PGN - DEMANDANTE Le corresponde señalar marco jurídico que considera violado y explicar co

NULIDAD ACTO DE ELECCIÓN-Edil de Junta Administradora Local de Localidad 4 Norte Centro Histórico del Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES-Consagración legal de las incompatibilidades e inhabilidades de sus miembros CAUSALES DE INHABILIDAD-Respecto a la establecida en numeral 4 art 43 de ley 617 de 2.000 PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA-Alcances de la figura CONCEJALES-Disposiciones de sus inhabilidades e incompatibilidades no aplican por analogía a servidores distintos a estos/DEMANDANTE-Le corresponde señalar marco jurídico que considera violado y explicar concepto de violación Advierte esta Delegada que desde un principio entendiendo por tal el escrito de demanda el actor consideró como normas violadas las que señalara el a-quo en su decisión y que le permitieran concluir en su no aplicación al caso y la desestimación de la pretensión de nulidad, estas disposiciones, se refieren al régimen de inhabilidades de los concejales y por razón de su naturaleza prohibitiva no susceptibles de ser aplicadas analógicamente o por vía de interpretaciones extensivas a situaciones o servidores distintos a los señalados, salvo que medie autorización legal para ello en lo que el a-quo acierta, es más en la audiencia inicial se reitera el conjunto normativo señalado por el demandante y se indica que el objeto del litigio es establecer si el elegido edil se encuentra incurso en la causal de inhabilidad señalada en el numeral 4° del artículo 43 de la Ley 617 modificatorio del artículo 40 de la Ley 136 de 1994 conforme al cual no podrá ser elegido concejal “4.

Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio o distrito. Considera esta Agencia del Ministerio Público que no resulta de recibo el reproche que se le hace al a quo por no ejercer sus funciones y adecuar la demanda y su pretensión conforme al principio iura novit curia conforme al cual al juez sólo se le han de dar los hechos para que el como docto y conocedor de la norma aplique la que corresponda así no se haya enunciado por el actor, en este evento ello no es posible por cuanto que la justicia administrativa no ha dejado de ser rogada y so pretexto de adecuar la demanda a la pretensión del actor no le correspondía efectuar la adecuación jurídica, ello es actividad de la parte demandante a quien le corresponde señalar el marco jurídico que considera violado y explicar el concepto de violación que si no la cumple a cabalidad asume las consecuencias de una indebida adecuación de los hechos a la norma…… PROHIBICIONES SERVIDORES PÚBLICOS-Su consagración es asunto de competencia del legislador mas no del operador jurídico …… Considera esta Agencia del Ministerio Público que la decisión del a-quo ha de ser confirmada y que acierta al desestimar los argumentos que señalara el actor quien 1 pretende que a los ediles del Distrito Especial de Barranquilla se les apliquen las

disposiciones que rigen las inhabilidades de los concejales, ello resulta a todas luces improcedente; como bien lo señalara el a-quo la naturaleza jurídica de las normas prohibitivas imponen al operador unas limitantes una de ellas que debe abordar su interpretación con carácter restrictivo por lo mismo no es posible efectuar interpretaciones extensivas encaminadas a lograr que en la norma se comprendan situaciones que ésta de manera expresa no contempla, que no es posible acudir a la analogía para suplir vacíos y que tratándose de prohibiciones su consagración es asunto de competencia del legislador no del operador jurídico a quien le corresponda aplicar e interpretar la norma. CONGRUENCIA-Debe mediar entre la demanda su supuesto jurídico y fáctico y la decisión Ahora bien, pretende el apoderado judicial que en esta oportunidad procesal se apliquen a la decisión del asunto normas que no se señalaron en la demanda lo cual no resulta de recibo, como se dejó dicho el marco del litigio tanto en lo fáctico como en lo jurídico se fijó en la audiencia inicial y conforme a lo allí establecido se impone la decisión ello es inherente a la congruencia que debe mediar entre la demanda su supuesto jurídico y fáctico y la decisión. Empero de lo anterior considera esta Delegada que en aras de una decisión que propenda por una justicia material que dirima el evento litigioso propuesto a consideración del juez es del caso hacer el estudio respectivo. Barranquilla capital del departamento del Atlántico se erige en Distrito Especial, Industrial y Portuario por virtud del Acto Legislativo 01 de 1993…..

