las mismas reglas para todas las partes la expresión demandada no vulnera ni puede vulnerar el derecho a la igualdad. Y que, al regular un proceso en lo relativo al ejercicio probatorio, de manera razonable y ponderada, sobre la base de que al

interesado le corresponde soportar la carga de la prueba de sus afirmaciones, la expresión demandada tampoco vulnera el derecho al debido proceso. De igual forma, al impedir que se pueda solicitar en el proceso judicial la práctica de aquellas pruebas que fue posible practicar en el momento de la reclamación directa, pero que por desidia u omisión de las partes no se practicaron, la norma demandada no vulnera el derecho a acceder a la administración de justicia. Lo anterior, pues si bien la justicia, y el orden justo, aparecen reconocidos como valores en el preámbulo de la Carta y como fines de la misma, no se puede pretender cubrir con ellos la conducta negligente o descuidada de las partes en un proceso, cualquiera que este sea. 8 Procurador General Concepto 5414

4. Conclusión.

En razón de lo expuesto, el Ministerio Público solicita a la Corte que declare EXEQUIBLE el literal e) del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011, por los cargos analizados. De los Señores Magistrados,

ALEJANDRO ORDÓÑEZ MALDONADO

Procurador General de la Nación

LJMO/ABG

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