PGN - DERECHO DE DEFENSA Rebasa los límites de las ritualidades procesales

PROCURADURIA DELEGADA PARA LA MORALIDAD PÚBLICA Radicación : 065-0863-99

Investigado: Carlos Melgarejo Muñoz Cargo y entidad: Profesional Especializado Cod.3010, G-19 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios con facultades de Representante Legal de la Empresa de Energía de Arauca –

ENELAR E.S.P.

Quejoso: Oficio Fecha Queja: septiembre 13 de 1999

Fecha Hechos: Agosto 27 de 1999

Asunto: Resolver recurso de queja (arts. 97 y 118 de la ley 734 de

2002 Bogotá, D.C., 26 de mayo de 2004

I. ASUNTO Resolver el recurso de queja presentado por el doctor Álvaro Alberto Vivas Sánchez, de conformidad con los artículos 97 y 11 de la Ley 734 de 2002.

II. HECHOS Mediante auto del 4 de julio de 2003 la Procuraduría Regional de Arauca, concedió el recurso de queja presentado por el doctor Álvaro Vivas Sánchez, contra la decisión del 16 de junio de 2003, que negó el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución calendada el 8 de mayo de 2003, que sancionó en primera instancia al señor Carlos Eguidio Melgarejo Muñoz, en su condición de Profesional Especializado Código 3010, grado 19 de la superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con facultades de representante legal de la Empresa de Energía de

Arauca. Rechazó, la Procuraduría Regional de Arauca, el recurso de apelación por lo siguiente:

La recurrida decisión fue notificada en forma personal al doctor Álvaro Alberto Vivas Parada, en su condición de apoderado del disciplinado, el 16 de mayo de 2003, dentro del término legal envió vía fax escrito interponiendo recurso de Apelación, documento que al no encontrarse firmado, carece de los requisitos establecidos en los artículos 84 y 252 del C.P.C. sobre autenticidad de los documentos. Asimismo, presentó el apoderado en dos folios originales escrito de fecha mayo 22 de 2003, interponiendo el recurso de apelación. Notificado el 25 de junio de 2003, del auto que rechazó el recurso de apelación, el doctor Melgarejo Muñoz, apoderado del disciplinado, dentro del término legal interpuso recurso de queja contra la citada decisión, argumentando: 1º.- Que lo decidido en la providencia recurrida hace prevalecer lo procedimental sobre el derecho sustancial. “En efecto: El fallo proferido por la Procuraduría Regional el 8 de mayo de 2003 fue notificado personalmente al suscrito el día VIERNES, 16 de mayo de 2003 (folio 332); luego, de conformidad con lo normado por el art. 119 de la Ley 734 se tenían 1 los días LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES, 19, 20 y 21 de mayo de 2003 para interponer el Recurso. El recurso de Apelación se interpuso el día 20 de Mayo de 2003, por lo cual su interposición se hizo en tiempo; y el mismo se sustentó con memorial que se allegó sin firma el día 21 de Mayo de 2003 en 2 folios, siendo recibido por la Secretaría de

la Procuraduría a las 4:45 p.m. de acuerdo a la constancia que en le mismo aparece (folios 333 y 334). Este mismo memorial, en texto original, lo presentó personalmente el suscrito el día 23 de Mayo de 2003, cuando ya habían fenecido los términos para interposición y sustentación del Recurso”. Puntualiza el apoderado que “...al resolver sobre la admisión del recurso privilegió el hecho de que el memorial presentado el 21 de Mayo de 2003 fue allegado sin firma, que el hecho de haber sido presentado en tiempo y refrendado con la presentación del original del mismo contenido, ya firmado por el suscrito; dando mayor importancia la formalidad e la autenticidad del documento que al hecho de que el recurso fue presentado y sustentado en tiempo, por quien tenía un verdadero interés en el curso de la investigación disciplinaria; es decir, por el apoderado judicial del disciplinado…” 2°.- Que la Procuraduría Regional ignoró el principio de la buena fe. Argumenta el apoderado que al no aceptar la Regional el documento por él presentado sin su firma, vía fax, omitió el principio constitucional de la buena fe consagrado por el Art, 83 de la Carta, puso en duda que el mismo hubiese sido allegado por el interesado en hacerlo oportunamente. 3°.- Que con la decisión tomada se vulneró el derecho a la defensa del disciplinado. Afirma que al rechazarse el recurso de apelación, se le coarta al disciplinado el Derecho a la Defensa, pues se le impide que el fallo de primera instancia sea revisado por el superior que tiene la posibilidad de sopesar las razones y argumentos expuestos en el recurso de apelación.