REGIMEN DE LOS DISTRITOS-Según sentencia de la Corte Constitucional JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES-Para inhabilidades que impidan ser elegidos miembros de estas es aplicable normativa general de régimen municipal/ SENTENCIA-Debe ser confirmada por haber negado pretensiones de demanda ….Pues bien, como en el asunto en estudio no hay remisión expresa a norma especial, ni al régimen de Bogotá Distrito Capital ni otro aplicable a ente territorial distinto, éstos no serán aplicables quedando circunscrito el marco jurídico a los demás señalados vale decir a i) las disposiciones constitucionales correspondientes; ii) las leyes especiales dictadas para ellos; y iii) en lo no regulado por éstas, con las normas legales que conforman el régimen municipal ordinario. Pues en conclusión diríamos que sería aplicable al asunto la normativa general del régimen municipal ordinario en donde se han señalado como inhabilidades que impiden ser elegido miembros de Junta Administradora Local a quienes 1) Hayan sido condenados a pena privativa de la libertad dentro de los diez (10) años anteriores a la elección, excepto en los casos de delitos culposos o políticos; 2). Hayan sido sancionados con destitución de un cargo público, excluidos del ejercicio de una profesión o sancionados más de dos (2) veces por faltas a la ética profesional o a los deberes de un cargo público; y 3). Sean miembros de las corporaciones públicas de elección popular, servidores públicos o miembros de las Juntas y consejos directivos de las entidades públicas; pero ocurre que como la inhabilidad que señala el demandante no se halla

comprendida en esta normatividad es de Perogrullo concluir que la pretensión igual ha de ser desestimada. 2 Con fundamento en las consideraciones anteriores esta Agencia del Ministerio Público de manera respetuosa le solicita a la Sala que confirme la sentencia de 16 de septiembre de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, la cual negó las pretensiones de la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad electoral se incoara contra el acto de elección del señor…. como edil de la Localidad No. 4 Norte – Centro Histórico del Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla – Atlántico para el período comprendido entre el 1° de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019. 3 Bogotá D.C., 13 de marzo de 2017 Concepto No. 032 Señores

CONSEJO DE ESTADO

Sección Quinta M.P. Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

E. S. D.

Referencia: Proceso número: 08001 23 33 000 2015 00860 01

Radicado interno: 2015 0860

Actor: Greg Felipe Torregroza de la Vega Demandado: José David del Toro Ramos Asunto: Recurso de apelación de la sentencia de 16 de septiembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad electoral se incoara contra el acto de elección del señor José David del Toro Ramos, como edil de la

Localidad No. 4 Norte – Centro Histórico del Distrito Especial Industrial y Portuario

de Barranquilla – Atlántico para el período comprendido entre el 1° de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019.

Respetada señora Consejera: Dentro del término de traslado especial señalado en el proveído adiado a 23 de febrero de 2017, como Agente del Ministerio Público en el proceso de la referencia presento por su conducto a consideración de la Sala los siguientes razonamientos.

I. ANTECEDENTES  La demanda El ciudadano Greg Felipe Torregroza de la Vega, actuando en su propio nombre y representación en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, demandó el acto por medio del cual se declaró electo al señor José David del Toro Ramos como edil de la Junta Administradora Local de la Localidad Norte Centro Histórico del Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, período comprendido entre el 1° de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019.  Pretensiones De conformidad con lo señalado en el escrito por medio del cual incoa la acción el Apoderado judicial de la parte demandante propone como pretensión la que a

continuación se transcribe: 4 “PRIMERO: Que se declare la nulidad del acto administrativo de fecha 19 de noviembre de 2015, contenido en el Formulario E-26, expedido por la Comisión Escrutadora Departamental del Atlántico por medio del cual la Organización Electoral declaró electo al señor JOSÉ DAVID DEL TORO RAMOS como Edil de la Localidad No. 4 Centro Histórico del Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, período comprendido entre el primero de enero del año 2016 y 31 de diciembre de 2019.

SEGUNDO: (…)”  Supuesto fáctico De conformidad con lo señalado por el apoderado judicial de la parte actora en el acápite denominado hechos de la demanda el elegido edil se encontraba incurso en causal de inelegibilidad por cuanto que su señora madre Nora Ramos del Toro, es funcionaria del Distrito Especial de Barranquilla desde el año 2008 en donde ejerce el cargo de Jefe de Oficina del Sisben cargo desde el cual viene “desplegando una clara autoridad de carácter política y administrativa, lo cual de forma evidente ubica al demandado en una posición aventajada con relación a los demás candidatos, ya que la oficina de SISBEN brinda diversos beneficios a la comunidad…”  Normas violadas y concepto de la violación Se indicaron como normas transgredidas las siguientes: i) Los artículos 121 y 124 de la Ley 136 de 1994. ii) El artículo 43 de la Ley 136 de 1994 como fue modificado por el artículo 40 de la Ley 617 del 2000.

