PGN - FALLA EN EL SERVICIO - No es responsabilidad del estado cuando el daño lo ocasiona un ter

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Daños causados por levantamiento de la medida que prohibía enajenar un inmueble FALLA DEL SERVICIO-No se configura ni por acción ni por omisión por hecho generador de un tercero El análisis en conjunto de los medios de prueba lleva al Ministerio Público a concluir que ninguna de las entidades incurrió en falla del servicio, ni por acción, ni por omisión, y que la causa generadora del daño fue el hecho de un tercero que suplantando a otra persona (que también había sido defraudada con la venta del mismo inmueble) suscribe la escritura de compraventa y recibe la suma de dinero correspondiente al precio, pero no entregó materialmente el predio porque era un bien ajeno. OBLIGACION Y RESDPONSABILIDAD DEL ESTADO-No la incumplieron las entidades demandas Si bien es cierto que para la fecha de la suscripción de la escritura aparecía cancelada la orden de restricción de registro de negocios sobre el inmueble, también lo es que las entidades demandadas no fueron quienes propiciaron ese hecho pues se trató de un documento al parecer falso -del que no se alega ni prueba que fuera evidente y burda la alteración o falsedad-, pero en el trámite de la cancelación de la medida de restricción ni la Superintendencia ni la Fiscalía incumplieron la carga obligacional propia de cada una de ellas, en tanto y en cuanto no se probó que fuera del resorte de la primera, a través de la oficina de registro de instrumentos públicos, verificar la expedición del oficio, ni de la segunda entidad solicitar dicha verificación, o de alguna otra manera estar pendiente de una medida cautelar impuesta.

FALLA EN EL SERVICIO-No es responsabilidad del Estado cuando el daño lo ocasiona un tercero Las pruebas no permiten inferir falla en el servicio de las demandadas que actuaron con base en el principio de buena fe, dentro del marco de sus competencias. Se acreditó, por el contrario, que fue el hecho de un tercero el que ocasionó el daño al actor, tercero que usó documento falso y suplantó al que figuraba inscrito como propietario para vender de manera fraudulenta un inmueble. Defraudación que probablemente hubiera podido evitar el actor de haber inspeccionado el predio que pretendía comprar, pues allí se encontraba la persona que aparecía en el folio como propietario y a quien suplantó el vendedor (aquel señor también fue estafado porque al adquirir el inmueble el supuesto vendedor fue suplantado en esa compraventa). CALIFICACIÓN DEL DOCUMENTO-Contiene impresa los distintos títulos según regulación legal RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Por falla en el servicio según jurisprudencia del Consejo de Estado Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No. 55.421 (250002326000 2012 00395 01) RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Regulación Constitucional FUNCIÓN PÚBLICA-Tarea de registro de instrumentos públicos según regulación legal CALIFICACIÓN DEL DOCUMENTO-La inscripción no impone la verificación con la autoridad judicial/IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD-Se aplica el régimen subjetivo de falla La etapa de calificación del documento a inscribir no impone la verificación con la

autoridad judicial que aparece suscribiendo el documento. De ahí que no puede imputarse falla en ese sentido. En estos eventos la jurisprudencia del Consejo de Estado, como quedó visto, no aplica un régimen objetivo de imputación de responsabilidad, sino el subjetivo de falla y, en el sub judice, pese a existir un error en el registro no puede imputarse responsabilidad porque no se demostró la falta de cuidado o diligencia en la labor. Debe agregar el Ministerio Público que la incorreción en el folio de matrícula inmobiliaria se originó en el hecho de un tercero que elaboró y usó un documento (oficio 8234 de 6 de junio de 2008) que no había sido expedido por la Fiscalía e hizo incurrir en error tanto a la oficina de registro como al particular, tercero que con maniobra engañosa logró que el demandante suscribiera la escritura y entregara el dinero. DEBER DE CUIDADO-Exigible ordinariamente en los negocios El mismo actor en la denuncia penal señala que nunca visitó el predio que pretendía adquirir y que decidió entregarle el dinero al supuesto vendedor antes de la entrega material del inmueble. Tales comportamientos permiten inferir la falta de cuidado exigible ordinariamente en los negocios, porque a pesar de las anotaciones en el folio de matrícula inmobiliaria, de haber actuado de manera precavida y cuidadosa no hubiera sido estafado por un tercero que se hizo pasar por el último dueño del predio. DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIAAplicabilidad jurisprudencial del Consejo de Estado

DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-Se

produce por actuaciones u omisiones en el curso del proceso Conforme al precedente, la falla judicial en la modalidad de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia es aquella que se produce no por una decisión judicial sino por otras actuaciones u omisiones en el curso del proceso o en el trámite de ejecución de providencias. 2 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No. 55.421 (250002326000 2012 00395 01)

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 005 / 2016

Bogotá, D.C., 21 enero de 2016

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C

Consejera Ponente Doctora OLGA MÉLIDA VALLE DE DE LA HOZ

E. S. D.

EXPEDIENTE: 55.421 (250002326000 2012 00395 01)

Acción de Reparación Directa

ACTOR: JOSÉ ÁLVARO CASTRO DÍAZ

CONTRA: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO Y OTROS El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.0

I. ANTECEDENTES 1.1. Demanda.- El 12 de julio de 2010 (fl. 25 c. 1) el señor José Álvaro Castro

Díaz con C.C. 184.983 demandó a la Nación – Fiscalía General de la Nación y Superintendencia de Notariado y Registro – Oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá, para que se les declarara responsables por todos los daños y perjuicios causados por el levantamiento de la prohibición de enajenar el inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria 50S-40093439, pues el día 11 de junio de 2008 la Oficina de Instrumentos Públicos, con base en unos documentos falsos, levantó la medida cautelar que había sido impuesta por la Fiscalía mediante oficio 6521 de 27 de mayo de 2008 inscrita en la anotación 6 del 28 de 3 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No. 55.421 (250002326000 2012 00395 01) mayo de ese año, situación que conllevó a que, por falta de control de las demandas, el 26 de junio de 2008 el actor comprara el inmueble. Solicitó que se les condenara a pagar a su favor por perjuicios morales 100 smlm y por perjuicios materiales la suma de $25’000.000, más los intereses que le habría generado esa suma, suma que pagó al adquirir el predio por escritura pública 2818 de 26 de junio de 2008 de la Notaría 51 de Bogotá, más los gastos que le ha ocasionado tener que sobrellevar una denuncia penal por la estafa de

que fue objeto por la conducta omisiva, negligente e irresponsable de la oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá, entidad subordinada de la Superintendencia de Notariado y Registro, y de la Fiscalía. Se adujo que cuando el demandado revisó el certificado de tradición y libertad no existía la prohibición de enajenar o realizar cualquier negocio jurídico sobre el inmueble porque en la anotación 7 aparecía levantada la medida cuartelar; adquirió el inmueble por escritura pública 2818 de 26 de junio de 2008 otorgada en la notaría 51 e inscrita el 10 de febrero de 2008 (sic) –se inscribió el 10 de febrero de 2009-; después se enteró que habían suplantado al dueño y que existía un proceso por estafa en la Fiscalía 300. Afirma que la responsabilidad de la Oficina de Instrumentos Públicos se genera por levantar la medida que impuso la Fiscalía sin tomar las precauciones necesarias como verificar en la Fiscalía 300 si había expedido el oficio 8234 de 6 de junio de 2008; que la responsabilidad de la Fiscalía se deriva porque debió solicitar a la Oficina de Registro que antes de cualquier anotación en el folio de matrícula inmobiliaria 50S-40093439 verificara con el despacho judicial si los documentos era legítimos o falsos, pero se limitó a prohibir cualquier negociación, e igualmente porque no estuvo pendiente de la medida cautelar impuesta pues el oficio falso fue radicado el 6 de junio de 2008, levantaron la medida el 11 de ese mes y solo volvieron a oficiar para que se hiciera la anotación el 22 de octubre y el

