PGN - FALLA DEL SERVICIO - Los funcionarios facilitaron el servicio
Detalles
- Título
- PGN - FALLA DEL SERVICIO - Los funcionarios facilitaron el servicio
- Autor
- Procuraduría General de la Nación
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Disciplinario
- Año
- —
PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por presunta falla del servicio RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTADO-Culpa exclusiva de la víctima/FALLA DEL SERVICIO-Los funcionarios facilitaron el servicio Debe este Despacho pronunciarse en concordancia con el fallo de primera instancia, al advertir que durante el proceso, la parte demandada en el sub lite probó con creces que con sus decisiones, las cuales eran de estricto cumplimiento para el personal asignado para su protección, el Sr. influyó de manera determinante en el mal estado del vehículo que le había sido otorgado, y de manera específica en el trato que debía dársele al neumático que a la postre causó el volcamiento del carro y el fatal desenlace arriba descrito. En este sentido, se acreditó la existencia de la causal eximente de responsabilidad Culpa exclusiva de la víctima, la cual, una vez comprobada como hecho determinante en la ocurrencia del daño, elimina la posibilidad de resarcimiento por parte de la administración. Frente al argumento de los actores, según el cual la responsabilidad por el buen estado del vehículo recaía únicamente en cabeza de los miembros del esquema de seguridad, debe esta Delegada pronunciarse en contrario, al encontrar que consta dentro del acervo probatorio, la prolongación de la misión N° 0068 (traslado del Sr.), bajo las mismas condiciones inicialmente pactadas, es decir, la facilitación de un vehículo, un conductor y un escolta al Sr., los cuales estarían bajo su mando, prestos a proteger su integridad y
cumplir sus órdenes según su criterio durante los días establecidos. Con esto, queda descartada la posibilidad de encontrar responsabilidades en los funcionarios al servicio de la víctima, pues estos se encontraban en una misión de facilitación y no habrían podido impedir o intervenir en las decisiones que el protegido impartía. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Los daños sufridos no son imputables a la administración De acuerdo con los elementos de responsabilidad patrimonial del Estado es preciso anotar lo siguiente: 1) En cuanto al daño antijurídico, se puede determinar que este no fue de tal categoría, pues fueron los hechos y actos del demandante los que ocasionaron el mismo, 2) El hecho generador fue el accidente sufrido por la víctima, el cual tiene como causa su decisión de impedir el adecuado mantenimiento del vehículo en aras de la celeridad que lo apremiaba en su traslado, 3). Se da un rompimiento del nexo causal, en razón a que no puede colegirse de la propiedad y administración del vehículo oficial, relación con los daños sufridos por los demandantes con la muerte de su familiar, los cuales, en concepto de este Despacho, tienen como única causa eficiente los actos y hechos de la víctima, no imputable a la administración. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTADO-El accidente fue ocasionado por el uso indebido del automóvil Es preciso señalar que de acuerdo a la jurisprudencia anotada, es claro que “la entidad estatal demandada podrá ser declarada responsable del daño cuando el mismo haya sido causado por su actuación u omisión, pero cuando la causa del mismo lo sea la actuación
Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente N° 46122 680012331000200601055 01 JEBS de la propia víctima habrá lugar a exonerar a la entidad”, situación ésta que aquí se presenta, pues como fue expuesto, el Sr. realizó un uso indebido del automóvil que le fue facilitado para su traslado, y ordenó prácticas inseguras sobre el mantenimiento del mismo, que a la postre ocasionaron el accidente que acabó con su vida. Lo anterior indica para esta Delegada, que la muerte del Sr. no genera responsabilidad estatal, toda vez que el hecho de su fallecimiento tuvo como causa actos y hechos emanados del él mismo. En consecuencia, en el caso bajo observación, no es posible invocar la responsabilidad consagrada en el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia. En atención a lo anterior, esta Delegada concluye que el Departamento Administrativo de Seguridad NO es administrativamente responsable de los perjuicios irrogados a los actores, por la muerte del Sr., y proferirá concepto tendiente a instar al H. Consejo de Estado a confirmar el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Santander dentro del caso objeto de estudio. CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA-Jurisprudencia del Consejo de Estado 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co
Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co
PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente N° 46122 680012331000200601055 01 JEBS CONCEPTO No. 124 / 2013
Bogotá, D.C, Junio 13 de 2013
SEÑORES
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
E. S. D.
EXPEDIENTE: 680012331000200601055 01 (46122)
ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA
ACTOR: NUBIS RAQUEL MARTÍNEZ LÓPEZ Y OTROS
DEMANDADO: MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA – DAS.
