PGN - DERECHO DE PETICION Elementos que lo estructuran

RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA-No responder derecho de petición DERECHO DE PETICIÓN-Derecho fundamental de rango constitucional Partimos de que el derecho de petición es un derecho fundamental de rango constitucional que posibilita el acceso de las personas a las autoridades públicas y privadas obligando a éstas a responder lo requerido siempre y cuando se encuentre dentro del marco de sus competencias, quiere ello decir que cada autoridad deberá responder por aquello que se encuentre dentro del ámbito del deber funcional que le corresponde y es por ello que deberá ser juzgado disciplinariamente toda vez que nos encontramos ante un sistema de responsabilidad subjetiva y de acto. …, la institucionalización del derecho de petición en sus diferentes manifestaciones no sólo constituye un derecho sino también una de las más claras garantías de que gozan los asociados en cualquier Estado organizado jurídicamente para relacionarse con los administradores y demás servidores públicos, consolidando la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. DERECHO DE PETICIÓN-Elementos que lo estructuran/DERECHO DE PETICIÓN-La investigada realizó todas las gestiones para cumplir con el objeto de la solicitud/DERECHO DE PETICIÓNAl analizar el artículo 23 de la Constitución Política encontramos que son varios los elementos normativos expresados por el constituyente para estructurar el derecho de petición, los cuales debemos conjugar sistemática y armónicamente con el fin de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en la Carta, armonizando la voluntad del constituyente, los derechos fundamentales eventualmente involucrados y la reglamentación existente sobre el particular y específicamente por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Centrándonos en los hechos y circunstancias que motivan la presente investigación y, sobre todo, los que motivan la presunta vulneración del derecho de petición por parte de la Servidora Pública, esto es, la Personera Municipal de Ipiales (E), está comprobado por este Despacho que la investigada el día 21 de julio de 2016 recibió en su despacho el derecho de petición impetrado por el quejoso. Cabe resaltar que las pruebas evidencian que para la época de los hechos, no se tenía claridad acerca del presupuesto de la personería municipal puesto que no había información contable clara, la falta de certeza de información que se tenía en relación a las deudas por mora en los pagos de seguridad social y cesantías al fondo nacional del ahorro, al parecer, pudo hacer que el procedimiento fuese más tardío, pese a los impases antes mencionados, se dio respuesta a la solicitud elevada por el quejoso, siendo así que el día 23 de septiembre de 2016, mediante resolución No 013 se reconocen las prestaciones sociales y otros emolumentos al quejoso. …, observa el Despacho que la investigada cumplió con el objeto de la petición del señor…, esto en razón a que se canceló las prestaciones sociales y cesantías correspondientes a las vigencias 2015 y 2016 adeudadas por la entidad. Corolario de lo anterior, se puede predicar que se encuentra demostrado que la investigada realizó todas las gestiones necesarias para dar respuesta al objeto del derecho de petición, esto es, cumplir con dicha solicitud de reconocer, liquidar y ordenar el pago de las prestaciones sociales y cesantías al peticionario RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA-Debe estar plenamente demostrada con

las pruebas recaudadas y concluyan que la falta se cometió/CORTE CONSTITUCIONAL-Precisa sobre el alcance de las normas disciplinarias que rigen la formulación de cargos Carrera 6 No. 13 – 09 Edificio Markus – Tercer Piso Ipiales – Nariño …, para el Despacho es muy importante tener en cuenta que para poder derivar responsabilidad disciplinaria, debe estar plenamente demostrada esta, en la medida que las pruebas recaudadas permitan indubitablemente concluir que la disciplinada cometió la falta, por desconocimiento de un deber funcional o por haber incurrido en una prohibición o extralimitación de funciones. La Corte Constitucional en sentencia C-892 de 1999 al precisar el alcance de las normas disciplinarias que rigen la formulación de cargos, manifestó: ILICITUD SUSTANCIAL-Aunque que el comportamiento de la investigada encaja en un tipo disciplinario, el mismo no incidió de forma sustancial en la garantía de la función pública …, estima el Despacho, sobre la ilicitud sustancial, la cual debe ser entendida como la afectación sustancial de los deberes funcionales siempre que ello implique el desconocimiento de la función pública, que, aunque demostrado está que el comportamiento de la investigada se encuentra descrito en un tipo disciplinario, se puede determinar sin lugar a dudas que el mismo no incidió de forma sustancial en la garantía de la función pública y en la vulneración de los principios que la gobiernan, por tanto, deberá concluirse que la conducta está desprovista de ilicitud sustancial, la base fundamental de tal aseveración es que el día 23 de septiembre de 2016, mediante