30 de noviembre de 2009. (Imputaciones que reitera en escrito de 26 de agosto de 2010 fls. 29 y 30 c. 1). 4 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No. 55.421 (250002326000 2012 00395 01) 1.2. Contestación de la demanda.1 - Fiscalía General de la Nación (fls. 102 a 108 c. 1). Después de pronunciarse sobre los hechos sostuvo que no se configuraban los supuestos para estructurar responsabilidad en contra de la entidad pues de acuerdo con su función la Fiscalía 300 Seccional de Unidad de Delitos Contra la Fe Publica y el Patrimonio Económico dispuso la prohibición judicial de cualquier registro, orden que fue registrada por la Oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá en la anotación 6 del Folio de M.I. 50S-40093439, el 23 de mayo de 2007; el actor presentó denuncia por falsedad en documento y la Fiscalía dispuso establecer las medidas restrictivas mientras se continuaba con el proceso penal a efectos de establecer los hechos y los responsables. Propuso la excepción de falta de legitimación por pasiva aduciendo que la Fiscalía inició indagación e investigación conforme a denuncia y ordenó medida cautelar por lo que se realizó la restricción sobre ese inmueble en la oficina de instrumentos públicos; y, como el actor manifiesta, no fue al Fiscalía la que ofició para que se levantara la medida, el oficio era fals o, no fue suscrito por la

autoridad competente. - Superintendencia de Notariado y Registro (fls. 134 a 146 c. 1). Se opuso a las pretensiones, dio respuesta a los hechos y como medios de defensa expuso: 1) caducidad del medio de control porque la notificación del auto admisorio de la demanda se efectuó el 21 de marzo de 2012; 2) no se configuran los presupuestos de la responsabilidad del art. 90 de la CP porque el accionante a la fecha no ha sufrido ningún daño cierto personal y cuantificable; 3) no se configuran los elementos de la falla del servicio de la entidad pues no existe daño que provenga de la oficina de instrumentos públicos de Bogotá zona sur sino que el hecho provino de un tercero, no existe culpa de la referida oficina porque dando aplicación al art. 2 del decreto 1250/70 inscribió el oficio 8234 de 6 de junio de 2008 proveniente de la Fiscalía; y no existe nexo causal; 4) causal de exoneración 1 Por auto de 21 de marzo de 2012.. el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad de todos lo actuado en el Juzgado Administrativo por falta de competencia funcional, avocó el conocimiento, admitió la demanda y dispuso que las pruebes conservaban su validez (fls. 28 a 90 vto. c. 1). 5 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No. 55.421 (250002326000 2012 00395 01)

de responsabilidad: hecho exclusivo de la víctima y de un tercero. El actor porque fue quien celebró el negocio y suscribió la escritura pública con quien suplantó al verdadero dueño, y el tercero porque de probarse que existió una suplantación ese hecho es atribuible exclusivamente a quien suplantó al verdadero dueño; 5) cumplimiento del marco legal por parte de la oficina de registro, decreto 1250 de 1970 arts. 2, 3, 22 a 32. Agregó que el registro de la propiedad inmueble tiene como fines básicos servir de medio de tradición dar publicidad y revestir de mérito probatorio, el registro por si solo no confiere derechos, ni modifica situaciones jurídicas; y 6) los perjuicios no fueron probados. 1.3. La sentencia de primera instancia. (fls. 245 a 259 vto. c. Consejo de Estado) El Tribunal Administrativo de Descongestión Cundinamarca – Sección TerceraSubsección C 2 declaró probada la excepción de hecho exclusivo de un tercero y negó las pretensiones. Encontró probado el daño como se hizo consistir, esto es, haber celebrado el negocio jurídico bajo el entendido que no había restricción alguna, así como también a que con posterioridad por orden de la justicia penal se limitó la tradición en anotaciones 10 y 11; que la exclusión de la propiedad no se pretendió como daño y no se encuentra acreditada porque el actor continua figurando como propietario del inmueble. En cuanto a la imputabilidad del daño sostuvo que la calificación del acto a registrar no implica un análisis de validez del mismo, esto es la comprobación de

