PGN - DERECHO DE PETICION Derecho fundamental

ARCHIVO DEFINITIVO-Contra funcionarios por determinar de la Fiduprevisora S.A., por las posibles irregularidades en el pago de sentencias condenatorias, en donde se reconocen por los estrados judiciales la sanción moratoria por mora en el pago de las cesantías, como la reliquidación pensional e indexación de cesantías COMPETENCIA-Procuraduría delegada para la vigilancia administrativa y judicial DERECHO DE PETICIÓN-Derecho fundamental QUEJA TEMERARIA-Marco legal

TERMINACIÓN DEL PROCESO DISCIPLINARIO-Marco legal

IUS E-2017-945452 - IUC D-2019-1165416

PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA

Y JUDICIAL

Radicación Nº: IUS E-2017-945452 - IUC D-2019-1165416

Implicado: XXXXXXXXXXXXX

Cargo y Fiduciaria La Previsora S.A.

Entidad: XXXXXXXXXXXXX Quejoso: XXXXXXXXXXXXXXX Fecha hechos Irregularidades en cumplimiento de sentencias judiciales.

Hechos: Auto de archivo.

Bogotá, D. C., marzo veintidós (22) de dos mil veintidós (2022)

I. ASUNTO A TRATAR Procede la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial a pronunciarse sobre la indagación preliminar adelantada contra funcionarios por determinar de la Fiduprevisora S.A., por las posibles irregularidades en el pago de sentencias condenatorias, en donde se reconocen por los estrados judiciales la sanción moratoria por mora en el pago de las cesantías, como la reliquidación pensional e indexación de cesantías, entre otras cosas.

II. HECHOS El señor Vladimir Bejarano Solís presentó un derecho de petición ante el

Ministerio de Educación Nacional, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio Regional Chocó, Fiduciaria La Previsora S.A., Secretaría de Educación departamental del Chocó, Administración Temporal para el Sector Educativo del departamento del Chocó, en el que reitera su solicitud de cumplimiento de sentencias en el que se hace el reconocimiento por los diferentes estrados judiciales la sanción moratoria por mora en el pago de las cesantías, la reliquidación pensional e indexación de cesantías, ente otras. Relaciona las siguientes solicitudes de cumplimiento: N|° Docente Cédula Fecha solicitud de cumplimiento de fallo.

1 XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXPQRXXXX del XXXXX

2 XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXPQRXXXX del XXXXX

3 XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXPQRXXXX del XXXXX

4 XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXPQRXXXX del XXXXXX

5 XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXPQRXXXX del XXXXXX

6 XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXPQRXXXX del XXXXXX

7 XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXPQRXXXX del XXXXXX

8 XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXPQRXXXX del XXXXXX

9 XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXPQRXXXX del XXXXXX

10 XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXPQRXXXX del XXXXXX

11 XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXPQRXXXX del XXXXXX 12 XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXPQRXXXX del XXXXXX Página 2 de 5

Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial , Carrera 5 No. 15 - 80, Bogotá, D,C., Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750, www.procuraduria.gov.co, NIT.

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Adicional a lo anterior, señala un caso en específico, en el que se le notificó el XX de XXXXX de XXXX la Resolución N° XXXXX del XX de XXXXX de XXXX, pero que a la fecha del escrito no se había cumplido el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó, en favor de: 1 Lila Perea de Terreros XXXXXXX XXXXPQRXXXXX del XXXXXX En atención a lo anterior solicitó el pago de las condenas y/o devolver la documentación aportada para el cumplimiento de relacionados, en especial la primera copia con constancia de ejecutoria. Finalmente, señala que el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio solo están cancelando las reclamaciones de docentes que provengan de la firma “López Quintero”, indicando que esta información se hará llegar a las autoridades disciplinarias1.

III. ANTECEDENTES PROCESALES Por auto del XX de XXXXX de XXXX, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial ordenó la apertura de indagación preliminar en contra de responsables en averiguación de la Fiduprevisora S.A , para concretar la conducta que estaba siendo denunciada.

IV. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA 4.1. La competencia.

La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial, en virtud de lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 25 del Decreto Ley 262 XXXXXX y

concordante con las Resoluciones XXX del X de abril de XXXX, XXX del X de XXXX de XXXX y XXX del XX de XXXXX de XXXX, proferidas por el Procurador General de la Nación, es competente para conocer la presente evaluación de indagación preliminar, en su carácter de las funciones de instrucción asignadas. 4.2. Consideraciones Generales. En primer término, lo que se observa es la presentación de un derecho de petición al Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio – Regional Chocó-, Fiduciaria la Previsora S.A., Secretaría Departamental del Chocó y Administración Temporal para el Sector Educativo del Departamento del Chocó, frente a dos pretensiones: i) el cumplimiento en el pago de las sentencias judiciales; y ii) la solicitud, en caso de no cumplirse con el pago de las sentencias condenatorias, la devolución de la documentación aportada Página 3 de 5 Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial , Carrera 5 No. 15 - 80, Bogotá, D,C., Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750, www.procuraduria.gov.co, NIT. odiláV( =wE4 IxU0 tLb4 WdN3 UC2p r7Cb Jx4c rodacifitnedI LRU IUS E-2017-945452 - IUC D-2019-1165416 para el cumplimiento de los fallos. Adicional a lo anterior, anuncia un hecho irregular sobre que tiene información sobre el pago “..SOLO ESTA CANCELANDO LAS RECLAMACIONES

DE DOCENTES QUE PROVENGAN DE LA FIRMA “”LÓPEZ QUINTERO””.