resolución No 013 se reconocen las prestaciones sociales y otros emolumentos al ex servidor público …, cumpliendo con los términos establecidos en la Ley 244 de 1995. DERECHO DISCIPLINARIO-No existe sanción por el solo resultado de la conducta/RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA-Hay que observar por lo menos que la conducta dolosa o culposa riña con los principios de la función pública … en el derecho disciplinario no existe sanción por el mero resultado de la conducta, ya que la responsabilidad de tipo disciplinario no es de naturaleza objetiva y se edifica también sobre el comportamiento sustancialmente ilícito, según el artículo 5 de la Ley 734 de 2002: “Ilicitud sustancial. La falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna”, en concordancia, el artículo 13, ibídem: materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa”. …, para vislumbrar la responsabilidad disciplinaria hay que observar por lo menos que la conducta dolosa o culposa se extrañe o riña con los principios de la función pública tales como transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia En cuanto a la actuación adoptada por la ciudadana investgada puede predicarse sin hesitación alguna que en esta oportunidad no riñe sustancialmente con esos principios puesto que, si bien le fue entregada la petición que originó la presente investigación, ante ello, se puede afirmar que se encuentra demostrado que la investigada realizó

todas las gestiones necesarias para dar respuesta material al derecho de petición, al igual que cumplir con el objeto de dicha solicitud de reconocer, liquidar y ordenar el pago de las prestaciones sociales y cesantías como se observa en la resolución No 013, mediante la cual se reconocen las prestaciones sociales y otros emolumentos al ex servidor público …, cumpliendo con los términos establecidos en la Ley 244 de

1995. Por ello no sólo tuvo respuesta el quejoso sino que ella fue sustancialmente afirmativa habiéndose accedido a su pretensión sin que haya prueba alguna que opere en contrario y si pruebas contundentes que indican que se materializó tal asentimiento pues nunca realizó la administración actos que contravengan lo expresado y sí actos de consolidación.

Carrera 6 No. 13 – 09 Edificio Markus – Tercer Piso Ipiales – Nariño Carrera 6 No. 13 – 09 Edificio Markus – Tercer Piso Ipiales – Nariño Dependencia Procuraduría Provincial de Ipiales Radicación D – 2016 – 69 – 887294

Investigada MÓNICA ALEJANDRA DÍAZ CHACÓN

Cargo Personera Municipal de Ipiales (E) Entidad Personería Municipal de Ipiales Quejoso JOHON ROBERT CAICEDO CASTILLO Fecha Queja 06 de septiembre de 2016 Fecha Hechos 21 de julio de 2016 Asunto Presunta omisión en la respuesta a un derecho de petición Providencia Fallo de primera instancia

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 5

En Ipiales - Nariño, a los doce (12) días del mes de enero de dos mil dieciocho

(2018), siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.), el Despacho de la Procuraduría Provincial de Ipiales se constituye en audiencia pública de conformidad a lo estipulado en los artículos 175 a 191 de la Ley 734 de 2002. En la diligencia se encuentran presentes: el Señor Procurador Provincial de Ipiales, Doctor: GUSTAVO ARTURO MARTÍNEZ CORDERO, el secretario ad-hoc, profesional universitario: SILVIO HERNÁN PATIÑO ORTÍZ, la ciudadana MÓNICA ALEJANDRA DÍAZ CHACÓN en condición de investigada y su apoderado de oficio, el profesional del derecho: IVÁN DARÍO BASTIDAS RAMIREZ. Se deja constancia que no asiste a la diligencia el señor JHON ROBER CAICEDO en condición de quejoso. Seguidamente se procede a dar lectura al FALLO DE PRIMERA INSTANCIA proferido dentro de proceso verbal número IUC –D – 2016 - 69 – 887294 así: RESOLUCIÓN No. 01 (12 de enero de 2018) El Procurador Provincial de Ipiales, en uso de las facultades que le otorga la Ley 734 de 2002 y el Decreto 262 de 2000, especialmente lo dispuesto en los artículos 169 -170 y 175 a 191 de la Ley 734 de 2002, procede a dictar FALLO DE PRIMERA INSTANCIA en la investigación disciplinaria No. IUC – D – 201669 – 887294, adelantada a la ciudadana MÓNICA ALEJANDRA DÍAZ CHACÓN, en su condición de Personera Municipal de Ipiales (E) para la época