los verdaderos suscriptores del negocio jurídico o la ratificación de la emisión por parte de la autoridad, es una verificación de requisitos formales. A la justicia penal a través de la Fiscalía es a la que le corresponde constatar la autenticidad el documento que tenía toda apariencia de ser auténtico, y además no obran elementos que indiquen que era necesario que la oficina de registro verificara o corroborara la emisión del oficio. Como no existe norma que imponga tal obligación no se probó la falla de la Superintendencia de Notariado y Registro. 2 Sentencia de 9 de julio de 2015 6 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No. 55.421 (250002326000 2012 00395 01) En relación con la Fiscalía General cuestionada por no ejercer control sobre la orden que comunicó a la oficina de registro el 23 de mayo de 2007, señaló que la ley 600 establecía la facultad de la Fiscalía de disponer medidas cautelares (arts. 62, 66, 114;) pero no efectuar el seguimiento, así, como no se predica la omisión de una norma no puede concluirse la existencia de una falla. Que en todo caso el actor debía probar el nexo causal, esto es, que el actuar de las demandadas produjo el daño, que fue la radicación en la oficina de registro de un documento público lo que originó el levantamiento de la medida restrictiva, que después se tildó de falso porque no había sido expedido por la autoridad judicial

respectiva, lo que indica que obedeció al actuar un tercero pues se investiga la autoría del ilícito. La falsedad del oficio 8234 de 6 de junio de 2008 a través del cual se comunicó la cancelación de la restricción sobre el predio le resultaba imperceptible a la oficina de registro, pues no tenía que calificar la validez y de su contenido no era evidente su invalidez, aparecía suscrito por funcionario judicial y sello de la fiscalía, la falsedad le resultaba imprevisible e irresistible, que exime de responsabilidad por hecho exclusivo de un tercero, persona que alteró y presentó un documento falso. Afirma que el eximente también se concreta para la otra demandada Fiscalía General de la Nación 1.4. Apelación. (fls. 261 a 264 c. Consejo de Estado). La parte actora impugnó el fallo para que se revoque y en su lugar se acceda a las pretensiones. Reitera los hechos de la demanda y los cargos contra las entidades, para luego sostener que no está de acuerdo con las razones por las cuales fueron exoneradas por cuanto dentro de las funciones atribuidas a los funcionarios públicos esta cumplir con sus obligaciones brindando seguridad jurídica a los asociados, si un tercero falsificó un documento y levantó la medida cautelar existente en la anotación 6 del folio de matrícula inmobiliaria fue por la falta de previsión y coordinación para evitar esos hechos por parte de la Fiscalía 300 y la oficina de registro de instrumentos públicos, porque se evidenció negligencia y 7 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094

Expediente No. 55.421 (250002326000 2012 00395 01) pasividad de las demandadas. La Fiscalía no hizo advertencia ni seguimiento para que la orden se mantuviera mientras no ordenara algo diferente, la oficina de registro levantó la medida con un oficio que no fue expedido por la Fiscalía; las entidades estaban obligadas a prever situaciones como la que sucedió, si el trabajo hubiera sido responsable y diligente ningún tercero hubiera podido levantar la medida cautelar con un documento falso. Agregó que es lógico que el inmueble siga en cabeza del demandante porque la escritura pública de compra solo se cancela cuando el juez penal de conocimiento dicte sentencia condenatoria y en ese mismo acto anula los documentos que nacieron a partir de la falsificación del oficio que levantó la medida, acto procesal que, dice, no se ha evacuado por la pasividad de la fiscalía. Que la Fiscalía 300 por oficio 292 de 22 de octubre de 2009 volvió a inscribir la medida cautelar, es decir anuló el oficio espurio.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema Jurídico. Consiste en determinar si la Nación – Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Notariado y Registro son administrativa y extracontractualmente responsables por los perjuicios que sufrió el actor porque al momento de comprar el inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria

50S-40093439 no aparecía inscrita medida cautelar sobre el mismo, toda vez que había sido levantada con base en un documento falso. 2.2. Caducidad.