Sentido del Concepto: Solicitud de CONFIRMAR el fallo recurrido dentro de la Acción de Reparación Directa contra el Departamento Administrativo de Seguridad. Temas: Falla por muerte / Responsabilidad por actividades peligrosas / Excluyente de responsabilidad por culpa exclusiva de la víctima.
El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y Patrimonio Público.
I. ANTECEDENTES 1.1. Demanda - Hechos La Señora NUBIS RAQUEL MARTÍNEZ LÓPEZ Y OTROS, a través de apoderado
judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente N° 46122 680012331000200601055 01 JEBS Código Contencioso Administrativo, entablaron demanda contra el MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA y el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, para que se les declare administrativamente responsables por los perjuicios causados a ellos, con ocasión de la muerte del Sr. Celso de Jesús Martínez, ocurrida el 20 de Marzo de 2004 en el Municipio de Sabana de Torres (Santander). El deceso del Sr. Martínez ocurrió como consecuencia de un accidente automovilístico sufrido por este y sus acompañantes, quienes se dirigían a Barrancabermeja en un automóvil oficial de propiedad del DAS, que había sido facilitado al Sr. Martínez (así como un escolta personal) por motivos de seguridad, ya que este fungía como líder comunitario en el sur del Departamento de Bolívar y había motivos para protegerlo. Arguyen los demandantes que, como consecuencia del exceso de velocidad y la falta de pericia del conductor asignado, murió el Sr. Martínez junto con su escolta y otra persona, razón por la cual demandan los perjuicios sufridos con este hecho, que consideran falla en el servicio de las entidades demandadas. 1.2 Contestación de la Demanda
1.2.1. El DAS solicitó que se negaran las pretensiones, proponiendo como excepciones que fundamenten su falta de responsabilidad en el caso la Ausencia de responsabilidad por el hecho de un tercero. Alegó que tal como se probó en el proceso penal seguido contra el conductor en la Fiscalía de Barrancabermeja, la responsabilidad de los hechos recae exclusivamente en el fallecido Sr. Martínez, quien a sabiendas de un pinchazo sufrido durante el recorrido, instó a su conductor a inflar permanentemente el neumático y a no cambiarlo por motivos de tiempo, facilitando las condiciones para que éste estallara y causara el volcamiento del vehículo, como fue probado en el peritaje llevado a cabo en aquel momento. 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co
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1.3. Sentencia de Primera Instancia. El Tribunal Contencioso Administrativo de Santander, falló en sentencia del 11 de Mayo de 2012, negando las pretensiones formuladas en la demanda, manifestando, en resumen, los siguientes argumentos: 1.3.1. Una vez analizadas las pruebas recaudadas por la Fiscalía, las cuales no fueron desvirtuadas por los demandantes, infirió el Tribunal que la conducta de la víctima tenía plenos efectos liberadores de responsabilidad del ente estatal, ya que existían reportes transmitidos por los escoltas a la central en los días anteriores al accidente, sobre el trato
indebido dado al vehículo por órdenes del Sr. Martínez, los cuales apoyan la configuración del excluyente de responsabilidad Culpa exclusiva de la víctima, dentro del cual se entiende que fueron las órdenes impartidas por el Sr. Martínez sobre el vehículo y su mantenimiento, las que determinaron que el mismo sufriera el volcamiento que acabó con su vida y la de otras dos personas. Consecuentemente, falló el Tribunal denegando las pretensiones de la demanda. 1.4. Argumentos de la Apelación Dentro del plazo asignado por ley, el apoderado de los actores presentó escrito de apelación contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander del 11 de Mayo de
2012. En éste, expone los siguientes argumentos en contra del fallo: Encuentra el apoderado del demandante que el fallo contiene varias deficiencias en el análisis probatorio, ya que en su concepto (y luego de exponer una disquisición sobre la forma de contratación del vehículo siniestrado), la nombrada obediencia debida por el conductor a la víctima, la cual soporta la falta de mantenimiento – por órdenes del segundo - que a la larga determinó el accidente, no existía, ya que en su concepto éstas no eran cargas del protegido sino de su esquema de seguridad.