4°.- Que la providencia impugnada dificulta en la práctica el derecho al libre acceso a la administración de justicia y deja sin efecto el principio de la doble instancia judicial. Considera que al rechazar la Procuraduría el recurso de apelación dificultó el acceso a la Administración de Justicia de su defendido, e hizo nugatorio el principio de la doble instancia judicial, ignorando su importancia que lo consagra como derecho fundamental. 5°. Que la decisión no se ajusta a los principios y garantías Constitucionales. Concluye su argumentación, el apoderado del disciplinado afirmando que las actuaciones y el procedimiento que debe seguir la Procuraduría General de la Nación en aplicación del Código Único Disciplinario, en sus actuaciones, debe prevalecer los principios rectores de la Constitución Política y la Ley en especial el de Integración Normativa. 2

III. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA Analizadas las diligencias remitidas por la Procuraduría Regional de Arauca, se observa que: El recurso de apelación interpuesto, fue negado por el a-quo con fundamento en los artículos 84 y 252 del C.P.C., relacionados con la presentación de la demanda y la autenticidad de un documento, razón por la cual en consideración de esta Delegada tales normas no son aplicables para el presente caso, pues se trata es de la presentación de un recurso de apelación, que según mandato del mismo Código de Procedimiento Civil, no requiere de ninguna formalidad, dado que basta únicamente que el mismo se interponga por la parte afectada (artículos 350 y 362).

Por lo tanto no está llamada a prosperar la negación que hiciera el a-quo del

precitado recurso, pues efectivamente el apoderado legalmente reconocido dentro del proceso, interpuso el recurso de apelación, y lo sustentó vía fax dentro del término legal. De otra parte, si bien es cierto el artículo 52 del Código Contencioso Administrativo consagra en el numeral 1º entre otros requisitos que los recursos deben “Interponerse dentro del plazo legal, personalmente y por escrito por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido…”. Asimismo, el artículo 53 del mismo ordenamiento establece: “Rechazo del recurso. Si el escrito con el cual se formula el recurso no se presenta con los requisitos expuestos, el funcionario competente deberá rechazarlo; contra el rechazo del recurso de apelación procederá el de queja”. De acuerdo con las disposiciones transcritas, es claro que el legislador estableció el procedimiento para interponer los recursos respecto de aquellas providencias donde es procedente su interposición, dejando en libertad al implicado para hacer uso o no de ellos en los términos perentorios para su presentación. Revisado el escrito contentivo del mismo, al parecer atribuible al apoderado del señor Egidio Melgarejo Muñoz, se observa que este no fue suscrito por el doctor Alvaro Vivas Sánchez, pero en el entendido que el derecho a la defensa rebasa los límites de las ritualidades procesales, como quiera que es un derecho fundamental reconocido en el artículo 29 Constitucional y considerando además, que la intención real y material es la de ejercer el derecho de defensa de su poderdante y ofrecer las explicaciones necesarias dirigidas a demostrar la ausencia de responsabilidad

del aquí disciplinado1, dentro del término legal establecido, es claro para el Despacho la procedencia del recurso, independientemente de la formalidad de la firma. 1 Esta decisión se fundamenta en el llamado principio pro actione, según el cual “El debido proceso y el acceso a la justicia son derechos fundamentales que obligan a interpretar las normas procesales como instrumentos puestos al servicio del derecho sustancial y a las soluciones que permitan resolver el fondo de los asuntos sometidos a consideración de los jueces (principio pro actione)” (Corte Constitucional auto 069/00); también C-896/01 donde se dijo “En atención al principio "pro actione", según el cual, las normas procesales son instrumentos que tienden a la realización del derecho sustancial y debe dárseles el uso que permita la resolución del fondo del asunto, principio formulado por la Corte en la Sentencia C-538 de 1994 y aplicado por ésta misma en la Sentencia C-540 de 2001…”. 3 En consecuencia, se dispondrá REVOCAR la decisión que negó conceder el recurso de apelación y en consecuencia se CONCEDERÁ EL RECURSO DE APELACIÓN EN EL EFECTO SUSPENSIVO, ante las Procuradurías Delegadas para la Contratación Estatal y Moralidad Pública (reparto), de acuerdo con lo previsto en el numeral 4° del artículo 22 del Decreto 262 de 2000, en concordancia con incisos 2 y 3 del artículo 19 de la Resolución 017 de 2000. En mérito de lo expuesto, el Procurador Delegado para la Moralidad Pública, en uso de sus facultades legales.

RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la decisión que negó conceder el recurso de apelación y en consecuencia CONCEDER EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto contra el fallo de primera instancia proferido el 8 de mayo de 2003, por el Procurador Regional de Arauca.

SEGUNDO: Comunicar la presente decisión al impugnante, advirtiéndole que contra la misma no procede recurso alguno.

TERCERO: Por la Unidad Coordinadora de esta Delegada, se harán las anotaciones de ley y se remitirán las diligencias a su lugar de origen.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Procurador Delegado

JFRC/GHA

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