PGN-DISCIPLINARIO-Viceprocurador General de la Nación

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D. C., Julio veintisiete (27) de dos mil seis (2006) Aprobada en Acta de Sala No. 36

Radicación: 161-2996(030-102796/04) Disciplinado: OLGA CECILIA HENAO MARIN Cargo : Asesor Grado 19 de la Procuraduría.

Unidad Coordinadora Contratación Estatal.

Quejoso: DE OFICIO Fecha queja: 10 de mayo de 2004

Fecha hechos: Enero y Abril de 2004

Asunto: Apelación fallo de primera instancia

P.D. Ponente: Dra. DORA ANAÍS CIFUENTES RAMÍREZ.

Con fundamento en las atribuciones conferidas por el numeral 1 del artículo 22 del Decreto 262 de 2000 y por vía de alzada, la Sala revisa la providencia del 30 de noviembre de 2005 emitida por la Veeduría de la Procuraduría General de la Nación, con la cual declaró disciplinariamente responsable a la doctora OLGA CECILIA HENAO MARIN, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.922.191 de Bogotá D.C., en su calidad de Jefe de la Unidad Coordinadora para la Contratación Estatal de la Procuraduría General de la Nación, imponiéndole una sanción consistente en SUSPENSIÓN en el ejercicio del cargo por el término de un (1) mes.

ANTECEDENTES PROCESALES

Los constituyen, el acta No. 1 (sin fecha), levantada con ocasión de la reunión de trabajo efectuada por personal de la Unidad Coordinadora para la Contratación

Estatal, suscrita por la doctora Cecilia Páez de Córdoba, en la cual se dejó consignado, que el Viceprocurador General de la Nación, doctor Carlos Arturo Gómez Pavajeau, manifestó que de la Corte “han llamado nuevamente para informarle que por parte de la Unidad no se ha atendido los derechos de petición y está de más informarse que es falta disciplinaria y calificada como gravísima el no atender los derechos de petición” (fs. 3 a 4). Radicación No. 02996 Ante los hechos mencionados y una vez realizado el trámite interno correspondiente, el 11 de mayo de 2004 se ordenó la apertura de indagación preliminar, al cabo de la cual el 14 de mayo se dispuso la apertura de investigación disciplinaria en contra de la doctora OLGA CECILIA HENAO MARIN, en su calidad de Jefe de la Unidad Coordinadora para la Contratación Estatal de la Procuraduría General de la Nación, para la época; previa las declaraciones de las funcionarias, Ana Lucía Carreño Rodríguez, Secretario Grado 13; Alexandra Galván Pimiento, Oficinista Grado 6; asimismo, habiéndose realizado visitas especiales, tanto al expediente No. 02178996/02 adelantado por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, como a la Secretaría de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en aras a establecer la existencia de las peticiones referidas y el trámite efectuado a las mismas (fls. 9 y 47 a 57). Enterada de la decisión, la doctora Olga Cecilia Henao Marín, el 13 de septiembre de

2004 rindió versión libre y practicadas otras pruebas, el 3 de junio le fueron formulados cargos, los cuales fueron notificados personalmente el 22 de junio de 2005 (fls. 82, 137 a 143 y 146). El 7 de julio de 2005 la disciplinada presentó descargos, con los cuales rindió las explicaciones pertinentes en aras a su defensa, donde al mismo tiempo requirió la práctica de pruebas, las cuales una vez ordenadas y practicadas, previo traslado, la implicada presentó alegatos de conclusión; para finalmente proferirse fallo de primera instancia, con el cual se le declaró disciplinariamente responsable del cargo imputado y se le sancionó con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de un (1) mes, traducido en multa equivalente a un (1) salario básico mensual vigente para el momento de los hechos (fls. 149 a 156, 159, 169 a 172 y 175 a 198). Enterada del fallo dictado en su contra, la doctora Olga Cecilia Henao Marín, en su calidad de disciplinada el 13 de enero de 2006, presentó recurso de apelación, el cual fue concedido el 13 de enero de 2006 (fls. 201, 202 a 210 y 211). PROVIDENCIA RECURRIDA Mediante fallo del 30 de noviembre de 2005, la Veeduría resolvió sancionar a la doctora Olga Cecilia Henao Marín, en cuanto la halló responsable parcialmente de los cargos formulados, por lo que procedió a suspenderla en el ejercicio del cargo, por el término de un (1) mes, traducido en multa equivalente a un (1) mes de salario