5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co
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Expediente N° 46122 680012331000200601055 01 JEBS Considera que bajo este esquema, carecería de importancia la conducta desplegada por la víctima, dando lugar a la responsabilidad del contratista estatal por no haber ejecutado las reparaciones necesarias para el buen funcionamiento del automotor asignado al Sr. Martínez.
II. Consideraciones del Ministerio Público 2.1. Problemas Jurídicos: 2.1.1. ¿Es responsable pecuniaria y administrativamente el DAS por la muerte del Sr.
Martínez? 2.1.2. ¿Es cierto, como lo afirma el demandante, que las órdenes impartidas por el protegido a su esquema de seguridad carecen de importancia en el desarrollo de los trágicos hechos? 2.1.3. ¿Existe un daño antijurídico como consecuencia de la muerte del Sr. Martínez, o ésta tiene como causa mediata actos y hechos emanados de la propia víctima? 2.2. Marco Teórico. Serán tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento del concepto de esta Agencia del Ministerio Público: 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado. La responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política. Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos: 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co
PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente N° 46122 680012331000200601055 01 JEBS “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” 2.2.2. Actividades Peligrosas - Riesgo excepcional. Ha dicho al respecto el H. Consejo de Estado: “En la actualidad, cuando se discute la responsabilidad del Estado por daños causados con elementos o actividades peligrosas -uso de armas de fuego de dotación oficial, uso de vehículos automotores oficiales, conducción de energía eléctricaha entendido la Sala que el régimen aplicable es el de responsabilidad objetiva en aplicación de la teoría del riesgo excepcional. En efecto, la Administración debe responder siempre que produzca un daño con ocasión del ejercicio de actividades peligrosas o la utilización de elementos de la misma
naturaleza, como lo es el uso de vehículos automotores, pues el Estado asume los riesgos a los cuales expone a la sociedad con la utilización de tales elementos peligrosos. El mencionado título de imputación puede ser empleado tanto en favor de terceros, como para los conductores de tales vehículos y para los servidores públicos que los acompañan para el cumplimiento de funciones propias del servicio. En virtud de ese título de imputación objetivo, el demandante tiene el deber de probar la existencia del daño antijurídico y el nexo causal entre éste y la 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente N° 46122 680012331000200601055 01 JEBS acción u omisión de la entidad pública demandada, para que se pueda deducir la responsabilidad patrimonial, sin entrar a analizar la licitud o ilicitud de la conducta del agente, la cual resulta irrelevante. A su vez, la Administración para exonerarse de responsabilidad deberá acreditar que éste último elemento no existe o que es apenas aparente, mediante la comprobación de una causa extraña, como el hecho exclusivo de la víctima, la fuerza mayor o el hecho exclusivo y determinante de un tercero.”1 2.2.3. Culpa exclusiva de la víctima - Debe ser la causa determinante del daño. La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
emitió pronunciamiento frente a un daño antijurídico ocasionado por el estado por culpa exclusiva de la víctima al expresar lo siguiente: “Para efectos de establecer si el daño es o no imputable a la propia víctima, lo importante es establecer si su actuación fue o no la causa eficiente del daño. Es decir, que la entidad estatal demandada podrá ser declarada responsable del daño cuando el mismo haya sido causado por su actuación u omisión, pero cuando la causa del mismo lo sea la actuación de la propia víctima habrá lugar a exonerar a la entidad, al margen de que se trate de un menor, un incapaz o una persona que goce de todas sus facultades y hubiera obrado de manera intencional, culposa o simplemente accidental. El análisis de la subjetividad de la conducta de la víctima carece de