Página 4 de 5 Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial , Carrera 5 No. 15 - 80, Bogotá, D,C., Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750, www.procuraduria.gov.co, NIT. IUS E-2017-945452 - IUC D-2019-1165416 4.2.1. El derecho de petición y las solicitudes de pago de sentencias al Fondo de Prestaciones Sociales del magisterio. El derecho de petición es un derecho fundamental de carácter constitucional, que implica que las autoridades deben dar pronta y adecuada respuesta a las solicitudes que hacen las personas, a fin de obtener información o solicitar copias de actuaciones de la administración. En este sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado, en sentencia C-818 XXXXXX que: La Corte sintetizó las reglas que previamente habían sido desarrolladas por la jurisprudencia en materia de protección del derecho fundamental de petición.

Sobre el particular dijo: “a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión. b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. c) La

respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición. d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita. e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Entonces, bajo estos parámetros, es evidente que no está configurado para impulsar procesos, pues los procedimientos tienen una naturaleza reglada que no puede ser vulnerada a través de un derecho de petición. En este sentido, se entiende la razón por la cual la solicitud del señor Bejarano Solís iba encaminada a exhortar al cumplimiento de las sentencias, sobre las cuales ya había iniciado la solicitud de cumplimiento, como se relaciona en el cuadro que diseñara en el escrito petitorio. Tan es así que hace alusión a las solicitudes presentadas en el año XXX, sobre las cuales ya había respuesta de la administración, varios de los cuales ya había radicado en la FIDUPREVISORA S.A., pero que solicitaba se le informara sobre el cumplimiento en el pago de las sentencias judiciales. El procedimiento, de los mencionados pagos de sentencias judiciales está determinado en el Decreto 1075 XXXXX, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación”, que en el aparte pertinente señala: ARTÍCULO 2.4.4.2.3.2.2. Gestión a cargo de las Secretarías de Educación. La

atención de las solicitudes relacionadas con las prestaciones económicas que reconoce y paga el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio será efectuada a través de la entidad territorial certificada en educación o la dependencia que haga sus veces. Para tal efecto, la entidad territorial certificada en educación correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente, deberá: Página 5 de 5 Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial , Carrera 5 No. 15 - 80, Bogotá, D,C., Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750, www.procuraduria.gov.co, NIT. odiláV( =wE4 IxU0 tLb4 WdN3 UC2p r7Cb Jx4c rodacifitnedI LRU IUS E-2017-945452 - IUC D-2019-1165416 1.Recibir y radicar, en estricto orden cronológico. las solicitudes relacionadas con el reconocimiento de prestaciones económicas, de acuerdo con los formularios que adopte la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos de dicho Fondo. 2.Expedir, con destino a la sociedad fiduciaria y conforme a los formatos únicos por esta adoptados, certificación de tiempo de servicio y régimen salarial y prestacional del docente peticionario o causahabiente, de acuerdo con la normativa vigente. Página 6 de 5 Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial , Carrera 5 No. 15 - 80, Bogotá, D,C., Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750, www.procuraduria.gov.co, NIT.

IUS E-2017-945452 - IUC D-2019-1165416 3.Subir a la plataforma que se disponga para tal fin el proyecto de acto administrativo debidamente digitalizado con su respectivo expediente para que sea revisado por la sociedad fiduciaria. 4.Suscribir el acto administrativo de reconocimiento de prestaciones económicas, de acuerdo con lo dispuesto en las Leyes 91 de 1989 y 962 de 2005 y las normas que las adicionen o modifiquen, y surtir los trámites administrativos a que haya lugar, en los términos y con las formalidades y efectos previstos en la ley y en esta Subsección. 5.Remitir a la sociedad fiduciaria copia de los actos administrativos de reconocimiento de prestaciones económicas, junto con la respectiva constancia de ejecutoria para efectos del pago. Con este procedimiento se da lugar a que se disponga el pago pertinente. Es de señalar que esta no fue la circunstancia que determinó la copia a la Procuraduría General de la Nación, por lo que el derecho de petición debía abarcar en su respuesta el informar el trámite de la solicitud de pago de sentencias judiciales y el estado en que se encuentra esta, y si es el caso, las razones por la cuales a la fecha de solicitud no e había hecho el reconocimiento. 4.2.2. La denuncia de los pagos seleccionados de sentencias judiciales. En lo que respecta al pago sobre el cual tasa la irregularidad el quejoso, señalando: “..SOLO ESTA CANCELANDO LAS RECLAMACIONES DE DOCENTES QUE PROVENGAN DE LA FIRMA “”LÓPEZ QUINTERO””, sin que suministre más datos, es importante señalar que la acción disciplinaria, si bien se trata de un