En este caso como quiera que el hecho dañoso que se alega es el levantamiento de una medida cautelar con base en un documento falso situación que permitió la compra del inmueble, la caducidad se debe empezar a contar a partir de cuando ocurrió el hecho generador del daño o cuando el demandante lo conoció, si fue con posterioridad. 8 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No. 55.421 (250002326000 2012 00395 01) Se aduce que existió falta de control de las entidades demandadas por falta de control en los procedimientos y trámites que condujeron a que se levantara una restricción de enajenar el inmueble identificado con la M.I. 50C-40093439 El levantamiento de la medida restrictiva tuvo lugar el 11 de junio de 2008. El 22 de junio de 2008 día en que se llevó a cabo la compraventa y se registró la respectiva escritura, no aparecía inscrita medida alguna. De acuerdo con el contenido de la denuncia penal -presentada el 21 de julio de 2008-, el demandante conoció el hecho fraudulento el 27 de junio de 2008, día después de firmar la escritura pública de compra, cuando se había previsto llevar a cabo la entrega del lote, la cual nunca se dio, y en las averiguaciones posteriores constató que había sido objeto de estafa pues en la Fiscalía 300 la Fiscal Donigna Isabel Angulo Arias le manifestó que no había suscrito el oficio dirigido al Registrador de Instrumentos Públicos zona sur donde se informaba que

se había cancelado la medida cautelar que afectaba el inmueble. El 10 de junio de 2010 se presentó solicitud de conciliación que suspendió el término de caducidad hasta el 12 de julio de 2010, cuando se expidió la constancia (fls. 2 a 4 c. 1). Como la demanda fue presentada ese mismo día, 12 de julio de 2010 (fl. 25 c. 1), es evidente que no se había configurado el fenómeno de caducidad de la acción. 2.3. De los presupuestos de la responsabilidad Se atribuye responsabilidad a título de falla a la Superintendencia de Notariado y Registro y a la Fiscalía General de la Nación por los perjuicios que sufrió el actor como consecuencia del levantamiento de la prohibición de enajenar el inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria 50S-40093439, con base en un documento falso. La primera porque la Oficina de Instrumentos Públicos zona sur levantó la 9 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No. 55.421 (250002326000 2012 00395 01) medida que impuso la Fiscalía sin tomar las precauciones necesarias como verificar en la Fiscalía 300 si había expedido el oficio 8234 de 6 de junio de 2008; y la Fiscalía porque debió solicitar a la Oficina de Registro que antes de cualquier anotación en el folio de matrícula verificara con el despacho judicial si

los documentos era legítimos o falsos e igualmente porque no estuvo pendiente de la medida cautelar impuesta pues el oficio falso fue radicado el 6 de junio de 2008, levantaron la medida el 11 de ese mes y solo volvieron a oficiar para que se hiciera la anotación el 22 de octubre y el 30 de noviembre de 2009. Solicitó el demandante que se les condenara a pagar a su favor por perjuicios morales 100 smlm y por perjuicios materiales la suma de $25’000.000, suma que afirma pagó por el predio, más los gastos que le ha ocasionado tener que sobrellevar una denuncia penal por la estafa. 2.3.1. Lo probado (i) Se acreditó que el 26 de junio de 2008 el actor José Alvaro Castro Díaz celebró contrato de compraventa del predio identificado con la matrícula inmobiliaria 50S-400093439, día para el cual ya obraba la anotación 7 del oficio de 6 de junio de 2008 que cancelaba la medida restrictiva que había ordenado la Fiscalía 300 el 23 de mayo de 2007. No se allegó al expediente la decisión final sobre la falsedad del oficio que ordenó levantar la medida en junio de 2008, aunque la Fiscal que supuestamente lo suscribió denunció que no lo había emitido. Tampoco existe prueba de cancelación o anulación de la compraventa. (ii) Se allegó copia de la actuación penal 110016000049200606833 por falsedad en escritura pública 1214 de 2006 –compraventa entre Carlos Alberto Holguín Orduz y Gustavo Caballero porque el vendedor fue suplantadoen la que se expidió el oficio

