PGN - ACCION DE REPARACION DIRECTA - Contra la unidad nacional de protección y policía nacional, por

REPARACIÓN DIRECTA-Contra la Unidad Nacional de Protección y Policía Nacional, por los perjuicios ocasionados al retirarle el esquema de seguridad al demandante quien sufrió un atentado ocasionándole graves secuelas en su salud RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Por hechos de terceros Por otra parte, el Consejo de Estado, ha examinado en varias oportunidades la responsabilidad del Estado por hechos de terceros, en casos en los que, si bien los agentes estatales no causaron el daño de forma directa, con su acción u omisión propiciaron o permitieron que personas ajenas a la administración lo causaran. Estas situaciones se presentan cuando una persona que está amenazada hace la denuncia respectiva ante las autoridades y, a pesar de ello, estas adoptan unas medidas de protección precarias e insuficientes, o cuando, si bien la persona no comunicó la situación de riesgo a la autoridad, la notoriedad y el público conocimiento del peligro que afrontaba hacían imperativa la intervención estatal para protegerla. DERECHO A LA VIDA-Marco constitucional La Constitución Política de 1991 establece en su artículo 11 el derecho fundamental a la vida, el cual es inherente a la persona humana y constituye la base sobre la cual descansan los otros derechos. Frente al mismo, el Estado tiene una obligación de doble naturaleza: por una parte, el deber de no privar arbitrariamente de la vida a ninguna persona (obligación negativa); y de otro lado, a la luz de su deber de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, la adopción de medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva)

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Por falla en el servicio De esta forma, el Consejo de Estado ha considerado que el concepto de falla del servicio opera como fundamento del deber de reparar en aquellos casos en los que agentes estatales intervienen en la producción del daño por ineficacia, retardo u omisión en el cumplimiento de las funciones a su cargo, lo cual se ha entendido que ocurre cuando (i) la falta de cuidado o previsión del Estado facilita la actuación de los grupos ilegales; (ii) la víctima, o la persona contra quien iba dirigido el acto, solicita protección a las autoridades y éstas la retardan, omiten o la prestan de forma ineficiente; (iii) el hecho era previsible, en razón de las especiales condiciones que se vivían en el momento, pero el Estado no realiza ninguna actuación dirigida a evitar o enfrentar eficientemente el ataque; y (iv) la administración omite adoptar medidas para evitar o atender adecuadamente una situación de riesgo objetivamente creada por ella.

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 67938 - (08001233300020170078701-01) CONCEPTO No. 022 / 2022

Bogotá, D.C. 18 de marzo de 2022

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejera Ponente: Doctora María Adriana Marín EXPEDIENTE: 080012333000201700787-01 (67938) ACCIÓN: Acción de Reparación Directa – Falla del servicio

ACTOR: ALCI JOSÉ VILLANUEVA CASTRO Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR – UNIDAD

NACIONAL DE PROTECCIÓN –MINISTERIO DEDEFENSA – POLICÍA NACIONAL Sentido del concepto: Solicitud de CONFIRMAR la sentencia de primera Instancia / Falla en el servicio / Responsabilidad del Estado por omisión en su deber de protección especial a personas amenazadas / De los hechos probados en el proceso fluyen los indicios necesarios para determinar responsabilidad en las accionadas, por falla del servicio por omisión de protección / La situación especial de protección respecto de la cual se predica la falla, fue puesta en conocimiento de la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección UNP / Los medios con que contaban las entidades demandadas eran suficientes para enfrentar la situación de peligro de la víctima, con lo cual se hubiera podido evitar que se consumara el daño que alegan los demandantes. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y el Patrimonio Público.

1. ANTECEDENTES 1.1. Demanda.- El señor ALCI JOSÉ VILLANUEVA CASTRO en calidad de víctima directa e integrantes del grupo familiar legitimados, en ejercicio del medio de control de REPARACIÓN

