PGN - DERECHO A LA LIBERTAD INDIVIDUAL Es un derecho fundamental

REPARACION DIRECTA-Privación injusta de la libertad a causa de error judicial por homonimia RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Cláusula general de responsabilidad RESPONSABILIDAD ESTATAL-Elementos, daño antijurídico e imputabilidad RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Por privación injusta de la libertad RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Error judicial ERROR JURISDICCIONAL-Presupuestos FALLA EN EL SERVICIO-Por privación injusta de la libertad CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA–La causante del daño antijurídico exime de responsabilidad al Estado FISCALIA GENERAL DE LA NACION-Competencias DERECHO A LA LIBERTAD INDIVIDUAL-Es un derecho fundamental Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 46882 - 520012331000200900400 01

CONCEPTO No. 147 / 2018

Bogotá, D.C., 25 septiembre de 2018

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente: Dra. María Adriana Marín

E. S. D.

EXPEDIENTE: 520012331000200900400 01 (46882)

ACCIÓN: Reparación Directa

ACTOR: Luis Emiro Mosquera Palacios

DEMANDADO: Nación - Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación Sentido del concepto: solicitud de CONFIRMAR el fallo recurrido. Temas: Error jurisdiccional / Se acreditaron los elementos necesarios para deprecar la responsabilidad administrativa y patrimonial de las demandadas / Si bien todo ciudadano se encuentra en la obligación de soportar la carga de una investigación penal, no es cierto que tenga que soportar una detención injusta / La restricción a la libertad significa conculcar los derechos establecidos en la Constitución Política de Colombia y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos / Control de Convencionalidad / No se configuró el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad administrativa.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento del orden jurídico, además de la protección del patrimonio público, y de los derechos y las garantías fundamentales. I ANTECEDENTES 1.1. Demanda En ejercicio del medio de control de reparación directa, consagrado en el artículo 86 del C.C.A., Luis Emiro Mosquera Palacios, Martha Inés Mosquera Palacios, Einer Samir J.Cruz.R. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Expediente No. 46882 - 520012331000200900400 01 Mosquera Palacios, Leidy Mosquera Palacios, Lucia Mosquera Palacios, Migdonio Mosquera Palacios, Mary Gisel Mosquera Moreno, Crecencio Mosquera y Inefina Palacios, el 10 de diciembre de 2009, mediante apoderado presentaron demanda en contra de la “Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Municipal - Fiscalía General de la Nación” con el fin que se declarare administrativa y extracontractualmente responsables de los perjuicios materiales, morales y psicológicos causados al señor Luis Emiro Mosquera, sus hermanos y demás familiares, como consecuencia de la detención ilegal por más de ocho (8) meses, esto es, desde quince (15) de mayo de 2008, hasta el treinta (30) de diciembre de 2008. Precisa que el señor Mosquera Palacios fue privado de la libertad en virtud de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, mediante la cual se le concede la libertad luego de verificarse que se trató de un error judicial de un caso de homonimia de la Fiscalía y el Juzgado Especializado de Puerto Asís (Putumayo). Aduce que mediante auto del 10 de septiembre de 2003, la Fiscalía Delegada ante el Juzgado penal del Circuito Especializado de Puerto Asís (Putumayo), profirió resolución de apertura de instrucción contra el señor Luis Emiro Mosquera Palacios y otros, afirmando que se contaba con los documentos que lo identificaban plenamente. Narra que el Juzgado destaca en la sentencia proferida contra Luis Emiro Mosquera, que se

trata de un comandante del frente 48 bloque sur cuadrilla Pedro Martínez de las FARC, a quien se conoce con el alias de EL NEGRO o COMANDANTE MOSQUERA, señalándose además que el día de ocurrencia de los hechos, 2 de mayo de 2003, a eso de las 2 de la tarde, llegó acompañado de 40 hombres más a las instalaciones de la Estación Petrolera Quillasinga en el corregimiento del Teteye, municipio de Puerto Asís (Putumayo), y realizaron los actos que se conocen dentro del proceso, como terrorismo, secuestro simple, hurto, etc. Señala que posterior a la emisión de la sentencia, fue capturado el señor Luis Emiro Mosquera Palacios, misma persona que figura en el informe de consulta técnica realizada a la Registraduría Nacional del Estado Civil, momento en el cual se presenta la situación de J.Cruz.R. 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 46882 - 520012331000200900400 01 homonimia, toda vez que el aprehendido, por intermedio de su defensor, manifiesta que no es la persona responsable de los hechos que fueron materia de los juzgamientos, anotándose además, que en oportunidades anteriores ya se le había detenido y se le liberó por la propia Fiscalía Especializada de Puerto Asís en el entendido de que la persona

