PGN - DERECHO DE PETICION Acercamiento a la administración

Dependencia: Procuraduría Primera Delegada Vigilancia Administrativa

Radicación No: 071-13465

Investigado: Eduardo Valencia Fajury

Cargo y entidad: Gerente Hospital Universitario de Barranquilla ESE.

Quejoso: Jorge Suárez Brieva Fecha queja : 08 de junio de 2000

Fecha hechos: 23 de mayo de 2000

Asunto: Mora en resolver petición formulada por el quejoso.

Bogotá DC, marzo 19 de 2003 Procede el Despacho, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 numeral 3 del Decreto 262 de 2000 y la Resolución No 017 de marzo 04 del mismo año de la Procuraduría General de la Nación, en cumplimiento a lo normado en el artículo 115 de la Ley 734 de 2002, a decidir el recurso de apelación interpuesto por los señores MIGUEL HUMBERTO JAIME CONTRERAS, JULIO OJITO PALMA y RODRIGO JABBA NAVARRO, en contra el auto del 31 de mayo de 2002, mediante el cual la Procuraduría Regional del Atlántico, dispuso el archivo de las diligencias adelantadas contra el Sr. EDUARDO VALENCIA FAJURY Gerente del Hospital Universitario de Barranquilla ESE dentro del expediente radicado bajo el número 071-13465. PRUEBAS Sentencia de mayo 31 de 2000, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Barranquilla-Sala Penal niega acción de tutela presentada por el Señor JORGE SÁNCHEZ BRIEVA (fl. 2) Oficio enviado por el Jefe de la Oficina Jurídica del Hospital Universitario de Barranquilla, el 23 de mayo de 2000 al Señor JORGE SÁNCHEZ BRIEVA en el que

le comunica que la Entidad está gestionando el reembolso de los dineros descontados y le informa que el 26 de mayo de 2000 acercarse a reclamar el dinero. DECISIÓN DE INSTANCIA Manifiesta la Procuraduría Regional del Atlántico que la indagación preliminar se origina con base en oficio No. 1712 de 1 de junio de 2000, suscrito por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito judicial de Barranquilla. Que la decisión del Tribunal en Sala Plena , considera que en el escrito que dirigido por el Jefe de la Oficina Jurídica del Hospital Universitario de Barranquilla, se dio respuesta, aunque no oportuna a la solicitud, encuentra la instancia que la respuesta fue adecuada y efectiva, por lo que pese a su extemporaneidad, su existencia no permite impartir orden de protección alguna, en tanto, lo que podría ser ordenado ya fue realizado y el amparo que ofrece la tutela es real y no formal presentándose sustracción de materia. Con base en los anteriores argumentaciones concluye la Procuraduría Regional que en el caso subexamine, a pesar de que la comunicación del Hospital Universitario visible a folio 10 del expediente fué extemporánea, la respuesta fue adecuada en este orden de ideas se puede observar que la entidad accionante no estaba relevada de dar respuesta y comunicar al accionante lo relacionado con las peticiones, de fechas 11 de abril de 2000 y 9 de mayo del mismo año, ya que el reembolso de las dos cuotas de dinero por la suma de $183.831.oo pesos cada una las había cancelado directamente a la sociedad Inversiones Sánchez Rueda Ltda., razón por la

que ordena el archivo de la diligencias. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN Señalan los apelantes en su recurso de alzada que la Sala Penal del Tribunal no indagó sobre los motivos de la mora, es decir los que producen la violación del derecho fundamental. Afirman que si se observa la motivación de la resolución impugnada, se tiene que corresponde a la misma razón que tuvo el Tribunal Superior de Distrito Judicial, es decir que la afectación del derecho fundamental se había superado, conclusión que no comparte por lo que solicita sean investigadas a las razones de mora. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA Para resolver considera esta instancia que el derecho de petición consagrado constitucionalmente en el artículo 23 de la Carta Política, es producto de una larga actividad desplegada por los administrados para acercarse y acceder a la administración, conquista elevada a la categoría de fundamental por las connotaciones sociopolíticas que implica la posibilidad de los administrados de exigir a sus gobernantes informen su actividad bien con el fin de controlar la actividad estatal o bien de obtener una pronta respuesta a los derechos reclamados y solicitudes elevadas de diversa naturaleza resultado de la interacción Estadociudadano. 2 Por lo anterior la observancia inmediata y reglada del derecho no puede quedar al arbitrio de los administradores de la cosa pública, imponiéndose perentoriamente y sin excepción su cumplimiento dentro de los términos estipulados en la ley en las condiciones que esta establece. En el presente asunto acoge razón al recurrente al elevar su desacuerdo con la decisión de instancia, por cuanto independientemente de que se halla resuelto

favorablemente el requerimiento hecho a la administración el 11 de abril de 2000, la decisión del Hospital Universitario de Barranquilla fue extemporánea al sobrepasar los quince días que impone el artículo 6 del Código Contencioso Administrativo para resolver, debiéndose en el presente caso, se reitera independientemente de la decisión del Tribunal de Distrito Judicial del Atlántico, activar la función disciplinaria para establecer si existieron causas o razones que impidieron contestar oportunamente el derecho de petición formulado por el quejoso, ciudadano que ejerce una prerrogativa de naturaleza superlativa y fundamental, constitucionalmente protegida cuyo operatividad impone a la administración oportunidad, eficiencia y eficacia en su proceder lo que excluye dilaciones injustificadas, y el deber perentorio de dar solución a los requerimientos ciudadanos dentro de los términos legales, sin excusa alguna, bien solucionado el objeto de la petición o bien informando dentro del término la fecha en que dará respuesta. Por las anteriores razones se revocara la decisión adoptada por la Procuraduría Regional del Atlántico y en su lugar se dispondrá la continuación de la investigación con el fin de establecer si existieron omisiones y responsabilidades atribuibles los encargados de dar respuesta al derecho de petición impetrado. En mérito de lo expuesto, EL PROCURADOR PRIMERO DELEGADO PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA, en uso de sus atribuciones legales, RESUELVE: PRIMERO: Revocar la decisión adoptada por la Procuraduría Regional del Atlántico en el auto de 31 de mayo de 2002, en consecuencia de lo anterior ordenar el

desarchivo del expediente, para que se prosiga con la actuación disciplinaria, en los términos que quedaron expuestos en la parte motiva de este proveído. 3

SEGUNDO: Comunicar la presente decisión al investigado, informándole que contra la misma no procede recurso alguno.

TERCERO: Comunicar la presente decisión al quejoso.

CUARTO: Devolver las presentes diligencias a la Procuraduría Regional del Atlántico para que previa las comunicaciones ordenadas se prosiga con la investigación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

CESAR AUGUSTO AMAYA MEDINA

Procurador Delegado CAAM/EAR Exp. 071 - 13465 / 2000 4