relevancia para efectos de determinar la causa del daño. La víctima puede actuar de manera involuntaria o aún sin consciencia de lo que hace y, sin embargo, ese hecho cuando sea la causa exclusiva y determinantes en la producción del daño y ajeno a la entidad demandada exonera a ésta de responsabilidad patrimonial. Como lo ha considerado la Sala en oportunidades anteriores, “Dado el carácter objetivo del nexo causal, como elemento de la responsabilidad, poco importa que el hecho de la víctima que da lugar a la producción del daño sea culposo o no”. En otros términos, en los eventos en 1 Sentencias de mayo 11 de 2006, Exps. acumulados 14694 y 15640, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; de julio 14 de 2005, Exp. 14974, C.P. Ruth Stella Correa; de diciembre 4 de 2006, Exp. 15723; de la misma fecha
Exp. 18479, ambas C.P. Mauricio Fajardo. 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente N° 46122 680012331000200601055 01 JEBS los cuales la actuación de la víctima resulta ser la causa única, exclusiva o determinante del daño, carece de relevancia la valoración de su subjetividad. Si la causalidad constituye un aspecto objetivo, material de la responsabilidad, la labor del juez frente a un daño concreto debe limitarse a verificar si dicha conducta fue o no la causa eficiente del daño, sin que para ello importe establecer si al realizarla, su autor omitió el deber objetivo de cuidado que le era exigible, o si su intervención fue involuntaria. Por tal razón, resulta más preciso señalar que la causal de exoneración de responsabilidad del demandado es el hecho de la víctima y no su culpa. Ahora bien, cuando la intervención de la víctima incide en la causación del daño, pero no excluye la intervención causal del demandado, habrá lugar a la reducción de la indemnización establecida en el artículo 2357 del Código Civil, conforme al cual “La apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente”. Sin embargo, cabe advertir que esa noción culpabilista que se proyecta en dicha norma no puede ser trasladada al campo
de la responsabilidad patrimonial del Estado, habida consideración de que el criterio de imputación que rige esa responsabilidad, en los términos del artículo 90 de la Constitución, se construye a partir de la verificación de la antijuridicidad del daño y del vínculo causal entre ese daño y la actuación u omisión de la Administración. Luego, si de la atribución de responsabilidad al Estado están ausentes, como requisito para su estructuración, los criterios subjetivos de valoración de la conducta del autor, tales criterios no pueden ser exigidos cuando se pretenda reducir el valor de la indemnización por la intervención causal relevante de la propia víctima. En pocos términos: en el campo de la responsabilidad patrimonial del Estado la valoración objetiva de la intervención causal tanto de la Administración como de la propia víctima resultan suficientes para determinar si la causa eficiente del daño lo fue la actuación del ente demandado o de la víctima, con el fin de establecer si hay lugar a condenar a aquélla o a absolverla por haberse producido una causal excluyente de responsabilidad, o si ambas concurrieron en la producción del daño y, entonces, reducir el valor de la indemnización en proporción directa a la mayor o menor contribución de la conducta de la víctima en su producción. 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co
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Por lo tanto, cuando se pretende reducir el valor de la indemnización que deba pagar la entidad con fundamento en la intervención de la víctima en la causación del daño, habrá de tenerse en cuenta la relevancia de esa intervención en el resultado y no la intensidad de la culpa en la que aquélla hubiera incurrido”.2(Subrayas y negrillas fuera de texto). 2.3. Caso Concreto. Pruebas. Serán consideradas como pruebas aportadas legal y oportunamente, las siguientes, las cuales son relevantes para responder los problemas jurídicos planteados:
1. Copia de la hoja de campo de la Policía de Sabana de Torres en el que consta la muerte de Celso Martínez como consecuencia del accidente de transito reportado. (F. 179 C. 1).