canal de control para las autoridades, en los casos en que se tenga conocimiento de alguna irregularidad en el actuar de estas, no se pone en movimiento si no existen unos parámetros mínimos que garantice que el accionar del Estado se justifican y llevan a cumplir con su objetivo, como lo es garantizar la buena marcha de la administración. El derecho disciplinario valora la inobservancia del ordenamiento superior y legal vigente, así como la omisión o extralimitación en el ejercicio de funciones; motivo por el cual la ley disciplinaria se orienta entonces a asegurar el cumplimiento de los deberes que le asisten al servidor público o al particular que cumple funciones públicas, cuando sus faltas interfieran con su ejercicio. Si los presupuestos de una correcta administración pública son la diligencia, el cuidado y la corrección en el desempeño de las funciones asignadas a los servidores del Estado, la consecuencia jurídica no puede ser otra que la necesidad de la sanción de las conductas que atenten contra los deberes que le asisten. Por ello, la finalidad de la ley disciplinaria es la prevención y buena marcha de la gestión pública, al igual que la garantía del cumplimiento de los fines y funciones del Estado en relación con las conductas de los servidores que los afecten o pongan en peligro En este ámbito, el legislador optó por condicionar el inicio de la acción, ya sea por información de un servidor público o por queja, indicando en el parágrafo 1, del artículo 150 de la Ley 734 XXXXX que: Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial , Carrera 5 No. 15 - 80, Bogotá, D,C., Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750, www.procuraduria.gov.co, NIT.

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PARÁGRAFO 1o. Cuando la información o queja sea manifiestamente temeraria o se refiera a hechos disciplinariamente irrelevantes o de imposible ocurrencia o sean presentados de manera absolutamente inconcreta o difusa, el funcionario de plano se inhibirá de iniciar actuación alguna. En este evento, se refiere a una queja inconcreta, lo cual significa que debe existir una información mínima de circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan a la administración de dirigirse a aspectos puntuales, para dar inicio a la acción disciplinaria. ) Página 4 de 5 Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial , Carrera 5 No. 15 - 80, Bogotá, D,C., Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750, www.procuraduria.gov.co, NIT.

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Lo inconcreto se identifica como aquello que va a lo general y abstracto, como en el presente caso se vislumbra, pues la queja no va más allá de afirmar que se están pagando solo las reclamaciones de una firma, sin que señale los casos específicos en que esto ocurre, las fechas, turnos, etc, elementos que no exijan a este órgano de control a asumir el universo de peticiones que puedan tramitarse por el FOMAG, lo que generaría un inmenso desgaste que atentan

contra el principio de economía y que, se repite, fue considerada por el legislador como una circunstancia que habilita para que se profiera una decisión inhibitoria. Esta es pues la circunstancia acaecida, considerando esta Procuraduría Delegada que debió proferirse una decisión inhibitoria y no iniciar una acción disciplinaria que tiene una situación que se traduce en que, como se presentó la queja no podía iniciarse. Por lo dicho, se procederá a ordenarse la terminación del procedimiento, en razón a que la acción no podía iniciarse, en los términos del artículo 73 de la

Ley 734 XXXXXX.

En mérito de lo expuesto, el Procurador Delegado para la Vigilancia Administrativa y Judicial, en uso de sus facultades legales y reglamentarias,

RESUELVE PRIMERO: ORDENAR LA TERMINACIÓN DEL PROCESO DISCIPLINARIO, y en consecuencia el ARCHIVO DEFINITIVO de las presentes diligencias, por lo expuesto en la parte considerativa, de acuerdo a lo señalado en el artículo 73 de la Ley 734 XXXXX.

SEGUNDO: COMUNICAR al quejoso esta decisión advirtiendo que contra la presente procede el recurso de apelación, para lo cual cuentan con XXX (X) días posteriores a la presunción contenida en el artículo 109 de la Ley 734

XXXXXX, ante la sala Disciplinaria.

TERCERO: Por la Secretaría de esta Procuraduría delegada se harán las notificaciones, comunicaciones y anotaciones de rigor.

CUARTO: REGISTRAR en el Sistema de Información Misional de la Procuraduría General de la Nación, SIM, la presente providencia.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

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LUIS FRANCISCO CASAS FARFÁN Procurador Delegado para la Vigilancia Administrativa y Judicial (C) OYT Firmado digitalmente por: LUIS FRANCISCO CASAS FARFAN

PROCURADOR DELEGADO

PROC DEL VIGILANCIA ADTIVA Y JUDICIAL

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