requerida no estaba plenamente identificada, ya que en el informe de la Registraduría se encontraron cuatro personas con el mismo nombre de Luis Emiro Mosquera Palacios. Manifiesta, que para el día de los hechos que fueron materia de investigación, el hoy demandante se encontraba en la ciudad de Quibdó trabajando en el almacén de VIDRIOS Y ESPEJOS MOLINA, y estudiando en el colegio Rogelio Velásquez, en las horas de la noche, tal como se puedo demostrar con las declaraciones de algunos profesores del colegio y del representante de Vidrios y Espejos Molina. Agrega, que dentro de las pruebas obrantes en el proceso, se logró establecer, que la descripción física que se hace del autor material de los hechos por los cuales el señor Luis Emiro Mosquera Palacios fue privado de la libertad es la siguiente: "De piel morena, crespo de ojos negros, de estatura 1.65 y de aproximadamente 40 años de edad, lo que permite establecer que la Fiscalía y el Juzgado se equivocaron al condenarlo, por cuanto para la época de los hechos, el señor Luis Emiro Mosquera, sólo contaba con 23 años de edad, lo que difiere con la descripción ampliamente señalada sobre el verdadero autor de los hechos por los cuales se juzgó al hoy demandante. 1.2. Sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia del 4 de mayo de 2012 declaró a la Nación Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación administrativamente responsable de los daños causados a los demandantes como consecuencia de la privación de la libertad del señor Luis Emiro Mosquera Palacios, sufrida entre el quince (15) de mayo de 2008 hasta

el treinta (30) de diciembre de 2008. Condenó el Tribunal a las entidades antes mencionadas, a pagar al demandante las siguientes sumas: J.Cruz.R. 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 46882 - 520012331000200900400 01

PERJUICIOS MATERIALES LUCRO CESANTE

Luis Emiro Mosquera Palacios $4,318,082 PERJUICIOS MORALES SALARIOS M.L.M.V. ($566.700,oo) Luis Emiro Mosquera Palacios 60 smlmv $34,002,000 Inefina Maria Palacios Mena 20 smlmv $11,334,000 Manuel Crecencio Mosquera 20 smlmv $11,334,000 Lucia Mosquera Palacios 10 smlmv $5,667,000 Martha Ines Mosquera Palacios 10 smlmv $5,667,000 Einer Samir Mosquera Palacios 10 smlmv $5,667,000 Migdonio Mosquera Palacios 10 smlmv $5,667,000 Dispuso que la indemnización fuera cubierta de la siguiente manera: la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en un 20% y la Fiscalía General de la Nación en un 80%. Tuvo como fundamento el Tribunal lo siguiente: “De esta manera se tiene que el proceder descuidado de la Fiscalía Especializada de Puerto Asís, (falla

del servicio) fue la causa eficiente o adecuada del daño ocasionado y por ende, el daño es imputable a la Nación - Fiscalía General de la Nación, en tanto, se itera, debió identificarse e individualizarse plenamente al sujeto a quien debía capturarse y privarse de la libertad. Las tareas de identificación e individualización fueron acogidas por el juzgador que emitió sentencia de condena sin hacer reparo alguno. No observa el Tribunal que en el presente caso, concurra causal alguna exculpatoria de responsabilidad, toda vez que no puede hablarse de fuerza mayor1, en tanto la Fiscalía Especializada de Puerto Asís (P) no se hallaba en situación irresistible o insuperable de no verificar a quién correspondían los datos, cuando se libró orden de captura, más aún cuando en la denuncia se dice que alias "Comandante Mosquera" era un hombre mayor de 40 y con los datos obrantes en el proceso, podía establecerse que el señor LUIS EMIRO MOSQUERA, nació el 21 de diciembre de 1979 (Fol. 50C2), teniendo para la fecha de su captura menos de 30 años. Esta situación fue reconocida en la providencia que dispuso la libertad del señor MOSQUERA PALACIOS, dictada por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira-R.: "...Además, revisada con detenimiento la denuncia formulada por el señor Carlos Hernán Bohórquez Culma (FI.15), se observa que la descripción física que hace del autor material de los hechos es la siguiente: "piel morena, crespo, de ojos negros, de estatura 1.65 de aproximadamente 40 años de edad"