de la medida cautelar que se canceló en junio de 2008 con el documento que se alega como falso. 10 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No. 55.421 (250002326000 2012 00395 01) A esa indagación se acumuló la denuncia del señor Castro Diaz por la compraventa que éste realizó a Gustavo Caballero Puentes - el vendedor también fue suplantado-, y posteriormente se expidió el oficio de 30 de noviembre ordenando abstenerse de inscribir cualquier tipo de negociación en el folio de matrícula inmobiliaria. (iii) Copia del oficio 8234 de 6 de junio de 2008. Aparece dirigido al registrador de Instrumentos Públicos Zona Sur por Donigna Isabel Angulo Arias Fiscal 300 Seccional por medio del cual dice comunicar que mediante providencia de 16 de mayo de 2008 proferida dentro del caso citado (110016000049200606833f300 Delito falsedad material en documento público y otros. Denunciante Armando Edinson Holguín Rodriguez. Denunciado Gustavo Caballero Puentes) se ordenó cancelar la medida cautelar que afectaba el inmueble ubicado en la calle 48 sur No. 103 matrícula inmobiliaria 50S-40093439 (fl. 10 c. 1). (iv) Copia del folio de matrícula inmobiliaria 50S-400093439 de la oficina de instrumentos públicos zona sur Bogotá (aparecen varias direcciones3) y los

documentos que conforman su historial (fls. 11, 12, 32, 33, 170 a 173, 188 a 229 c. 1),  Anotación 3 de 6 de septiembre de 2006 escritura pública 1214 de 31 de agosto de 2006 compraventa de Carlos Alberto Holguín Ordúz A: Gustavo Caballero Puentes.  Anotación 4 de 6 de septiembre de 2006 escritura púbica 1214 de 31 de agosto de 2006 afectación a vivienda familiar (limitación al dominio)  Anotación 5 de 6 de septiembre de 2006 escritura pública 1214 de 31 de agosto de 2006 actualización de nomenclatura.  Anotación 6 de 28 de mayo de 2007 oficio 6521 de 23 de mayo de 2007 sistema penal acusatorio. Especificación 0463 prohibición judicial 3 1) sin dirección, 2) calle 48 sur # 103-27, 3) calle 49 sur # 87-37 y 4) cl. 49 sur 87-37 11 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No. 55.421 (250002326000 2012 00395 01) inscripción de cualquier registro 10016000049200606833 F-300 falsedad material en documento público y otro.  Anotación 7 de 11 de junio de 2008 oficio 8234 de 6 de junio de 2008 Fiscalía General de la Nación. Se cancela anotación No. 6.

Especificación 0841 cancelación providencia judicial.  Anotación 8 de 16 de junio de 2008 escritura pública 3923 de 8 de mayo de 2008 se cancela anotación 4 por voluntad de las partes.  Anotación 9 de 30 de 10 de febrero de 2009 compraventa De: Caballero Puentes Gustavo A: Castro Díaz José Álvaro. Escritura pública 2818 de 26 de junio de 2008.  Anotación 10 de 30 de noviembre de 2009. Oficio 292 de 22 de octubre de 2009 Fiscalía General de Bogotá. Especificación 0463 prohibición de abstenerse de inscribir cualquier tipo de negociación art. 22 ley 9062004. Ref. inv. 10016000049200606833 (MEDIDA CAUTELAR). Unidad 1 de delitos contra la fe pública y patrimonio económico fiscalía 300 ante jueces penales del cto. Bogotá. A. CABALLERO PUENTES GUSTAVO. –se anexa oficio fl. 222 c. 1-  Anotación 11 de 16 de abril de 2010 oficio 058 de la Fiscalía General. especificación 0468 demanda en proceso ordinario art. 690 cpc numeral primero inciso tercero en concordancia art. 25 cpp (medida cautelar). Fiscalía 238 seccional. Ref. indagación 10016000049200919166 –se anexa oficio fls. 223 a 226 c. 1El soporte de la anotación 6 es el oficio 6521 de 23 de mayo de 2007 dirigido al

