PGN - DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD En el caso sub lite carece de certeza, especificidad

Procurador General DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Contra una expresión del artículo 117 del Código Civil DEMANDA DE INCONSTITICIONALIDAD-Planteamiento de la accionante DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Análisis constitucional DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-En el caso sub lite carece de certeza, especificidad, suficiencia y pertinencia/DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Los cargos señalados por la accionante carecen de certeza Esta vista fiscal considera que la demanda sub examine carece no sólo de claridad sino además, de certeza, especificidad, suficiencia y pertinencia, motivo por el cual considera que la Corte Constitucional debe declararse inhibida para fallar de fondo el presente asunto, tal y como pasa a explicarse. Además de la falta de claridad advertida al inicio del resumen de la demanda, señalada como imprescindible en la jurisprudencia constitucional, los cargos presentados por la accionante también carecen de certeza pues el contenido demandado se encuentra en un texto jurídico, lo cierto es que éste no se encuentra vigente. De hecho, así lo reconoce la misma accionante al afirmar que “las edades que menciona el artículo demandado, primero son superiores al tope de mayoría de edad que actualmente es de 18 años, de modo que no están siendo consistentes con el ordenamiento actual y[,] por ende [la norma] carece de vigencia para hacerle exigible” (subrayas fuera del texto original). En ese sentido, debe recordarse que en el artículo 2° de la Ley 27 de 1977 dispuso expresamente que para todos los casos en los que la ley señalara “los 21 años como

aptitud legal para ejecutar determinados actos jurídicos, o como condición para obtener la capacidad de ejercicio de los derechos civiles, se entenderá que [ésta] se refiere a los mayores de 18 años”. Por lo que resulta evidente que la norma acusada no es aplicable en la actualidad, por cuanto en ahora se consideran menores de edad únicamente a las personas menores de 18 años. Lo que quiere decir que la expresión demandada se fue derogada orgánica y tácitamente por disposiciones posteriores como la precitada, y no goza de posibilidad de ejecutoria alguna, así como tampoco continúa produciendo efectos ultractivos. Situación, ésta última, que a su vez hace que el análisis de su constitucionalidad en consecuencia sea impertinente y absolutamente ineficaz. DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-La falta de concreción en las acusaciones impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad En consecuencia, la falta de concreción en las acusaciones impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad, por cuanto sería errado activar esta jurisdicción con el exclusivo propósito de analizar simples aseveraciones sobre un contenido normativo “carente de obligatoriedad por no ser parte del ordenamiento jurídico”. Además, la accionante no sigue un hilo conductor claro que permita seguir con congruencia su objetivo, sino que expone enunciados abstractos y contradictorios, como lo es decir que la expresión acusada “diferencia tajantemente entre el hijo y la hija por Procurador General Concepto razón de su edad para contraer matrimonio”, afirmación que ella pretende justificar sosteniendo que “no existen motivos para diferenciar la capacidad de las personas por

razón de su sexo”. En efecto, lo anterior evidencia que la accionante no ofrece claridad respecto de cuál es la discriminación alegada, es decir, si la invoca por razón del sexo o de la edad, o por las dos categorías o criterios de manera concurrente. Por los motivos expuestos, y contrario a lo considerado por el entonces Magistrado Sustanciador en el auto admisorio de la demanda, en concepto de esta jefatura no puede afirmarse que la demanda cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, ni con los requisitos que a partir del aquel se han detallado en la jurisprudencia constitucional, siendo aquella insuficiente para justificar que se profiera una decisión judicial de fondo. 2 Procurador General Concepto Bogotá, D.C., 27 de enero de 2017 Señores,

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

REF: Demanda de inconstitucionalidad contra una expresión del artículo 117 del Código Civil.

Demandantes: Ana Laidy Katheryne Márquez Tovar.

Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio.

Expediente D-11787. Concepto 6246 Según lo dispuesto en los numerales 2° y 5° de los artículos 242 y 278 de la Constitución Política, respectivamente, rindo concepto en relación con la demanda instaurada por la ciudadana Ana Laidy Katheryne Márquez quien, en ejercicio de la acción pública prevista en los artículos 40, numeral 6º y 242, numeral 1º superiores, solicita que se declare la inexequibilidad de

una expresión del artículo 117 del Código Civil, cuyo texto se transcribe a continuación: “CODIGO CIVIL Sancionado el 26 de mayo de 1873 […] ARTICULO 117. PERMISO PARA EL MATRIMONIO DE MENORES. Los menores de la edad expresada no pueden contraer matrimonio sin el permiso expreso, por escrito, de sus padres legítimos o naturales. Si alguno de ellos hubiere muerto, o se hallare impedido para conceder este permiso, bastará el consentimiento del otro. En los mismos términos de este artículo, se necesita del consentimiento del padre y de la madre adoptante para el matrimonio del hijo adoptivo, menor de veintiún años, o de la hija adoptiva, menor de diez y ocho”.

