PGN - DENUNCIA Definición y elementos

SANCIÓN DISCIPLINARIA-Por presunta doble militancia y nexos con paramilitares del Ex Presidente de la República DENUNCIA-Definición y elementos Constituye un mecanismo extremo para la protección de derechos del que hace uso quien estima que se han visto vulnerados sus derechos o los de alguna otra persona, por la actuación u omisión de un servidor público o particular y por ello acude a la jurisdicción para que se le administre justicia, en este caso, en sede de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, debe acompañarse aquella de elementos mínimos que permitan verificar la información que se aporta. Estos elementos mínimos son requeridos, pues son ellos los que permitirán confirmar o desvirtuar lo que se afirma, de suerte que una motivación razonable y una relación clara de los hechos que conoce el denunciante permiten trazar unos derroteros para adelantar la investigación, y no puede dar lugar a una actuación entonces, aquella que no se basa en datos cuando menos verificables, que arrojen dudas de la legalidad de la actuación del servidor público denunciado. Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2011 Concepto No. 0531IJP Doctor Representante Investigador Comisión de Investigación y Acusación Cámara de Representantes Ciudad Ref. Expediente 2162

Imputado: Magistrados del Consejo

Nacional electoral y Álvaro Uribe Vélez Presidente de la República Honorable Representante: En mi condición de agente del Ministerio Público en el proceso de la referencia, atentamente concurro a su Despacho a fin de solicitar que se ordene el archivo de las diligencias disciplinarias de la referencia, adelantadas

contra el Doctor ÁLVARO URIBE VÉLEZ, en su condición de Presidente de la República.

HECHOS

1 Se dio inicio a la presente actuación con el documento suscrito y radicado en la Secretaría de la Comisión el 17 de mayo de 2007 por el señor José Joaquín Castro Vásquez, quien se anuncia como Representante Legal de Acción por Colombia en Paz ONG - FEDENALFARCOL - en el que solicita que se investigue a los Magistrados del Consejo Nacional Electoral, a la Registradora Nacional del Estado Civil, doctora Alma Beatriz Rengifo y al ex presidente

ÁLVARO URIBE VÉLEZ.

Frente a los primeros, señala que deben investigarse a los funcionarios que ejercieron el cargo de magistrados del Consejo Nacional Electoral antes de la elección de los miembros del Congreso para la fecha que hace la denuncia (2007), que tuvieron que ver con los procesos electorales en los años 2002 y 2006, igualmente a la Registradora Nacional del Estado Civil; indica que debe establecerse con claridad la magnitud del fraude electoral con base en las declaraciones presentadas por cada uno de los implicados en los procesos de la “parapolítica”. En relación con el expresidente ALVARO URIBE VÉLEZ, solicita que se investigue la doble militancia, pues en su primera elección pertenecía al partido liberal, actuó como disidente de dicha colectividad y no renunció a la misma, y en la reelección apareció inscrito por el grupo de ciudadanos “PRIMERO COLOMBIA”, al igual que el Vicepresidente, Francisco Santos Calderón, y la reforma política no establecía excepciones a la doble militancia,

e igualmente el ex presidente debe responder por la “parapolítica”, debe aclarar los compromisos que tenía con Mancuso y Miguel De La Espriella, con las Convivir y por las actitudes criminales que han confesado los involucrados en la parapolítica.

ANTECEDENTES PROCESALES

1. Mediante auto del 16 de noviembre de 2007, la Representante Investigadora avocó conocimiento de las diligencias, ordenó comunicar la existencia de las diligencias al Ministerio Público y decretó la ratificación 2 y ampliación de la queja, antes de acreditar la calidad foral del ex presidente, para lo cual comisionó a la Sala Penal del Tribunal Superior

de Distrito Judicial de Bogotá.

2. El 7 de febrero de 2008 esta Delegada solicitó oficiar a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a fin de que remitiera las inscripciones realizadas por el doctor URIBE VÉLEZ a la Presidencia de la República, así como copia de las credenciales otorgadas.

3. El 3 de diciembre de 2008, mediante auto, la representante investigadora ordenó oficiar a la Registraduría para tal fin y reiterar la práctica de la diligencia de ampliación y ratificación de la denuncia, y para tal fin comisionó al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía adscrito a esa Corporación.

4. El 13 de febrero de 2008, el señor CARLOS ANDRES PÉREZ, Investigador Criminalístico I, rindió el informe de policía judicial No.009 FGN.DI.CTI mediante el cual anexó la diligencia de ampliación y ratificación de la denuncia del señor JOSE JOAQUIN CASTRO

VÁSQUEZ, y anexó el certificado de existencia y representación legal de la entidad sin ánimo de lucro Acción por Colombia en Paz

FEDENALFARCOL.

CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

1. Cuestión Preliminar. Competencia de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes El señor JOSE JOAQUIN CASTRO VÁSQUEZ, en su escrito de denuncia, señaló como funcionarios a investigar a los Magistrados del Consejo Nacional Electoral -que ejercieron sus cargos durante los años 2002 y 2006-, y a la Registradora Nacional del Estado Civil de la época, doctora ALMA BEATRIZ RENGIFO, pues a su juicio debería establecerse con claridad 3 la magnitud del fraude electoral, con base en las declaraciones presentadas por cada uno de los implicados en el proceso de los “PARAPOLITICOS”.

Sobre este aspecto debe señalarse que, pese a que los señalamientos que hace el denunciante en su escrito contra estos ex servidores públicos son vagos e imprecisos, tampoco es la Comisión la competente para investigarlos, pues, conforme a lo dispuesto por los artículos 75 numeral 9 y 118 numeral 1, de la Ley 600 de 2000, corresponde a la Unidad de Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia su investigación y el juzgamiento está reservado a la Corte Suprema de Justicia. Razón por la cual se analizará únicamente los cargos formulados contra el ex presidente de la República, doctor ALVARO URIBE VÉLEZ, y estos son, en primer lugar, “la indignidad por fraude electoral” y la doble militancia

política.

2. En cuanto a los señalamientos en contra del ex presidente ALVARO

URIBE VÉLEZ.

En primer lugar se debe precisar que, en la diligencia de ampliación de denuncia que rinde el quejoso el día 12 de febrero de 2009 ante el funcionario del CTI, si bien afirma que se ratifica en la denuncia inicialmente expuesta, señala cuando explica las razones de ésta, lo siguiente: “yo realmente le ayudé con tanto interés y tanta decisión, porque él dijo que nos iba a arreglar la situación del círculo o club de suboficiales de las Fuerzas Militares relacionada con la propiedad del bien inmueble”, y más adelante afirma: “al poco tiempo de haberse posesionado dijo que con él no era lo del Estado Social de Derecho, es un mal ejemplo para todos, porque cada quien quiere hacer lo suyo, entonces empezamos a ver cosas muy tenaces (sic). Así mismo, vemos que desconoce las leyes o las viola, ejemplo, Ley 4 de 1992, lo relacionado con los servicios domiciliarios”, “la reforma política (sic) aprobaron que será sancionada la doble militancia y el pertenecía al partido liberal entonces tenía que renunciar irrevocablemente para luego hacerse elegir por otro partido,… “lo de la parapolítica es las palabras del mismo señor 4 presidente el cual me sentí muy complacido cuando dijo públicamente, que quería que se supiera toda la verdad y que le comentaran a la justicia todo lo que hubiera y desde entonces se empezaron a mencionar nombres que aparecen en los diferentes documentos especialmente senadores de los diferentes grupos del partido de la U, ahí viene la responsabilidad que tiene

como Jefe de Estado, los nombramientos que hizo y esas personas le fallaron…”El ha violado la constitución, en el caso de la Ley 4 de 1992 el no haber ordenado pagar, en cambio si ha habido plata para otras cosas…” Sobre la doble militancia enrostrada en la primera denuncia, advierte en la segunda diligencia que “tiene la palabra los expertos en Política y Jurídica” (énfasis nuestro). Como se ve, el señor CASTRO VÁSQUEZ, en la oportunidad en que debía ratificar la denuncia, explicar los motivos de la misma y aportar las pruebas que pretendía aducir como fundamento de sus aseveraciones, se limitó a hacer comentarios sobre otros aspectos del gobierno del ex presidente ALVARO URIBE VÉLEZ, de temas tan diversos como la compra del inmueble perteneciente al Club Militar, los servicios domiciliarios, el Estado social de Derecho, la parapolítica y la responsabilidad del presidente en los nombramientos que hizo durante su gobierno, de donde se advierte que ninguna relación con la primera denuncia confirmó. Para este Delegado de la Procuraduría, los señalamientos que hace el señor CASTRO VÁSQUEZ no tienen el carácter de una denuncia que amerite la movilización del aparato jurisdiccional, en este caso de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Al respecto, debe esta Delegada recordar que, dado el carácter de una denuncia, la cual constituye un mecanismo extremo para la protección de derechos del que hace uso quien estima que se han visto vulnerados sus derechos o los de alguna otra persona, por la actuación u omisión de un servidor público o

particular y por ello acude a la jurisdicción para que se le administre justicia, en este caso, en sede de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara 5 de Representantes, debe acompañarse aquella de elementos mínimos que permitan verificar la información que se aporta. Estos elementos mínimos son requeridos, pues son ellos los que permitirán confirmar o desvirtuar lo que se afirma, de suerte que una motivación razonable y una relación clara de los hechos que conoce el denunciante permiten trazar unos derroteros para adelantar la investigación, y no puede dar lugar a una actuación entonces, aquella que no se basa en datos cuando menos verificables, que arrojen dudas de la legalidad de la actuación del servidor público denunciado. Además, de la lectura de sus afirmaciones diáfano emerge que se trata de hechos totalmente inconexos entre sí, de señalamientos vagos, que corresponden a opiniones personales del comportamiento del ex primer mandatario, pero no constituyen afirmaciones serias que tengan la facultad de comprometer su responsabilidad penal o disciplinaria; no se halla que los cargos allí formulados cumplan con los requisitos necesarios de toda denuncia, a saber i) que los hechos puestos en conocimiento de la autoridad revistan el carácter de delitos, ii) existan circunstancias fácticas suficientes que indiquen la posible existencia de los mismos. En relación con el cargo de la doble militancia en la que habría incurrido el expresidente, que es el único cargo coherente que expone, no está tampoco llamado a prosperar, pues la reforma política aprobada por el Acto Legislativo 01 de 2003, por la cual se modificó el artículo 103 superior1, y que consagró lo

