PGN - DERECHO A LA PROPIEDAD Una de las formas son los derechos patrimoniales

AUTORIDADES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES-Obligaciones respecto a la protección autorial DERECHO A LA PROPIEDADUna de las formas son los derechos patrimoniales DERECHOS DE AUTORLegislación SOCIEDAD DE GESTION COLECTIVA DE DERECHOS DE AUTORNaturaleza jurídica Las SGC son entidades sin ánimo de lucro creadas para gestionar, en nombre de sus socios, los derechos patrimoniales de las obras y prestaciones que representa (SAYCO, ACINPRO, OSA, EGEDA, CEDER y ACTORES SOCIEDAD COLOMBIANA DE GESTIÓN); actúan como mandatarias de los autores o titulares de los derechos por el solo hecho de su afiliación. Cumplen tres funciones principales: la negociación con los usuarios, el recaudo de la remuneración y la distribución o reparto de los dineros recaudados entre los asociados1. Para los fines de esta consulta, la segunda de las funciones implica recaudar la remuneración que los distintos usuarios deben pagar a la SGC por concepto de estos derechos, como consecuencia de la utilización de las obras o prestaciones artísticas. 1 Vid nota 1, p. 21. Bogotá, D. C., 26/05/2020 C-246 – 2019 C-33 – 2020

SALIDA 26/05/2020

Doctora CAROLINA ARANGO URIBE Procuradora provincial de Armenia Carrera 17 20-27, piso 10 Armenia (Quindío) carango@procuraduria.gov.co Ref.: Respuesta consultas rads. E-2019-763279 del 11/12/2019, E-2020-101246 del 17/02/2020 y E-2020-101246 del

17/02/2020 (C-2020-1491627) Respetada doctora: En atención a sus consultas de la referencia, mediante las cuales solicita que se emita concepto jurídico en torno a la competencia para investigar a las autoridades territoriales por la presunta omisión en el pago de los derechos de autor a las sociedades de gestión colectiva (SAYCO y ACINPRO), en especial, si esa conducta tiene incidencia disciplinaria o solo se contrae a una obligación patrimonial, conforme lo establece la Circular 21 del 23/03/16 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA), en razón a la responsabilidad solidaria a la que allí se alude, me permito manifestarle lo siguiente: Debe resaltarse que, en cumplimiento de la función que le ha sido asignada a esta oficina en el artículo 9.º, numeral 3.° del Decreto Ley 262 de 2000, se suministrarán elementos de juicio generales que sirvan para ilustrar el tema consultado, que puedan predicarse de cualquier asunto en circunstancias similares, sin que ello se entienda como resolución de un caso particular y concreto. Pues bien, con el fin de contextualizar el tema por el cual se indaga resulta necesario indicar que una de las formas específicas de derechos de propiedad son los derechos patrimoniales2, que corresponden a los derechos de autor y conexos3; alrededor de ellos existe toda una legislación autoral tanto supranacional (Decisión Andina 351/93, Régimen común sobre derecho de 2 «Los derechos patrimoniales son el conjunto de prerrogativas que permiten al autor o titular derivado, controlar la explotación de la obra. // Constituyen la facultad exclusiva de realizar, autorizar o prohibir cualquier utilización sobre