1. Planteamiento de la demanda Aunque de antemano debe advertirse que la redacción de la demanda dificulta la comprensión de los planteamientos de la accionante, el

3 Procurador General Concepto ministerio público en virtud del principio pro actione a continuación presenta un resumen de aquella de acuerdo con el sentido que se logra desentrañar de lo expresado en la copia del escrito presentado. La accionante solicita que se declare la inexequibilidad del apartado subrayado del artículo 117 del Código Civil argumentando que éste divide a los hijos que forman parte de una familia, discriminándolos en razón de su sexo y estableciendo una diferenciación a través de la que “se excluye de las decisiones familiares más rápidamente a las hijas”. De igual manera, estima que esa misma diferenciación trasgrede el derecho a la igualdad, protegido por el artículo 13 superior, debido a que no reconoce la igualdad material que debería existir entre todas las

personas, ya que fragmenta la emancipación de los hijos, asignando una edad diferente en razón del sexo de cada uno. Es más, según la accionante ésta es una de aquellas situaciones de inferioridad fincada en estereotipos o prejuicios sociales que deberían ser remediadas por el juez constitucional, de acuerdo con lo preceptuado por la misma Corte Constitucional en la Sentencia C-410 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz). Así, en la demanda se indica que la desigualdad referida trasgrede además “la equidad de sexo” entre hombres y mujeres, dispuesta en el artículo 43 constitucional, debido a que propone una discriminación injustificada basada en “una diferencia natural que no ha de cambiar las condiciones sociales ni cognoscitivas para las personas”. Por otra parte y aunque de manera imprecisa, la accionante refiere que, debido a la capacidad reconocida por el ordenamiento jurídico civil a hombres y mujeres para contraer matrimonio a partir de los 14 años, la Corte debería aclarar si en la norma acusada —que trata sobre hijos adoptivos— se aplica la misma premisa de 14 años u otra disposición, para así esclarecer el sentido de la disposición. 4 Procurador General Concepto Finalmente, en consideración a estos motivos la accionante solicita que se declare la inexequibilidad de la expresión “del hijo adoptivo, menor de veintiún años, o de la hija adoptiva, menor de diez y ocho” del artículo 117 del Código Civil. Aunque de manera subsidiaria solicita que la Corte “aclare la edad en que los menores pueden contraer matrimonio”.

2. Problema jurídico De conformidad con los cargos resumidos, esta jefatura estima que en el

presente proceso debe determinarse si las expresiones demandadas del artículo 117 del Código Civil efectivamente infringen lo dispuesto en los artículos 13 y 43 de la Constitución Política, sobre el principio-derecho a la igualdad, así como específicamente sobre la igualdad de derechos y oportunidades que debe ofrecerse a las mujeres y a los hombres.

3. Análisis constitucional Esta vista fiscal considera que la demanda sub examine carece no sólo de claridad sino además, de certeza, especificidad, suficiencia y pertinencia1, motivo por el cual considera que la Corte Constitucional debe declararse inhibida para fallar de fondo el presente asunto, tal y como pasa a explicarse.

Además de la falta de claridad advertida al inicio del resumen de la demanda, señalada como imprescindible en la jurisprudencia constitucional2, los cargos presentados por la accionante también carecen de certeza pues el contenido demandado se encuentra en un texto jurídico, lo cierto es que éste no se encuentra vigente. De hecho, así lo reconoce la misma accionante al afirmar que “las edades que menciona el artículo demandado, primero son superiores al tope de mayoría de edad 1 Requisitos jurisprudenciales definidos por la Corte Constitucional para que una demanda sea admisible y proceda el estudio de los argumentos presentados. 2 Sentencia C-1052 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 5 Procurador General Concepto que actualmente es de 18 años, de modo que no están siendo consistentes con el ordenamiento actual y[,] por ende [la norma] carece de vigencia para hacerle exigible” (subrayas fuera del texto original).

En ese sentido, debe recordarse que en el artículo 2° de la Ley 27 de 1977 dispuso expresamente que para todos los casos en los que la ley señalara “los 21 años como aptitud legal para ejecutar determinados actos jurídicos, o como condición para obtener la capacidad de ejercicio de los derechos civiles, se entenderá que [ésta] se refiere a los mayores de 18 años”. Por lo que resulta evidente que la norma acusada no es aplicable en la actualidad, por cuanto en ahora se consideran menores de edad únicamente a las personas menores de 18 años. Lo que quiere decir que la expresión demandada se fue derogada orgánica3 y tácitamente por disposiciones posteriores como la precitada, y no goza de posibilidad de ejecutoria alguna, así como tampoco continúa produciendo efectos ultractivos4. Situación, ésta última, que a su vez hace que el análisis de su constitucionalidad en consecuencia sea impertinente y absolutamente ineficaz. Además debe destacarse que en la demanda se acusa una proposición a través de cargos que obedecen a una interpretación aislada y subjetiva, deducida de manera exclusiva por la accionante quien, desconociendo las normas sobrevinientes que armonizaron el sentido de la disposición parcialmente acusada, atribuye una carga discriminatoria que no es verificable per se, pues únicamente a través de una deducción subjetiva puede concluirse de que los hombres mayores de 18 y menores de 21 años deben contar con un permiso para acceder al matrimonio, mientras las mujeres de la misma edad no. 3 En la Sentencia C-336 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo, la Corte Indicó que “la derogación

