PGN - DERECHO DE PETICION Debe contener solicitud de información concreta

PROCURADURIA PRIMERA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA

Bogotá DC, febrero 13 de 2001. Procede el Despacho! en ejercicio de la atribución que le otorga el Decreto 262 del año 2000 articulo 25 numeral 4 y la Resolución 017 del 4 de marzo del mismo año articulo 19 en cumplimiento de lo normado en la Ley 200 de 1995 artículos 109 y 110, a revisar en consulta el fallo de primera instancia del 14 de abril de 1999, mediante el cual la Procuraduría Regional de Bolívar absolvió de responsabilidad disciplinaria al Doctor GUSTAVO OCHOA OCHOA en su condición de Alcalde del municipio de Córdoba (Bolívar), para la época de los hechos dentro del Expediente No. 075-98535-98. HECHOS La presente investigación se originó por queja formulada por el Señor MARCOS FUENTES JULIO, Registrador Municipal de Córdoba (Bol.), contra el Alcalde Municipal de ese municipio por presuntas irregularidades al omitir dar respuesta a solicitud que le hiciera sobre asuntos electorales a través de varios oficios. SÍTESIS DE LA INVESTIGACION Mediante auto del 23 de marzo de 1999 el Procurador Departamental (hoy Regional) de Bolívar ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra el Señor GUSTAVO OCHOA OCHOA, en su condición de Alcalde de Córdoba (Bolívar) y le formuló auto de cargos el 23 de marzo de 1999 endilgándole como conducta presuntamente irregular la siguiente: "...GUSTAVO OCHOA OCHOA...Usted en su

condición de Alcalde Municipal de Córdoba (Bolívar), ha podido incurrir en faltas disciplinarias relacionadas con la omisión en dar respuestas a las distintas solicitudes que le fueron por medio de los seis (6) oficios que se le relacionan anteriormente, hechas por el Señor MARCO INOCENCIO FUENTES JULIO, Registrador Municipal del Estado Civil en el municipio de Córdoba, sin que usted haya dado respuesta a ninguno de los mencionados oficios. Como normas presuntamente infringidas se citaron las siguientes: Artículo 23 de la Constitución Nacional, artículos 5 y 7 del Código Contencioso Administrativo, artículos 38, 40 numerales 1, 2 y 22, y, 41 numerales 7 y 9 de la Ley 200 de 1995. La falta fue calificada provisionalmente como grave. DESCARGOS GUSTAVO OCHOA OCHOA, presentó memorial de exculpaciones el 3 de junio de 1999 a través de apoderado, escrito en el cual se expresó que de los oficios emanados del quejoso se deduce que eran simples informaciones y solicitudes de apoyo para la realización del debate electoral, mas no peticiones concretas sobre un hecho de interés particular o general al cual se les debiera dar respuesta concreta. Adujo que teniendo en cuenta lo consagrado en el articulo 60 del CCA en el sentido de que las peticiones se resolverán dentro de los quince días siguientes a la fecha de recibo no tenia ningún sentido que el quejoso hubiere enviado oficios en forma consecutiva desde el 11 de febrero de 1998 hasta el 25 de febrero del mismo año, ya

que el término para responderle expiraba el 27 de febrero. Agregó que de todas formas la respuesta de colaboración por parte de la administración a los debates electorales se dio por ley. Solicitó varias pruebas encaminadas a probar lo afirmado en favor de su mandante, solicitó la nulidad de lo actuado desde el auto de cargos por no haber llamado a exposición espontánea al implicado de conformidad con el art. 147 de la Ley 200 de 1995, a pesar de haberse solicitado, de no atender se este petitorio absolver a su prohijado (fls. 56-58). DECISION DE PRIMERA INSTANCIA El fallador de primera instancia después de estudiar las pruebas obrantes en el informativo y las ordenadas para absolver cualquier duda, encontró en primer término que no existe causal de nulidad alguna pues en ningún momento se negó la Regional de Bolívar a escuchar en versión libre al investigado, ya que se le citó en varias oportunidades sin que compareciera y el 4 de febrero del 2000 se presentó a la Regional pero no quiso rendir la versión ese día manifestando que en otra oportunidad lo haría, lo cual no sucedió pese a que se le citó para el 6 de marzo de 2000. Estuvo de acuerdo el fallador de primera instancia en que los escritos del quejoso realmente no constituían en todo el sentido de la palabra derechos de petición sino solicitudes de apoyo logístico para la organización electoral de ese municipio. En concepto de la Regional de Bolívar esas solicitudes de apoyo no conllevaban el deber de una respuesta escrita sino el objetivo de tales solicitudes como se desprende de los giros realizados por la Administración para cubrir los gastos