1 Antes de la reforma del artículo 107 Superior, la norma estaba conformada por dos incisos? que únicamente consagraban prerrogativas, a saber: (i) derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, (ii) derecho a afiliarse o retirarse de ellos y (iii) derecho a manifestarse y a participar en eventos políticos. Tras la reforma introducida por el acto legislativo 01 de 2003? se prevén tres nuevos componentes que dan un contenido y alcance diferente a la norma original: - Prohibición de la doble militancia partidista. - Democratización interna de los partidos, previendo la realización de consultas populares internas. 6 que se denomina la prohibición de la doble militancia, entendida ésta como la prohibición de ser miembro de dos partidos políticos de manera simultánea, es decir, encontrarse formalmente inscrito como integrante de aquéllos, comenzó a operar a partir de su aprobación, esto es, del 3 de julio de 2003, fecha en la cual el doctor URIBE VÉLEZ ya ejercía como presidente de la República por lo que dicha prohibición constitucional comenzó a regir con posterioridad a su inscripción como candidato presidencial para el período 2002 – 2006, luego mal puede investigársele por una conducta que no estaba prohibida cuando fue elegido por primera vez. Pero, además, para que se configurara dicha falta, si así puede denominársele, debe partirse de si le asiste competencia a la Comisión de Investigación y Acusación para conocer de dichas denuncias, pues existe el criterio, aunque no vinculante, de que de dichas conductas conocen los

propios partidos políticos. Esta postura ha sido la adoptada por la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios en diferentes conceptos2, que de acuerdo con lo previsto en los artículos 230 de la Constitución Política, 5º de la Ley 153 de 1887 y 25 del Decreto 01 de 1984, constituyen un criterio auxiliar de interpretación. En éstos la dependencia en cita ha sido enfática en señalar que la investigación por la conducta relacionada con la doble militancia, no es competencia de este Órgano de Control, sino de los partidos y movimientos políticos. El fundamento de ese criterio no es otro que el contenido del artículo 108 de la Carta Política -modificado por el Acto Legislativo No. 01 de 2003según el cual, “…los estatutos de los partidos y movimientos políticos regularán lo atinente a su régimen disciplinario interno. (…) Los estatutos de los partidos y movimientos políticos determinarán los asuntos de conciencia respecto de los cuales - Prohibición de la trashumancia partidista, al impedir la inscripción en un partido, tras haber participado en las consultas del otro. 2 Así lo ha sostenido en los Conceptos Nos. 037 del 27 de febrero de 2008, 167 del 25 de agosto de 2008 y más recientemente en el concepto 035 del 18 de marzo de 2009. 7 no se aplicará este régimen y podrán establecer sanciones por la inobservancia de sus directrices por parte de los miembros de las bancadas, las cuales se fijarán gradualmente hasta la expulsión, y podrán incluir la pérdida del derecho de voto del

congresista, diputado, concejal o edil por el resto del período para el cual fue elegido…” En conclusión, ya que de los hechos denunciados no se puede inferir en concreto que existan motivos para movilizar el órgano de investigación, en este caso, el respectivo representante Investigador y a la Comisión, y dado que además el denunciante no aportó herramientas útiles, fundadas, y de verificación posible, que pudieran demostrar sus sindicaciones, ni existe, pues, prueba alguna a partir de la cual razonablemente se determine fundada la continuidad del despliegue de la actividad investigativa en el presente caso, la petición del Ministerio Público se encamina en el sentido de que, en el momento de decidir sobre el mérito de la averiguación preliminar, se profiera auto inhibitorio y en consecuencia se disponga el ARCHIVO DEFINITIVO del diligenciamiento. PETICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO De acuerdo con las consideraciones antes expuestas, el suscrito Procurador Delegado, de manera respetuosa, le solicita a la Honorable Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes que, en atención a lo previsto en el artículo 73 de la Ley 734 de 2002, ordene el archivo definitivo de la acción disciplinaria a favor del Doctor ÁLVARO URIBE VÉLEZ, en su condición de Presidente de la República, toda vez que surge evidente la falta de tipicidad de la conducta investigada. Atentamente,

JORGE ALBERTO GONZÁLEZ VÁSQUEZ

Procurador Primero Delegado para la Investigación y el Juzgamiento Penal JAGV/Nact 8