2 Radicación No. 02996 básico vigente para el año 2004, devengado para el momento de los hechos censurados. Consideró la Veeduría, previo hacer referencia a los antecedentes de la actuación, asimismo al trámite procesal surtido, al cargo formulado, a los descargos y los alegatos de conclusión presentados, que la imputación efectuada a la doctora Olga Cecilia Henao Marín se contrajo a no haber respondido debida y oportunamente a la Corte Suprema de Justicia las peticiones contenidas en los oficios 0825 del 27 de enero, 1974 del 10 de febrero, 01944 del 4 de febrero, 02254 del 25 de febrero, 02669 del 3 de marzo, 02971 del 9 de marzo, 03341 del 15 de marzo y 4084 del 1 de abril de 2004; empero que conforme a las pruebas allegadas al expediente, solamente resultó probada la censura respecto a las solicitudes identificadas con los Nos. 01944 del 4 de febrero y 02254 del 25 de febrero de 2004. En este orden y desde luego previo referir a las demás imputaciones, sobre las cuales concluyó que estaban desvirtuadas, expresó que la comunicación No. 01944 del 19 de febrero de 2004 fue recibida el 20 del mismo mes y año y la No. 02254 del 25 de febrero del mismo mes y año, recibida al día siguiente “reiteración de la anterior…”, y se les dio respuesta por parte de la Unidad Coordinadora para la Contratación Estatal con el oficio 6157 del 2 de marzo de 2005, dentro de los 7 días

siguientes, es decir dentro de la oportunidad legal. Sin embargo analizó que lo requerido por la Corte Suprema, se contrajo a que se remitiera: “… los resultados de la compulsa de copias ordenadas a la Procuraduría General de la Nación por la Contraloría, dentro del proceso 069-99, cuyo trámite correspondió a la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, bajo la radicación 021-078996/2002”; y que siendo así, la respuesta ofrecida por la aquí disciplinada mediante el oficio 6157 del 2 de marzo de 2004, “Dando respuesta a su oficio del 25 de febrero de 2004, me permito remitir copia de los folios ordenados en el expediente de la referencia proferido por la Primera Delegada para la Contratación Estatal, con el fin de practicar diligencia en el auto de imputación fiscal proferido contra Arnaldo José Rojas Tomedes, dentro de la investigación disciplinaria”, no absolvió la solicitud en la forma planteada, teniendo en cuenta que lo requerido versaba expresamente a un número de expediente y a sus resultados; es decir a las decisiones de fondo, al estado mismo del proceso, aspectos estos que la disciplinada omitió realizar, señaló; pues solo remitió “fotocopias del oficio 133 y sus anexos, suscritos por la Directora del Colegio Luis Carlos Galán del Guainía y de una acta de visita a la Gerencia Departamental de la Contraloría del Guainía, tal como lo consignó la Secretaría de la Sala Penal de la Corte Suprema en el oficio 02971 de marzo de 2004”. 3 Radicación No. 02996

Al referirse a los argumentos de la defensa, en cuanto alegó que hubo confusión en lo pedido por la Corte Suprema de Justicia y de otra parte a que “una interpretación distinta de quien efectúa la solicitud no está descrita en ninguna normatividad como falta disciplinaria…”, aceptó que tales argumentos eran de recibo, empero analizó, lo mismo no aplica frente a las comunicaciones 01944 y 02254, pues respecto de las mismas, era claro que lo requerido se refería a “copia del resultado de la compulsa de copias del tantas veces mencionado proceso fiscal, resultado que no puede ser otro, que las determinaciones que con ocasión de las mismas se hubieren adoptado y no a las copias de los mismos”. De esta manera concluyó que con el comportamiento indicado, la disciplinada incumplió el manual de funciones en lo relativo a las tareas a ella encomendadas en su calidad de Jefe de Coordinación para la Contratación Estatal y el numeral 2 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, con lo cual manifestó, incurrió en falta disciplinaria sin justificación alguna, pues al contrario analizó, existió una marcada negligencia. La falta fue calificada definitivamente como GRAVE conforme los parámetros del artículo 43 numerales 1 y 2 de la Ley 734 de 2002, por el grado de culpabilidad de una parte, en el sentido que las solicitudes le fueron hechas a ella directamente y de otra parte, por la naturaleza del servicio a ella encomendado; no obstante haber descartado la perturbación en la labor de juzgamiento a cargo de la Corte Suprema de Justicia, por cuanto de la visita especial efectuada a la Secretaría de ese Alto