2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 67938 - (08001233300020170078701-01) DIRECTA interpuesto el 26 de septiembre de 2017, solicitaron al Tribunal Administrativo del Atlántico declarar administrativamente responsable a la NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR – UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, por los daños y perjuicios antijurídicos ocasionados a la parte demandante como consecuencia de la imprevisión estatal al retirarle el esquema de seguridad al señor Alci José Villanueva Castro, a través del cual se protegiera su integridad física, soslayando su calidad de Concejal del Municipio de Juan de Acosta, para la época, lo que condujo a la perpetración de un atentado en su contra el día 23 de marzo de 2015, que le dejó graves secuelas en su salud. 1.2. Pretensiones La parte accionante solicita de manera literal, los siguientes: 1.1 Se declare a la parte demandada administrativa y extracontractualmente responsable de los perjuicios y daños antijurídicos ocasionados a la parte demandante, como consecuencia de la imprevisión estatal y omisión administrativa, al retirarle el esquema de seguridad al señor ALCI JOSE VILLANUEVA CASTRO, a través del cual se protegiera su integridad física, soslayando su calidad de Concejal del Municipio de Juan de Acosta, para la época, lo que condujo a la perpetración de un atentado en su contra el día 23 de marzo de 2015, que dejó graves secuelas en

su vida y estuvo muy cerca de causarle la muerte. Como consecuencia de lo anterior declaración y a título de Reparación integral solicitamos: 1.2. Se condene a la demandada a pagar a la parte demandante los prejuicios (materiales e inmateriales) que se encuentran discriminados en el acápite de la “VII. ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA'' de este libelo demandatorio. “VIII. ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA La cuantía la estimo en Cuatro mil trescientos setenta y un millones, trescientos treinta y siete mil, trescientos treinta y cinco pesos M/L ($471.337.335), de los cuales novecientos setenta y siete millones, ochocientos treinta y nueve mil ciento treinta y cinco pesos M/L ($977.839.135) corresponden a daños materiales y los inmateriales en ($3.393.498.200) en forma razonada y con fundamento en el “Principio de Reparación integral” aplicado por la jurisprudencia del Consejo de Estado, el cual tiene como principal fundamento jurídico-normativo el artículo 16 de la Ley 446 de 1998…” 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 67938 - (08001233300020170078701-01) 1.3 Se ordene por parte del juez las medidas pertinentes para evitar daños y

perjuicios futuros, y cualquier otra declaración y/o condena que sea compatible a este medio de control judicial y al concepto de Reparación integral. 1.4 Se condene a la demandada al pago de las costas procesales en que debió incurrir mi poderdante, conforme a lo establecido en el artículo 188 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo "CPACA" (Ley 1437 de 2011 y s.us reformas). 1.5 Se le dé estricto cumplimiento a la sentencia, conforme lo disponen los artículos 192, 193, 194,195 y 197 del "CPACA”.”. 1.3. Hechos: Los expuestos por la actora se pueden resumir así: Que el señor Alci José Villanueva Castro se hizo Concejal del Municipio de Juan de Acosta, Jurisdicción del Departamento del Atlántico, con ocasión de la renuncia de un copartidario frente al cual había desplegado múltiples acciones jurídicas al considerar que se encontraba incurso en una prohibición de carácter legal para posesionarse como Concejal, en las elecciones regionales del año 2011. El día 15 de diciembre de 2011, el señor Alci José Villanueva Castro, fue víctima de un atentado contra su humanidad, presuntamente para evitar su posesión en el cabildo municipal el día 1º. de enero de 2012. A raíz del atentado, el señor Alci José Villanueva Castro estuvo internado en la Unidad de Cuidados intensivos - UCl del Hospital Universidad del Norte, donde fue sometido a una intervención quirúrgica para la extracción de un proyectil alojado en su abdomen y las esquirlas de plomo. El día 6 de enero de 2012 se posesionó como Concejal del Municipio de Juan de Acosta,

para el período constitucional 2012-2015 y la Policía Nacional como respuesta al atentado le brindó un esquema de seguridad, consistente en un hombre de protección. Posteriormente, la Unidad Nacional de ProtecciónUNP, entidad adscrita al Ministerio del interior, realizó un estudio del nivel del riesgo del actor, arrojando como resultado un nivel 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 67938 - (08001233300020170078701-01) de riesgo extraordinario. En consecuencia, se le ratificó el hombre de protección o escolta, se le asignó un salario mínimo mensual legal vigente por 12 meses un equipo de comunicación y un chaleco antibalas, que afirma el apoderado del actor, nunca le fue entregado. A pesar de lo anterior, afirma que siguió recibiendo amenazas, las cuales puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la UNP, a ésta última entidad le solicitó que incrementara su esquema de seguridad, por considerar insuficiente el que tenía, sin obtener respuesta favorable. Más adelante la UNP validó y calificó nuevamente el nivel de riesgo del señor Concejal Alci Villanueva, considerándolo ordinario, por lo que le fue retirado su esquema de seguridad. Ante tal situación, el demandante interpuso acción de tutela contra el Ministerio del Interior