si se compara esta información con los rasgos del capturado Luis Emiro Mosquera Palacios, se tiene que este es un joven de 29 años de edad (Fl. 269)" (Fol. 231 C2). En cuanto al hecho de un tercero, como causal exculpatoria de responsabilidad, propuesta como excepción por parte de la Rama Judicial, debe señalarse que si bien la Brigada 27 del Ejército Nacional rindió una información y la Registraduría Nacional del Estado Civil no señaló la existencia de homonimia, la falta de identidad entre la denuncia y los documentos soportados permitían sino 1 El Consejo de Estado, en sentencia de 10 de octubre de 1991, expediente 8590, con Ponencia del Magistrado Carlos Betancur Jaramillo, dijo: "Históricamente se ha aceptado y comprendido la necesidad de eliminar la responsabilidad de quien se encuentra impedido para actuar bajo el imperio de la fuerza mayor, que tiene como característica esencial la de la irresistibilidad. Por ello Ulpiano la definía diciendo: "Omnen Vim Cui Resistí non potest" (toda la fuerza que no pueda resistirse). También en el antiguo derecho francés Emérigon, en su tratado de los seguros y el préstamo a la gruesa enseñaba: "Se llama fuerza, vis mayor, aquella la cual no se puede resistir". J.Cruz.R. 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46882 - 520012331000200900400 01 determinar que el aprehendido no era el presunto autor de los ilícitos, cuando menos generaría una duda que en todo caso debía dilucidarse. En todo caso tales hechos no fueron exclusivos y determinantes para privar de la libertad al señor LUIS EMIRO MOSQUERA, pues medió una orden proferida por la Señora Fiscal Especializada de Puerto Asís (P). De tal manera que su obrar descarta que el hecho de los terceros a que aluden la apoderada de la Rama Judicial, sean los hechos o causa determinante para la producción del hecho dañoso y por ende no opera como causal excluyente de responsabilidad2. Ahora, el Tribunal tampoco puede dejar de lado la situación de orden público que por más de cincuenta años ha vivido el País. Si los delitos por los cuales se investigó y condenó tienen que ver con la seguridad pública y del Estado (esto es contra presuntos alzados en armas-guerrilla) en tanto se trata de delitos de terrorismo, rebelión, secuestro, la tarea de individualización de los presuntos autores de los ilícitos no resultaba nada fácil, en tanto se trata de delitos cometidos por personas que se dice hacen parte de un grupo alzado en armas contra el Estado a quienes ni la misma fuerza pública del Estado ha podido aprender . Empero ello no puede constituirse en causal eximente de responsabilidad frente al daño causado al demandante principal, máxime cuando consiste en la privación de la libertad. Se colige entonces, con meridiana claridad, que no existe en el caso bajo estudio causal que permita eximir de responsabilidad a la Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación, motivo por el cual existe

nexo causal entre el hecho dañoso y la falla de la administración.” 1.3. Argumentos de la apelación 1.3.1. La Fiscalía General de la Nación La Fiscalía General de la Nación mediante apoderado presentó escrito de apelación contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Nariño, del 4 de mayo de 2012. En éste, expone los siguientes argumentos en contra del fallo que le fue adverso a sus intereses: Argumenta la Fiscalía que en el caso sub examine se presentó una causal de exoneración de responsabilidad que se configura en la culpa exclusiva de un tercero dado que fue con ocasión de la información allegada por el Batallón de Contraguerrilla No. 59 ante la cual la Fiscalía solicito la información que permitiera la identificación plena de N.N. alias Mosquera. Justifica que se configuró esta causal de exoneración, atendiendo al hecho de que en el 2 Sobre este aspecto el Consejo de Estado, Sección Tercera en Sentencia 12407 febrero 8 de 1999 M.P: Daniel Suárez Hernández, anotó: "Doctrina y jurisprudencia han sostenido, de tiempo atrás, que el hecho de tercero debe tener unas características específicas que lo configuren, para que el demandado pueda alegar prósperamente exoneración de responsabilidad pues no toda participación plural en la causación del daño, permite configurar dicho fenómeno exoneratorio. Se ha sostenido que los elementos básicos que configuran el hecho de un tercero son la causalidad no imputabilidad y existencia de un "verdadero tercero". En efecto, un sector de la doctrina francesa, ha caracterizado el fenómeno en los siguientes términos:

"Causalidad Si el hecho del tercero no es la causa del perjuicio, resulta evidente que no puede surtir ningún efecto sobre la responsabilidad del demandado. No - imputabilidad. Se encuentra en esto un requisito exigido siempre para que el demandado sea absuelto; el hecho de un tercero que haya causado el perjuicio debe no ser imputable al demandado. Cuando la culpa del demandado haya provocado el hecho del tercero del que haya resultado el daño, esa culpa es la causa verdadera del perjuicio, el hecho del tercero no es "ajeno al demandado". J.Cruz.R. 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 46882 - 520012331000200900400 01 Artículo 322 del C.P.P. vigente para la época de los hechos “esta norma no exige un mínimo probatorio para efectos de la individualización o identificación del presunto autor del hecho punible, tan solo refiere que es deber el recaudo de prueba suficiente para cumplir con la individualización requerida, por lo que en el caso sub examine el Fiscal estimo SUFICIENTE la información allegada por el Batallón de Contraguerrilla No. 59 respecto de la identificación plena de N.N. alias Mosquera corroborado con el informe de consulta técnica realizado a la Registraduría Nacional del Estado Civil (Departamento Nacional de Identificación) donde se registraron los datos de cedulación, documentos con los que se contó hasta finalizar la actuación, los cuales

sirvieron de sustento para la individualización formal del sentenciado. …” Afirma que la actuación de la Fiscalía General de la Nación, se surtió de conformidad con la Constitución Política y las disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes para la época de los hechos, actuación de la cual no es ajustado a derecho predicar un defectuoso funcionamiento de la administración de justifica, ninguna clase de error, ni mucho menos privación injusta de la libertad del aquí demandante Luis Emiro Mosquera Palacios. Indica que para el caso en concreto, es de precisar y de aclarar que la Fiscalía de conocimiento adelantó la instrucción en acogimiento a las ritualidades del Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos y que las decisiones adoptadas estuvieron cobijadas por pruebas legalmente y oportunamente aportadas al proceso. 1.3.2. Rama Judicial Apeló la sentencia aduciendo que fue la Fiscalía la entidad que recibió las fichas de identificación del señor Luis Emiro Mosquera Palacios, por lo cual la falla en la prestación del servicio se concreta en la actuación jurisdiccional de la Fiscalía General de la NaciónFiscalía Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Puerto Asís (Putumayo). Considera que lo anterior tiene justificación en el informe que mediante oficio 007 de 3 de agosto de 2003, suscrito por el Sargento Segundo José L. Dorado Gaviria, Analista Blanco Brigada 27 de Selva del Ejército Nacional, dirigido a la Fiscalía Delegada ante los Juzgados penales del Circuito Especializado de Puerto Asís (P), se dio a conocer sobre el atentado

terrorista ocurrido el 23 de julio de año 2002, referente a la voladura de pozos petroleros por parte de subversivos de las FARC del Frente 48 al mando de Luis Emiro Mosquera Palacios alias el negro. Agrega que el mencionado oficio, fue claro en comprometer al señor Luis J.Cruz.R. 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 46882 - 520012331000200900400 01 Emiro Mosquera Palacios como miembro de un grupo subversivo. Además, la ficha de identificación resultaba de igual forma clara para efecto de la identificación e individualización del responsable de los punibles investigados, en consecuencia, considera que dicha situación da lugar a la configuración de la causal exonerativa de responsabilidad denominada hecho de un tercero, pues fue en virtud de la información contenida en el oficio y a los encargados de remitir las fichas de identificación que se vinculó al proceso penal al señor Luis Emiro Mosquera Palacios. Reitera que el fallo condenatorio en el proceso penal se fundamentó en las pruebas legal y oportunamente recaudadas dentro del trámite del proceso penal, en el que se mostraba como responsable de los delitos de terrorismo, en concurso heterogéneo con secuestro simple, rebelión, y hurto, a entre otras personas, a Luis Emiro Mosquera Palacios.