Al explicar el concepto de la violación manifiesta que conforme a lo prescrito en el artículo121 de la Ley 136 de 1994 a los ediles se le aplican las inhabilidades establecidas para los concejales, sostiene que así debe entenderse la referida disposición cuando prescribe que “En las elecciones de Juntas Administradoras Locales, las votaciones se realizarán de conformidad con la reglamentación que expida el Consejo Nacional Electoral siguiendo principios y reglas análogas a los que regulan la elección de concejales”; en ese entendido considera el actor que el elegido edil por razón del parentesco que tiene con la funcionaria de cuyo cargo

infiere el demandante el ejercicio de autoridad política y administrativa, se encontraba incurso en la causal de inhabilidad del numeral 6° del artículo 43 de la Ley 136 modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000 a cuyo tenor no podrá ser elegido concejal “Quien tenga vínculos por matrimonio o unión permanente, o de parentesco hasta en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil, con funcionarios que ejerzan jurisdicción, autoridad administrativa, política o militar” en la circunscripción del municipio en la cual se efectúe la respectiva elección.

2. Decisión de primera instancia

5 El Tribunal Administrativo del Atlántico en su decisión de primera instancia dispuso: “Primero: Niéguense las súplicas de la demanda”. Para arribar a esa decisión consideró lo siguiente:  Las inhabilidades son de creación legal obedecen al principio de tipicidad y su aplicación es restrictiva.  La norma especial prima sobre la general  Que el artículo 40 de la Ley 617 de 200 regula el régimen de inhabilidades aplicable a los concejales.  Que el artículo 121 de la Ley 136 de 1994 se refiere a las facultades de regulación, inspección, vigilancia, organización, control y supervisión de la actividad electoral mas no le concede facultades al Consejo Nacional Electoral para modificar o ampliar el régimen de inhabilidades de los ediles, concluir en contrario sería “hacer una aplicación extensiva de las normas que regulan las inhabilidades tanto de los concejales como de los miembros de las Juntas Administradoras Locales, lo cual para la Sala es incorrecto, toda vez

que las causales de inhabilidad establecidas en el artículo 40 de la Ley 617 de 2000 son de aplicación exclusiva para aquellos ciudadanos que aspiren a ser elegidos como concejales…”  Las causales de inhabilidad señaladas en el artículo 121 de la Ley 136 de 1994 no consagra el supuesto de hecho que refiere el demandante.  El Decreto Ley 1421 de 1993 es norma que se aplica exclusivamente al Distrito Capital y a los ediles que se eligen en esta entidad territorial no así a las demás entidades de este orden.

3. Recurso de apelación Inconforme con la decisión de primera instancia el demandante por intermedio de apoderado judicial interpuso recurso de apelación contra la misma, considera el apelante que el a-quo se equivocó en el análisis que realizó y la conclusión a la cual arribó; se destacan como argumentos en contra de la decisión de primera instancia los siguientes:  La Ley 136 de 1994, por virtud del principio de la especialidad no es aplicable a los ediles del Distrito Especial de Barranquilla, el régimen de inhabilidades de estos conforme al Acto Legislativo 1 de 1993 es el del Distrito Capital.  Que el a-quo omitió considerar lo señalado en la Ley 768 de 2002 la cual fue señalada en la demanda y conforme a esta disposición el régimen de inhabilidades de los ediles es el establecido en el Decreto 1421 de 1993 por cuanto que en él se indicó que “frente a los vacíos jurídicos… deberán tenerse en cuenta las normas especiales y aquellas disposiciones consagradas en la norma del distrito de Bogotá”.

6  Los jueces al decidir están en la obligación de aplicar las normas jurídicas que resulten pertinentes así éstas no hayan sido invocadas en la demanda, el principio que rige es el iura novit curia en ese entendido el juez ha debido aplicar las normas que resultaren pertinentes al caso. La concesión del recurso estuvo precedida de las siguientes actuaciones, así: i) El a-quo en principio concede el recurso mediante auto del 21 de octubre de 2016; ii) posteriormente por auto del 27 de octubre de 2016 considera ilegal la concesión del recurso y así lo decreta, teniendo como fundamento para esta decisión el informe secretarial según el cual el recurso de apelación se presentó extemporáneamente, iii) este auto es objeto de recurso de reposición y en su decisión considera que el recurso de apelación interpuesto lo fue en oportunidad toda vez que no se había notificado en debida forma al apoderado judicial de la parte demandante; iv) finalmente por auto del 6 de febrero de 2017 se repuso parcialmente el auto del 27 de octubre de 2016 y concede el recurso.  Admisión del recurso de apelación Por auto del 23 de febrero de 2017 la Sección Quinta del Consejo de Estado admite el recurso.