Tribunal, se estableció que la respuesta correcta de la Procuraduría se produjo antes de evacuar otras pruebas pendientes “comisión enviada al Guainía” para proseguir el trámite a cargo. En cuanto a la culpabilidad, concluyó que se trató de un comportamiento materializado a título de CULPA GRAVÍSIMA tal como se consignó en los cargos, pues de conformidad con el artículo 44 de la Ley 734 de 2002 agregó, era evidente que la disciplinada incurrió en una desatención elemental en la respuesta a las solicitudes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. De esta forma al examinar que la doctora Henao Marín, para el momento de los hechos carecía de antecedentes disciplinarios, conforme al artículo 44 numeral 3º Ídem, en concordancia con el artículo 46, dedujo que la sanción a imponer era la suspensión en el ejercicio del cargo por el término de un mes; empero que teniendo en cuenta que la disciplinada había cesado en su funciones en la Procuraduría, la sanción se convertía en multa.

RECURSO DE APELACIÓN

4 Radicación No. 02996 Enterada de la decisión, la doctora Olga Cecilia Henao Marín en su calidad de disciplinada, el 13 de enero presentó recurso de apelación, el cual sustentó remontándose a lo que constituyó la imputación efectuada en los cargos “Por no haber dado respuesta en forma oportuna (sic) a los oficios 0825 del 27 de Enero/04., 1479 de Febrero 10/04, 01944 de Febrero/04, 02254 de Febrero 25/04, 02669 de

Marzo 03/04, 02971 de Marzo 09/04, 03341 de Marzo 15/04 y 4084 de abril 01/04, suscritos por la Secretaría de la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia” , para deducir que conforme a lo probado y analizado en el fallo, las distintas peticiones elevadas ante su despacho por el alto tribunal, fueron objeto de respuesta y tramitadas oportunamente; lo que le valió para que en consecuencia, se le haya declarado la absolución por los hechos censurados. Al hacer referencia a los hechos por los cuales se le sanciona, es decir por negligencia, en su criterio por no haber interpretado, como lo hace la Veeduría el contenido de los oficios 1944 y 2254 de febrero de 2004, por cuanto las respuestas “no absuelven la solicitud en la forma planteada por la Secretaría de la Sala Penal de la Corte…”, analizó que el A quo incurre en varias equivocaciones: 1. “De hecho”. Que era la señora Magda Guevara la encargada de contestar los oficios conforme a la distribución de labores dentro de la unidad coordinadora; que en ese orden su labor no era precisamente la de elaborar oficios, sino el de firmarlos y tramitarlos en la oportunidad legal correspondiente, como efectivamente se hizo. 2. “De derecho”. Con el fallo impugnado se le sanciona por un hecho extraño a la parte resolutiva de los cargos; así dio alcance nuevamente al contenido de los mismos, para manifestar que con tal ocasión, se le censuró “no haber dado respuesta”, no entiende entonces como se le declara responsable por no contestar