Pone de presente que, situación fáctica distinta y fuera de ser prevista por las autoridades judiciales, es aquella por la cual, al darse captura de una persona que respondía al nombre y número de identificación del ahora demandante, se haya hecho evidente el hecho de que existen varias personas que responden al mismo nombre y que por tanto se presentase la situación de homonimia.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos 2.1.1. El que surge del Ministerio Público  ¿Le asiste responsabilidad administrativa y extracontractual a LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL y a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN de los perjuicios ocasionados a los demandantes por la privación de la libertad de que fue objeto el señor Luis Emiro Mosquera Palacios por espacio de siete (7) meses y quince (15) días, por la presunta comisión del punible de Terrorismo, Secuestro, Rebelión y Hurto Agravado Calificado, al tratarse de un caso de Homonimia con quien fuera condenado dentro de un proceso penal mediante sentencia ejecutoriada?

J.Cruz.R. 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 46882 - 520012331000200900400 01  ¿Le asiste responsabilidad administrativa y patrimonial a la Nación - Rama Judicial y

Fiscalía General de la Nación al haber incurrido en un error jurisdiccional en la sentencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Puerto Asís (Putumayo) mediante la cual se condenó al señor Luis Emiro Mosquera Palacios y posteriormente confirmarse que se incurrió en un error de identificación e individualización personal?  Se configuró el hecho de culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad administrativa a cargo del Estado? 2.2. Marco teórico Serán tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento del concepto de esta Delegada del Ministerio Público: 2.2.1. Responsabilidad patrimonial del Estado por error jurisdiccional La Ley Estatutaria de la Administración de Justicia -Ley 270 de 1996-, reguló la responsabilidad de los funcionarios y empleados judiciales, por las acciones u omisiones que causen daños antijurídicos, a cuyo efecto determinó tres presupuestos, entre los cuales se encuentra el error jurisdiccional que, según el artículo 66 de la misma ley "es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley", y el artículo 67: ARTICULO 67. PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos: 1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una

providencia judicial. 2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme. La H. Corte Constitucional al realizar el estudio de constitucionalidad de la citada ley, en sentencia C037 de 5 de febrero de 19963, puntualizó: (Error jurisdiccional) "(...) como lo señala la norma, se materializa únicamente a través de una providencia judicial; es decir, cualquier otra actuación de una administrador de justicia, así sea en 3' Sentencia C - 037 de 1996, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. J.Cruz.R. 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 46882 - 520012331000200900400 01 ejercicio de sus labores públicas, deberá ser evaluada a la luz de la responsabilidad del Estado en los términos de la Constitución y la ley (...)." En la misma sentencia afirmó el Alto Tribunal Constitucional: "...Debe decirse que el error jurisdiccional no puede ser analizado únicamente desde una perspectiva orgánica como parece pretenderlo la norma bajo examen. Por el contrario, la posible comisión de una falla por parte del administrador de justicia que conlleve la responsabilidad patrimonial del Estado, debe ser estudiada desde una perspectiva funcional, esto es, bajo el entendido de que al juez, por mandato de la Carta Política, se le otorga una autonomía y una libertad para interpretar los hechos que se someten a su