registrador de instrumentos públicos zona sur suscrito por la Fiscal 300 Seccional Donigna Isabel Angulo Arias, en el caso 10016000049200606833 f-300, en el que señala que por haberse ordenado en providencia de la fecha proferida en el caso citado se le solicitaba de manera inmediata abstenerse de inscribir cualquier tipo de negociación que afecte el inmueble ubicado en la calle 48 sur 103-27 12 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No. 55.421 (250002326000 2012 00395 01) matrícula inmobiliaria 50 S – 40093439, en aras de evitar la defraudación a terceros de buena fe mientras se investiga este asunto conforme al art. 22 de la ley 906 de 2004, art. 99 y 250 de la C.N. . Que se le requería para que después enviara por duplicado copia del certificado de tradición y libertad para verificar la inscripción (fl. 204 c. 1). De la anotación 7 obra copia del oficio 8234 (fl. 211 c. 1. Se deja constancia que el original se desglosó por el CTI). (v) Copia de la Escritura pública 2818 de 26 de junio de 2008 compraventa, notaría 51 del círculo de Bogotá. Se consigna que no tiene afectación de vivienda familiar, vendedor Gustavo caballero Puentes, comprador José Álvaro Castro Díaz. Calle 49 sur 87-37 Folio M.I. 50S40093439. Cuantía $15’200.000 (fls. 166 a 169 vto. c. 1).

169 vto. c. 1). (vi) Copia de la Actuación penal 10016000049200606833 Fiscalía 300 Seccional – Unidad Primera delitos contra la fe pública y el patrimonio económico. Indiciado Gustavo Caballero Puentes. Delito: falsedad en documento. Denunciante y víctima Armando Edinson Holguín Rodriguez (fl. 53 c. 1 y c. anexo).  Inició con denuncia presentada el 9 de octubre de 2006 donde refiere que Armando Edinson Holguín encontró a Gustavo Caballero Puentes en lote de su propiedad con elementos de construcción y éste le manifestó haber adquirido el inmueble por escritura pública 1214 de 31 de agosto de 2006, de parte del padre del denunciante cuando aquel había muerto en 1998 y es él el único heredero. Solicitó el denunciante como medida cautelar oficiar a la oficina de registro de instrumentos públicos de la zona sur de Bogotá ordenando la cancelación del registro el título mencionado o en su defecto la inscripción del presente proceso a fin de evitar mas tradiciones falsas mientras se adelante el proceso.  El 23 de mayo de 2007 por oficio 6521, la Fiscal 300 Seccional solicitó al registrador de instrumentos púbicos zona sur abstenerse de inscribir 13 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 Expediente No. 55.421 (250002326000 2012 00395 01) cualquier tipo de negociación que afectara el inmueble de la calle 48 sur No. 103-27, matrícula inmobiliaria 50S40093439 en aras de evitar la

defraudación a terceros de buena fe mientras se investiga el asunto, lo cual, dice, resulta procedente conforme a los arts. 22 y 99 de la ley 906 de 20044 y 250 de la C.N.5 y pidió que después se enviara copia del certificado para verificar inscripción. (fls. 34, 47 anexo).  Con oficio 5864 de 16 de junio de 2007, radicado el 29 de ese mes y año en la Fiscalía Unidad Primera delitos contra la fe pública y el patrimonio económico, el registrador principal zona sur informó que en cumplimiento del art. 681 del cpc debidamente tramitado remitía oficio junto con el certificado de libertad que trata la disposición, que se inscribió la medida cautelar en el folio de matrícula inmobiliaria (fls. 41 a 46 anexo).  Formato de entrevista de 9 de julio de 2008 del señor José Álvaro Castro Díaz (demandante en este proceso) que da cuenta de la compraventa que efectuó sobre el bien con el señor Gustavo Caballero Puentes. Hizo referencia a los hechos que llevaron a la firma de la escritura, indicó que después de pagar el señor Caballero no volvió a aparecer , que nunca se efectuó la entrega, que no fue a ver el lote porque se confió de los documentos que le entregó el vendedor (fls. 53 y 54 c. 1). 4 ARTÍCULO 22. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Cuando sea procedente, la Fiscalía General de la Nación y los jueces deberán adoptar las medidas necesarias para hacer