PGN - DERECHO A LA PENSION Regímenes del ministerio público contraloría general y rama jud

Bogotá, 6 de febrero de 2004 DP.- 0 1 0 3 Doctora Victoria Rosa López Colon Directora Caja Nacional de Previsión Social -CAJANAL Transversal 45, 41-53 Can Bogotá, DC Respetada doctora Victoria Rosa: De acuerdo con la labor que la Procuraduría Delegada para Asuntos Laborales ha venido desarrollando ante la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL, entre otros, en relación con la aplicación del régimen especial de la Rama Judicial y el Ministerio Público para quienes se encontraban dentro de los requisitos establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se hace necesario precisar: La Caja Nacional de Previsión Social ha mantenido en la vía gubernativa el criterio basado en la incorporación de los servidores públicos de la Rama Judicial y del Ministerio Público al Sistema General de Pensiones según lo dispuesto en el Decreto 691 de 1994, motivo por el cual se ha liquidado sus mesadas pensionales con el promedio de los factores que según el Decreto 1158 de 1994 constituyen el INGRESO BASE DE COTIZACION para efectos de la liquidación pensional, que es el mismo INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN IBL., del tiempo que les hiciere falta para adquirir el derecho siempre y cuando este fuere inferior a 10 años. De otro lado, los Jueces de la República, competentes para fallar acciones de tutela y en acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, instauradas ante la jurisdicción contencioso administrativa, en reiteradas oportunidades han y están ordenando a la Caja el reconocimiento de la pensión, en los casos que son

beneficiarios de transición y, por tanto, están cobijados por el Régimen Especial consagrado en el Decreto 546 de 1971, liquidando sobre asignación mensual más elevada devengada en el último año incluyendo todos los factores aun cuando no estén contenidos en el Decreto 1158 de 1994. Caso similar se presenta con los funcionarios de la Contraloría General de la República, en donde el promedio es de seis (6) meses de acuerdo con lo señalado en el Decreto 929 de 1976 y con los docentes beneficiarios de la pensión de gracia a quienes se les liquida la pensión con los factores señalados en la Ley 33 de 1985, aun cuando se ha ordenado por los despachos judiciales se haga con todos los factores salariales. En consecuencia, se debe replantear la posición institucional teniendo en cuenta la vigencia de la reforma, y partir del criterio frente al cual cuando se encuentran más de tres decisiones en el mismo sentido se debe aplicar la DOCTRINA PROBABLE, "tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema como Tribunal de Casación sobre un mismo punto de derecho es doctrina probable y los jueces podrán aplicarla en casos análogos, lo cual no obsta para que la Corte varíe la doctrina en caso de que juzgue erróneas las decisiones anteriores" (Artículo 10 de la Ley 153 de 1887)". En este orden de ideas, partiendo de la situación fáctica planteada, las autoridades administrativas pueden con viabilidad jurídica resolver los casos de solicitud de pensiones en los asuntos de la Rama Judicial y el Ministerio Público, de la Contraloría y los docentes en la Pensión de Gracia, en el sentido y con los

parámetros que señala la jurisprudencia. En caso contrario, ante los elevados costos que genera el cumplimiento de fallos proferidos dentro de las acciones de tutela y acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, el excesivo desgaste administrativo en las reliquidaciones, todo en menoscabo del patrimonio público, se advierte que las respectivas decisiones generan, y como resultado de todo ello, la congestión judicial crónica en menoscabo del patrimonio público debido a los sobre costos de gestión procesal, costas, indexación e intereses. Por tanto, se advierte que la obstinación a cumplir la doctrina reiterada en sendas decisiones judiciales, que son el orden jurídico superior, dará lugar a eventuales acciones disciplinarias y de repetición. Cordialmente,

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN

Procurador General de la Nación