en debida forma 2 de los oficios. En su entender, con tal situación se vulnera el artículo 29 de la Constitución, por cuanto se le formuló un juicio por un hecho y se le sancionó por otro. Manifestó que según la providencia, contestar debidamente es responder aquello que se pide en forma exacta, sin tener en cuenta que los oficios en número de ocho, se refieren al mismo asunto, “y los siete últimos se motivaron en nuestro propio requerimiento para que fueran precisos, pues la solicitud inicial, es confusa, circunstancia que se pasa por alto”. No se puede sancionar agregó, por que la Corte elaboró unos oficios con confusión, o por que no le dio un manejo eficiente a su trabajo y menos por un hecho no señalado en los cargos. En apoyo a lo anteriormente analizado, trajo a colación lo expresado por la Procuraduría al declarar la nulidad de varias providencias por la pretermisión de la 5 Radicación No. 02996 instancia (sancionar por conducta no reprochada) y también por incongruencia entre el fallo y la acusación. 3. “De derecho”. Al calificar la supuesta falta como grave a título de culpa gravísima, al concluir que al no interpretar las solicitudes como lo hace la Veeduría, constituía ignorancia supina. En su opinión una interpretación distinta a quien la formula, no es una desatención elemental, pues la misma Procuraduría en numerosas ocasiones, ha establecido que cuando un servidor público interpreta las normas con criterios sanos, razonables y orientados a cumplir de la mejor forma posible los fines del Estado, no está infringiendo norma disciplinaria alguna; que en conclusión el error en

la interpretación de la ley no constituye fuente de responsabilidad disciplinaria, según la jurisprudencia de la Procuraduría General de la Nación, en armonía con la desarrollada por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Expedientes 161-02590 (165-73246/02, Sala Disciplinaria. Expresó que no es razonable deducir responsabilidad disciplinaria por una discrepancia en la interpretación sobre el alcance de un documento, pues en gracia de discusión agregó, a lo sumo sería constitutiva de culpa leve, la cual no puede servir de fundamento para un reproche disciplinario en los términos del artículo 44 de la Ley 734 de 2002, en la medida que no se dan los prepuestos establecidos en su parágrafo. Pretender una responsabilidad diferente, sería tanto como dar paso a la consolidación de la responsabilidad objetiva. CONSIDERACIONES DE LA SALA El artículo 142 de la Ley 734 de 2002, establece que solo podrá proferirse fallo sancionatorio, cuando obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del disciplinado. Entendida la certeza, como el valor epistemológico o conocimiento particular que excluye la duda razonable, a lo que se llega mediante el proceso racional de valoración del material probatorio, teniendo en cuenta las reglas de la sana crítica, la lógica material y las pautas de la experiencia. En el caso a examen, a la aquí disciplinada, doctora OLGA CECILIA HENAO MARIN, en su calidad de jefe de la Unidad Coordinadora para la Contratación Estatal de la

Procuraduría General de la Nación, el 3 de junio de 2005 le fueron formulados cargos, en los siguientes términos: 6 Radicación No. 02996 “Se le señala a la doctora OLGA CECILIA HENAO MARIN, en calidad de Asesora, Grado 19, adscrita a la Procuraduría Primera para la Contratación Estatal y desempeñando el cargo de Jefe de la Unidad Coordinadora para la Contratación Estatal, no haber respondido debidamente y en su oportunidad los oficios 0825 de Enero 27/04., 1479 de Febrero 10/04, 01944 de Febrero/04, 02254 de Febrero 25/04, 02669 de Marzo 03/04, 02971 de Marzo 09/04, 03341 de Marzo 15/04 y 4084 de abril 01/04, suscritos por la Secretaría de la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, estableciéndose que solo a uno se le dio respuesta y no en debida forma, es decir, con el comportamiento reprochado omitió cumplir con su función como era el de haber dado respuesta oportuna a las peticiones hechas por la Secretaria de la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, donde requería con urgencia la información solicitada, procediendo dicha corporación a enviar nueve oficios, sin que se hubiese respondido en debida forma lo solicitado” (fls.139 a 140).(El resaltado es nuestro) Como falta le fue formulada la descrita en el artículo 34 numeral 2º de la Ley 734 de 2002, en cuanto al deber de cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el

servicio que le fue encomendado, abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función. De otra parte, las faltas fueron calificadas provisionalmente como graves a título de culpa gravísima, teniendo en cuenta la naturaleza esencial del servicio encomendado, el grado de perturbación en la labor de la Corte Suprema de Justicia, pues conforme a la Resolución 225 de julio de 2002 no se realizó en debida forma la labor asignada. En el fallo del 30 de noviembre de 2005, impugnado, la Veeduría declaró parcialmente responsable a la aquí disciplinada de los cargos formulados, concretamente por cuanto concluyó que la conducta irregular se contrajo a no haber dado respuesta debida a las solicitudes presentadas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante las comunicaciones 01944 y 02254 de febrero de 2004, pues las peticiones las respondió oportunamente pero sin enviar lo realmente solicitado, en consecuencia, procedió a imponerle como sanción la SUSPENSIÓN en el ejercicio del cargo por el término de un mes, convertido en multa de un mes de salario básico para el momento de los hechos. La calificación de la falta fue mantenida como grave y así mismo, a título de culpa gravísima, con fundamento en los mismos criterios evaluados en los cargos, empero descartando la afectación del servicio, como quiera que no logró establecer tal circunstancia, como quedó explicado en el capítulo de antecedentes. 7 Radicación No. 02996