2. Copia del oficio enviado por la escolta del Sr. Martínez el día 11 de Marzo de 2004, informando sobre las irregularidades respecto del vehículo correspondiente a la misión N° 0068. (F. 185 C. anexo )
2.4. Caso Concreto. Visto el marco teórico y normativo que rige el análisis sobre el caso en cuestión, procede esta Agencia del Ministerio Público a emitir su concepto: Inicialmente, debe este Despacho pronunciarse en concordancia con el fallo de primera instancia, al advertir que durante el proceso, la parte demandada en el sub lite probó con creces que con sus decisiones, las cuales eran de estricto cumplimiento para el personal asignado para su protección, el Sr. Martínez influyó de manera determinante en el mal estado del vehículo que le había sido otorgado, y de manera específica en el trato que debía dársele al neumático que a la postre
2 Sentencia Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Radicación No. 68001-23-15-0001994-00065-01 (18941) Magistrada Ponente Ruth Stella Correa Palacio. 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente N° 46122 680012331000200601055 01 JEBS causó el volcamiento del carro y el fatal desenlace arriba descrito. En este sentido, se acreditó la existencia de la causal eximente de responsabilidad Culpa exclusiva de la víctima, la cual, una vez comprobada como hecho determinante en la ocurrencia del daño, elimina la posibilidad de resarcimiento por parte de la administración. Frente al argumento de los actores, según el cual la responsabilidad por el buen estado del vehículo recaía únicamente en cabeza de los miembros del esquema de seguridad, debe esta Delegada pronunciarse en contrario, al encontrar que consta dentro del acervo probatorio, la prolongación de la misión N° 0068 (traslado del Sr. Celso Martínez), bajo las mismas condiciones inicialmente pactadas, es decir, la facilitación de un vehículo, un conductor y un escolta al Sr. Martínez, los cuales estarían bajo su mando, prestos a proteger su integridad y cumplir sus órdenes según su criterio durante los días establecidos. Con esto, queda descartada la posibilidad de encontrar responsabilidades en los funcionarios al
servicio de la víctima, pues estos se encontraban en una misión de facilitación y no habrían podido impedir o intervenir en las decisiones que el protegido impartía. Ahora bien, de acuerdo con los elementos de responsabilidad patrimonial del Estado es preciso anotar lo siguiente: 1) En cuanto al daño antijurídico, se puede determinar que este no fue de tal categoria, pues fueron los hechos y actos del demandante los que ocasionaron el mismo, 2) El hecho generador fue el accidente sufrido por la víctima, el cual tiene como causa su decisión de impedir el adecuado mantenimiento del vehículo en aras de la celeridad que lo apremiaba en su traslado, 3). Se da un rompimiento del nexo causal, en razón a que no puede colegirse de la propiedad y administración del vehículo oficial, relación con los daños sufridos por los demandantes con la muerte de su familiar, los cuales, en concepto de este Despacho, tienen como única causa eficiente los actos y hechos de la víctima, no imputable a la administración. Finalmente, es preciso señalar que de acuerdo a la jurisprudencia anotada, es claro que “la entidad estatal demandada podrá ser declarada responsable del daño 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co
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cuando el mismo haya sido causado por su actuación u omisión, pero cuando la causa del mismo lo sea la actuación de la propia víctima habrá lugar a exonerar a la entidad”, situación ésta que aquí se presenta, pues como fue expuesto, el Sr. Martínez realizó un uso indebido del automóvil que le fue facilitado para su traslado, y ordenó prácticas inseguras sobre el mantenimiento del mismo, que a la postre ocasionaron el accidente que acabó con su vida. Lo anterior indica para esta Delegada, que la muerte del Sr. Celso Martínez no genera responsabilidad estatal, toda vez que el hecho de su fallecimiento tuvo como causa actos y hechos emanados del él mismo. En consecuencia, en el caso bajo observación, no es posible invocar la responsabilidad consagrada en el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia. En atención a lo anterior, esta Delegada concluye que el Departamento Administrativo de Seguridad NO es administrativamente responsable de los perjuicios irrogados a los actores, por la muerte del Sr. Martínez, y proferirá concepto tendiente a instar al H. Consejo de Estado a confirmar el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Santander dentro del caso objeto de estudio.
III. CONCLUSIÓN Esta Agencia del Ministerio Público solicita al Honorable Consejo de Estado CONFIRMAR en su totalidad la sentencia recurrida, proferida por el H. Tribunal Administrativo de Santander de fecha 11 de Mayo de 2012, desfavorable al actor.
Del Honorable Magistrado,
MARÍA PATRICIA ARIZA VELASCO
Procuradora Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co