conocimiento y, asimismo, aplicar las normas constitucionales o legales que juzgue apropiadas para la resolución del respectivo conflicto jurídico (Art. 228 C.P.). Dentro de este orden de ideas, se insiste, es necesario entonces que la aplicabilidad del error jurisdiccional parta de ese respeto hacía la autonomía funcional del juez. Por ello, la situación descrita no puede corresponder a una simple equivocación o desacierto derivado de la libre interpretación jurídica de la que es titular todo administrador de justicia. Por el contrario, la comisión del error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso, que demuestre, sin ningún asomo de duda, que se ha desconocido el principio de que al juez le corresponde pronunciarse judicialmente de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y las pruebas aportadas -según los criterios que establezca la ley-, v no de conformidad con su propio arbitrio. En otras palabras, considera esta Corporación que el error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de los mismos presupuestos que la jurisprudencia, a propósito de la revisión de las acciones de tutela, ha definido como una "vía de hecho". Sobre el particular, la Corte ha establecido: "Una actuación de la autoridad pública se torna en una vía de hecho susceptible del control constitucional de la acción de tutela cuando la conducta del agente carece de fundamento objetivo, obedece a su sola voluntad o capricho y tiene como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de la persona. ("Subrayas propias,). El tema también ha sido objeto de estudio por el H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en diferentes providencias, entre ellas, la

sentencia del 22 de noviembre de 2014, en la cual, señaló: "El error jurisdiccional se predica frente a las providencias judiciales por medio de las cuales se declara o se hace efectivo el derecho subjetivo, en tanto que la responsabilidad por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia se produce en las demás actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias judiciales." En cuanto a las diferencias entre error jurisdiccional y defectuoso funcionamiento, la Corporación precisó: "La doctrina española para diferenciar el error judicial del defectuoso funcionamiento explicó: 4 H. Consejo de Estado, Sección Tercera. M.P. Ricardo Hoyos Duque, Radicación número: 25000-23-26-0001992-830401(13164). J.Cruz.R. 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 46882 - 520012331000200900400 01 "(...) nos encontramos en el dominio de la responsabilidad por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, siempre y cuando la lesión se haya producido en el 'giro o tráfico jurisdiccional', entendido éste como el conjunto de las actuaciones propias de lo que es la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (excluidas las actuaciones de interpretar y aplicar el Derecho plasmadas en una resolución judicial que, como se acaba de indicar, caerán en el ámbito del error

judicial); a sensu contrario, no entrarían en este concepto aquéllas actividades que produjesen un dañoincluso si éste fuese identificado plenamente como achacable a la actuación de un Juez o Magistrado -si su actuación no se hubiese realizado en el mencionado 'giro o tráfico jurisdiccional', sino en otro tipo de actuaciones distintas. En definitiva, en el régimen establecido para la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia habrán de incluirse las actuaciones que, no consistiendo en resoluciones judiciales erróneas, se efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho. (...)". En consecuencia, de conformidad con la jurisprudencia citada, el error jurisdiccional se configura o materializa a través de una providencia proferida en ejercicio de la función de impartir justicia. La misma corporación judicial, en sentencia de 27 de abril de 20065, señaló las condiciones para estructurar el error, a saber: a) En primer lugar, del concepto mismo, es lógico inferir que el error jurisdiccional debe estar contenido en una providencia judicial que se encuentre en firme. Efectivamente, aun cuando una decisión judicial resulte equivocada, sí está aún puede ser revocada o modificada, el daño no resultaría cierto, pues el error no produciría efectos jurídicos y, además, podría superarse con la intervención del superior funcional. Al margen del asunto sometido a estudio de la Sala, debe recordarse que esta condición fue claramente impuesta por el artículo 66 de la Ley 270 de 1996;

En cuanto a este presupuesto de acuerdo con la jurisprudencia, por 'recursos de ley' deben entenderse los medios ordinarios de impugnación de las providencias, es decir, aquellos que no sólo permiten el examen ilimitado de la decisión con el objeto de corregir los errores de toda clase, tanto de hecho como jurídicos, sino que pueden interponerse sin sujeción a las rígidas causales que operan para los extraordinarios, los que adicionalmente requieren para su trámite la presentación de una demanda. 2.2.2. Ley 600 de 2000 – Aspectos que rigen el proceso penal “Cabe precisar que en el proceso penal regido por la Ley 600 de 2000, la etapa instructiva se encontraba a cargo de la Fiscalía General de la Nación, en tanto la etapa de juzgamiento correspondía a los Juzgados Penales. 5 H. Consejo de Estado, Sección Tercera. Consejero Ponente Alier Eduardo Hernández, radicación No 14.837 de 2006. J.Cruz.R. 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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