Análisis de Fondo: El 19 de febrero de 2004, mediante el oficio 01944, la señora Secretaria de la Sala

de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, señora Teresa Ruiz Núñez, solicitó a la doctora Olga Cecilia Henao Marín la siguiente información, previo hacer referencia a la radicación 4691: “ De manera comedida y en atención al oficio de la referencia, me permito solicitar se sirva enviar, a la mayor brevedad posible y por duplicado, copia de los resultados de la compulsa de copias ordenadas a esta Entidad, en el auto de imputación de responsabilidad fiscal proferido contra ARNALDO JOSÉ ROJAS TOMEDES, dentro del proceso 069-99, emitido por la Contraloría General de la República, respecto de presuntas faltas disciplinarias por vulneración de algunas normas del Estatuto General de la Contratación, relacionadas con los contratos 014, 015 y 023 de 1998, celebrados por el doctor ROJAS TOMEDES, ex Gobernador del Departamento del Guainía, cuyo trámite correspondió a la Procuraduría Primera para la Contratación Estatal, bajo la radicación 021078996-2002. Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala Penal de esta Corporación, con ponencia de la H. Magistrado Sustanciadota doctora Marina Pulido de Barón, en la audiencia preparatoria de fecha 26 de enero de la presente anualidad” (fl. 20). La mencionada solicitud fue enviada a la Procuraduría General de la Nación, vía fax el 20 de febrero de 2004, y recibida por la señora Matilde Pinto a través de la línea 2839265 (fl. 33).

El 25 de febrero de 2004 y mediante la comunicación No. 02254, la señora Teresa Ruiz Núñez, Secretaria de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, haciendo referencia a la “Radicación 4691 de la Procuraduría General de la Nación”, requirió información bajo los siguientes términos: “De manera comedida y en atención al oficio de la referencia, me permito reiterar el oficio 01944 de esta Secretaría, para solicitar se sirva enviar, a la mayor brevedad posible y por duplicado, copia de los resultados de la compulsa de copias ordenadas a esa entidad, en el auto de imputación de responsabilidad fiscal proferido contra ARNALDO JOSÉ ROJAS TOMEDES, dentro del proceso 069-99, emitido por la Contraloría General de la República, respecto de las presuntas faltas disciplinarias por vulneración de algunas normas del Estatuto General de la Contratación, relacionadas con los contratos 014, 015 y 023 de 1998, celebrados por el doctor 8 Radicación No. 02996 ROJAS TOMEDES, ex Gobernador del Departamento del Guainía, cuyo trámite correspondió a la Procuraduría Primera para la Contratación Estatal, bajo la radicación 021-078996-2002. Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala Penal de esta Corporación, con ponencia de la H. Magistrado Sustanciadota doctora Marina Pulido de Barón, en la audiencia preparatoria de fecha 26 de enero de la presente anualidad”. (fl. 19). La comunicación mencionada fue enviada vía fax a la Procuraduría General de la