de los hechos. I.- ANTECEDENTES Y RESEÑA PROCESAL 1.- La actuación se origina en la queja disciplinaria presentada el día 06 de septiembre de 2016 por el señor JOHON ROBER CAICEDO CASTILLO, en contra de la ciudadana MÓNICA ALEJANDRA DÍAZ CHACÓN en su condición de Personera Municipal de Ipiales (E) para la época de los hechos. 2.- Mediante auto de fecha 18 de octubre de 2016 se ordena la apertura de indagación preliminar. (fls. 6 y 5). 3.- Se notifica personalmente el auto de apertura a la ciudadana sujeto de indagación preliminar, el día 8 de noviembre de 2016 (fl. 16). Carrera 6 No. 13 – 09 Edificio Markus – Tercer Piso Ipiales – Nariño 4.- Mediante auto de fecha 15 de noviembre de 2017 se ordena adecuar el trámite al proceso verbal y se cita a audiencia pública a la ciudadana MÓNICA ALEJANDRA DÍAZ CHACÓN (fls. 54 a 59) 5.- Se fija escrito de notificación por edicto del auto precitado a la ciudadana MÓNICA ALEJANDRA DÍAZ CHACÓN, a partir del 20 de noviembre a las ocho de la mañana y se desfija el día 21 de noviembre de 2017 a las seis de la tarde. (fls. 64 a 65) 6.- El día veintisiete (27) de noviembre de 2017, se designa como defensor de oficio al profesional del derecho IVÁN DARÍO BASTIDAS RAMÍREZ. (fls. 122 a 123) 7.- El día cuatro (04) de diciembre de 2017, se notifica personalmente como

defensor de oficio al profesional del derecho IVÁN DARÍO BASTIDAS RAMÍREZ (fl. 125 a 126) 8.- El día cinco (5) de diciembre de 2017 se da inicio a la Audiencia Pública y se suspende con el objeto de que continúe el día 20 de diciembre de 2017. (fl. 127) 9.- El día veinte (20) de diciembre de 2017, se realiza la audiencia pública en la ciudadana investigada rinde versión libre, el apoderado de oficio, por su parte, presenta descargos; los dos solicitan la práctica de pruebas que por considerarse pertinentes son decretadas. (fls. 129 a 133). 10.- El día veintidós (22) de diciembre de 2017, se continúa con la audiencia y se recibe el testimonio del señor JHONATAN ALEXANDER VALLEJO, quien fue citado previamente para el efecto. (fl. 135 a 137) fijando el día diez (10) de enero de 2018 como fecha para audiencia de alegatos de conclusión 11.- El día diez (10) de enero de 2018 se fija como fecha para audiencia de fallo el día 12 de enero de 2018. (fl. 160 a 163) II.- COMPETENCIA De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 numeral 1) literal a) del Decreto 262 de 2002, en concordancia con los Artículos 2, 74 a 81 de la ley 734 de 2002, es competente este Despacho para emitir fallo de primera instancia, por ser la disciplinada para la época de los hechos servidora pública del orden