la creación» (Cfr. MANUAL DE DERECHO DE AUTOR PARA ALCALDÍAS Y GOBERNACIONES, p. 9, en el link derechodeautor.gov.co/-/manual-de-derecho-de-autor-para-alcaldias-y-gobernaciones). 3 Ver sentencia C-265/94. 2 autor y derechos conexos) como interna (leyes 23/82, 44/93, 1493/11 y 1801/16; y decretos 1879/08, 4835/08, 3942/10 y 1066/15) que se ha encargado de regular este particular derecho de propiedad. Dentro de los actores que intervienen en esta actividad se encuentran los autores y titulares de estos derechos; las sociedades de gestión colectiva (en adelante SGC), y los usuarios. Precisemos un poco el rol que cumplen, veamos: ― Los autores y titulares de derechos de autor o derechos conexos (compositores, escritores, productores audiovisuales, dramaturgos, fotógrafos, etc.) pueden realizar una gestión individual4, y administrar directamente sus derechos, o puede acudir a las SGC, ante la complejidad en el control que deba ejercerse frente a ciertas formas de utilización de obras y prestaciones. ― Las SGC son entidades sin ánimo de lucro creadas para gestionar, en nombre de sus socios, los derechos patrimoniales de las obras y prestaciones que representa (SAYCO, ACINPRO, OSA, EGEDA, CEDER y ACTORES SOCIEDAD COLOMBIANA DE GESTIÓN); actúan como mandatarias de los autores o titulares de los derechos por el solo hecho de su afiliación. Cumplen tres funciones principales: la negociación con los usuarios, el recaudo de la remuneración y la

distribución o reparto de los dineros recaudados entre los asociados5. Para los fines de esta consulta, la segunda de las funciones implica recaudar la remuneración que los distintos usuarios deben pagar a la SGC por concepto de estos derechos, como consecuencia de la utilización de las obras o prestaciones artísticas. ― Los usuarios son quienes utilizan las obras o prestaciones artísticas; para ello, deben celebrar un contrato con la SGC, que tiene como causa ―casi― exclusiva la obtención de la autorización para esa utilización, por lo general, a cambio de una contraprestación por concepto de derechos de autor y de derechos conexos. Dentro de las categorías de estos usuarios están los particulares y las autoridades territoriales. Aunado a ello, las autoridades territoriales asumen en torno a esta actividad de protección autoral dos grupos de obligaciones legales: la de fiscalización; y las propias de los usuarios, cuando actúan como tales. A continuación, por su pertinencia, se extraen los siguientes apartes del MANUAL DE DERECHO DE AUTOR PARA ALCALDÍAS Y GOBERNACIONES6, que explican cada grupo: ¿Qué obligaciones tienen las autoridades locales para garantizar el respeto y plena vigencia del derecho de autor y los derechos conexos? // El legislador ha radicado en cabeza de las autoridades locales obligaciones específicas destinadas a garantizar el respeto por el derecho de autor y los derechos conexos. // La Ley 1801 de 2016 faculta a los alcaldes distritales y municipales o a quien delegue para exigir el comprobante de pago por derechos de autor o conexos como 4 La gestión individual es la que realiza el propio titular de derecho de autor o de derechos conexos, que no se encuentra afiliado a ninguna SGC, en relación con sus propias obras o prestaciones (Decreto 1066/15, art. 2.6.1.2.1).

5 Vid nota 1, p. 21. 6 Elaborado por la DNDA, Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio del Interior, p. 30 y siguientes. 3 requisito para autorizar actividades que involucran aglomeraciones de público complejas. // También los faculta para verificar que los establecimientos donde se ejecuten públicamente obras musicales causantes de pago cumplan con la presentación de dicho comprobante. […] De igual forma, la Ley 1801 de 2016, radica la competencia para reglamentar e imponer sanciones por el incumplimiento de las obligaciones exigidas en los alcaldes distritales y municipales o el funcionario que reciba la delegación. // En concordancia con lo anterior, el Decreto 1879 de 2008 (Art. 1), faculta a las autoridades distritales y municipales para realizar visitas de control, con el objeto de verificar los requisitos exigidos por la Ley, [en] sitios en donde se esté desarrollando la actividad de ejecución pública. ¿Qué obligaciones tienen las autoridades locales cuando actúan como usuarios de obras y prestaciones musicales? // La realización de eventos por parte de gobernaciones, alcaldías, y en general autoridades locales, donde se realice ejecución pública de música, implica una serie de obligaciones relacionadas con el respeto al derecho de autor y los derechos conexos. // Cuando las autoridades locales organicen eventos, tales como conciertos, bailes, festivales, carnavales, reinados, ferias y fiestas, etc., en los cuales se requiere ejecutar públicamente música (sea con la presentación de artistas en vivo, la utilización de equipos de sonido o cualquier otro medio que permita comunicar música al público presente), actúan como un usuario de obras y