Nación el 26 de febrero de 2004 y recibida por la señora Ana Lucía Torres a través de la línea 2839265 (fl. 33). En declaración efectuada el 11 de junio de 2004, la señora Matilde Pinto Restrepo, Secretaria Ejecutiva Grado 13 de la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, manifestó haber recibido el oficio –fax 01944 del 19 de febrero de 2004 sucrito por la Secretaria de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el cual dijo haberlo puesto en conocimiento de inmediato de la destinataria, doctora Olga Cecilia Henao Marín (fls. 66 y 65). En este orden no hay duda, en cuanto que la comunicación 01944 fue recibida en la Procuraduría General de la Nación, concretamente en la Unidad Coordinadora para la Contratación Estatal y que la misma, fue puesta para el conocimiento de la aquí disciplinada. Información que debe indicarse, resulta corroborada con el acta de fecha 12 de mayo de 2004, levantada con ocasión de la visita especial efectuada en la Secretaría de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde respecto al oficio mencionado, se dejó consignado que: “Se encuentra anexo al mencionado oficio el reporte del fax con fecha de envío Febrero 20/04 y en letra manuscrita se encuentra el nombre de la persona que recibió el oficio, señalándose a la señora MATILDE PINTO…”(fl.33). En declaración efectuada el 11 de junio de 2004, la señora Matilde Pinto Restrepo, Secretaria Ejecutiva Grado 13 de la Procuraduría Segunda Delegada para la

Contratación Estatal, manifestó haber recibido el oficio –fax 01944 del 19 de febrero de 2004 sucrito por la Secretaria de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el cual dijo haberlo puesto en conocimiento de inmediato de la destinataria, doctora Olga Cecilia Henao Marín (fls. 66 y 65). En este orden no hay duda, en cuanto que la comunicación 01944 fue recibida en la Procuraduría General de la Nación, concretamente en la Unidad Coordinadora para la Contratación Estatal y que la misma, fue puesta a consideración de la aquí 9 Radicación No. 02996 disciplinada. Información que debe indicarse, resulta corroborada con el acta de fecha 12 de mayo de 2004, levantada con ocasión de la visita especial efectuada en la Secretaría de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde respecto al oficio mencionado, se dejó consignado que “Se encuentra anexo al mencionado oficio el reporte del fax con fecha de envío Febrero 20/04 y en letra manuscrita se encuentra el nombre de la persona que recibió el oficio, señalándose a la señora MATILDE PINTO…”(fl.33). Pero además, en la misma diligencia, acta de visita de 12 de mayo de 2004, respecto del oficio 02254, el cual es reiterativo del primero de los nombrados como quedó establecido, es decir del No. 01944, igual se dejó constancia que conforme al reporte de fax, fue enviado el 26 de febrero de 2004 y que en letra manuscrita, se encontraba el nombre de la persona que lo recibió, el cual corresponde a Ana Lucía

Torres (fl. 33). Y que el 01944 fue enviado vía fax el 20 de febrero de 2004, y recibida por la señora Matilde Pinto a través de la línea 2839265 (fl. 33). Ahora bien, al analizar el contenido de las peticiones, la 02254 del 25 de febrero de 2004, reiterativa de la 01944 del 19 de febrero de 2004, es claro que la información requerida estaba relacionada en concreto con los resultados de la investigación disciplinaria surgida en atención de las copias compulsadas por la Contraloría General de la República con ocasión del juicio fiscal No. 069-99 adelantado en contra de ARNALDO JOSÉ ROJAS TOMEDES, en su calidad de ex Gobernador del Departamento del Guainía, por la celebración de los contratos 014, 015 y 023 de

1998. Asimismo que solicitado, estaba a cargo de la Procuraduría Primera para la Contratación Estatal, bajo la radicación No. 021-078996-2002.

Bajo estas circunstancias no es posible predicar confusión alguna en cuanto a lo requerido por la Sala Penal de la Corte Suprema Justicia, pues al contrario debe indicarse, que de manera clara se identifica el tema de la información solicitada, cual es los resultados de una investigación disciplinaria; su objeto y bajo que radicación se tramitó. Asimismo sobre que asunto, para el caso las averiguaciones y resultas de la actuación disciplinaria surgida con ocasión de los contratos Nos. 014, 015 y 023, celebrados por el entonces gobernador del Departamento del Guaviare, Arnaldo José Rojas Tomedes. Ahora bien, mediante oficio del 2 de marzo de 2004, es decir siete (7) días hábiles