4. Alegatos de conclusión De la solicitud de saneamiento formulada por el apoderado judicial del demandado edil José David del Toro Ramos Como primera media el apoderado de la parte demandada solicita “como medida de saneamiento, que declare sin efecto o ilegal, tanto el auto que concedió el recurso de apelación de 6 de octubre de 2016, como el auto de 23 de febrero de

2017 que lo admitió y, en consecuencia se declare ejecutoriada la sentencia de 16 de septiembre de 2016, …, que denegó las súplicas de la demanda, y se ordene el archivo del proceso”. Los argumentos del peticionario en sentir de esta Delegada no están llamados a prosperar y entiende que los mismos han quedado sin fundamento dadas las consideraciones consignadas en el auto proferido por la Consejera ponente adiado a 23 de febrero de la cursante anualidad por medio del cual admitió el recurso de apelación, en este proveído es enfática y reiterativa la aseveración sobre la presentación y sustentación oportuna del recurso. 4.1. Alegato del apoderado de la parte actora En esta oportunidad el apoderado de la parte actora reitera su tesis sobre la aplicación de las normas que establecen el régimen de Bogotá-Distrito Capital, sostiene que la aplicación de esta normativa se ha de efectuar por razón del carácter supletorio de estas disposiciones que según afirma fue establecido en la Ley 768 de 2002, en ese entendido se ha de considerar la inhabilidad propuesta la cual considera se configura en el asunto en examen, pues la señora madre del 7 elegido edil ejerce cargo de cuyas funciones se infiere el ejercicio de autoridad civil, concepto de carácter genérico que comprende el de autoridad administrativa. 4.2. Del apoderado del demandado Comienza por reiterar la solicitud de saneamiento, la cual como se dejó dicho ha de ser desestimada, seguidamente manifiesta que la sentencia apelada ha de ser

confirmada por cuanto la misma está conforme a derecho, se destaca de su escrito lo siguiente: “Como la parte demandante ha tratado de sostener que a los ediles del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla deben aplicárseles las inhabilidades consagradas en el Decreto 1421 de 1993 y no las previstas en el artículo 124 de la Ley 136 de 1994, que son las que rigen los municipios, debo resaltar que en el acto de creación del Distrito Especial de Barranquilla, el Acto Legislativo número 01 de 17 de agosto de 1993, se precisó en su artículo 1° inciso 1° que “Su régimen político, fiscal y administrativo será el que determinen la Constitución y las leyes especiales que para el efecto se dicten, y en lo no dispuesto en ellas, las disposiciones vigentes para los municipios”. EL Acto Legislativo 01 de 1993, en la norma antes transcrita, fue muy claro en señalar que el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla está sujeto al siguiente orden jerárquico normativo: en primer lugar, la Constitución Política; en segundo lugar, la ley especial que para él se dictó, que es la Ley 768 de 2002; y en tercer lugar, en lo no dispuesto en dichas normas, las disposiciones vigentes para los municipios” Concluye que el régimen de inhabilidades de los ediles del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, está señalado en el artículo 142 de la Ley 136 de1994.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Se encuentra el asunto para estudio del Consejo de Estado –Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta – por razón de la interposición del recurso de apelación que el apoderado judicial de la parte demandante realizara contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, adiada en Barranquilla a 16 de septiembre de 2016, por medio de la cual dispuso: “Primero.- Niéguense las súplicas de la demanda”. El actor demandó la elección del señor Jose David del Toro Ramoso como edil de la Junta Administradora Local de la Localidad No. 4 Norte Centro Histórico del Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla. Advierte esta Delegada que desde un principio entendiendo por tal el escrito de demanda el actor consideró como normas violadas las que señalara el a-quo en 8 su decisión y que le permitieran concluir en su no aplicación al caso y la desestimación de la pretensión de nulidad, estas disposiciones, se refieren al régimen de inhabilidades de los concejales y por razón de su naturaleza prohibitiva no susceptibles de ser aplicadas analógicamente o por vía de interpretaciones extensivas a situaciones o servidores distintos a los señalados, salvo que medie autorización legal para ello en lo que el a-quo acierta, es más en la audiencia inicial se reitera el conjunto normativo señalado por el demandante y se indica que el objeto del litigio es establecer si el elegido edil se encuentra incurso en la causal de inhabilidad señalada en el numeral 4° del artículo 43 de la Ley 617 modificatorio del artículo 40 de la Ley 136 de 1994 conforme al cual no