prestaciones musicales, y en consecuencia a efectos de respetar el derecho de autor y los derechos conexos, tienen las mismas cargas legales que todos los usuarios, estas son: // - Obtener la autorización de los autores o titulares de las obras musicales que se pretendan comunicar, así como pagar la remuneración correspondiente. […] - Pagar una remuneración a los productores fonográficos y a los artistas intérpretes o ejecutantes, como consecuencia de la ejecución pública de fonogramas y de las interpretaciones o ejecuciones fijadas en estos. De otra parte, y únicamente con el propósito de ampliar el sentido del inciso de la Circular 21 del 23/03/16 de la DNDA7, que cita la consultante, a continuación, se transcriben los incisos atinentes a la responsabilidad solidaria derivada de la ejecución pública no autorizada: También algunos textos nacionales (y en el mismo sentido la Decisión Andina 351 de la Comunidad Andina), disponen que «ninguna autoridad ni persona natural o jurídica, podrá autorizar la utilización de una obra, interpretación, producción fonográfica o emisión de radiodifusión o prestar su apoyo para su utilización, si el usuario no cuenta con la autorización expresa previa del titular del derecho o de su representante» y que «en caso de incumplimiento será solidariamente responsable». // En este orden de ideas, también podría configurarse una responsabilidad solidaria en cabeza de las entidades territoriales, en aquellos eventos en que se presente un incumplimiento de las 7 «[E]s deber de los destinatarios de este instructivo (entiéndase, entre otros, a los alcaldes municipales y distritales, secretarios de gobierno municipales y distritales, inspectores de policía) solicitar las autorizaciones,

constancias de pago de derechos de autor, en los términos establecidos por las normas arriba expuestas, so pena de ser solidariamente responsables con el infractor de cualquier daño causado, ello en virtud a lo dispuesto en el artículo 54 de la Decisión Andina 351 de 1993». 4 obligaciones que ha impuesto el legislador con el fin de garantizar el respeto y plena vigencia del derecho de autor y los derechos conexos. // En conclusión, de conformidad con lo señalado en el artículo 54 de la Decisión Andina 351 de 1993, hay lugar a responsabilidad solidaria cuando una autoridad o persona natural o jurídica, autoriza la utilización de una obra, interpretación, fonograma o emisión de radiodifusión, o presta su apoyo para su utilización, sin que el usuario cuente con la autorización previa y expresa del titular del derecho o de su representante. En este orden de ideas, le corresponde a la autoridad disciplinaria examinar en cada evento si la conducta que ponen en conocimiento los quejosos constituye falta disciplinaria8, en consideración a que el legislador ha impuesto unas obligaciones (de fiscalización y las propias de los usuarios) a las autoridades territoriales, en aras de garantizar el respeto y la plena vigencia del derecho de autor y los derechos conexos. Resta agregar que esta respuesta expedida a instancia de la consultante reviste un carácter meramente ilustrativo o indicativo, en la medida en que no tiene fuerza vinculante, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 28 de la Ley 1437 de 20119 y 12 de la Resolución 9 de 201710. Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO POR

NASLY TERESA HOYOS AGÁMEZ Procuradora auxiliar para asuntos disciplinarios Proyectó XPGH C-246 – 2019 C-33 – 2020

E-2019-763279, E-2020-101246

E-2020-101246 (C-2020-1491627) IUR 32890 8 CDU, «ARTÍCULO 23. LA FALTA DISCIPLINARIA. Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento» (se resalta). 9 «ARTÍCULO 28. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS. <Artículo modificado por el artículo 1.° de la Ley 1755 de 2015 ―Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo―. El nuevo texto es el siguiente:> Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución». 10 «ARTÍCULO 12. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS. Los conceptos emitidos como respuesta a las consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución para el servidor público o particular, ni comprometerán la responsabilidad de la

Procuraduría General de la Nación». 5