y la UNP, para que fueran amparados sus derechos fundamentales a la vida, integridad, libertad y la seguridad personal, tutela que fue negada mediante fallo de fecha 4 de julio de 2014, el cual fue impugnado y resuelto por la Sala Penal del Tribunal del Distrito Judicial de Barranquilla, determinó confirmar el fallo impugnado. Arguye el demandante que la decisión de la UNP no valoró adecuadamente las amenazas que se cernían en su contra, insistiendo en que las causas del primer atentado permanecían, aunado a su condición de servidor público como Concejal Municipal de Oposición, viabilizando un segundo atentado criminal contra su humanidad el día 23 de marzo de 2015, recibiendo heridas con proyectil de arma de fuego, que obligaron a internarlo en la Clínica Porto Azul, donde los galenos inicialmente los diagnosticaron con un trauma torácico con contusión pulmonar y trauma medular torácico con compromiso neurológico y nivel sensitivo T7, hechos criminales que son materia de investigación, por parte de la Fiscalía Segunda Especializada de Barranquilla con SPOA: 080016001055201501831 Matriz 080016000000201500323 Ruptura. Como resultado del atentado el señor Concejal Alci Villanueva quedó postrado en una silla de ruedas, con incapacidad permanente para valerse por sí mismo, sin manejo de esfínteres, y atado a una sonda vesical, padeciendo de PARAPARESIA DE LOS MIEMBROS INFERIORES SECUNDARIOS, como consecuencia de herida por proyectil 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 67938 - (08001233300020170078701-01) de ama de fuego, que ocasionó un trauma medular torácico con compromiso neurológico y nivel sensitivo T7, la cual destruyó la vértebra T6. La Junta Regional de Calificación de invalidez del Atlántico calificó al señor Alci Villanueva con un grado de incapacidad laboral, superior al 55%, probada con el dictamen No.21262 Los dos (2) atentados perpetrados contra el señor Concejal Alci Villanueva, si bien no acabaron con su vida, si han desmejorado notoriamente su estilo de vida, toda vez que pasó de ser un Concejal de oposición a una persona que depende de sus familiares, con las secuelas psicológicas en la víctima directa y en sus familiares. Indica la parte demandante que la falla del servicio de las demandadas y particularmente de la UNP, se materializa en la previsibilidad del sinestro que finalmente sucedió el día 23 de marzo de 2015, el cual pudo ser prevenido o contrarrestado con el sostenimiento del esquema de seguridad que le había sido asignado y que le reactivaron después de ocurrido el segundo atentado. Las lesiones sufridas le impiden al demandante continuar desarrollando las actividades que desplegaba antes de la producción del daño, tanto a nivel laboral o productivo, como a nivel placentero o recreacional e inclusive le impide el normal desarrollo de sus

actividades rutinarias. Afirma que cada uno de los demandantes ha sufrido múltiples perjuicios, tanto de carácter material -Daño Emergente y Lucro Cesante, como de carácter inmaterial -Perjuicios Morales, Daño a la Vida de Relación, Daño a la Salud y Afectación de sus derechos constitucionales fundamentales con ocasión de la situación oprobiosa, la pérdida de la paz y tranquilidad, la desesperación frente a la sanción en la que se encuentra el señor ALCI VILLANUEVA, como víctima principal de los hechos acaecidos y narrados. Insiste en que sus hijas además de sufrir perjuicios morales, también sufren daños a la vida en relación, toda vez que la forma de convivir con su padre se transformó ostensiblemente al ser víctima de dos atentados contra su vida, afectando sus actividades ordinarias y recreativas. 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 67938 - (08001233300020170078701-01) De contera, la compañera del señor Alci Villanueva señora Margarita Arteta Ramos (Q.E.P.D.), además de sufrir junto con sus hijas los daños ya mencionados, también tuvo perjuicios de carácter material - Lucro Cesante - toda vez que a la luz de los acontecimientos suspendió sus actividades laborales y productivas, para dedicarse al cuidado de su esposo.