podrá ser elegido concejal “4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio o distrito. Considera esta Agencia del Ministerio Público que no resulta de recibo el reproche que se le hace al a quo por no ejercer sus funciones y adecuar la demanda y su pretensión conforme al principio iura novit curia conforme al cual al juez sólo se le han de dar los hechos para que el como docto y conocedor de la norma aplique la que corresponda así no se haya enunciado por el actor, en este evento ello no es posible por cuanto que la justicia administrativa no ha dejado de ser rogada y so pretexto de adecuar la demanda a la pretensión del actor no le correspondía efectuar la adecuación jurídica, ello es actividad de la parte demandante a quien le corresponde señalar el marco jurídico que considera violado y explicar el concepto de violación que si no la cumple a cabalidad asume las consecuencias de una indebida adecuación de los hechos a la norma. Si bien el juez ha de propender por una decisión que dirima el litigio puesto a su consideración y que se halla investido de facultades que le permiten encaminar la actuación a una decisión de fondo no lo es menos que en este ejercicio no puede sustituir a la voluntad del actor modificándole de manera oficiosa la pretensión o los fundamentos de hecho y de derecho de la misma.

Como ya se dijera por esta Delegada y ahora resulta válido reiterarlo, no se puede desatender que la jurisdicción de lo contencioso administrativo en relación “con el control de legalidad de los actos administrativos, incluidos los de contenido electoral por supuesto, se rige por lo normado en el artículo 137 del C.C.A., en cuyo numeral 4º se precisa que la demanda debe contener “Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación” (Resalta la Sala); esto es, corre por cuenta de la parte accionante indicarle al operador jurídico cuáles fueron las normas jurídicas que en su opinión resultaron vulneradas con la expedición del acto cuestionado, deber que resulta razonable en la medida que la legalidad de un acto administrativo depende de un sinnúmero de normas, que van desde aspectos formales hasta puntos sustanciales, sin excluir desde luego la competencia que ha de tener el funcionario que lo expida. Igualmente ha de considerarse que dado el carácter rogado de la justicia contencioso no solo rige lo normado en el numeral 4º como se señaló de 9 manera precedente, además debe el actor tener presente la exigencia que trae señalada el numeral 3º de la norma citada, de conformidad con el cual en la demanda el actor debe expresar los “hechos u omisiones que sirvan de fundamento de la acción”. Lo anterior permite concluir que le corresponde al actor determinar el marco del litigio tanto en lo jurídico como en lo fáctico, y en torno a él las parte y el

Juez desarrollaran su actividad de defensa; no es posible variar este marco;, en primera medida por razón del principio de congruencia que le impone al juez considerar solo el marco propuesto por el actor y en segunda medida por cuanto que no le corresponde al Juez delimitarlo, de permitirse se podría presentar el juzgamiento de la legalidad del acto frente a normas sobre las cuales no pudo haber pronunciamiento en su debido momento de quienes se opongan a la pretensión , es decir, sin ejercicio pleno del derecho de defensa; o sobre hechos que sólo tendrían una real formulación en la sentencia, momento procesal en el que la parte opositora al igual que en el caso anterior no podrá ejercer el legítimo derecho de defensa. Ahora bien, no se puede desatender que la jurisdicción de lo contencioso administrativo en relación “con el control de legalidad de los actos administrativos, incluidos los de contenido electoral por supuesto, se rige por lo normado en el artículo 137 del C.C.A., en cuyo numeral 4º se precisa que la demanda debe contener “Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación” (Resalta la Sala); esto es, corre por cuenta de la parte accionante indicarle al operador jurídico cuáles fueron las normas jurídicas que en su opinión resultaron vulneradas con la expedición del acto cuestionado, deber que resulta razonable en la medida que la legalidad de un acto administrativo depende de un sinnúmero de normas, que van desde aspectos formales hasta