local del Municipio de Ipiales – Nariño, jurisdicción de esta Procuraduría Provincial de Ipiales. III.- INDIVIDUALIZACIÓN E IDENTIDAD DE LA INVESTIGADA Se trata de la ciudadana MÓNICA ALEJANDRA DÍAZ CHACÓN, identificada con cédula de ciudadanía número: 1.085.922.995 expedida en Ipiales – Nariño, quien desempeñó el cargo de Personera Municipal de Ipiales (E), para la época de los hechos, nombrada mediante Decreto No. 086 del 23 de marzo de 2016 y Acta de Posesión de la misma fecha. IV.- RESÚMEN DE LOS HECHOS CONTENIDOS EN LA QUEJA De la queja y como resultado de la indagación se extrae: Carrera 6 No. 13 – 09 Edificio Markus – Tercer Piso Ipiales – Nariño “(…) acudo ante su despacho con el fin de interponer queja por falta disciplinaria, cometida por la Dra. MONICA ALEJANDRA DIAZ, en calidad de Personera Municipal de Ipiales, al no responder Petición presentada por el suscrito el 21 de julio de 2016, vulnerando no solo el ejercicio del derecho de petición, sino también impidiendo la efectividad de otros derechos fundamentales, como el mínimo vital, la vida, la dignidad humana y la integridad física y mora .Hasta la fecha no se me ha dado respuesta. Ni tampoco he recibido por email ninguna notificación de resolución de liquidación alguna menos el pago de acreencias laborales, (…)” V.- ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS El artículo 128 del Código Disciplinario Único expresa que todo fallo debe

fundarse en pruebas allegadas a petición de los sujetos procesales o de oficio, de manera legal, regular, oportuna, necesaria, útil, pertinente y no superflua; en busca de la verdad real de la existencia o no de la falta, de la responsabilidad o no del investigado, integrando de manera conjunta, de acuerdo con las reglas de la sana crítica como lo señala el artículo 141 ibídem. Igualmente, prevé el artículo 142 de la Ley Disciplinaria, que el fallo sancionatorio solo procederá cuando obre en el expediente prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del disciplinado. Frente al cargo imputado a la investigada, según auto de fecha 15 de noviembre de 2017, el Despacho procederá a analizar de manera conjunta el acervo probatorio existente en el plenario (pruebas de cargo y descargos) practicadas por la Procuraduría y aportadas por los sujetos procesales. Para llevar un orden y comprensión del caso en lo referente al cargo formulado e investigado se enumerarán las pruebas existentes y cuando se haga referencia a la prueba será el número asignado a la misma que dará fe sobre su existencia, examen y valor probatorio. De modo que se procederá a decidir de fondo, según el siguiente análisis:

A.-) PRUEBAS DECRETADAS Y PRACTICADAS POR LA PROCURADURÍA

PROVINCIAL:

Prueba No. 1: Copia del Decreto No. 086 del 23 de marzo de 2016 “Por medio del cual se encarga Personero Municipal de Ipiales” y Acta de Posesión de fecha 23 de marzo de 2016, de la ciudadana MÓNICA ALEJANDRA DÍAZ

CHACÓN, como Personera Municipal de Ipiales encargada (fls. 11, 12 y 13) Con estos documentos se demuestra que la ciudadana MÓNICA ALEJANDRA DÍAZ CHACÓN, fue designada y tomó posesión del cargo como Personera Municipal de Ipiales encargada, y que por razón de tal investidura tiene una relación especial de sujeción. Prueba No. 2: Acta de Visita Especial del día 30 de marzo de 2017, realizada a las Instalaciones de la Personería Municipal de Ipiales, en la cual se recopiló copia del derecho de petición de fecha 21 de julio de 2016, dirigido a la doctora ALEJANDRA DIAZ CHACON – Personera Municipal de Ipiales (E) y suscrito por el señor JOHON ROBERT CAICEDO CASTILLO, el cual fue recibido en el despacho de la Personería Municipal el día 21 de julio de 2016 a las 11:45 am por el funcionario ALEJANDRO MUESES. (fls. 20 a 53), Carrera 6 No. 13 – 09 Edificio Markus – Tercer Piso Ipiales – Nariño Con estos documentos se demuestra que efectivamente el señor JOHON ROBERT CAICEDO CASTILLO presentó derecho de petición ante la Personería Municipal de Ipiales el día 21 de julio de 2016. Prueba No. 3: Copia de fallo de Tutela Numero 2016-00073 de fecha 20 de septiembre de 2016, emanada por el Juzgado Primero Municipal de Ipiales – Nariño, interpuesta por el señor JOHON ROBERTH CAIDEDO CASTILLO. (fls.