Aduce que, después del fallecimiento de su compañera permanente y ante su complicado estado de salud que se evidencia y prueba con la historia clínica, requiere del cuidado de un profesional de la salud - enfermeralas 24 horas del día y el salario promedio en turno de 12 horas asciende en promedio a 2 millones de pesos. Agrega que, con el ánimo de mejorar su calidad de vida ha incurrido en gastos tales como: Terapias con fisioterapeuta, gastos de asistencia médica, medicamentos, pañales, silla de ruedas, entre otros que se encuentran descritos en la historia cínica de Alci Villanueva. Precisa que los gastos de pañales, medicamento SINALGEN, crema MARLYN, guantes y sondas, asciende a por lo menos $540.000 mensuales. Que al momento del siniestro el señor Alci Villanueva percibía ingresos por $805.437,5 equivalente al SMLMV, más el 25% por gastos de Seguridad Social, conforme lo ha establecido la Jurisprudencia del Consejo de Estado y su vida probable era de 31,6 años. En conclusión el apoderado de la parte demandante manifiesta que ante la inoperatividad de las autoridades demandadas, que vulneraron a lo largo del tiempo los derechos de sus prohijados, enfrentándolos a una situación de suprema gravedad, como lo son las secuelas físicas y psicológicas que deja el último atentado perpetrado contra la humanidad de Alci Villanueva y que por poco le cuesta la vida, omitiendo el ruego de quien fue la víctima principal del crimen perpetrado y que constantemente los alertó de su particular situación, se acude a la jurisdicción contencioso administrativa en la búsqueda

de justicia por el permisivo y omisivo comportamiento de las instituciones del Estado que no garantizaron los derechos de quienes hoy fungen como demandantes. 1.4. Contestación de la demanda 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 67938 - (08001233300020170078701-01) 1.4.1. Ministerio del Interior.- En escrito de 29 de enero de 2018, el apoderado del Ministerio del Interior contestó la demanda indicando que los hechos son posteriores al 31 de octubre de 2011, fecha de creación de la Unidad Nacional de Protección Social mediante Decreto 4065. Que no se evidencia actuación administrativa de competencia del Ministerio del Interior, ni operaciones administrativas de la entidad, de tal manera que no se dan frente a ésta los criterios que legal y jurisprudencialmente establecidos para que se le declare responsable de los daños causados a los convocantes. Que “como quiera que los hechos sustento de las pretensiones incoadas por la supuesta falta de garantías en la protección de personas en riesgo por amenazas, como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades eventualmente recaería bajo la posible protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por imperativo constitucional y legal, materia ésta en que al Ministerio del Interior no le asiste competencia alguna, de conformidad con el Decreto 2893 de 2011.” 1.4.2. Ministerio de Defensa – Policía Nacional.- En escrito de fecha 2 de abril de

2018, el apoderado de la Policía Nacional contestó la demanda indicando que no se le puede atribuir a la entidad grado de responsabilidad alguna en los hechos que han dado origen al presente debate. Que, por parte de la Policía Nacional, no existió imprevisión u omisión alguna, puesto que quien ordenó el desmonte del esquema de seguridad que tenía el señor Alci José Villanueva Castro, fue la Unidad Nacional de Protección, previo estudio de valoración del riesgo de fecha 20 de febrero de 2014, por medio del cual se validó el nivel de riesgo del actor, y se determinó que era ordinario. Que la UNP ordenó el retiro del hombre de protección que le había asignado la Policía Nacional de manera preventiva, decisión que fue comunicada al actor el día 30 de agosto de 2014 mediante oficio No. S-2014-00166SEPRO-GUPRO-29.25 por el Comandante del Departamento de Policía del Atlántico. Que para la fecha 23 de marzo de 2015, en la que el señor Alci José Villanueva Castro recibió el atentado que lo dejó gravemente herido, en la cabecera municipal de Juan de Acosta, no existía orden alguna emanada de la unidad de protección para adoptar esquema de seguridad en favor del señor Villanueva Castro. 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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1.4.3. Unidad Nacional de Protección.- En escrito de 5 de abril de 2018, la Unidad Nacional de Protección (UNP) a través de apoderado contestó la demanda con los siguientes argumentos: Que en el caso del señor Villanueva Castro, la UNP ha actuado de acuerdo con la Constitución Política, el Bloque de Constitucionalidad y la normatividad obrante, de acuerdo con su misionalidad. Que el Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis de informeCTRAI, eI Grupo de Valoración PreliminarGVP y eI Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de MedidasCERREM, organismos especialistas en la evaluación y calificación del nivel del riesgo, no encontraron para la época factores de riesgo, que permitieran calificar el riesgo del señor Villanueva Castro, como extraordinario o extremo, adicionalmente el precitado, no aportó o allegó prueba de hechos sobrevinientes, que permitieran inferir que se encontraba ante un riesgo inminente o un perjuicio irremediable.” Que la UNP no tiene responsabilidad ni participó de manera directa o indirecta en el supuesto atentado en contra del señor Villanueva Castro, toda vez que los autores intelectuales, es decir, el ex alcalde de Juan de Acosta Abelardo Padilla Blanco y su primo el ex secretario de educación del mismo municipio, Alejando Arrazola Padilla, son los presuntos perpetradores, junto con los señores José Escorcia Vizcaíno y Hanner Ospino, presuntos autores materiales, del atentado al hoy demandante, y serían ellos los llamados a responder, por los perjuicios causados.