puntos sustanciales, sin excluir desde luego la competencia que ha de tener el funcionario que lo expida. Igualmente ha de considerarse que dado el carácter rogado de la justicia contencioso no solo rige lo normado en el numeral 4º como se señaló de manera precedente, además debe el actor tener presente la exigencia que trae señalada el numeral 3º de la norma citada, de conformidad con el cual en la demanda el actor debe expresar los “hechos u omisiones que sirvan de fundamento de la acción”. Lo anterior permite concluir que le corresponde al actor determinar el marco del litigio tanto en lo jurídico como en lo fáctico, y en torno a él las parte y el Juez desarrollaran su actividad de defensa; no es posible variar este marco;, en primera medida por razón del principio de congruencia que le impone al juez considerar solo el marco propuesto por el actor y en segunda medida por cuanto que no le corresponde al Juez delimitarlo, de permitirse se podría presentar el juzgamiento de la legalidad del acto frente a normas sobre las cuales no pudo haber pronunciamiento en su debido momento de quienes se opongan a la pretensión , es decir, sin ejercicio pleno del derecho de defensa; o sobre hechos que sólo tendrían una real formulación en la sentencia, momento procesal en el que la parte opositora al igual que en el caso anterior no podrá ejercer el legítimo derecho de defensa. La Sección Quinta en uno de sus pronunciamiento señaló lo siguiente: 10 “Fue esa la razón, entre otras, que tuvo en cuenta la Corte Constitucional para declarar la exequibilidad condicionada de dicho precepto, condicionamiento

que no da la razón al apelante, puesto que el examen de legalidad de los actos administrativos puede desbordar el marco normativo dado en la demanda solamente si se advierte la violación o amenaza de violación de un derecho fundamental. Así discernió la Corporación: “La naturaleza y características propias del acto administrativo, que se han puesto de presente anteriormente, justifican plenamente que el legislador, dentro de la libertad de configuración de las normas procesales que regulan el ejercicio de las acciones contencioso administrativas, haya dispuesto que cuando se impugna un acto administrativo deban citarse las normas violadas y explicarse el concepto de violación. En efecto: Si el acto administrativo, como expresión de la voluntad de la administración que produce efectos jurídicos se presume legal y es ejecutivo y ejecutorio, le corresponde a quien alega su carencia de legitimidad, motivada por la incompetencia del órgano que lo expidió, la existencia de un vicio de forma, la falsa motivación, la desviación de poder, la violación de la regla de derecho o el desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa, la carga procesal de cumplir con las exigencias que prevé la norma acusada. Carece de toda racionalidad que presumiéndose la legalidad del acto tenga el juez administrativo que tenga que buscar oficiosamente la posible causal de nulidad de los actos administrativos, más aún cuando dicha búsqueda no sólo dispendiosa sino en extremo difícil y a veces imposible de concretar, frente al sinnúmero de disposiciones normativas que regulan la actividad de la administración. Por lo tanto, no resulta irrazonable, desproporcionado ni innecesario que el legislador haya

impuesto al demandante la mencionada obligación, la cual contribuye además a la racional, eficiente y eficaz administración de justicia, si se tiene en cuenta que el contorno de la decisión del juez administrativo aparece enmarcado dentro de la limitación de la problemática jurídica a considerar en la sentencia, mediante la determinación de las normas violadas y el concepto de la violación”1 Además, el principio de la congruencia, entrelazado con el derecho fundamental al debido proceso que incluye la garantía de la defensa, obligan al juzgador a realizar el examen de constitucionalidad ceñidos al preciso marco normativo indicado por el accionante en su demanda, ya que solo así se garantiza el derecho de defensa del accionado, cuyos argumentos defensivos deben estar encaminados a desvirtuar los cargos esgrimidos en su contra; admitir que al momento de fallar se pueda acudir a disposiciones jurídicas frente a las cuales la parte demandada no tuvo la oportunidad de pronunciarse y defenderse, sería tanto como prohijar un fallo incongruente y atentatorio de los derechos fundamentales del accionado, a quien por obvias razones no se le dio la oportunidad de defenderse contra lo desconocido, contra argumentos que únicamente vino a conocer con el fallo de instancia. 1 Corte Constitucional. Sentencia C-197 de abril 7 de 1999. M.P. Dr. ANTONIO BARRERA

CARBONELL

11 Si bien la demanda puede ser sometida a interpretación para aclarar puntos oscuros o dudosos, por virtud de la hermenéutica no se puede mudar su contenido, menos para adicionarle causales de nulidad o