orgánica ocurre cuando la nueva ley “regula íntegramente la materia a la que la anterior disposición se refería”. 4 En la Sentencia C-819 de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, la Corte indicó que sólo cuando la norma demandada y estudiada sí continuaba produciendo efectos a pesar de encontrarse derogada, resultaba necesario acceder al estudio de fondo de la demanda, pero no así cuando no generaba esos efectos ultractivos. 6 Procurador General Concepto De otra parte, y volviendo a los requisitos sustanciales identificados por la Corte Constitucional como necesarios para el análisis de una demanda de constitucionalidad, esta jefatura encuentra que la argumentación presentada por la accionante tampoco es específica ni suficiente, por cuanto ella no demuestra de manera efectiva el modo “en que la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política a través de la formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto contra la norma demandada”5. Lo anterior, toda vez que ella afirma de manera muy general la supuesta vulneración de principios constitucionales como la igualdad (artículo 13 CP) y la igualdad de derechos y oportunidades entre el hombre y la mujer (artículo 43 CP) pero sin proponer una oposición real entre aquellos y la norma parcialmente demandada. En consecuencia, la falta de concreción en las acusaciones impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad, por cuanto sería errado activar esta jurisdicción con el exclusivo propósito de analizar simples aseveraciones sobre un contenido normativo “carente de obligatoriedad por no ser parte del ordenamiento jurídico”6.

Además, la accionante no sigue un hilo conductor claro que permita seguir con congruencia su objetivo, sino que expone enunciados abstractos y contradictorios, como lo es decir que la expresión acusada “diferencia tajantemente entre el hijo y la hija por razón de su edad para contraer matrimonio”, afirmación que ella pretende justificar sosteniendo que “no existen motivos para diferenciar la capacidad de las personas por razón de su sexo”. En efecto, lo anterior evidencia que la accionante no ofrece claridad respecto de cuál es la discriminación alegada, es decir, si la invoca por razón del sexo o de la edad, o por las dos categorías o criterios de manera concurrente. 5 Sentencia C-1025 de 2001. M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 6 Sentencia C-504 de 1993; M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y Carlos Gaviria Díaz. 7 Procurador General Concepto Así mismo, varios apartados de la demanda evidencian que la accionante no logra establecer la manera en la que la disposición acusada supuestamente vulnera la Constitución Política, pues por ejemplo afirma que “la emancipación de los hijos no puede fragmentarse por motivos inherentes a las personas”, cuando en realidad es justamente por motivos inherentes a las personas que procede la figura de la emancipación, en tanto es en atención a las calidades de madurez y capacidad de racionamiento de cada individuo que jurídicamente se considera que éste puede acceder o no a la administración de sus bienes, y esto también en mayor o menor medida en atención a su desarrollo particular y personal7. De igual manera y a pesar de alegar que la norma sería discriminatoria

por el hecho de basarse en “estereotipos desactualizados”, la accionante sostiene que “la norma acusada pone en mayor capacidad a las mujeres al permitirles la emancipación antes que los hombres mediante el permiso de matrimonio; si bien no se especifica por qué, sabemos que la norma atiende a costumbres y estereotipos de una época más prejuiciosa”. Lo que demuestra cómo las afirmaciones que hace en su demanda, a manera de argumentos, en últimas carecen de razones y fuerza suficientes para generar si quiera una duda respecto de la constitucionalidad de la norma parcialmente demandada8 que, se repite, ya ni siquiera está vigente y no puede producir efecto jurídico alguno. Por los motivos expuestos, y contrario a lo considerado por el entonces Magistrado Sustanciador en el auto admisorio de la demanda, en concepto de esta jefatura no puede afirmarse que la demanda cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, ni con los requisitos que a partir del aquel se han detallado en la jurisprudencia 7 El artículo 313 del Código Civil, modificado por el artículo 43, Decreto 2820 de 1974 establece que “La emancipación voluntaria se efectúa por instrumento público, en que los padres declaran emancipar al hijo adulto y éste consiente en ello. No valdrá esta emancipación si no es autorizada por el juez con conocimiento de causa. 8 Sentencia C-1052 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 8 Procurador General Concepto constitucional, siendo aquella insuficiente para justificar que se profiera

una decisión judicial de fondo.

4. Solicitud Por las razones expuestas, el jefe del ministerio público le solicita a la Corte Constitucional declararse INHIBIDA y abstenerse de estudiar el fondo de la presente demanda, respecto del artículo 117 del Código Civil.

De los señores magistrados,

FERNANDO CARRILLO FLÓREZ

Procurador General de la Nación

ABG/MXDE

9