1.5. Fallo de primera instancia objeto de contradicción El Tribunal Administrativo del Atlántico declaró administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación – Unidad Nacional de Protección y a la Policía Nacional. En la sentencia de fecha 28 de mayo de 2021 el A Quo dispuso: “1. DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Unidad Nacional de Protección y DECLARESE probada con respecto al Ministerio del lnterior.

2. DECLARAR administrativa, extracontractual y solidariamente responsables a la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN y a la POLICÍA NACIONAL, por los daños producidos al señor ALCI JOSE VILLANUEVA CASTRO y otros, en la modalidad de

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 67938 - (08001233300020170078701-01) falla en el servicio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

3. CONDENAR a la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN y a la POLICIA NACIONAL, a pagar al señor ALCI JOSE VILLANUEVA CASTRO, lo siguiente: 3.1. Por concepto de PERJUICIOS MORALES,100 SMLMV

3.2. Por concepto de DAÑO A LA SALUD,100 SMLMV.

3.3. Por concepto de DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN,100 SMLMV. 3.4. Por concepto de PERJUICIOS MATERIALES - LUCRO CESANTE CONSOLIDADO, la suma de ciento un millones ciento treinta y dos mil ochocientos veinticuatro pesos ($101.132.824) M.L. 3.5. Por concepto de PERJUICIOS MATERLALES - LUCRO CESANTE FUTURO, la suma de ciento ochenta millones doscientos setenta y seis mil trescientos once pesos ($180.276.311) M.L. 3.6. Por concepto de DAÑO EMERGENTE, la suma de diecinueve millones cuatrocientos veintiséis mil pesos ($19.426.000) M.L.

4. CONDENAR a la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN y a LA POLICÍA NACIONAL, a pagar a favor de la sucesión de la señora MARGARITA ROSA ARTETA RAMOS, por concepto de Perjuicio Material - Lucro Cesante Consolidado a favor, la suma de Diecinueve Millones ciento sesenta y siete mil seiscientos cuarenta y cinco pesos ($19.167.645).

5. CONDENAR a la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN y a la POLICIA NACIONAL, a pagar por concepto de perjuicios morales: 5.1. 100 SMLMV a las siguientes personas demandantes: VIVIANA PAOLA VILLANUEVA ARTETA, hija de la víctima; SILVANA CAROLINA VILIANUEVA ARTETA hija de la víctima; SUSANA MARGARITA VILLANUEVA ARTETA, hija de la víctima;

JOSE DEL CARMEN VILLANUEVA RAMOS, padre de la víctima; ROSARIO CASTRO DE VILLANUEVA, madre de la víctima; y A favor de la sucesión de La señora MARGARITA ROSA ARTETA RAMOS (Q.E.P.D.), compañera de la víctima. 5.2. 50 SMLMV a sus hermanos que fungen como demandantes:

FREDYS VILLANUEVA CASTRO; RUBY VILLANUEVA CASTRO; YEIMI

VILLANUEVA CASTRO y NIDLA VILLANUEVA DE RAMOS.

6. CONDENAR a La UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN y a la POLICIA NACIONAL, a pagar por concepto de daño a la vida de relación la suma de 100

SMLMV a favor de: VIVIANA PAOLA VILIANUE\/A ARTETA, hija de la víctima; SILVANA CAROLINA VILLANUEVA ARTETA, hija de la víctima; SUSANA MARGARITA VILLANUEVA ARTETA, hija de la víctima; A favor de la sucesión de la señora MARGARITA ROSA ARTETA RAMOS (Q.E.P.D.), compañera de la víctima.