después de recibido el oficio 01944 y tres (3) días hábiles posteriores respecto del oficio 02254, la Coordinadora de la Unidad para la Contratación Estatal, doctora Olga Cecilia Henao Marín, dio la respuesta no debida a la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal – Secretaría, en los siguientes términos “Dando respuesta a su oficio del 25 de febrero de 2004, me permito remitir copia de los folios ordenados del 10 Radicación No. 02996 expediente de la referencia proferido por la Primera Delegada para la Contratación Estatal, con el fin de practicar diligencia en el auto de imputación fiscal proferido contra ARNALDO JOSÉ ROJAS TOMEDES, dentro de la investigación disciplinaria” (fl. 22). Observa que la respuesta hizo referencia concreta a un radicado en especial, al “Expediente 021-78996”, con una aclaración, la cual se trascribe “Al contestar, favor citar este número”. (fl. 22). Analizado el contenido de la respuesta, impone precisar que si bien la misma fue concebida dentro de los términos legales, ésta no constituyó debida respuesta, lo que significó entre otras razones, que el fallador de instancia declarara probada parcialmente la responsabilidad de la investigada, por cuanto si bien la respuesta, correspondía a la misma petición contenida en los oficios 01944 y 02254 de febrero de 2004 relacionada con el envió de copias del expediente No. 021-78996, a cargo en ese entonces de la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal;

éstas no correspondieron a los documentos requeridos por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, tal como se observa en la insistencia de esa Corporación en los Oficios 02669 de Marzo 03/04, 02971 de Marzo 09/04, 03341 de Marzo 15/04 y 4084 de abril 01/04. En efecto, la respuesta no debida fue enviada el día 2 de marzo de 2004, con el oficio 02669 del 3 Marzo 2004, pero la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia reitera la petición inicial, pues aún no conocía el contenido de la respuesta, la que conoció posteriormente y que originó las siguientes solicitudes. (fl. 41). Ahora bien, si bien la respuesta se dio aparentemente dentro del término solicitado, esto es, a la mayor brevedad posible, la información ofrecida con la misma, no fue precisamente la requerida por la Corte Suprema de Justicia a través de los oficios Nos. 01944 y 02254 de 2004, pues el mismo alto tribunal a través de su secretaría, esta vez mediante los oficios 02971 de Marzo 09/04, 03341 de Marzo 15/04 y 4084 de abril 01/04, dirigidos a la doctora Olga Cecilia Henao Marín, al acusar recibo del oficio 6157 de la Procuraduría General de la Nación, y sus anexos, fue enfática en insistir que lo requerido no correspondía a lo solicitado, así lo expresó en el Oficio 03341 de Marzo 15/04: “De manera atenta me permito acusar recibo del oficio de la referencia, con que allegan fotocopia del oficio del oficio 133 y sus anexos, de la Directora del Colegio

Luís Carlos Galán del Guainía, y de una acta de visita a la Gerencia Departamental de la Contraloría del Guainía, pero lo solicitado en los oficios 01944, 2254, y 2669 de esta Secretaría, y 2971 que hoy estoy reiterando, es que se sirvan enviar, copia 11 Radicación No. 02996 de los resultados del proceso 021-078996-2002, al que se dio inicio por la compulsa de copias ordenadas a esa Entidad, en auto de imputación de responsabilidad fiscal proferido contra ARNALDO JOSÉ ROJAS TOMEDES, dentro del proceso 069-99, emitido por la Contraloría General de la República, respecto de presuntas faltas disciplinarias por vulneración de algunas normas del Estatuto General de la Contratación, relacionadas con los contratos 014, 015 y 023 de 1998, cuyo trámite correspondió a la Procuraduría Primera para la Contratación Estatal…” (fl. 43). (La negrilla es nuestra.) Observa la Sala que el requerimiento que fue reiterado por la Secretaría de la Alta Corporación mediante el oficio 4084 del 1 de abril de 2004, con el cual se insistió en la información solicitada en las misivas Nos.1944, 2254, 2669 y 3341, frente a lo cual solo mediante comunicación del 12 de abril de 2004, la doctora Olga Cecilia Henao Marín, remitió copia del auto del 23 de enero de 2004, con el que se decretó la prescripción de la acción disciplinaria surtida en el expediente No. 021-78996 y se ordenó el archivo de las diligencias; providencia que equivale al resultado final del

proceso disciplinario en mención (fl. 26). De esta forma no hay duda entonces, que la aquí disciplinada ofreció una respuesta indebida a las solicitudes de remisión de documentos efectuadas por la Corte Suprema de Justicia, a través de los oficios Nos.