25 a 34) Con este documento se demuestra que se presentó acción de tutela por parte del señor JOHON ROBERTH CAIDEDO CASTILLO en defensa del derecho de petición presuntamente vulnerado por la ciudadana MÓNICA ALEJANDRA DÍAZ CHACÓN en condición de Personera Municipal de Ipiales encargada, quien solicito por medio de derecho de petición de fecha 21 de julio de 2016 se proceda a reconocer, liquidar y ordenar pagar al suscrito todas las acreencias laborales a que tiene derecho, incluida la “bonificación por servicios prestados” Prueba No 4.- Oficio No 486 del 26 de septiembre de 2016, suscrito por la ciudadana MÓNICA ALEJANDRA DÍAZ CHACÓN en condición de Personera Municipal de Ipiales encargada, dirigido a la señora Juez Primero Penal Municipal de Ipiales - Nariño, dando cumplimiento a la Providencia de 20 de septiembre de 2016, anexa copia de la Resolucion número 013 “por medio del cual se reconocen las prestaciones sociales y otros emolumentos a ex servidor publico”., donde reconoce el pago de la liquidacion de prestaciones sociales y demás emolumentos al señor JOHON ROBERT CAICEDO CASTILLO. (fls. 49 A 52). Con este documento se demuestra el cumplimiento de la ciudadana MÓNICA ALEJANDRA DÍAZ CHACÓN en condición de Personera Municipal de Ipiales encargada, de la Providencia de fallo de tutela del 20 de septiembre del 2016, dando respuesta al accionante JOHON ROBERT CAICEDO CASTILLO.

b.-) PRUEBAS APORTADAS, SOLICITADAS, DECRETADAS Y

PRACTICADAS A PETICIÓN DE LOS SUJETOS PROCESALES: En diligencia de versión libre y espontánea rendida por la investigada en desarrollo de la audiencia pública y en su debido momento procesal solicitó incorporar al expediente unas pruebas documentales, así, se allegan al plenario las siguientes: Prueba No. 5: Copia de oficio del 5 de agosto de 2016 dirigido al fondo de pensiones y cesantías PORVENIR S.A. Con esta prueba se demuestra que la investigada solicito certificación del último periodo cancelado al señor JHON

ROBER CAICEDO CASTILLO. (fl 140).

Prueba No. 6: Copia del informe de rendición de cuentas presentado en el mes de agosto de 2016 al Concejo Municipal de Ipiales. Prueba que resulta inconducente para el objeto de los hechos investigados. (141 a 157). PRUEBA N. 7.- Copia de la Resolución No 013 del 23 de septiembre de 2016. Con esta prueba se demuestra que la investigada reconoce y cancela las prestaciones sociales y otros emolumentos al señor JHON ROBER CAICEDO CASTILLO. (fl 158 a 159). PRUEBA N. 8.- Testimonio del señor JHONATHAN ALEXANDER VALLEJO. Carrera 6 No. 13 – 09 Edificio Markus – Tercer Piso Ipiales – Nariño El testigo se contrae a corroborar lo expuesto por la investigada en su versión libre, en cuanto a que había un desorden en el manejo de la información en la entidad, que no se encontraron registros contables, al igual que se dejaron de realizar pagos en lo referente a seguridad social mes a mes y cesantías para el

inicio de cada año, así mismo que se destinaba dichos recursos a pagos diferentes. VI.- ANÁLISIS Y VALORACIÓN JURÍDICA DEL CARGO Mediante auto calendado 15 de noviembre del año en curso, le fue formulado a la ciudadana MÓNICA ALEJANDRA DÍAZ CHACÓN el siguiente:  ------ CARGO ÚNICO: La investigada, en su condición de Personera Municipal de Ipiales Encargada, puede ver comprometida su responsabilidad disciplinaria al incurrir en la falta descrita en el numeral 8 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, al no suministrar debida y oportuna respuesta a la petición de fecha 21 de julio de 2016 suscrita por el señor JOHON ROBERT CAICEDO CASTILLO, el cual fue recibido en el despacho de la Personería Municipal el día 21 de julio de 2016 a las 11:45 am por el funcionario ALEJANDRO MUESES, en el cual solicitaba se proceda a reconocer, liquidar y ordenar pagar al suscrito todas las acreencias laborales a que tengo derecho, incluida la “bonificación por servicios prestados”. Con la conducta descrita en el precitado cargo la ciudadana: MÓNICA ALEJANDRA DÍAZ CHACÓN, de manera definitiva, habría vulnerado lo previsto en el numeral 8 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, que en su tenor literal prevé: Artículo 35. A todo servidor público le está prohibido:

8. Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas de los particulares o a solicitudes de

las autoridades, así como retenerlas o enviarlas a destinatario diferente de aquel a quien corresponda su conocimiento. (Se resalta la parte pertinente). El tipo disciplinario que contempla la falta que se imputa en esta oportunidad a la disciplinada es de aquellos llamados por la doctrina tipos en blanco, porque para precisar la acción u omisión que se predica como infractora de la función pública, es necesario remitirse a otra norma, ya sea de carácter constitucional, legal o reglamentaria. Normas Sustanciales Defraudadas Procede el Despacho a determinar la norma en concreto vulnerada por la investigada.

De la constitución Política: Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución.

Carrera 6 No. 13 – 09 Edificio Markus – Tercer Piso Ipiales – Nariño El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA. Artículo 13. Sustituido. Ley 1755 de 2015. Art 1. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma. Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la constitución Política, sin que

sea necesario invocarlos. Mediante el, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades a su protección o formación. (Se resalta la parte pertinente). Ley 136 de 1994, por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. Artículo 178. Funciones. El Personero ejercerá en el municipio, bajo la dirección suprema del Procurador General de la Nación, las funciones del Ministerio Público, además de las que determine la Constitución, la Ley, los Acuerdos y las siguientes: 8). Velar por la efectividad del derecho de petición con arreglo a la ley. Para el cargo en concreto imputado a la investigada, se analizó las pruebas que lo fundamentan, la gravedad y levedad de la conducta, por estar dentro de las causales señaladas en el artículo 35 de la ley 734 de 2002, se la calificó provisionalmente como GRAVE, la modalidad de la conducta fue calificada provisionalmente que fue cometida por OMISIÓN, la forma de culpabilidad fue catalogada a título de CULPA GRAVE. Analizando el auto interlocutorio que contiene el cargo imputado a la

investigada, se observa que reúne los requisitos exigidos en el artículo 163 del Código Disciplinario Único, su formulación, se aprecia de manera clara, concreta y libre de ambigüedades las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conducta, señalando el verbo rector adecuado, se preciso cuáles fueron las disposiciones normativas constitucionales, legales y reglamentarias que resultaron presuntamente vulneradas como consecuencia de la realización de la conducta atribuida, (Tipicidad), el deber funcional afectado sustancialmente (ilicitud sustancial), el concepto de su violación, modalidad específica de la conducta, se identificó al autor, la denominación del cargo o función, se analizó Carrera 6 No. 13 – 09 Edificio Markus – Tercer Piso Ipiales – Nariño las pruebas que fundamenta los cargos, la gravedad o levedad de la falta, la forma de culpabilidad y los análisis de los argumentos de los sujetos procesales. Lo anterior, por cuanto la formulación del cargo se sometió a los principios de legalidad y, como parte de éste, al de tipicidad, los cuales le imponen al operador la obligación de efectuar imputaciones con fundamento en normas en las cuales de forma previa y precisa se identifica un deber o consagra una prohibición al investigado. De no haber sido así, se afectaría el derecho de defensa a la investigada, ya que le resultaría imposible precisar con certeza los medios adecuados para desvirtuar la acusación al no saber cómo dirigir su defensa.