7. Denegar bs demás pretensiones de la demanda de la referencia.

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8. Ordenar que las cantidades resultantes de la liquidación de las condenas impuestas en esta sentencia se indexen de acuerdo con la fórmula descrita en la parte motiva de esta providencia. (…)” Consideró el Tribunal que cabía imputar responsabilidad por la omisión del deber de protección, en el caso concreto a la Unidad Nacional de Protección y a la Policía Nacional de forma solidaria, pues conforme al material probatorio aportado al proceso, quedó probado en el expediente que dichas entidades no efectuaron gestión alguna para proteger a la víctima, siendo su deber legal ante el conocimiento de la situación de riesgo y amenaza del concejal víctima de un atentado que le dejó graves secuelas en su salud.

Concluyó que, comoquiera que la UNP es un organismo de seguridad nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera propia, aun y cuando hace parte del Sector Administrativo del Interior, resultó claro que con relación a los hechos planteados en la demanda es la UNP la entidad llamada en principio, junto con la institución de la Policía Nacional, las llamadas a responder solidariamente por las obligaciones que se deriven de este proceso, por la naturaleza que les asiste para responder con cargo a su propio presupuesto por las eventuales condenas judiciales a que den lugar sus conductas y/u omisiones. Precisó que, el daño ocasionado al señor Alci José Villanueva Castro fue producto de una falla en la prestación del servicio por omisión por parte de la Unidad Nacional de Protección y de la Policía Nacional, por lo cual procede declarar a estas entidades responsables de los perjuicios causados a la parte demandante. 1.6. Recursos de apelación

1.6.1. Ministerio de Defensa – Policía Nacional Apeló el fallo de primera instancia, frente al cual expuso los siguientes motivos de controversia: Aduce que en el presente proceso se aprecia carencia de pruebas que puedan establecer los elementos constitutivos de responsabilidad en contra de la Nación Ministerio de 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 67938 - (08001233300020170078701-01) Defensa Policía Nacional, y que por el contrario sobresalen con respaldo probatorio los eximentes de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima y hecho exclusivo de un tercero propuestos como argumentos de defensa. Agrega que, el demandante (víctima directa) omitió el acatamiento de las medidas de autoprotección que se le habían sido informadas por el Comandante del Departamento de Policía Atlántico para la fecha 30 de Agosto de 2014. Refiere que, de conformidad con la abundante jurisprudencia del Consejo de Estado, así como las diferentes Cortes, nadie está obligado a lo imposible, por lo que, “…Reclamar del estado, la omnipotencia y omnipresencia que pide la actora, equivaldría a imponerle obligaciones imposibles…” Argumenta que, si bien no cabe duda que por mandato constitucional, a la Policía Nacional le corresponde garantizar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos y libertades, así como la protección de sus bienes. No obstante, señala que, esa garantía y

esa protección no es absoluta, sino que debe estar sujeta a las posibilidades reales del ejercicio de la actividad institucional de acuerdo con sus capacidades operacionales, siendo necesario recordar que la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado ha señalado que “...Cabe señalar que la Sala ha considerado que a pesar de que es deber del Estado brindar protección a todas las personas residentes en el país, no le son imputables todos daños a la vida o a los bienes de las personas causados por terceros, porque las obligaciones del Estado son relativas, en tanto limitadas por las capacidades que en cada caso concreto se establezcan dado que “...NADIE ESTÁ OBLIGADO A LO IMPOSIBLE...”. Aunque, se destaca que esta misma Corporación en Previdencias Posteriores ha aclarado que la relatividad de las obligaciones del Estado no excusa su incumplimiento, sino que debe indagarse en cada caso si en efecto fue imposible cumplir aquellas que en relación con el caso concreto le correspondían...” Expone que, de conformidad con la información generada por la UNP Unidad Nacional de Protección, referente a que el nivel de riesgo de la víctima había pasado de ser extraordinario a ordinario, y teniendo en cuenta que el artículo 1 Numeral 18 de Decreto 1225 de 2012, que hace alusión al riesgo ordinario, que a la letra dice “...Es aquel al que están sometidas todas las personas en igualdad de condiciones, por hecho de pertenecer 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 67938 - (08001233300020170078701-01) a una determinada sociedad; genera para el Estado