generados por las elecciones en el mencionado municipio. Concluyó el aquo que no existe mérito para sancionar al investigado. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA Se acusó al Señor GUSTAVO OCHOA OCHOA, en su calidad de Alcalde Municipal de Córdoba (Bol.) de no dar respuesta a distintas solicitudes que le fueron hechas por parte del Registrador Municipal a través de seis oficios. Analizadas las pruebas obrantes en el informativo se tiene que mediante oficio 0019 del 14 de febrero de 1998 el Registrador Municipal del Estado Civil de Córdoba (Bolívar), se dirigió al Alcalde de la localidad para recordarle que las elecciones son el 8 de marzo de 1998 y que no ha existido coordinación alguna entre la Registraduría Municipal del Estado Civil y la Alcaldía Municipal y le pone de presente las necesidades logísticas que tiene el municipio para el evento (fls. 10-11). Luego para el 17 de febrero envió otro oficio poniendo de presente las necesidades de corregimientos en cuanto al alumbrado requerido para las elecciones. Así mismo el 18 de febrero complementa sus inquietudes exponiendo otras necesidades, así mismo el 25 de febrero, el 8 de marzo y el 15 de mayo. Examinados los oficios enviados por el quejoso al burgomaestre el acusado se tiene que le asiste razón al fallador de primera instancia, al afirmar que realmente esos oficios no tienen una solicitud de información concreta que requieran de la misma forma una respuesta concreta. Se limita el Registrador a enfatizar las necesidades que tiene el municipio para el momento de las elecciones a fin de que la Administración provea lo necesario.

Además también obedece a la realidad que estos oficios tenían una secuencia, de tal suerte que los posteriores eran complemento de los anteriores, y eran prácticamente seguidos unos de los otros sin esperar en ningún caso que se hubieran tratado de las peticiones a que se refiere la Constitución Política que se vencieran los términos que tenía el funcionario supuestamente requerido para responderlos. Comparte el Despacho el criterio del aquo cuando manifiesta que lo que se buscaba, esto es el objetivo de los oficios se cumplió en el sentido de que la Administración Municipal aprobó una partida precisamente para sufragar los gastos de las elecciones, tal como se encuentra demostrado en los documentos que se anexaron con el escrito de descargos. Es así como a folio 82 obra fotocopia de la ejecución presupuestal de ingresos y egresos anual izada vigencia fiscal de 1998 y se puede observar que se apropiaron para la Registraduría Municipal $7.878.000.00, de los cuales se autorizaron $7.433.300.00 (fl.87). Corroborado lo anterior por el oficio de junio 13 de 2000 suscrito por el Señor JOAQUÍN ROBERTO ESPELETA, Tesorero Municipal de Córdoba (Bolívar) y con certificación del mismo funcionario (fl. 88). Así las cosas no encuentra esta Delegada razones suficientes que fundamenten una sanción disciplinaria para el burgomaestre investigado. Observa el Despacho que en el auto de cargos no se expresó si la falta se atribuía a titulo de dolo o de culpa, lo cual vulnera el derecho de defensa del investigado y es causal de nulidad del proceso.

No, obstante lo anterior, debido a que se absolverá al implicado y en, aras a la economía procesal, la Delegada no tomará decisión al respecto. En mérito de lo expuesto, LA PROCURADORA PRIMERA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA, RESUELVE PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 017 del 29 de junio de 2000, mediante la cual, el Procurador Regional de Bolívar, absolvió al Señor GUSTAVO ADOLFO OCHOA OCHOA, con CC No. 3.831.607 de Córdoba (Bol.), en su calidad de Alcalde Municipal de Córdoba (Bolívar), para la época de los hechos, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Notificar de acuerdo a los preceptos legales, esta decisión al disciplinado, haciéndole saber que contra ella no procede recurso alguno por la vía gubernativa.

TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, la procuraduría de origen remitirá copia de los fallos de primera instancia y de consulta a la División de Registro y Control de la procuraduría General de la Nación para lo de su cargo.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

MARTHA INÉS PALACIO JARAMILLO,

Procuradora Prime a Delegada Vigilancia Administrativa Exp. No. 075-98535-98 NIFT