VII.- ANÁLISIS Y VALORACIÓN JURÍDICA DE LA VERSIÓN LIBRE,

DESCARGOS Y ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO La ciudadana disciplinada MÓNICA ALEJANDRA DÍAZ CHACON, en su condición de Personera Municipal de Ipiales (E), ha presentado versión libre conjuntamente con escrito en el que argumentó hechos de defensa en su favor y anexó documentos como pruebas que, como es natural, imponen al Despacho ser anexadas al expediente y evaluadas: En relación al auto emanado de su despacho el 15 de noviembre de 2017 y dentro del proceso descrito con el radicado número 2017-887294 en el asunto, me permito realizar los descargos correspondientes y brindar los argumentos necesarios tendientes a demostrar que en mi actuar como personera (E) nunca hubo omisión en mis funciones, así como trataré de demostrar que lo aducido dentro del proceso se debió a circunstancias de fuerza mayor, donde más culpabilidad tiene en el presente caso el quejoso que la investigada, dado que fue por el actuar negligente, poco ajustado a la ley y temerario del señor Johon Rober Caicedo, que la conducta motivo de investigación tuvo lugar, lejos de haber sido voluntad de la investigada, quien busco por todos los medios cumplir a cabalidad con la solicitud elevada por el señor Caicedo, pero que resultó imposible por causas ajenas a su voluntad. Así las cosas, en primer lugar, me permito brindar un relato de los hechos materia del proceso, a título de versión libre:

VERSIÓN DE LOS HECHOS:

1. El día 21 de julio de 2016, fue radicado en la Personería Municipal, la solicitud de reconocimiento de prestaciones sociales por el señor JOHON

ROBERTH CAICEDO CASTILLO.

2. En el aludido escrito, se solicitan entre otras cosas, la liquidación de las prestaciones sociales y el pago de la bonificación por servicios prestados.

3. Así mismo, en el escrito, el mismo solicitante pone en conocimiento de la entidad, que “NO ALCANZO A CANCELAR LOS VALORES GENERADOS POR CONCEPTO DE CESANTÍAS” obligación legal de cuentas a cancelar cada vigencia fiscal, que en su momento el señor

Carrera 6 No. 13 – 09 Edificio Markus – Tercer Piso Ipiales – Nariño JOHON ROBER CAICEDO CASTILLO, como ordenador del gasto de la Personería municipal, omitió pagar.

4. Al momento de mi llegada a la entidad, no se recibió empalme alguno del señor Caicedo Castillo en contravía a lo dispuesto en la ley 951 de 2005, por lo cual procedí a verificar el estado actual de las los procesos, contabilidad y demás obligaciones legales encargadas a la personería.

Una vez revisada la contabilidad de la Personería Municipal, se encontró que no existe registro alguno acerca de los pagos realizados en el periodo en que se desempeñó como Personero el señor CAICEDO CASTILLO. Por esta razón, la Personería Municipal se vio obligada a oficiar a las distintas entidades del sistema general de seguridad social, para poder determinar el monto de la deuda que por este concepto tenía esta Personería y proceder así expedir la resolución de reconocimiento de liquidación de prestaciones sociales.

5. El día 24 de agosto del 2016, se logró constatar con la Compañía

PORVENIR S.A., que la deuda de la entidad por concepto de cesantías del señor CAICEDO CASTILLO, corresponden a los años 2015 y 2016, y asciende a la suma de 12.874.511 (DOCE MILLONES OCHOCIENTOS

SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS MDCTE)

6. No se explica este despacho, el por qué no se destinaron en la vigencia fiscal debida, los dineros del pago por concepto de cesantías, ni que pasó con esos recursos, que no se encontraban en las arcas de la

Personería Municipal.

7. El pago de las cesantías dejadas de pagar en el momento debido de vigencias fiscales anteriores, causó un detrimento patrimonial a esta entidad, privándola de la compra de materiales y suministros para el resto del año por carencia de recursos.

8. Por lo anteriormente expuesto, se produjo una demora en la expedición de la resolución de reconocimiento de pago por concepto de liquidación de prestaciones sociales del señor CAICEDO CASTILLO, sin embargo, se liquidó al ex personero dentro de los términos establecidos en la ley 244 de 1995 (el día 36 de los 65 días que otorga la ley)

9. De esta forma, evidenciamos que desde el momento de la solicitud elevada a la personería por parte del señor CAICEDO, solo transcurrieron 36 de los 65 días otorgados con la ley para cancelar los valores por concepto de liquidación que asciende a la totalidad de $ 17.316.710 ( DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS MDTE) Liquidación que se dio mediante la

resolución 013 del 23 de septiembre de 2016.

10. Cabe resaltar que para la época de los hechos, yo llevaba tan solo cuatro meses como Personera, y a mi llegada me encontré con una entidad supremamente desfalcad